Publicada: 25/10/18
“Cansada, harta, de ver en los medios rostros sonrientes de mujeres muertas”, publicó Ana, trabajadora de la Universidad Nacional de La Plata en las redes sociales cuando se enteró del femicidio de Emma Córdoba, en Punta Lara. La noche del 8 de julio de 2017 Emma, estudiante de medicina, estaba cenando con una amiga cuando un vecino se metió en la casa. Las amenazó con un arma, las violó, golpeó y las quiso prender fuego. Emma murió. Su amiga sobrevivió y el testimonio fue clave para detener a Ariel Osvaldo Báez.
En los últimos tres años, la Provincia de Buenos Aires registró 286 casos de femicidio; una mujer muerta cada tres días. Pero no hay registros de los asesinatos a mujeres trans ni travestis.
¿Cuál es la diferencia entre homicidio, femicidio o feminicidio?
Cuando una persona mata a otra, el Código Penal lo nombra como un homicidio. Hay diferentes tipos y, según cada uno, una pena. Para un homicidio simple, nuestras leyes prevén entre 8 y 25 años de prisión o reclusión.
Decimos femicidio a los crímenes de odio, al asesinato de una mujer por el sólo hecho de ser mujer. La mayoría de las veces, a las mujeres las mata una ex pareja, un marido, un novio o un amante porque las considera de su propiedad.
La palabra femicidio no está dentro del Código Penal. Pero desde 2012, y tras la reforma del artículo 80, los delitos contra la vida de las mujeres están tipificados de una manera especial; son agravantes.
El inciso 11 del artículo 80 dice: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género». Entonces, la violencia hacia las mujeres, por el sólo hecho de ser mujeres, es un agravante de los homicidios y extiende la pena hasta incluso llegar a reclusión perpetua.
La palabra feminicidio es estructural y visibiliza la responsabilidad del Estado. “El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las prácticas sociales permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres», dijo la antropóloga Marcela Lagarde en 1994 y a partir de ahí comenzó a utilizarse el concepto.
«En el feminicidio concurren en tiempo y espacio que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”, agregó.
¿Qué entra en juego en el feminicidio? «El silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes», dijo Lagarde.
En Argentina existen muchas leyes: desde 1996, nuestro país es parte de la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). También, a nivel nacional, la ley 26.485 para erradicar la violencia contra las mujeres.
Desde 2012, la provincia de Buenos Aires está en emergencia pública por violencia de género. Se sancionó la ley provincial 12.569 de violencia familiar; la ley 14772, de erradicación de la violencia hacia las mujeres, la ley de cupo laboral trans, identidad de género y hasta perspectiva de género en la formación policial. Pero el 22 de mayo de este año ocurrió un grave retroceso: despidieron a cinco trabajadoras de la línea 144, que atendían la única línea telefónica que da asistencia a mujeres en situación de violencia de toda la provincia.
“Si el enfoque para el relato es la perspectiva de género, el asesinato de Sheila es un feminicidio. Se entiende que el hecho de ser una niña es un factor de vulnerabilidad que aumenta las posibilidades de ser víctima de violencias machistas”, dijo Gabriela Brancaglioni, periodista, integrante de la Red Par, cuando la semana pasada los medios informaron del asesinato de Sheila Ayala, de once años, en la localidad de San Miguel.
“Las violencias que determinan la vida de las mujeres en esta sociedad patriarcal, capitalista y colonial -explicó la periodista- responden a una trama de factores sociales, estructurales y personales como la edad, la condición social, las oportunidades de acceder a la justicia, a los servicios de salud, o el nivel de escolarización, por ejemplo. La construcción del relato mediático es un proceso de construcción de sentidos y están cargados de ideología».
Y agregó: «La construcción de la noticia no considera la incidencia de un Estado patriarcal. Sheila es la expresión de la vulnerabilidad por la falta de acceso a la educación, a la salud, al desarrollo económico y también de las violencias que las mujeres de su entorno más cercano, por ejemplo su madre, arrastran de generación en generación”.
