El mes pasado la noticia ocupó gran espacio en los medios hegemónicos. Dos hijos de una mujer de 82 años, que murió tras ser atropellada en 2015 por un motociclista en Necochea, aceptaron perdonar al acusado y acordaron una pena de cumplimiento condicional. El caso lo contó el propio juez que integra el Tribunal en lo Criminal 1 de la ciudad balnearia, Mario Juliano, a través de un hilo de Twitter.
Rápidamente se catalogó como un “hecho inédito”. No lo es. Juliano se encarga de enumerar uno por uno los casos en donde se dieron gestos similares. Lo hace con entusiasmo, como si por cada recuerdo se regocijara su sentido de justicia.
El 15 de abril de 2015, Melisa Núñez, de 19 años, murió en Quequén producto de un derrame tóxico ocasionado luego de una explosión en una empresa de fumigaciones cercana a su hogar. Juliano recuerda las movilizaciones de los familiares en reclamo de justicia por toda la ciudad.
“Había comenzado la causa y era un hecho notoriamente culposo pero, ante la presión social, la fiscal lo pasa a una figura dolosa, sancionada con 8 a 20 años de prisión”, le cuenta el juez a Perycia.
Los acusados eran dos hermanos, Fernando y Emiliano Cañada, dueños de la empresa. Fue Mercedes, la mamá de Melisa, quien dio el sí para verlos. Ellos aceptaron el encuentro, no sin temor. Los abogados eligieron un lugar neutral. Los primeros minutos fueron tensos, apenas un tímido saludo, cuentan los testigos, hasta que Fernando y Emiliano comenzaron a hablar. Contaron su versión. Lloraron. Mercedes los abrazó dos veces. En esa habitación y en el juicio, donde también dijo que no quería que vayan presos.
El juez también recuerda el abrazo entre una madre y el asesino de su hijo, en junio de este año. Confiesa que esa vez fue por azar. El juez se cruzó con la madre de la víctima en un programa de televisión y, ante la pregunta de un periodista, ella admitió que estaba dispuesta a perdonar al imputado. Ahí mismo, detrás de cámaras, acordaron cómo llevarlo a cabo. El día del juicio, la madre pidió permiso para acercarse al banquillo y abrazó al acusado. “Y eso que era en un caso de homicidio doloso”, destaca, aún asombrado.
No se trata de cualquier juez, Juliano es un promotor del modelo de justicia restaurativa.
“El garantismo se concentró durante muchísimo tiempo en el blindaje del imputado, de sus derechos y garantías, lo cual estaba muy bien, pero se olvidó de la víctima”, explica Juliano, que se autopercibe, no sin recelo ante la etiqueta, un juez “garantista”.
“Este cambio de actitud hacia la víctima es lo que permite poder generar un espacio, comenzar otro tipo de diálogo, explorar las posibilidades y así empiezan a aflorar estos milagros”, completa Juliano.
La justicia restaurativa no ofrece únicamente una respuesta punitiva como solución al delito, sino que también lo aborda a través de la reparación del daño, de la responsabilidad del ofensor y el restablecimiento de esas relaciones que se vieron afectadas por el conflicto. Así se dan los abrazos, los arrepentimientos y la reflexión.
“Muchas veces el dolor de una víctima no termina con una sentencia de un tribunal a una pena privativa de la libertad, sino que empieza a sanar cuando tiene la posibilidad de hablar con su ofensor. Por supuesto, no siempre es así, y debemos ser profundamente respetuosos de los procesos personales de cada uno”, explica Juan Cruz Chapuy, abogado penalista y especialista en justicia restaurativa.
A vos porque no te pasó
Jona salió para divertirse. Comparte junto a algunos amigos una mesa con otros chicos que conocieron esa noche. Toman cerveza y se ríen. Uno de ellos le pide fuego y él le da la llave de su auto para que busque el encendedor. El chico va. A los pocos minutos vuelve a la mesa, en la que los amigos permanecen callados. Al rato el que pidió fuego se va. El resto también decide irse. Los amigos se suben al auto de Jona, que busca su celular en la guantera y no lo encuentra. No está.
Dos más dos es cuatro, piensan todos.
Recorren la zona cercana al bar buscando al fugitivo, sin éxito. Lo encuentran de regreso a casa. El ladrón se asusta al verlos y enseguida confiesa. Devuelve el celular y pide perdón. A Jona le basta, a sus amigos no. Quieren pegarle, cobrarse el delito. Uno de ellos amenaza con llamar a la policía, intenta convencer al resto de que es lo mejor. Jona dice a todo que no, que ya está bien, que con la devolución y el perdón le alcanza. El chico permanece apoyado contra una pared, rogando por ser liberado. Jona lo deja ir. Sus amigos no lo entienden, se enojan con él.
A Jona le pasó.
