Por María Soledad Iparraguirre
Ilustraciones: Juan Bértola
Publicada: 5/04/19
Cuando Estela Lemes llegó a la Bartolito Mitre, la escuela rural de Costa Uruguay Sur, tenía trece alumnos. Hoy, el mismo edificio alberga a cien niños que cursan la primaria. La 66 fue la primera escuela rural de Entre Ríos que se convirtió en NINA, espacio educativo de jornada completa. En diálogo con Perycia, Lemes repasa la historia de la escuela que le cambió la vida, el camino recorrido en la pelea contra los agrotóxicos y cómo es vivir con el flagelo de la contaminación, afectada por una neuropatía que requiere tratamiento de por vida.
-Llegaste a la escuela en 2001, en medio de una compleja coyuntura social, ¿cómo fueron aquellos primeros tiempos?
– Llegué a la 66 en agosto de 2001. Me acuerdo que eran muy pocos chicos y además de las complicaciones sociales y económicas, ese año estaban atrasadas las asignaciones, así que mi primer sueldo lo cobré seis meses más tarde. Éramos dos docentes para todo: dábamos clases, hacíamos de ordenanza, preparábamos la comida. Fue un desafío pedagógico para mí y me dio la oportunidad de desarrollarme profesionalmente; la 66 me cambió la vida.
– La matrícula creció exponencialmente durante estos años. ¿Cómo se enseña en el mismo establecimiento que pasó de trece alumnos a más de cien?
– Tenemos dificultades con el espacio, pero fuimos ampliando la escuela a medida que pudimos. Viví muchos años en la escuela, y luego la habitación que yo ocupaba pasó a ser dirección. Y así nos vamos arreglando. El equipo docente sostiene a la escuela y ése es un valioso aporte. Hace unos años, se formó un asentamiento cercano a la zona, con familias provenientes de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones. Esos chiquitos son parte de los sectores más vulnerados. Más allá del proceso de aprendizaje y enseñanza, necesitan apoyo y contención. Desde la mañana hasta las doce se dictan clases y luego hay talleres de arte hasta las 16. A veces los chicos se nos duermen un rato, y los dejamos, porque son muchas horas. Cada año hacemos el cierre con la presentación de trabajos de los distintos talleres y los padres vienen a agradecernos. Los docentes sabemos lo que le pasa a cada nene y estamos involucrados con ellos. Siempre digo que nuestra escuela es una gran familia.
Vivir envenenada
Como directora de la escuela, Estela vivió allí doce años con sus hijos menores. A poco tiempo de instalada, comenzaron las fumigaciones en los campos aledaños a la Bartolito Mitre. “Eran en cualquier día, a cualquier hora, tanto es así que un domingo, día de la madre estaba reunida con mis hijos y nos fumigaron el asado: lo digo así porque así fue. De pronto sentimos un olor nauseabundo y molestias en los ojos. Por supuesto que no lo pudimos comer”, recuerda.
En septiembre de 2012 se fumigó por primera vez, con los pibes en la escuela. Lemes no dudó: de inmediato entró a sus gurises, cerró puertas y ventanas y salió al campo, a exigirle al aplicador que frenara la fumigación. El conductor del mosquito (maquinaria agrícola que se utiliza para fumigar de modo terrestre) siguió hasta echar “la última gota de veneno”. La docente denunció penalmente el hecho y comenzó, sin habérselo propuesto, un recorrido de lucha contra el uso de agrotóxicos y en defensa del derecho a la vida.
Dos años más tarde, tras un estudio, supo que tenía 1.6 de clorpirifós en sangre, insecticida organofosforado altamente tóxico, muy usado en nuestro país. El clorpirifós es disruptor endocrino y provoca efectos neurotóxicos a mediano y largo plazo, daño neurológico, sobre todo en niños y es generador de trastornos tales como autismo. Este año fue prohibido en Estados Unidos. En nuestro país, con un click se consigue hasta en Mercado Libre.
Actualmente, Estela convive con clorpirifós, pero no es el único tóxico: también tiene glifosato en su cuerpo. Padece una neuropatía que atrofia sus músculos. Sufre pérdida de equilibrio y tiene afectado su sistema neurológico. Tres veces al año, debe internarse en el Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (CENER).
