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Poco trabajo y algunos fallos explosivos: la Corte modelo 2021

El máximo tribunal es una de las instituciones con peor imagen pública, y fue el centro de una movilización histórica al Palacio de Justicia. El año pasado, decidió solamente en 346 causas judiciales. Temas ambientales, laborales, de pueblos originarios, una recurrencia por la provincia de Formosa, y algunos fallos explosivos. Radiografía de los pronunciamientos de 2021 de quien muchos describen como “la sala de máquinas del sistema”.

Por: Redacción Perycia
Foto: Ilustración: Juan Bertola
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1/2/2022
 
Pocas y resonantes, podría ser una buena síntesis para las causas que trató el último año la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal, que este martes vio el Palacio de la calle Talcahuano rodeado por una muchedumbre que pide por su renovación, trató 8.358 causas durante 2021, según datos oficiales de la Secretaría de Jurisprudencia del organismo. Sin embargo, a ese número que a primera vista podría parecer abultado, hay que empezar a restarle guarismos: alrededor de 5.300 causas del total fueron declaradas inadmisibles, lo que significa que no trataron el fondo del asunto. También hay que restarle otros dos ítems que ofrece el sitio web para refinar la búsqueda: “Remisión a precedentes” y “Competencia y Honorarios”-, En tal caso, el número de expedientes resueltos por los Supremos se reduce otras quince veces hasta decorar la cifra en 346: unos tres fallos cada dos días hábiles. Si, además, se hiciera un ejercicio matemático hipotético y se repartiera esa cantidad entre los cuatro cortesanos (muchas veces, adhieren al fallo de su colega), daría un número casi redondo de 86 causas tratadas por cada uno: un fallo cada tres días hábiles. Definitivamente, no parece haber sido un año demasiado trajinado. 

 

Las 220

Foto: Telam



La Secretaría de Jurisprudencia publicó en una solapa aparte 220 “sentencias destacadas” del 2021. Según explican a Perycia desde el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), que depende del Ministerio de Justicia, se trata de sentencias que “son novedosas y sientan nuevos precedentes”. Esos más de dos centenares de fallos, pueden desglosarse aún más para avizorar las prioridades de los Supremos en el año que pasó: 34 corresponden a asuntos penales, 32 del ámbito civil, 29 en los que se expide sobre litigios laborales, 13 de conflictos ambientales y 11 de índole previsional.

Muchas de ellas –las 220 causas fueron revisadas por esta agencia-, son fueron decisiones sobre extradiciones o deportaciones. En febrero, resolvió permitir la extradición de un ciudadano argentino para que sea juzgado en Guatemala por su posible participación en una asociación ilícita y lavado de dinero.

Resolvieron varios expedientes que llegaban de Formosa. Uno de ellos era un hábeas corpus colectivo iniciado por un grupo de personas que denunciaron un trato inhumano por parte de las autoridades locales que gestionaban los centros de aislamiento por COVID-19 en la provincia. Antes de resolver una disputa de competencia, les recordaron a las autoridades provinciales la necesidad de prevenir la propagación del virus respetando los “estándares de derechos humanos”. En otro, autorizaron a una mujer a viajar a Formosa sin necesidad de hacer aislamiento en un “Centro de Aislamiento Preventivo”, como había dispuesto la Gobernación, para atender a su madre gravemente enferma. En los fundamentos, consideraron que las limitaciones impuestas por la provincia “aparecen como una limitación irrazonable al derecho de acompañar a un familiar enfermo”.

En relación a los temas ambientales, solamente los trató cuando se refería a conflictos interjurisdiccionales, es decir, que se extendían en el territorio de dos o más provincias. De lo contrario, el criterio general fue respetar la voluntad provincial. Por ejemplo, intervino en el amparo colectivo contra la administración de Parques Nacionales, el Estado Nacional, la provincia de Jujuy y ciertas empresas petroleras por la contaminación del arroyo Yuto, en Jujuy. También rechazó una demanda de la provincia de Corrientes que pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley General del Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y ciertos acuerdos internacionales en materia ambiental para avanzar en un proyecto hidráulico en la cuenca del Río Uruguay. Sin embargo, se negó a intervenir en una causa ambiental contra la provincia de Córdoba, el municipio Serrano y el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana porque el establecimiento de cría porcina La Paloma SRL ubicada en la Laguna de Gregoris no afectaba un recurso interjurisdiccional.

En mayo, en una postura que levantó revuelo y encendió –tardíamente- la alarma en el gobierno nacional sobre la gravitación política de sus fallos, benefició al gobierno porteño avalando su autonomía en la demanda contra el decreto nacional que suspendía las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las demandas vinculadas a pueblos originarios también tuvieron su espacio en las acordadas de los supremos. En abril, por una cuestión de competencia, a quince años de iniciada la causa contra el Estado Nacional y el de Chaco por la emergencia extrema en las que se encuentra el pueblo Qom, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti consideraron que la Corte ya no debe intervenir pese a que “la situación de miseria estructural de dichas comunidades no se ha superado”. Además, en su último acuerdo del 2021, dictó un fallo por el cual no admitió su competencia originaria para intervenir en una causa impulsada por el líder Qom de Formosa, Felix Díaz, para la implementación de un procedimiento adecuado de consulta y participación con relación a las políticas planeadas e implementadas en su territorio comunitario.

Promediando el año, decidió sobre algunos temas vinculados a delitos de Lesa Humanidad. Por un lado, confirmó la decisión de la ANSES de suspenderle una pensión honorífica como excombatiente de la Guerra de Malvinas a Juan Carlos Rolón, largamente condenado por haber participado en delitos de lesa humanidad. En julio, anuló un fallo de la Cámara de Casación que le había dictado la falta de mérito a Julio Blaquier –dueño de Ingenios Ledesma y cómplice del accionar de la represión ilegal- porque “no se encontraba acreditada la existencia del elemento subjetivo”. Es decir: no sabía que al prestar los vehículos de la empresa estaba colaborando con el operativo de secuestro de varios trabajadores en la llamada “Noche del Apagón”. El fallo de la Corte que anuló el de Casación contó con la disidencia de Carlos Rosenkrantz.

El 28 de diciembre, a pocas horas de entrar en feria judicial, los ministros rubricaron de manera unánime el último veredicto del año. Fue el día de los Inocentes, y el contenido del fallo bien podría servir de homenaje. El empresario Eduardo Saiegh, vicepresidente del Banco Latinoamericano de Inversión durante la época de la dictadura, fue secuestrado en 1980, y obligado bajo torturas de la división Bancos de la Policía Federal, a ceder la titularidad de la entidad, que en aquel momento controlaba a Aerolíneas Austral. Según la denuncia de Saiegh, la maniobra fue orquestada por Alejandro Reynal, Vicepresidente en ese entonces del Banco Central. El presunto objetivo era lograr la estatización de la deuda de Austral, que pertenecía a William Reynal, hermano de Alejandro.

Un fallo de la Cámara de Casación –compuesta por Ana María Figueroa, Angola Ledesma y Alejandro Slokar- había calificado en julio de 2018 esos delitos contra el empresario como crímenes de Lesa Humanidad. Y, por lo tanto, imprescriptibles.

La Corte aceptó el recurso de queja de la defensa de Alejandro Reynal y concluyó que la cuestión de los delitos de lesa humanidad aún no estaba saldada. Anuló ese fallo por “no cumplir con la exigencia que demanda” una resolución así, y le devolvió el expediente para que emita una nueva resolución. Estirando, así, la impunidad de los actores civiles de la represión ilegal.

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