Publicada: 14/05/19
La frase tiene cuatro palabras, y se murmura en los pasillos de Tribunales desde que se creó el Consejo de la Magistratura para seleccionar jueces y juezas:
—Presentate que te acomodo.
El sistema de eficaces espaldarazos no es nuevo ni exclusivo del macrismo: viene funcionando, con distintas velocidades y algunos matices, desde que nació con la reforma constitucional del ’94 (antes, ni siquiera había terna: los jueces eran elegidos por el presidente sin explicaciones, como un ministro o su casero).
Pero el Presidente Macri juró que había llegado al poder para darle transparencia al proceso, y en realidad lo hizo más burdo: a Luis Majul le aseguró el mes pasado que en su gestión se habían nombrado “230 jueces, los mejores de los concursos, no los amigos del Presidente”. A Jorge Lanata le juró que eran “los mejores de las ternas”, y a Mariana Fabbiani lo mismo: “Ponemos los mejores”.
Esas frases publicitarias se deshilacharon pronto ante un par de evidencias contrarias. El gobierno de Cambiemos, contando los cerca de sesenta pliegos que se tratan este martes en la Comisión de Acuerdos del Senado, no sólo duplicó el ritmo de nombramiento de magistrados de las tres gestiones kirchneristas –una designación cada cuatro días, mientras que en los doce años anteriores fue una cada ocho-, sino que aceleró como nunca antes los concursos en tribunales colegiados con múltiples vacantes.
Fueron unos cuarenta en los últimos tres años, entre los cuales se cuentan el de la justicia federal de La Plata y la porteña que aquí se detallan. Se trata de concursos que ponen en juego varios cargos de una misma jurisdicción en un sólo acto administrativo, lo que requiere de una terna por puesto, y por lo tanto, la posibilidad de convocar hasta alrededor de cuarenta candidatos para la instancia de la entrevista personal. Ése diálogo entre aspirantes y consejeros, que puede demorar diez minutos o incluso cinco, el tiempo justo para tomarse dos tés, pueden echar por la borda meses de preparación en favor de postulantes bendecidos por la corporación judicial o sponsoreados por el gobierno. Una vez ubicados en la zona de ternas, el Presidente Macri tiene la potestad de elegir al alineado o al obediente.
—La entrevista termina siendo determinante frente a todo el tiempo y dedicación que insume preparar, rendir y elaborar un examen escrito anónimo que dura ocho horas —señala un aspirante que estuvo bien rankeado más de una vez—, sumado a todos los antecedentes obtenidos en una vida de carrera profesional.
Ese círculo de discrecionalidad se completó con un ardid técnico inventado por el Poder Ejecutivo a instancias del Consejo de la Magistratura, que estableció que en caso de los concursos múltiples, el Presidente no estaba obligado a elegir un candidato por cada terna, sino que podía promover una terna completa y ninguno de las demás. “El rol de la terna se desnaturaliza y aumenta, otra vez, el margen de discrecionalidad”, explica un jurista del Consejo de la Magistratura.
Perycia, a través de la lectura de las actas de concursos publicadas en la web del Consejo, reconstruyó los casos más asombrosos, junto al mapa de relaciones que podrían explicar esos saltos de canguro en la nómina del orden de mérito: ser el bendecido por el dedo presidencial desde los últimos puestos.
El juego de la Oca en La Plata
Se decía que para aquellos secretarios o secretarias a quienes se les había esfumado el sueño de sumarse a la familia judicial de Comodoro Py, el concurso 366, que repartía siete puestos entre los Tribunales Orales Federales de La Plata se convirtió en el principal premio consuelo: así lo planteaban, por lo bajo, quienes pueden mover los hilos dentro del Consejo.
La Plata se transformó en un tablero de ajedrez donde ponían y sacaban fichas los principales operadores de los tribunales de Retiro. “Los que mueven influencias desde afuera son (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertucci”, confía un asesor del Consejo de Magistratura sobre los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que tiene a cargo las apelaciones en el expediente en el que fue procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita.
