—Necesitamos mano dura.
El comentario es lapidario. Lo pide “Dino”, en las redes sociales del diario El Día, debajo de la noticia sobre la toma de rehenes del pasado fin de semana, en una casa del barrio La Loma, en La Plata. Es la primera de una serie de opiniones de los lectores y quizás una de las más medidas. Después siguen ideas como las de Maxi:
—Cuando atrapan este tipo de delincuentes dispuestos a todo hay que matarlo en público !!!! Para que sepan lo que les sucede a los chorros y violentos !!!
Incluso alguno se anima a publicar un meme con la cara de Videla pidiendo sacar “los Falcon verdes”.
¿Qué pretende la sociedad con las cárceles? ¿Qué queremos que haga el Estado con las personas que cometen algún delito? Sin ningún rigor científico, algo se puede olfatear en las redes. Detrás de cualquier noticia sobre “inseguridad” posteada por El Día o en el Facebook de Lucas Pertossi, uno de los detenidos por el crimen de Villa Gesell:
Dice Cristian: “Te llevaste el pote de vaselina pedazo de puto? Te van a dejar el culo bien abierto. Cagón, te deseo una muerte lenta y muy dolorosa”
Nico: “Espero que sufras hasta la muerte en la cárcel como todos tus asesinos compañeros”
El Gobierno bonaerense de Axel Kicillof tiene que enfrentar una dramática crisis humanitaria en las cárceles pese a que el tema no está entre las preocupaciones de la sociedad. La Provincia sufre una «inmensa sobrepoblación, la más alta de la historia”, según el ministro de Justicia Julio Alak, pero no hay reclamos populares y pocos se indignan porque la cantidad de personas privadas de la libertad duplican las plazas disponibles. Año tras año la Comisión por la Memoria publica su informe sobre el “sistema de crueldad”, con datos detallados de torturas y vejaciones, pero los diarios no suelen darse por enterados. Por el contrario, para un sector de los medios y la sociedad, parece ser natural y hasta merecido que en los penales haya que padecer enfermedades sin atención médica, sufrir hambre, turnarse para usar un colchón, o haya que cagar en letrinas, a la vista del resto. Con algo parecido al regocijo, millones de personas engordan el rating de El Marginal, la serie televisiva de ficción que exagera violaciones, torturas y violencia extrema en las cárceles.
La sed punitiva de una buena parte de la población es una de las principales trabas de la Mesa de Diálogo Interinstitucional coordinada por el ministerio de Justicia y que se creó en diciembre con el objetivo de descomprimir el hacinamiento en los lugares de encierro. El espacio, integrado por los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y organismos de derechos humanos fue lanzado por Kicillof a través de un decreto en medio de una huelga de hambre que encabezaron 9 mil presos pocos días antes de la asunción del gobernador. Después de un duro informe del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, donde se advertía sobre “sobrepoblación preocupante y peligrosas condiciones de hacinamiento”, la Suprema Corte había exigido medidas urgentes y un “uso razonable de las prisiones preventivas”.
La semana próxima, la Mesa cumple dos meses de trabajo. Sus integrantes la califican como una instancia “histórica” y, según pudo reconstruir Perycia, todos coinciden: hay miles de personas detenidas que no deberían estar privadas de su libertad.
Con reuniones en diciembre, enero y febrero, finalizada ya la feria judicial y una reciente visita al penal de Olmos, la Mesa avanza en busca de los primeros resultados, presionada por un drama humanitario que ya nadie oculta y con presos que incluso denuncian lo abusos de la Justicia a través de las redes sociales:
—Llevo 5 años y 8 meses con prisión preventiva y la fecha de juicio para saber si soy culpable o inocente 10 – 7 – 2021 solicito ayuda ….para mi defensa ya soy culpable …ase mas de 2 años q no se nada …..ni para pegarme me llama el tribunal 2 de mercedes (sic) —escupe Alejandro, en el muro de “Resistencia”, una página de familiares y personas que están o estuvieron privadas de su libertad.
El infierno y sus números
- En la Provincia de Buenos Aires hay 48.827 personas privadas de la libertad, en comisarías, alcaidías y unidades penales, según los últimos datos difundidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en base a informes del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia de septiembre de 2019.
