Publicada: 29/09/18
El último jueves, en La Plata, más de 40 organizaciones reunidas en la Asamblea de Organizaciones de Niñez realizaron la segunda movilización bajo la consigna «El hambre es un crimen». Entre la lista de los reclamos se puso el acento en proteger a la niñez vulnerada, poniendo en primer plano el rol de la Justicia. La Asamblea está conformada por mesas barriales, murgas, hogares convivenciales, comedores y movimientos sociales, entre otros espacios que marcharon encolumnados detrás de una bandera que llevaron pibes y pibas de distintos barrios.
Las cifras que difundieron fueron alarmantes. “Mas de ocho millones de niños tienen algún tipo de carencia”; “48 por ciento de niños pobres”; «escuelas arrasadas con una altísima tasa de familias y niños viviendo en las calles»; y una gran tela colgada de las rejas de la Gobernación, sobre la plaza San Martín, en la que se podía leer: “Acá se cocina el hambre”.
De los reclamos de la marcha, que fueron múltiples, el primero fue el hambre pero también se manifestaron contra el vaciamiento del Sistema de Promoción y Protección de Niños; por la creación de programas sobre niñas, niños y jóvenes en situación de calle y sus familias; asistencia, promoción y protección de los derechos de jóvenes en conflicto con la ley penal; la creación de una mesa de diálogo permanente con las áreas responsables de la promoción de derechos de la niñez; asistencia en situaciones de salud mental y consumo problemático; incorporación real de la voz de niñas, niños y jóvenes, y de las organizaciones que los asisten en los procesos jurídicos en el Fuero de Familia; y el control de organismos de promoción y protección de derechos por el tratamiento de los medios de comunicación sobre niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, una de las protestas más enérgicas fue la de exigir un rol más activo de la Justicia. A seis años de la sentencia del ex juez Arias -destituido hace unos meses por la corporación judicial, en efecto, por ese tipo de fallos-, que había dado lugar a un amparo colectivo para hacer cumplir y mejorar el Sistema de Promoción y Protección de Niños, Perycia habló con Ricardo Berenguer, Defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en La Plata.
Las organizaciones denunciaron que el gobierno no sólo ha vaciado sus políticas sociales sino que ha incrementado su faz represiva contra la niñez y la juventud de los más vulnerables. ¿Pero qué ocurre con la Justicia? Aquí hay que realizar un paréntesis y pensar por qué una sentencia que favorece a los desamparados sigue estando frenada y sin resolución final hace más de seis años en la Suprema Corte provincial.
Todo empezó en 2008, cuando surgió un amparo colectivo en el marco de un caso que los medios estigmatizaron como “la banda de la frazada”. Se trataba entonces de un grupo de niños en situación de calle que circulaban por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que en aquel momento funcionaba en el edificio de calle 48 entre 6 y 7. El grupo fue expulsado por sus autoridades y se trasladó a la glorieta de Plaza San Martín. A partir de ese momento varias organizaciones que trabajan en Niñez empezaron a hacer distintas intervenciones. Los chicos habían sido reprimidos, violentados y expulsados de la plaza.
«A partir de ese hecho surgió la necesidad de resguardar a estos niños, niñas y adolescentes y se interpeló al Estado a través de un amparo colectivo en la ausencia y en la no implementación de la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los niños N°13.298», contó la abogada Carola Bianco, una de las protagonistas del amparo.
Luego de varias idas y vueltas, en 2012 el ex juez Arias, por entonces titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Número 1, firmó una sentencia favorable al amparo y obligó al gobierno municipal y provincial a realizar una serie de cambios en un plazo de seis meses. Pero el Poder Ejecutivo apeló, el fallo fue a la Cámara de Apelaciones -donde se revocaron algunos puntos- y, tras una nueva demanda de las organizaciones, fue a parar a la Corte Suprema provincial donde hace seis años, de forma insólita, duerme en un escritorio.
«Todavía estamos esperando, interpusimos un recurso extraordinario, presentamos un Amicus Curiae. Hasta existió una audiencia en el medio donde participaron funcionarios de la Corte que se habían comprometido a respetar la sentencia de Arias. Pero nunca sale nada y eso que nos dicen que en cualquier momento va a llegar una resolución. Es una situación macabra», dijo la abogada a Perycia. El amparo llevó la tutela de la Asociación Miguel Bru como parte de del «Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas», dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, bajo la dirección de Carola Bianco.
Entre sus puntos principales, el amparo estableció la obligación del Estado de crear un servicio hospitalario especializado para las cuestiones de salud mental y uso problemático de sustancias para niñez en situación de calle en particular; destinar más del 25% del dinero previsto para pauta oficial a que los medios masivos de comunicación generen procesos de promoción de Derechos de la Niñez; y la implementación de medidas urgentes como el parador juvenil provincial, la instauración de becas y automóviles para trasladar a los chicos.
En diálogo con Perycia, el defensor Ricardo Berenguer dijo que «la vida de los chicos no puede esperar más la desidia de la Justicia» a la vez que pidió por la pronta resolución de una sentencia «increíblemente cajoneada» en los archivos del alto tribunal.
-¿Qué rol tiene el Poder Judicial a la hora de entender un Sistema de Prevención y Promoción de derechos que todavía no se ha podido implementar?
-En primer lugar, hay cuestiones de gestión que son de la órbita del Poder Ejecutivo, pero cuando se vulneran derechos constitucionales, que es lo que ha ocurrido en este caso, allí aparece la responsabilidad de la Justicia. El problema es que, en nuestro país, la Justicia nunca garantizó derechos constitucionales a partir de acciones directas. La decisión del ex juez Arias en ese amparo fue correctísima, y es hora de revertir esa inacción judicial, porque es una realidad abrumadora que sigue aún vigente.
-¿Cómo se explica que hace seis años esa sentencia no haya tenido una resolución final?
-Significa falta de voluntad de hacerse cargo de las decisiones, cuya dimensión trasciende al Poder Ejecutivo. Hay cuestiones urgentes que no pueden esperar más, como las horas de encierro que padecen los pibes detenidos, los problemas de alimentación, las carencias edilicias. No ha habido voluntad de modificar esas realidades insoslayables, pese a que hubo audiencias con representantes de la Corte para avanzar en la línea del cumplimento de los derechos.
-Y la realidad acuciante de los pibes y pibas en situación de calle….
-Ahí tenés un buen ejemplo de cómo la Justicia no presiona al Estado, que hoy por hoy no se hace cargo de promover políticas de asistencia y reconocimiento de los derechos. Lo cierto es que no hay seguimiento de los pibes, hay falta de coordinación y de profundidad del trabajo. Muchas veces receptan a los chicos en los paradores pero luego los largan, ni saben quiénes son. No hay turnos en la noche, ni hablemos que existan equipos de sociólogos, psicólogos o trabajadores sociales. Todos quedamos pedaleando cuando hablamos con un pibe en situación de calle. Son otros códigos, el pibe necesita esa ayuda porque establece un distanciamiento con las instituciones, se muestra renuente. Y si lo atiende alguien que no está formado ni interesado en interpretar esa situación, lo que tenemos es una ausencia total de asistencia.