Hasta el momento, Macri elevó cinco pliegos para las siete vacantes, que de lograr el acuerdo del Senado quedarían formalizados en la sesión de mañana. El más emblemático sea quizás el de Sergio Andrés Delgadillo, uno de los secretarios del camarista Bruglia -quien hace poco asomó a la causa del espionaje ilegal por haberle enviado al detenido Marcelo D´Alessio una resolución que confirmaba un dictamen adverso a Cristina Kirchner seis días antes de que estuviera firmada-. Las influencias de Delgadillo no se terminan con su jefe: es además yerno de José Valentín Martínez Sobrino, juez de tribunal oral, que fue denunciado por Chicha Mariani, junto a otras Abuelas y nietas restituidas, por haber sido cómplice de la entrega del bebé Simón Riquelo sabiendo que sus padres estaban desaparecidos.
Delgadillo terminó en el puesto N°25 luego de sumar los puntos del examen escrito y la cifra por sus antecedentes, pero antes de ingresar siquiera en la zona de ternas se comentaba entre magistrados de La Plata que era un número puesto en un Tribunal Oral. La impugnación de la calificación por antecedentes, aceptada por los consejeros Pablo Tonelli y Gabriela Vásquez, le permitió avanzar dos posiciones hasta el 23°.
En ese punto fue cuando el consejero Leónidas Moldes intervino providencialmente: hizo una presentación alternativa al informe de Vásquez y Tonelli y sostuvo que debía “ponderarse la entrevista brindada por el concursante Sergio Andrés Delgadillo”. Moldes se mostró obnubilado por su “opinión sobre la responsabilidad de las personas jurídicas”, y por sus “aportes en materia de lucha contra la corrupción, sus cuestionamientos constitucionales en torno al principio de culpabilidad y la mención a reconocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Esos méritos asombrosos lo deslumbraron y propuso hacer un enroque desde su puesto 24 por el de Roberto Leo, que estaba en el 22. Al día siguiente, en la sesión del Consejo de la que participaron el propio Moldes y casi todos los consejeros del oficialismo –Mario Negri, Luis María Cabral, Juan Bautista Mahíques y Jorge Candis-, se aprobó la disidencia de Moldes y Delgadillo quedó en la antesala de la zona de ternas. Con el primer traslado –casi siempre hay alguno porque los aspirantes suelen aplicar simultáneamente a varios concursos-, Delgadillo anotó su nombre en los tríos y sin mediaciones fue ungido por Mauricio Macri como flamante juez federal de La Plata. Un sprint final fenomenal.
—En la cena de la Asociación de Magistrados de fin del año pasado, sin siquiera estar en zona de ternas, Delgadillo ya manifestaba que su destino era La Plata— aseguró a Perycia un funcionario que departió con el delfín de Bruglia aquella hermosa velada.
Incluso antes que Delgadillo, en enero de 2019, fue elegida jueza María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini. Sosa, que en su perfil público de Facebook tilda de “bobo”, le pide que se saque “la careta” y le pregunta si ya no lo “contrata el Estado” a un contacto aparentemente kirchnerista, también había quedado en los últimos puestos de ternas. Luego del examen, quedó en la posición 24. Tras impugnar sus antecedentes, sin subir ni bajar su puntaje, avanzó al puesto 22. En la entrevista no se movió, pero el planteo disidente de Moldes alteró el orden y la depositó en el último lugar de las tríos, el 21. El dedo de Macri hizo lo demás: eligió como primera opción a quien había quedado última en las ternas.
Algo más lógico fue el caso de Jesica Yael Sircovich, actual secretaria del juez de Casación Penal, Mariano Borinsky, de los más cercanos al círculo presidencial, a cargo de la redacción del anteproyecto de Código Penal enviado por el Poder Ejecutivo hace poco al Congreso. Luego de un buen examen llegó a la posición 11 del mérito original. En la entrevista trepó al puesto 7 y fue nombrada por Macri. A medida que llegaban funcionarios de Comodoro Py, en La Plata el malestar crecía: los sintieron como una intervención al fuero digitada desde los tribunales porteños.