- En todo el país, el número de personas detenidas asciende a poco más de 100.000. Es decir, las celdas y calabozos bonaerenses alojan a la mitad de las personas privadas de la libertad de todo el país: casi 49.000, una Bombonera repleta.
- La superpoblación es extrema, la peor de la historia: hay lugar para 25 mil internos, pero el número de alojados duplica la capacidad.
- Casi la mitad de las personas encerradas están con prisión preventiva o sin condena: 47%, según los últimos datos de los Ministerios de Justicia y Seguridad, relevados por el CELS.
- El macrismo hizo colapsar el sistema: a nivel nacional sumó 30.000 nuevos presos, según el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Lo hizo en base a la persecución de delitos menores y una política fuertemente punitivista. Un ejemplo al azar: Damián Raña, un joven estudiante universitario de Ensenada, estuvo seis meses preso por tener tres plantas de cannabis con fines medicinales. Salió en diciembre con prisión domiciliaria.
- No hay tobilleras suficientes. Según una investigación reciente de La Nación, Alak le pidió a su par nacional, Marcela Losardo, 7.000 tobilleras para contar con esa alternativa de vigilancia electrónica fuera de la cárcel porque algunos jueces no pueden disponer esa medida por falta de los dispositivos.
- Pese a que la Justicia prohíbe el alojamiento de detenidos en dependencias policiales, en las comisarías la cantidad de personas encerradas asciende a 4.000 con una capacidad que apenas supera las 1.000 plazas.
- En la Provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2019 hubo más de 10.000 nuevos presos.
- En los últimos años el promedio anual de nuevos presos alcanzó los 4.000.
- Fueron unos 9.000 los internos y las internas que protagonizaron en diciembre una huelga de hambre de 15 días en distintas unidades carcelarias bonaerenses. La razón fundamental del reclamo era la falta de alimentos: Vidal había dejado una deuda millonaria a la empresa que provee mercadería al Servicio Penitenciario y la entrega estaba suspendida. Sin embargo, el petitorio también incluyó poner fin a las prisiones preventivas excesivas, suspender la aplicación de la denominada “Ley Blumberg” y la reinstalación del régimen del 2×1, que computa doble los días de detención sin condena firme.
Entre punitivistas y abolicionistas
En la mañana del miércoles 5 de febrero, mientras las tapas de los diarios informaban que moría Bonadio y Kicillof pagaba la deuda con acreedores externos, unos veinte internos del penal de Olmos esperaban en sus pabellones el traslado a “la escuelita”, el lugar donde suelen hacerse las actividades comunes. En los accesos al salón, una hilera de guardias armados custodiaba a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y miembros de organizaciones y organismos de derechos humanos. Poco antes del mediodía, rodeados de agentes del Servicio Penitenciario y sentados en círculos, las principales víctimas del drama del hacinamiento leerían su petitorio. Representaban a todos los pabellones del penal.
La visita a Olmos se hizo en respuesta a algunas organizaciones que reclamaban que sea escuchada la voz de las personas detenidas. Por eso se pautó una serie de entrevistas con internos de distintos penales. La del 5 de febrero fue la última actividad importante de la Mesa, que tiene previsto realizar el 20 un encuentro técnico y el 26 otra reunión plenaria.
La Mesa Interinstitucional de Diálogo, coordinada por el Ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, tuvo su debut una semana antes de Navidad, con una amplia y plural participación: la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Casación, la Procuración General, jueces de ejecución, fiscales, las Defensorías de Casación y Del Pueblo, la Iglesia Católica, las Universidades Públicas Nacionales, el Poder Legislativo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Comisión por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Civil La Cantora, entre otras organizaciones. Hasta el momento, el Ministro de Seguridad Sergio Berni envió funcionarios de segunda línea. Su cartera es clave, entre otras razones, porque debe enfrentar una política contra el delito con calabozos de comisarías colapsados pese a una prohibición judicial a seguir alojando detenidos.