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| Estela Lemes. Foto: Facebook |
-Tu vida cambió radicalmente a partir de aquella primera fumigación en horario escolar…
– Sí, claro. Ese día algunos niños tuvieron náuseas, irritación en los ojos y molestias. Es muy probable que también tengan agrotóxicos, no podemos saberlo porque no tienen la posibilidad de costearse los estudios. También deben tenerlo los niños y las familias que viven en los campos, ellos son fumigados permanentemente. En aquel momento, la lucha la seguí sola, sin acompañamiento. Denuncié otras fumigaciones ante Ambiente Municipal y se presentaron en la escuela. La Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) también vino pero desestimó la presencia de agrotóxicos y cerró la causa, según ellos, por falta de pruebas.
-En un principio desconocías a qué poderes te enfrentabas…
– Sí, absolutamente. Por un lado no sabía que se trataba de venenos, fui sabiendo por mis hijos, porque los más grandes estudiaban el tema. Me fueron explicando que se trataba de venenos. Y así los llamo yo. Cuando doy charlas hablo de agrotóxicos; nunca de fitosanitarios como pretenden hacernos creer los productores. La Sociedad Rural de Gualeguay quiso prohibir una charla a alumnos secundarios a la que me convocaron en la escuela (N 5, José González) Grey el mes pasado. Además, desde hace tiempo, se empezó una campaña en mi contra. Publican barbaridades, dicen que estoy curada, que es falsa mi enfermedad y que debo demostrarla. Mis análisis están en el juzgado, yo no tengo nada que esconder.
Glifosato cero vs glifosato para todos
La justicia falló, el 29 de marzo del 2018, a favor del recurso interpuesto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Concepción del Uruguay, que había pedido la nulidad del decreto 4407, iniciativa del gobierno de Gustavo Bordet. La norma reducía drásticamente las distancias permitidas para fumigar en cercanías de escuelas rurales, estableciendo 100 metros para las pulverizaciones terrestres y 500 para las aéreas. El reciente fallo judicial dejó sin efecto el decreto y quedan vigentes las distancias establecidas en mil metros por tierra y tres mil para fumigaciones aéreas. Establece, por otra parte, la prohibición de fumigar en horario escolar.
No es el único amparo, pese a la dura pelea judicial que realizan las corporaciones y los grandes productores. En abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12.216 conocida como Glifosato Cero que prohíbe “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido local”. Es la medida política más influyente de la zona.
Según un relevamiento conjunto de la ca
mpaña Paren de Fumigar las Escuelas y la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el ochenta por ciento de las escuelas rurales entrerrianas padece fumigaciones tóxicas. “Hoy, a partir de mis denuncias, en el campo pegado a la escuela se hace ganadería. Y en la 66, damos talleres de agroecología y tenemos un Kiosco Saludable. Pero hay campos cercanos en los que fumigan y la deriva trajo el veneno hasta la escuela. A mí no me van a callar. Yo voy a seguir peleando por mi salud y la de mis gurises. No tengo más que esta lucha”, explica Estela Lemes.
Juicio a la fumigación
Lemes lleva adelante un juicio laboral con la ART, el Consejo General de Educación y el Superior Gobierno de Entre Ríos. “Por el lado de los empleadores, que son quienes deberían haber resguardado mi salud laboral y siguen sin hacerse cargo de las graves consecuencias que está sufriendo mi cuerpo. Eso está en espera; se están pidiendo pericias nuevamente. Otra vez, los peritos solicitaron estudios, que me volví a hacer y se está esperando la respuesta el Consejo de Educción. No hay novedades por ahora. Esto lleva ya muchos años, no me importa si sale o no. Tengo que estar visitando médicos y repitiendo todo tipo de estudios, muchas veces dolorosos. Por momentos no me quedan ganas, pero sigo con fuerza para hacerlo”, explica Estela.
Por otra parte, están los responsables del campo, dueño y arrendatario, a quienes Lemes les inició acciones judiciales, bajo las figuras de responsable y responsable solidario, respectivamente. Hubo una instancia de mediación con los herederos del dueño (fallecido) del campo, pero faltaban certificaciones. Paula Ripa, una de las herederas, negó toda responsabilidad. Estela no lucha por una indemnización: pide que se hagan cargo de su tratamiento, que debe realizarse en un centro integral en Galarza, poblado del departamento de Gualeguay.
“Justicia irresponsable”
Este jueves, en conferencia de prensa desde Gualeguaychú, el presidente Mauricio Macri planteó su preocupación ante el reciente fallo judicial que limita el uso abusivo de agrotóxicos en los campos aledaños a las escuelas rurales. Desde la sede de la Sociedad Rural local, Macri manifestó estar preocupado ante el planteo de los productores agrícolas y minimizó los numerosos estudios científicos que hace tiempo alertan contra los tóxicos. “Es un fallo irresponsable. Esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente. (…) El gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”, dijo ante la prensa.