Otro de los derroteros vertiginosos en el concurso fue el de Pablo Ezequiel Wilk, secretario del juez federal de Quilmes Luis Armella –llamado el “Bonadío bonaerense”, por su investigación a varios intendentes peronistas- y revisor de cuentas en la lista Compromiso de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que comparte con Leónidas Moldes y Leopoldo Bruglia. Wilk quedó rezagado al puesto 30 tras el examen y los antecedentes para luego transitar el preciado camino hacia las ternas. Después de impugnar la calificación de antecedentes saltó hasta el 25 y avanzó otros cinco casilleros en los diez minutos de entrevista: las dos instancias en las que postulantes con sólidos apoyos reciben el empujoncito hacia la zona de definición. Casi último en los tríos, Wilk fue asignado por el presidente como juez del TOF 2.
El ascenso de María Verónica Michelli, que ya se desempeñaba como secretaria en los tribunales platenses, también fue meteórico: desde el puesto original 29 hasta el 19 luego de impugnar antecedentes y dar la entrevista. Dos fuentes –una del Consejo de la Magistratura y otra de la justicia federal de La Plata- aseguraron a Perycia que su promoción también llegó de la mano de los Camaristas Bruglia y Bertucci. Hace seis años, Michelli había denunciado junto a otros empleados a su antiguo jefe, el entonces juez Carlos Rozanski, por maltrato laboral. Rozanski renunció en 2016 y hace pocas semanas denunció que mientras estaba de licencia, quien lo subrogaba, Jorge Michelli, excarceló al detenido Leonardo Fariña que el tribunal había negado porque era inminente su juicio por evasión fiscal. Una vez libre, Fariña se acogió a la ley del arrepentido en la causa donde podían intervenir los interesados Bruglia y Bertucci, y pasó a estar bajo la tutela del gobierno. Según Rozanski, esa excarcelación de madrugada y el apriete para que renunciara (sino le iban a iniciar un jury, con clara mayoría en el Consejo, y perdería además del cargo su jubilación) fueron la prenda de pago para que luego Fariña declarara contra la ex presidenta Fernández en la causa por la “ruta del dinero K”. Jorge Michelli es el padre de María Verónica, nombrada para reemplazar a Rozanski y quien habría sido el nexo con los camaristas de Py.
No todo termina ahí: el suegro de Michelli es Ricardo Corteletti, quien fue jefe de Relaciones Laborales de Propulsora Siderúrgica durante la dictadura militar, y a quien varios trabajadores denunciaron como el entregador de listas negras a las fuerzas de seguridad en un juicio contra miembros de la Marina que se llevó a cabo en el Tribunal Oral 1, que ahora pasaría a integrar.
—¿En qué sistema puede sostenerse racionalmente que una persona que queda en el puesto 30 o 40 de un orden de mérito le gane al que quedó en el primer lugar? —se pregunta, en estricto off, un asiduo concursante que terminó mejor ubicado que los forasteros de Py.
—Están manejando las ternas a discreción —dice otro de los aspirantes relegados—. Quienes hoy manipula este concurso es Conté Grand, Ritondo y Mahiques —asegura.
En efecto, el caso de los tribunales platenses es el cristal más adecuado para entender cómo funciona el sistema de manipulación del mérito original: los postulantes ubicados en los puestos 30, 29, 25, 22 y 11 en el orden de mérito fueron ungidos por sobre los siete mejor ubicados, para 5 de las 7 vacantes en juego. El Presidente mintió: no son los mejores.
Cuatro cargos preciados en Comodoro Py
“Nunca se evalúa la orientación política de los aspirantes, pero sí tenemos la obligación de evaluar la vocación democrática”.
Perycia habló con Pablo Tonelli, una de las principales espadas macristas en el Consejo de la Magistratura. El diputado del PRO defendió el salto que las entrevistas pueden generar en la ubicación de los concursantes. “Estamos muy satisfechos por la calidad de los designados – explica Tonelli-. Hay gente que le va muy mal en las entrevistas, no saben decir nada y se atolondran”.