Los datos de la provincia de Buenos Aires
Según el informe de la Casa del Encuentro, Buenos Aires es la provincia “femicida por excelencia”: hubo 866 mujeres asesinadas entre 2008 y 2017. Poco más de 86 mujeres asesinadas por año.
El Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (RPVFYG) empezó a funcionar en 2015 y es el que analiza los datos oficiales sobre los delitos registrados en todas las causas penales de la provincia.
Ese año iniciaron 67.685 causas por violencia familiar o de género. En 2016, 95.557 y, el año pasado, 114.118. De todos los partidos judiciales de la provincia Lomas de Zamora, San Martín y La Plata, son los que aglutinan la mayor cantidad de causas. Los delitos son varios; amenazas, daño, abuso sexual, lesiones leves o graves, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o violación de perimetrales y, por supuesto, homicidios.
En 2015 asesinaron a 98 mujeres en la provincia: 5 eran del departamento judicial de La Plata. En el 70, 8% de los casos, el femicida fue la pareja y casi la mitad de las víctimas (47%) tenían entre 21 y 40 años.
De las 95.557 causas iniciadas en 2016, la mayoría de las víctimas (74,3%) eran mujeres. Hubo 90 mujeres asesinadas y 8 eran del departamento judicial de La Plata. El 73,6% de los femicidas fueron ex parejas o parejas. Casi todos las atacaron en las casas (72,1%) y más de la mitad de las mujeres tenían entre 21 y 40 años.
En 2017 hubo 92 femicidios, con 98 mujeres asesinadas: 5 de esos casos fueron en La Plata y más de la mitad (67,8%) tenían entre 21 y 40 años. Los imputados fueron, en su mayoría varones: 21.822 frente a 1684 mujeres. De esos, 18.543 eran, una vez más, parejas, ex parejas o novios de las víctimas.
Pero desde el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia son contundentes: “No hay registro de mujeres trans ni travestis asesinadas en la provincia de Buenos Aires”.
¿Y Diana Sacayán? ¿Y la Moma?
Según el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia, en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género no sólo aparecen las causas que tienen carátula de femicidio sino que incluye los datos del Informe del Relevamiento de las Investigaciones Penales Preparatorias por Homicidios Dolosos. Un equipo técnico analiza todas las causas de homicidios donde la víctima es una mujer. A veces, y porque los fiscales y fiscalías no tienen personal capacitado, los asesinatos de mujeres en situaciones de violencia de género son caratulados como simples homicidios y no como femicidios.
Para que el asesinato de una mujer se considere femicidio, ese equipo técnico tiene que encontrar al menos un indicador: si hubo, por ejemplo, una relación familiar, sentimental, afectiva o de confianza entre el agresor y la víctima; si la víctima tuvo signos de violencia sexual; si hubo antecedentes previos, datos de violencia o amenazas del sujeto imputado contra la víctima y/o el agresor tuvo la intención de causar daño o sufrimiento a la víctima por su condición de mujer.
Dentro de la Defensoría Oficial, el Área de Procesos Urgentes es la que representa a las mujeres que tramiten sus causas por violencia familiar; es una prueba piloto y sólo funciona en el departamento judicial de La Plata. Pero desarticular las tramas de las violencias (económica, psicológica, física o simbólica) es una tarea compleja y difícil. Muchas veces, las mujeres no cuentan con información suficiente o redes de personas y recursos para, por ejemplo, hacer una denuncia. Además, los circuitos de acceso a la justicia son engorrosos, insumen mucho tiempo y plata. Todo este circuito sigue evidenciando una realidad: la justicia continúa perpetuando un sesgo patriarcal.
Por eso, desde el Observatorio se denuncia que las mujeres no tienen información suficiente para defenderse en el ámbito judicial. «Quedan desorientadas en el circuito institucional establecido (Comisaría, Defensoría Oficial o abogado particular, Receptoría General de Expedientes, Juzgados Protectorios) que les resulta complejo de entender. Tienen que recorrer distintas dependencias, alejadas unas de otras, y eso insume tiempos y costos», sostienen en su informe.
