Publicada: 16/2/2019
A Laly Herrera la balearon en la calle, como si le hubiesen querido robar. Sin embargo todo lo que se llevó ese sábado que salió a trabajar es lo que tenía encima cuando una vecina encontró su cuerpo tirado a la vera de la ruta 4, a la altura de La Matanza. Cartera, billetera, celular. Tenía también ocho vainas servidas de una pistola 9 milímetros alrededor de su cuerpo. Quizás por eso algunos medios publicaron su nombre vinculado a otras tres muertes, dos de ellas de testigos clave en una causa de red de trata regenteada por la policía bonaerense.
Pero las organizaciones sociales que laburan el barrio dicen que ésa es una de las muchas posibilidades: “No solamente nos mata la policía, el prostituyente, el cliente. Nos mata la desidia del Estado”, dice a Perycia Florencia Guimaraes, activista travesti.
Pamela Arancini, Maxim Brizuela y Marilyn Sosa son los otros tres nombres que circularon en las noticias esta semana. A Maxim y a Pamela las balearon como a Laly, aunque el caso de Pamela es más viejo: ocurrió en 2015. A Marilyn la atropellaron hace un año y murió en diciembre, después de agonizar en el Hospital de Florencio Varela. Sus cuerpos aparecieron también en la ruta 4, más conocida como Camino de Cintura, un camino interurbano de 70 kilómetros que atraviesa diez municipios y es famoso por ser tierra de fábricas, albergues transitorios y prostitución.
En ese mismo lugar, pero a la altura de San Justo, apuñalaron en la garganta a Angie el último miércoles a la medianoche, mientras hacía «la parada». Angie pudo ser atendida de inmediato y está fuera de peligro.
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| Laly Heredia murió baleada con una 9 mm a principios de febrero. |
—Cuando subís a un auto no sabés si vas a bajar con vida. Cuando estás ahí parada no sabés si te van a pegar un botellazo, una puñalada, un tiro. Estamos expuestas y a nadie le importa —, agrega Florencia.
Por la causa de los policías proxenetas, a cargo de la Fiscal Federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, hay siete efectivos presos y uno prófugo, casi todos de alto rango. En tanto, en la investigación por la muerte de Laly todavía no hay sospechas de quién fue, ni por qué. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de homicidios dolosos de La Matanza que interviene, sólo sabe que a Laly la mató una bala en la cadera, aunque le dispararon varias veces y con un arma de la policía. También que fue en la madrugada del domingo 4, alrededor de las tres de la madrugada y que no fue un robo. Están buscando en los registros de las cámaras del lugar para encontrar imágenes del auto que suponen la paró en la ruta.
—Estamos enterrando constantemente compañeras. No paramos de hablar de muertas —, asegura Florencia.
Ella se presenta, ante todo, como sobreviviente de la prostitución y dice que lleva junto a sus compañeras un registro casero de las que mueren día a día. La cifra es alarmante: ya son dieciséis en lo que va de 2019, “de las que conocemos”, aclara.
La estadística no sólo cuenta los crímenes de odio de la población travesti-trans sino también lo que se denomina “travesticidio social”: quienes mueren producto de las condiciones en las que viven, sin acceso a la salud, a la vivienda digna o a la educación. De hecho, del total de las muertes de este año sólo tres fueron por asesinato y el resto por enfermedades evitables que provocan sus condiciones de vida.
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| Sin datos oficiales, las activistas travestis llevan su propio registro de muertes. Este año llevan contabilizados 16 casos, la mayoría por enfermedades evitables derivadas de las condiciones de vida. |
—La sociedad no se pregunta por qué todas las noches en la puerta de su casa hay una travita de 14, 15 años, drogada para soportar todas las violencias que se ejercen sobre ese cuerpo. Es un genocidio, un genocidio silencioso —, sentencia Florencia.
Según el informe La revolución de las mariposas -creado por el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensoría de CABA y el bachillerato Mocha Celis-, el 70 % de la población trans y travesti vive de la prostitución desde que dejan su casa antes de cumplir 18, es decir, cuando todavía son menores.
—El promedio de vida nuestro sigue siendo de 35 años y eso tiene que ver con la falta de implementación de políticas públicas concretas, para que ni siquiera tengamos que atravesar el sistema prostituyente. La más importante es la ley Diana Sacayán.
La ley provincial 14.783 de Cupo Laboral Trans -también conocida como Ley Diana Sacayán- obliga al Estado a emplear en la administración pública al menos a un 1% de personas trans y travestis. Sin embargo, se encuentra sin reglamentar y su cumplimiento efectivo depende de la buena voluntad de las organizaciones, estructuras ministeriales y las empresas que administra el gobierno. En la esfera de la regulación nacional, la situación es todavía más precaria. En julio de 2018, cuarenta diputados y diputadas de seis bloques ingresaron al Congreso un proyecto de ley nacional de cupo laboral trans travesti pero ese boceto ni siquiera llegó a discutirse.
—Venimos hace décadas denunciando todo esto que atravesamos y sigue siendo invisibilizado. Siempre se nos presenta como las narco travestis, siempre recaen los estigmas sobre nosotras. Nadie se pone a pensar por qué las travestis no son las maestras de nuestrxs pibes, las meseras del bar, por qué no son diputadas, legisladoras o concejalas —, dice Florencia a Perycia.
—¿Por qué todas las travestis vivimos de la noche? —se pregunta— ¿Por qué parece que el destino fuera ese? ¿No tenemos derecho a una vida digna? ¿a pensar en un futuro? ¿tenemos que estar expuestas todas las noches, cada vez que cruzamos la puerta de casa, a la muerte?
