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| Cristian Ferrara, junto a su mujer y sus hijos (Foto cedida por su familia) |
Por Rosario Marina
Publicada: 15/04/19
Francisco Giovanoli vive en Puerto Madryn y tiene epilepsia; Cristian Ferrara es de Berisso, tiene hijos con enfermedades y trabaja con fletes. Ambos cultivaban plantas de marihuana en su casa para usarlas de forma medicinal. No se conocen, no saben sus apellidos, ni cuáles son sus problemas o en qué piensan antes de dormir. Pero les pasó lo mismo: la Justicia los criminalizó por usar marihuana de forma medicinal y los encerró por un tiempo. Francisco pasó una semana detenido en una comisaría y fue liberado tras un arduo proceso judicial. La suerte de Cristian no fue dispar: estuvo dos meses en una cárcel y ahora está con prisión domiciliaria, a la espera de que se resuelva su causa judicial.
El abogado Mariano Fusero, uno de los creadores de RESET, una organización sobre políticas de drogas y derechos humanos, no deja espacio para la duda: “Hay una criminalización selectiva de estos pequeños eslabones para simular una guerra contra el narcotráfico”.
En el último tiempo, la gran mayoría de las causas en fiscalías y juzgados tienen que ver con las drogas. Cada día, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires envía gacetillas de prensa para intentar que se publique un nuevo allanamiento a “búnkers” de chapa y madera en las villas más pobres.
“Hay una bajada de línea del gobierno provincial que es punitivista, criminalizante, persecutoria y que afecta sobre todo a mujeres y a los jóvenes de los sectores más vulnerables”, dijo, categórico, Fusero a Perycia.
El abogado cita jurisprudencia. En 2009 el fallo Arriola, promulgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley N° 23.737, es decir, la ley de drogas. A partir de esa sentencia, que este año cumple 10 años, se ha considerado que la criminalización de la tenencia de drogas para uso personal es inconstitucional, pero aún no se ha iniciado aún una reforma legislativa. Y esto afecta las vidas como las de Cristian y de Francisco.
A 30 años de la creación de la ley de drogas, desde RESET consideran que el prohibicionismo para reducir el consumo no ha logrado su cometido: por el contrario, los niveles de violencia en Rosario y algunos puntos del conurbano han crecido mientras a las fuerzas armadas se les conceden cada vez más poderes.
El fiscal Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Federal nº7, publicó un informe el año pasado donde indica que sólo en la segunda quincena de agosto de 2018 se registraron 503 causas y que el 92,5% corresponden a infracción de la ley 23.737. De ese total, 341 causas son por consumo personal.
Además, en el informe advierte que el 100% de las causas serán archivadas y la policía lo sabe. “Persiste la confusión entre tenencia de drogas y narcotráfico”, explica el fiscal Delgado.
Dos casos, ocurridos en puntos distantes del país, son ejemplos de cómo la justicia puede ingresar en la vida de una persona que intenta curarse o curar a otros con cannabis medicinal y termina en el calvario de la prisión.
Por la salud de sus hijos
Cristian Ferrara es fletero pero no puede salir de su casa porque está con prisión domiciliaria. Tiene cuatro hijos y vive en Berisso, provincia de Buenos Aires, con Consuelo Navarro, su esposa. Uno de sus hijos tiene esquizofrenia, otro autismo y el más chico, según su mamá, también habría sufrido lo mismo de no ser por el cannabis medicinal.
En octubre de 2017 allanaron su casa por una denuncia telefónica. Parece que el llamado fue de «alguien poderoso», o al menos eso cree Consuelo. Porque sólo eso bastó para que a su marido se lo llevaran preso a la Unidad Penal nº1 de Lisandro Olmos.
En su casa había plantas de marihuana. Consuelo estaba produciendo aceite de cannabis para sus hijos. Ésa iba a ser su segunda producción.
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| Cristian Ferrara espera dramáticamente la definición de su proceso judicial |
Lucas tiene 13 años y un autismo severo: se autoagredía y los agredía a ellos. La medicación que le recetaban los médicos lo dopaba, pero tampoco servía. Por eso su mamá llegó al cannabis. Empezó a ir a un curso de cultivo, hasta que aprendió a hacer el aceite.
“Con los psicofármacos vivíamos un infierno. ¿Qué más podíamos perder?”, se pregunta ahora Consuelo. Poco después supo la respuesta: “Antes Lucas no hablaba, sólo gesticulaba y gritaba. A los 20 días de darle cannabis me dijo: `Mamá te quiero´”.
Luego usó el cannabis medicinal con Daniel, el más grande, que tiene esquizofrenia. Por la medicación que tomaba se volvió obeso. No podía controlar sus impulsos. Consuelo se lo dijo al psiquiatra de Daniel: `Yo quiero probar con cannabis´. Lo hizo. Y ahora su hijo sólo consume una pastilla de psicofármacos.
El más pequeño de sus hijos, Ángel, tiene 4 años. Cuando era un niño de un año y medio parecía que también tenía autismo. “Él salió de su cuadro gracias al aceite”, dice Consuelo. A todo el mundo que puede, ella le aconseja que se encuadre en una ONG: ahora forma parte de “Cultivo en Familia” en La Plata.
La causa contra Cristian Ferrara espera una última resolución de la justicia. En la familia se vive con profundo dramatismo. «Si a mi marido lo llegan a condenar, ya sabe que lo estoy despidiendo para siempre. Él me dijo que no va a volver a una cárcel, prefiere suicidarse antes. Ya lo tiene decidido”, dice Consuelo a Perycia.
La Ley N° 23.737 prevé que, si los jueces lo encuentran culpable de tenencia de marihuana para comercialización, puede quedar preso entre 4 y 15 años.
Cinco años procesado por querer curar su epilepsia
Francisco Giovanoli tenía epilepsia y 48 plantas de marihuana en su casa. En febrero de este año estuvo a punto de quedar preso por querer curar su propia enfermedad. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lo absolvió tras cinco años de proceso judicial.
Francisco, igual que Consuelo, tenía el cannabis para uso medicinal.
Francisco, igual que Consuelo, fue allanado por la policía en su casa por un llamado anónimo. Estuvo detenido durante una semana en la comisaría. Después, esperó más de 43 mil horas para saber si la Justicia lo dejaría preso.
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| Los operativos contra los «búnkers» suelen tener el pretexto de la lucha contra el narcotráfico |
En el proceso judicial nunca negó que las plantas fueran suyas, presentó pruebas de su enfermedad y explicó para qué las usaba. A la justicia no le importó. Después del allanamiento, tuvo que volver a los psicofármacos. La organización RESET se presentó como amicus curiae en este caso.
“Hay casos de 120 o 150 plantas en la justicia federal que salieron sobreseídos o con falta de mérito sin haber pasado por prisión. Eso muestra la diferencia de criterios entre una y otra jurisdicción”, explicó el abogado Fusero.
En el caso de Francisco, finalmente el fiscal Teodoro Nürnberg retiró la acusación, pidió la aplicación del fallo Arriola y lo absolvieron.
“No hay manera de dudar que esas demás circunstancias deben nutrirse necesariamente de la finalidad medicinal o el paliativo que le dio Giovanoli, derivado de una epilepsia que arrastraba de los 6 años, acreditada según los informes médicos”, expuso el fiscal en el juicio. Y lo dejó en claro en el alegato: “Ese cultivo fue realizado en el ámbito privado sin afectación a tercero”.
Si el fiscal no retiraba la acusación, hoy Francisco estaría preso.
