19/3/2020
— El otro día vino un jefe que había estado de vacaciones en el exterior. Estuvo acá, en el pabellón, nos dio la mano, se paseó por todos lados y ayer lo mandaron en cuarentena.
Lo cuentan a Perycia desde uno de los pocos lugares donde nada está quieto. Porque los barrios se han amansado, las calles casi vaciado y hasta el cielo descontaminado. Pero allá adentro, detrás de los muros y, los barrotes, el “distanciamiento social” es imposible. Lo habitantes de cuadrados de cemento superpoblados se mueven, piden ayuda y aunque quieran, no pueden mantener una distancia de 2 metros. Se estornudan a 20 centímetros.
Y desde un pabellón de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica llega casi un ruego ronco.
— Tenemos miedo. Todavía hay tres o cuatro que reciben visitas y ¿si esos pocos traen la enfermedad? A mí también me gustaría que venga mi familia, pero decidimos cortar para cuidarnos, porque si no nos cuidamos entre nosotros… Deberían bajar una orden para que todos corten las visitas. Que se prohíba todo.
El Coronavirus genera alerta en los lugares de encierro y preocupa a las autoridades del gobierno, los organismos de derechos humanos, los familiares de las personas detenidas y los propios privados de la libertad. Todavía no hay casos de contagios, pero en medio de la peor superpoblación histórica y con 45.000 internos en cárceles bonaerenses con capacidad para la mitad, ¿cómo evitar la concentración de gente si el “hacinamiento” es un drama permanente? ¿Cómo garantizar el tan promocionado lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies con alcohol diluido y la higiene general?
—No se pueden restringir más derechos y las visitas a veces es lo único que tienen.
Una alta fuente del gobierno bonaerense le explica de esa manera a Perycia por qué todavía no prohibieron las visitas en los penales. No es el único argumento: también buscan evitar otros fantasmas, como lo que ocurrió en penales de Italia o la semana pasada en las cárceles de Brasil donde hubo fugas y motines en rechazo a las medidas restrictivas del Gobierno de Bolsonaro en el marco de la pandemia.
“No queríamos en ningún momento suspender las visitas porque era absolutamente contraproducente que los internos se sintieran desamparados”, le confirma a Perycia la directora de Sanidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Sonia Quiruelas.
Sin embargo, en casi la totalidad de las unidades carcelarias bonaerenses ya rige una suspensión voluntaria del régimen de visitas, una autocuarentena decidida por los propios internos para evitar el contagio del virus que ataca al planeta. Las primeras en firmar un acta en ese sentido fueron las mujeres embarazadas de la cárcel de Batán, pero la medida se propagó en pocos días y ya alcanza a toda la Provincia.
Según datos de la Dirección de Sanidad del SPB, el 95 por ciento de los internos y las internas de los 48 establecimientos penitenciarios bonaerenses ya se autolimitaron las visitas. Se trata de 41.260 personas, entre ellas 8.250 dentro de la población de riesgo: diabéticos, enfermos de tuberculosis, neumonía, HIV, EPOC y otras afecciones, mayores de 60 años y embarazadas.
La situación aceleró los pedidos de libertades y prisiones domiciliarias, un plan activado en diciembre en el marco de la Mesa de Diálogo interinstitucional contra la superpoblación carcelaria. Los planteos que en ese momento se hicieron para aliviar el hacinamiento desde el Tribunal de Casación Penal, la Procuración Bonaerense, la Supema Corte y el propio ministerio de Justicia y Derechos Humanos, volvieron a aparecer en medio de la crisis por el riesgo epidemiológico.
Esta semana, el procurador Julio Conte Grand ordenó a los fiscales “evaluar caso por caso” para determinar si corresponde otorgar la prisión domiciliaria “a presos en grupos de riesgo».
A nivel federal, donde hasta el miércoles había unos 6 mil presos sin visitas, también la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dictó una resolución para recomendar a los defensores hacer pedidos de libertad y/o prisión domiciliaria a favor de detenidos de alto riesgo por el COVID-19. Como así también, que se adviertan si existen condiciones de hacinamiento a fin de no agudizar la situación de detención y sus posibles consecuencias sanitarias.
Según pudo relevar Perycia, en menos de una semana hubo centenares de pedidos de prisiones domiciliarias presentados por madres con hijos, embarazadas o internos que padecen alguna enfermedad o superan los 60 años.
Al caballo también se subieron genocidas detenidos por cometer delitos de lesa humanidad, todos mayores de 60 y muchos con patologías que pueden ser de riesgo ante un eventual contagio de Coronavirus. El listado incluye a represores de la ESMA, El Olimpo o El Vesubio, muchos de los cuales pidieron durante el macrismo el beneficio del 2×1, rechazado por millones de personas en las calles. Organismos, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos tuvieron que salir a advertir que “la Pandemia no contagie impunidad”.
El derecho a la salud
La Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, reclamó que se extremen las medidas de prevención en lugares de encierro. Según el organismo, el pedido se hace urgente “frente a la situación epidemiológica” que en la Provincia incluyen casos de sarampión y dengue”.
Desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se instruyó al Servicio Penitenciario Bonaerense para que implemente medidas de control preventivas, ya sean de capacitación, información e higiene para el ingreso y egreso a las Unidades Penitenciarias y Alcaidías Departamentales. Además, se estableció que en cada Unidad Penitenciaria y Alcaidía Departamental se destine un sector de aislamiento para poder ejecutar los protocolos vigentes en la materia con relación a las personas que pudieran encontrarse sospechadas de manera temprana o afectadas por el virus (COVID-19).
Asimismo, dentro del territorio bonaerense el juez José Nicolás Villafañe también dio a conocer una resolución en consonancia con lo dispuesto en el Protocolo de Contingencia emitido por el ministerio de Justicia, para que se adopten de inmediato en los penales de la Provincia las medidas necesarias a fin garantizar los derechos de salud, alimentación, contacto familiar y demás derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El protocolo de contingencia del SPB para dar respuestas al riesgo de Coronavirus se propone detectar oportunamente a las personas que padecen este virus y puedan ingresar al ámbito carcelario, controlar la transmisión de la enfermedad, la morbilidad y la mortalidad, asistir en forma adecuada a los enfermos, monitorear los brotes y recomendar estrategias de manejo para las enfermedades respiratorias aplicables al contexto de encierro y asegurar la recuperación de enfermos. El documento incluye recomendaciones generales para la fase de contención y la de mitigación y luego definición de casos de COVID-19 como casos sospechoso, probable, confirmado, manejo de los casos y contactos.
El protocolo se lanzó el sábado 14 de marzo con una visita a la Unidad 9 de La Plata. Según Qiruelas, el objetivo es “sensibilizar a los internos para que la información y el autocuidado sean de adentro para afuera”.
