Ninguno de ellos imaginó, jamás, pasar el fin de año con la extinción de su espacio laboral. Los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Ministerio de Educación bonaerense terminaron el 2017 refugiados en el edificio y en familia, pero lejos de sus casas y de una forma poco convencional.
“Nos conocemos hace años, porque esto es una gran familia, donde hemos criado a nuestros hijos y nos hemos hecho muy amigos”, dice Jésica Alegría, mientras recrea un brindis agridulce junto a sus compañeros caídos en desgracia: cuando dieron las doce de la noche, en el edificio de 8 entre 46 y 47, alzaron las copas con muchos más motivos de resistencia que de celebración.
El viernes 29 de diciembre, en las vísperas del fin de año, 200 trabajadores de la UEP recibieron un mail rubricado por la gestión del ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny, advirtiéndoles que sus contratos no serían renovados. Les avisaron, además, que como el vínculo laboral que los une a la cartera educativa es un contrato, ni siquiera les corresponderá una indemnización.
Otros 180 trabajadores, entre quienes está Jésica, fueron notificados por otra parte que «tendrán una entrevista de trabajo» y luego se los «reubicará». Para ellos, el fin de 2017 fue como una nube espesa: nadie les dice, hasta ahora, cuándo ni en dónde van a terminar. Tampoco se conocen los criterios con los que se armó la lista: por qué eligieron despedir a 200, por qué reubicar a otros tantos.
Lo cierto es que, en la primera madrugada del año, los deseos para el próximo se condensaron en uno solo, que en otras épocas nadie se preocupaba por desear: conservar el trabajo.
Perycia estuvo con los trabajadores en el edificio tomado. Te contamos cinco historias dentro de centenares que hoy habitan el inmobiliario provincial, y que, además, se preparan para marchar este martes, a las 8 de la mañana, hacia el Ministerio de Educación.
Una movilización a la que invitan a toda la comunidad bajo el lema «20 años haciendo Escuelas. No al ajuste en la educación pública!».
Jésica Alegría, 35 años, dos hijos, de 6 y 10.
Hace dos años antes, Jésica había sido ascendida a coordinadora del área de Rendiciones Generales de la UEP. En ese rol, articulaba con distintos programas de Nación y tenía un panorama completo de todo lo que se liquida y se paga en la esfera de la educación bonaerense.
Sus comienzos, liquidando los honorarios de operadores de varios programas, habían sido en 2006: lleva trabajando ahí la mitad del tiempo que la UEP tiene de existencia, nacida en 1996.
Nunca la habían sancionado previamente. Ahora integra la lista de 180 que no saben adónde irán a parar. Para ella no hay distinción: “Nosotros nos consideramos también despedidos, porque queremos que los 380 estén adentro”, dice.
La Unidad Ejecutora Provincial se encarga de administrar el presupuesto de la educación de la provincia de Buenos Aires: ejecuta las obras, las reparaciones de las escuelas, paga honorarios a talleristas, a profesores de institutos de Formación Docente y de las capacitaciones en toda la provincia, entre otras actividades.
El mail que los empleados recibieron el último viernes advierte su desaparición: “Nos disolvieron nuestra casa.Y además, disolviendo la UEP, no sólo están echando a los 380 trabajadores de acá, también a todas esas personas a las que les pagábamos y no van a tener más trabajo”.
Christian Bedoya, 36 años, sin hijos.
Christian Bedoya es arquitecto y trabaja hace siete años en la Unidad.
Hasta que el correo electrónico que le cambió la vida cayó en su casilla de correo, se desempeñaba como inspector en escuelas de La Matanza. Antes de visitar los establecimientos para verificar obras y advertir las imperfecciones, hizo relevamientos y diseñó proyectos.
“Nos parece una desgracia que hayan tomado esta decisión con un grupo de laburantes que nunca falló en nada, son todos muy profesionales”, dice Christian, sentado con su remera gris en el que solía ser su escritorio.
Romina Carvalho, 38 años, casada, hijos de 16, 12 y 2.
La semana pasada, Romina estaba trabajando con tres obras de escuelas en el partido de La Matanza, como desde hace siete años, cuando entró a la UEP.
Pero el viernes por la tarde recibió el mail con el aviso trágico de la desvinculación. “Es una situación muy angustiante. Nosotros somos profesionales que trabajamos con mucho compromiso por la educación pública. Con mis compañeros tenemos hechas más de 300 intervenciones en establecimientos, que van desde riesgos de no inicios de obras, intervenciones menores y edificios relevados desde cero”, cuenta.
Lo único que pide Romina es que se les respete un derecho básico: el de trabajar.
Pablo Vendramin, 51 años, en pareja, una hija de 17 años.
Pablo también es arquitecto, y además trabaja en La Matanza desde 2010.
Hasta el 2016 se desarrolló como «proyectista», en refacciones de escuelas y supervisando edificios nuevos. El último año se había dedicado especialmente a la inspección de obra.
“Estoy en una situación de posible recontratación pero de la que no se conocen las condiciones, ni por qué monto, ni en qué lugar”, dice, sorprendido.
Pablo pide lo mismo que sus 379 compañeros: que se le garantice la fuente laboral y se respete su trayectoria. Y concluye: “Siempre elegimos trabajar para la educación pública, algo que parece que a este gobierno le importa poco”.
Pedro Decrisi, 24 años, sin hijos.
Los compañeros coinciden en que Pedro será una gran pérdida. Con sus 24 años, recién recibido de contador público, «lo aprende todo rápido y siempre está dispuesto a ayudar», según definió un colega de la UEP.
Trabajaba en el área de Coordinación Presupuestaria y Financiera. Se preparaba para pasar las fiestas en familia y planificar las vacaciones cuando abrió la casilla de correo y se vio en la lista de despedidos.
“Nos encargábamos del desembolso de fondos de Nación, como también de la devolución de fondos de la cuenta única del Tesoro a las cuentas de la Unidad Ejecutora. Coordinábamos, además, las respuestas a requerimientos de organismos externos, como los del Honorable Tribunal de Cuentas, AFIP o ARBA”, rememora Pedro, sentado en las escalinatas de su ex empleo.
Pedro se ocupaba, a la vez, de otra tarea sensible: hacía la evaluación contable de las obras y de los eventos que salían por licitación, contratación directa y concurso de precios.
Ahora, que ocurrió lo inesperado, no puede imaginar otro destino posible que seguir resistiendo en la toma del edificio y en la calle, junto a sus compañeros. Pese a que la decisión del despido le fue notificada como irreversible, Pedro piensa que la pulseada por conservar su puesto aún no está perdida.