Según el legislador y consejero, “se ha cumplido con la premisa” que instaló Macri en su discurso de asunción en diciembre de 2015. El lema de “Justicia independiente sin jueces macristas”. Además, “se ha logrado revertir una situación irregular que dejó el gobierno anterior, la enorme cantidad de vacantes en el Poder Judicial: 33 por ciento”.
Tonelli le dice a Perycia que no hay nada que ocultar, que las actas son públicas y que los fundamentos de los cambios en las calificaciones se pueden consultar en la web. Sin embargo, uno de los concursantes que prefirió preservar su identidad, le dijo a este medio que aunque el Gobierno “sostenga que el sistema permite estas designaciones y que todo es transparente, lo cierto es que la práctica que se está llevando a cabo desvía los fines y objetivos que justifican la existencia del Consejo de la Magistratura, desnaturalizando el primer objetivo que fue despolitizar las designaciones”.
En Capital Federal se concursaron cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Nros. 1, 2, 5, 8, 15, 20 y 21.
Todos los postulantes participaron de un mismo Concurso múltiple, con el número 367 y los ganadores no siempre fueron los mejores calificados: el Poder Ejecutivo eligió a quienes ni siquiera estuvieron entre los primeros 30 lugares del orden de mérito.
Ivana Sandra Quinteros llegó al concurso de la mano de Leopoldo Bruglia, presidente de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py, un camarista cercano al gobierno. Quinteros, secretaria en el tribunal de Bruglia, inició el concurso en el puesto 29. Fue ubicada con esa calificación tras la evaluación de sus antecedentes y el examen que debió rendir para concursar. Los 10 minutos de entrevista la hicieron subir al puesto 24 y así llegó a zona de ternas para luego ser elegida por el gobierno, superando otros candidatos con puntaje y ordenes de mérito muy superiores.
Uno de sus rivales en la carrera por cargos en Comodoro Py tuvo saltos incluso más increíbles en el camino a la designación. Se trata de Hugo Fabián Decaría, actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Número 15. El examen y su curriculum lo instalaron en un puesto bastante alejado: arrancó el concurso en el lugar 32. El juez que llegó a la tapa de los diarios en 2011, cuando condenó a los hermanos Schlenker y otros barras de River por el crimen de Gonzalo Acro, anduvo acertado en la entrevista con los consejeros de la Magistratura y se elevó al puesto 25, para quedar en las puertas de las ternas. Favorecido por la designación en otro concurso de uno de los ternados, se hizo un hueco a los codazos. Macri lo vio, lo eligió y envió su pliego al Senado de la Nación.
Hay otros dos ejemplos saltarines. Agustina Inés Rodríguez empezó el concurso en el puesto 21, tras la presentación de los antecedentes y la rendición del examen, pero después de la entrevista se ubicó 19 y entró a la zona de ternas. Aunque su caso no es tan polémico como el resto, fue elegida por el Poder Ejecutivo sobre postulantes que figuraban en los primeros 8 lugares.
También disfrutó de los acomodamientos de rigor el doctor Agustín Nicolás Morello, que empezó el concurso en el puesto 20 y luego subió al lugar 13.
Laureano Durán, o la manera poco elegante desplazar a Ramos Padilla
Así como el gobierno intenta avanzar con los pliegos de jueces antes de las elecciones, en la Casa Rosada no fue bien digerida la reciente decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, que ratificó al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla al frente del caso D’Alessio. De ese modo, rechazó el pedido de la fiscalía para que la causa viajara a los tribunales de Comodoro Py, lo cual significó una dura derrota para el macrismo.
Pero no todo terminó allí. Ramos Padilla, blanco predilecto del oficialismo, que lo ha tratado de apartar con recusaciones y hasta un pedido de juicio político, quedó a la cabeza de la terna del estratégico Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, que tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.
La estrategia del gobierno para impedir que Padilla asuma este juzgado clave y neurálgico, que controla nada más y nada menos que el manejo de las elecciones, el control de los partidos políticos y todo lo relacionado con candidaturas, ha sido la de hacer escalar posiciones en el podio a Laureano Durán en un concurso que, demorado por el escándalo de la causa por espionaje ilegal, aún no ha tenido dictamen final. Así las cosas, en un podio cargado de contienda política, el presidente Mauricio Macri debería elegir, en efecto, entre Ramos Padilla, el ex juez subrogante Jorge Eduardo Di Lorenzo, que en la terna quedó en segundo puesto, y Durán, posicionado en tercer lugar.