No hay disparos ni muertes. La escena delictiva es usual. Según un relevamiento realizado en agosto por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella, en 12 de cada 100 hogares argentinos alguno de sus habitantes sufrió al menos un delito contra la propiedad sin violencia. Lo inusual en la historia de Jona es el final. “No es un hecho significativo que gire en torno al perdón, sino más bien a una oposición al castigo que podría haber conllevado”, aclara él.
Jona Berrondo integra la asociación Víctimas por la Paz, lugar al que llegó luego del episodio. Se trata de un grupo de personas que sufrieron las consecuencias de hechos delictivos y que tuvieron la posibilidad de convertir el dolor y la frustración en acciones positivas, rechazando la idea de que el mejor modo de afrontar los conflictos se encuentre en el endurecimiento de la ley penal. Así se autodefinen.
“Creo que existen personas que tienen esta mirada que rompe con el estereotipo de la víctima tradicional”, le dice Jona a Perycia, y agrega: “hay personas que son víctimas por la paz aún sin saberlo”. Su caso, el de Melisa, y varios más, serán contados en el libro «Víctimas por la paz», de próxima aparición, compilados por la Asociación Pensamiento Penal y publicado por el sello Editores del Sur.
Dos padres perdonaron al asesino de su hijo. Un joven no buscó venganza contra su tío, que lo violó cuando tenía 12 años. Una mujer no quiso que el ladrón que ingresó a su casa y mató a su perro vaya a la cárcel. Jona se ilusiona con que los casos se conozcan en todo el mundo. “No es una locura lo que estamos haciendo”, dice.
Una solución posible
Uno de los efectos secundarios de la Justicia Restaurativa es aliviar la superpoblación carcelaria, una problemática que crece. En octubre, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre los niveles de sobrepoblación que consideró “preocupantes”, e instó al Poder Ejecutivo provincial a buscar medidas alternativas de encierro, entre las que se encontraban la conmutación de penas o el alojamiento de presos en cárceles de otras jurisdicciones para reducir las condiciones actuales de hacinamiento en las unidades penitenciarias.
“Las cárceles de la región son un infierno. Lugares donde para nada se respeta la dignidad de las personas”, asegura Juliano, quien propone prever “métodos alternativos para los conflictos menos graves”. “Hay que hacer cualquier cosa menos la ley penal”, dice el juez, sin abandonar su estilo tajante.
Si tomáramos el último debate presidencial como un muestreo social, encontraríamos al menos tres posiciones respecto de la problemática.
De izquierda a derecha: Del Caño pidió, en contraposición con el reclamo de mano dura, escuelas y trabajo en pos de “ir a fondo para terminar con la desigualdad”; Fernández aseguró que “las sociedades más igualitarias son las sociedades que menos crimen tienen”, aunque exigió ser “implacables” en el castigo a los que delinquen; Macri cuestionó la “puerta giratoria” donde “los delincuentes nunca quedan (sic)”; Espert pidió “desterrar el concepto del garantismo de la Justicia porque es una verdadera aberración y una burla al sentido de justicia” y prometió promover la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años; y Gómez Centurión impulsó la construcción de cárceles de máxima seguridad en terrenos fiscales.
La sociedad no está preparada
Juliano invierte la ecuación. No es la sociedad la que no está preparada, sino que son algunos integrantes del Poder Judicial. “La posibilidad de escuchar la posición de las partes parece estar condicionada por la cultura judicial y la cultura de litigación”, explica y enseguida aclara: “Hablamos de la Justicia como un todo homogéneo y no es así. Hay múltiples realidades dentro del Poder Judicial”.
Chapuy coincide con esa mirada. “La gran mayoría de las personas que intervienen en el poder judicial están muy arraigadas a la metodología del litigio tradicional, donde hay un esquema ganador-perdedor que coloca tanto a la víctima como al ofensor, en un lugar secundario”.
El juez necochense también reniega de una mirada totalizadora de la sociedad. “La misma sociedad que es capaz de abrir merenderos y hacer colectas para los necesitados resulta que luego se convierte en una sociedad conservadora, renegada de la suerte de los prisioneros; o la sociedad que ingresa cotidianamente a las prisiones a hacer trabajo social y que alimenta el onegeísmo de toda índole, luego funge y pasa a reclamar el endurecimiento de la ley penal”, ironiza.
Sin embargo, la práctica de este modelo de justicia crece. En la provincia de Neuquén funciona desde 2014 una Oficina de Mediación y Conciliación Penal. El modelo se replica en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires, donde también a partir de este año comenzó a implementarse el Taller de Justicia Restaurativa para internos en algunas cárceles. Aún no se trata de un criterio homogéneo. Por caso, en Santa Fe la legislación considera inapropiado aplicar la mediación en causas penales y de violencia familiar.
Pero Juliano es optimista respecto del futuro. “Mirando en perspectiva, para atrás, veamos cómo eran las cosas en 1990, a ver si a alguien se le podía pasar por la cabeza que un conflicto penal pudiera terminar de esta manera. Te hubieran dicho que estabas loco y te ponían un chaleco de fuerza”, dice.