—Es una oportunidad histórica —aseguran a Perycia desde el CIAJ, que junto al CELS lograron hace años un fallo judicial (todavía sin cumplimiento) que prohíbe el alojamiento de personas en calabozos de comisarías—. Creemos que los primeros efectos deberán ser evaluados en los próximos dos meses, cuando el fin de la feria active nuevamente los procesos. Veremos entonces si el Poder Judicial da cuenta que tomó nota de la situación de emergencia.
—Es interesante que nos hayan nucleado alrededor de una Mesa a todos los involucrados —agrega Azucena Racosta, referente de La Cantora—. Están los responsables de la prisionización masiva, los responsables de la superpoblación carcelaria y los responsables de las condiciones de detención, junto a las organizaciones que luchamos por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Incluso estamos nosotros que luchamos por la desprisionización, es decir, contra la pena de prisión.
Según le contaron a Perycia algunos de los integrantes de la Mesa, el objetivo ahora es pasar del diagnóstico a la acción y lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles, en un espacio en el que conviven desde sectores abolicionistas como el que representa Racosta hasta emblemas del punitivismo macrista, como el Procurador Julio Conte Grand.
En lo que algunos ven como un “giro” a favor de los nuevos vientos políticos, el jefe de los fiscales bonaerenses, promovido al cargo por Vidal, impulsó los primeros logros concretos de la Mesa. En diciembre derogó una resolución del 2013 e instruyó a los miembros del Ministerio Público Fiscal a extremar el control de las prisiones preventivas. Era un antiguo reclamo de los organismos de derechos humanos para que se agilicen las libertades y se eviten los abusos y prolongaciones indebidas de las preventivas, una de las principales causas de la superpoblación, junto con el endurecimiento de penas por las reformas legislativas de 2000 y 2005 en el Código Penal, Ley de Ejecución y Código Procesal Penal.
Además, en enero, Conte Grand dictó una resolución para que los fiscales ya no tengan la obligación de apelar las excarcelaciones y rechazos de prisión.
Todos los consultados por Perycia aseguran que las medidas del Procurador son claves y representan “un avance” en busca de aliviar la superpoblación.
Sin embargo, todavía se esperan soluciones en otros puntos donde hay una amplia coincidencia, como la aceleración y rigurosidad de los informes criminológicos que debe elaborar el Servicio Penitenciario para que los jueces definan una morigeración de la pena y que según datos de la Cámara de Casación, en un 88% terminan siendo negativos para las personas privadas de la libertad.
Cultura represiva y “vecinocracia”
El gobierno bonaerense busca con urgencia desahogar las cárceles, un infierno que viola derechos humanos de miles de personas. En una entrevista reciente en el diario Perfil, Kicillof admitió la necesidad de construir más cárceles y no descartó avanzar en esa línea con financiamiento nacional o incluso internacional. El gobernador negó impulsar la liberación de presos y recordó que es la Justicia quien decide si alguien va preso o no.
Racosta también apunta al Poder Judicial: “Ha sido el mejor alumno de las políticas autoritarias y represivas, utilizando la lapicera para encarcelar y en ningún caso la ha utilizado en los últimos años para aplicar los institutos liberatorios. Esto ha hecho que se guarde a la gente por las dudas y lleguemos a esta situación”.
En off, fuentes cercanas al ministro Alak argumentan que no promueven la conmutación de penas, aunque desde Casación y otros espacios sugieren hacerlo en casos de presos mayores de 60 años o madres que tengan hijos menores de 5 años.
“Hay que aplicar la ley —acuerda Racosta—, otorgando cuando corresponda las libertades condicionales y las salidas transitorias, con o sin pulsera. Mientras esto no ocurra, tendremos una democracia ilegal”.
—¿Con qué adversarios se enfrenta la posible salida de presos?
—Sin dudas —responden a Perycia desde el CIAJ— el principal adversario es la misma emergencia carcelaria y la necesidad urgente de transformación de la situación estructural que no da tiempo a pensar reformas integrales y que exige una respuesta urgente en un contexto demasiado lábil. También juega en contra el discurso vecinocrático y miediático.
—Los medios hegemónicos que trabajan para la cultura represiva pueden desestabilizar. Además, la sociedad ha dejado de pedir justicia para pedir sangre, venganza —explica Azucena Racosta—. La sociedad que genera violencia y contradictoriamente pide vivir en paz.