¿Cómo es que Durán, que deambulaba en el poco preciado lugar 11 llegó a terminar en el podio?
Lo que se desprende del concurso celebrado en 2018 es que Alejo Ramos Padilla obtuvo la nota más alta en el examen, con 94 puntos. Pero no se buscó su rival ni en el segundo Carlos Montanaro (87 puntos en el examen), tampoco en el tercero Roberto Boicco (84 puntos), y ni siquiera en el cuarto Diego Isasa (82 puntos).
Recurriendo nuevamente a la estrategia de la distorsión vía impugnación y entrevistas, se focalizó la mira en quien estaba ubicado originalmente en el puesto 11, Laureano Durán, que obtuvo 57 puntos en el examen (también las actas demuestran que se intentó escalar al antes mencionado Delgadillo, ubicado 12, a quien se le subió 6 puntos pero, dado que ya había sido ubicado en el Oral de La Plata, se desistió de la idea).
Así fue cómo Durán fue subido en la impugnación de antecedentes –por los consejeros Tonelli y Lugones- del casillero 11 al 7. Y el remate se consiguió en la entrevista: lo ubicaron en el tercer lugar para integrar la terna final. O sea, avanzó casi de forma inédita ocho posiciones –entre antecedentes y entrevista- para culminar en una posición expectante para obtener el cargo.
Lo curioso es que, por poner un ejemplo de la escandalosa maniobra, a Ramos Padilla, que es juez hace ocho años, le pusieron menos puntaje por antecedentes que a Durán, actual secretario judicial y que tuvo un breve lapso como ex juez subrogante.
-Durán es el caballito de batalla de la gobernadora Vidal, que llamó exclusivamente a Tonelli cuando se estaban evaluando los antecedentes. Y Tonelli es un abogado de toda la vida de La Plata y conoce la interna del fuero local, donde históricamente los Durán y Blanco (padres) se disputaron el poder –comentó un funcionario de la justicia federal platense, un fuero en el que el llamado de la gobernadora fue “vox pópuli”.
“La afinidad política o ideológica no va a definir nunca más las ternas”, había dicho el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari ante la prensa el 7 de abril de este año. Pero la designación de los próximos jueces parece desmentirlo.
Durán genera simpatías y recelos dentro de la mesa judicial de Cambiemos. Ya había subrogado el juzgado federal 1 durante los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández con el espaldarazo del entonces secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez. Pero pronto conformó a los nuevos funcionarios con su desempeño en los comicios de 2015, en los que triunfó Macri. Durante mucho tiempo, trajinó el teléfono llamando a periodistas y pidiéndoles que no lo mencionaran como «juez K», para desmarcarse de la gestión anterior. Lo cierto es que ahora, con lo que parece una sobrecalificación de sus antecedentes y un magro puntaje en el concurso, ha sido encumbrado gracias a los contactos judiciales que heredó de su padre, el ex Camarista ya fallecido Alberto Durán, y los que él mismo parece haber cosechado cortejando a Ferrari y a Federico Salvai, el jefe de Gabinete de Vidal.
Un mecanismo que también se conoció en otros casos de la provincia, como los de Germán Manuel Moldes en San Martín, y Pedro Federico Hooft, en Mar del Plata. Moldes es hijo del hijo del fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Germán Mario Moldes, conocido por su alto perfil mediático encabezando las marchas contra el kirchnerismo tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Escaló del puesto 10 en su concurso hasta llegar a ser elegido por el presidente como juez.
En tanto Hooft, hijo del homónimo juez denunciado por ser partícipe y cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, fue denunciado por organismos de derechos humanos por sus antecedentes de maniobras ilícitas. “Su eventual designación como juez será un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia”, advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo cuando se conoció su candidatura como juez.
