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| Foto Matías Adhemar |
En una mesa coordinada por el abogado Inti Peréz Aznar, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, los juristas Carlos Beraldi, Graciana Peñafort y Gisele Ricobom disertaron sobre el «Lawfare» en América Latina, uno de los conceptos más recientes del derecho internacional asociado a la geopolítica actual.
«El Lawfare es el uso por parte de una corporación judicial de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial», precisó la especialista brasileña ante el auditorio.
Gisele Ribocom, que fue reconocida en su país por su tesis “La guerra en defensa de los derechos humanos: universalismo e intervención humanitaria”, es una abogada brasileña, docente universitaria y parte de Juristas por la Democracia Brasileña.
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| Foto Midia Ninja |
«Lo que está pasando en Brasil después de la condena al ex presidente Lula Da Silva es el modelo más acabado de Lawfare -continuó Ribocom-. Para comprender de lo que estamos hablando hay que repasar la historia. Lawfare es un concepto que viene del derecho internacional y que luego fue utilizado por estrategas militares que, para defender los intereses de las grandes potencias contra los países más débiles, idearon nuevas herramientas de dominación que no sean solamente las del uso de la fuerza».
Para la abogada brasileña, Lawfare es una demostración de cómo el derecho puede ser utilizado como «instrumento político de guerra». Y agregó: «Estamos hablando de una idea que nació en la segunda postguerra mundial, que es la del activismo judicial, aquella que defendía a los minorías en pos de garantizarle sus derechos sociales. Pero ahora es usado por la corporación judicial, que está compuesta por un grupo de hombres blancos, ricos, jueces privilegiados que están desconectados de la realidad del país y que sólo les interesa judicializar la política para reproducir los intereses de la clase dominante a la cual pertenecen».
A la hora de hablar de la condena al ex presidente Lula Da Silva, dijo que fue un proceso «viciado, frágil, rápido, lleno de irregularidades, que lo único que logró fue impedir que Lula se presentara para candidato, porque se lo condenó sin pruebas concretas de la acusación por corrupción. Ni el juez Moro tenía competencia jurídica para juzgarla. Lo que hubo fue una condena pública que comenzó desde el mismo momento que se lo empezó a investigar, con la construcción de un derecho penal del espectáculo, televisado en vivo y en directo como si fuera un partido de fútbol».
En este sentido, profundizó: «Y acá está la cuestión, porque se habla de que la corrupción hay que extirparla judicialmente cuando sabemos que es un problema cultural, político, mucho más profundo, y en tal caso debe empezar por los mismos jueces que son parte de la corporación judicial. Lo que tenemos que entender que el siglo XXI está celebrando un fenómeno nuevo: la juristocracia, que es la República de la Toga, una democracia de jueces que se afianza en una idea elitista del ejercicio constitucional de los derechos».
Por último, y luego de que el poder «callara la voz de Lula» se mostró preocupada por la posible victoria del «candidato de derecha Jair Bolsonaro, que representa la restauración del fascismo en todas sus facetas, la negación de la memoria, la vuelta de las Fuerzas Armadas. Es terrible, se habla en nombre de los valores de la familia, de la moral y de la patria como en los golpes militares, que ahora se han relativizado como tales».
