2/4/2020
En la tierra del abuso y la crueldad, seis hombres son enterrados vivos. Como un puñal que desgarra la carne hasta llegar al hueso, la humedad se filtra entre sus ropas. Poco a poco, las extremidades se les entumecen hasta perder la conciencia de sus cuerpos. Bajo el clima inhóspito de Malvinas, la turba los cubre hasta el cuello.
El tormento de Jorge Diez, Carlos Rodas, Elvio Nis, Antonio Gallardo, Román Solís y José Suárez, soldados del Regimiento de Infantería (RI) 5 de Paso de los Libres, Corrientes, se extenderá durante unas diez horas, por orden expresa de sus superiores.
—Vos esta noche no salís vivo de acá. Vos morís esta noche.
La amenaza que el Oficial Miguel Ángel Garde pronuncia al pie del pozo va dirigida a Solís y, por lo tanto, es extensiva al resto de los soldados. Fue Garde quien mandó a enterrarlos por carnear y comer una oveja, pero la ejecución de la tortura contó con la complicidad y participación de los subtenientes de la Compañía Comando de Eduardo Luis Gassino y Belisario Gustavo Affranchino Rumi.
Ante el suplicio de sus compañeros, el soldado Oscar Frías pretende dar aviso al Coronel Juan Ramón Mabragaña, pero el segundo subteniente lo intercepta en el trayecto.
—¿A dónde ibas?—, pregunta Affranchino Rumi.
—Iba avisarle a mi superior que mis compañeros se estaban muriendo de frio enterrados en el pozo—, contesta el Frías.
La respuesta es el caño frío de una pistola en la cabeza y la amenaza de volársela de un tiro, seguida de puñetazos en el estómago y las patadas que lo hacen perder el conocimiento.
En ese dantesco universo, el terror es un ejercicio sistemático por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, que se replica en las distintas unidades militares con la misma aplicación metódica.
A 38 años de la Guerra de Malvinas, comienza a abrirse un nuevo camino de verdad y justicia, tras el histórico procesamiento de cuatro militares acusados de torturar soldados conscriptos. Se trata de Garde (74 años), Affranchino Rumi (60 años), Gassino (61 años) y Gustavo Adolfo Calderini (66 años) del RI 5, a quienes la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, resolvió procesar sin prisión preventiva por 15 hechos.
Destino Malvinas
Para el 1 de diciembre de 1981, Garde ya era Oficial de Operaciones del RI 5. Quince días después de que Argentina tomara posesión de las Islas Malvinas, el militar fue trasladado a Comodoro Rivadavia, al igual que Gassino, Oficial Jefe de la Sección Comunicaciones de la unidad. Affranchino Rumi, Oficial Jefe de la Sección Morteros Pesados, llegó un día después, el 18 de abril de 1982.
El 22 de ese mes, el regimiento correntino recibió la orden de alistarse para partir al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, junto a la Brigada I III. El cruce fue inmediato. Al día siguiente, los tres oficiales llegaron a Puerto Argentino. Entre los soldados iban Diez, Rodas, Nis, Gallardo, Solís, Suárez y Frías.
Por su parte, Calderini había sido asignado en comisión a la Compañía de Ingenieros (CI) 3 de Monte Caseros el 8 de abril, estando en Comodoro Rivadavia, y trasladado al Teatro de Operaciones al cabo de una semana. La Compañía se desmembró el 21 de abril y sus integrantes se repartieron entre los regimientos de Infantería 5 y 12, y la Brigada I IX. Los soldados Pablo Martínez y José Manuel Ledesma fueron asignados a la primera unidad.
En las Islas, el destino de la unidad fue Puerto Howard, posteriormente bautizado Puerto Yapeyú, hacia donde salió el 24 de abril y arribó dos días más tarde.
Los hechos, uno por uno
Por orden del Teniente Calderini, José Ledesma fue estaqueado junto con otros siete soldados. “Todo con motivo del robo de una oveja carneada del depósito, por parte del soldado Horacio Vergara», dijo en su declaración testimonial. Tapados con un poncho plástico como única protección, permanecieron atados en el suelo unas ocho horas, boca arriba, con los brazos abiertos al máximo y las piernas separadas. En esa situación, los raparon y les quitaron el casco y el casquete de abrigo para que “sufrieran más el frío”.
Eran días de “combates más fuertes”, en los que “continuamente” se escuchaba el bombardeo de los barcos que “tiraban a la posición de la compañía” y el paso de los “aviones enemigos”, según consta en la declaraciones de las víctimas a las que tuvo acceso Perycia.
Otro modo de tortura fue conducirlos a la posición más alta de un cerro, atarles las manos por detrás del cuerpo, sacarles el casco y el casquete, y taparlos con los ponchos para exponerlos la nevada. En palabras de Ledesma: “Nos pusieron en línea para que seamos vistos por toda la compañía, como escarmiento de haber robado la ración que le correspondía a los jefes”. El relato del ex combatiente coincide con el de su compañero de la Compañía de Ingenieros 3 Pablo Martínez, quien contó que la tropa comía “cada 24 horas, mientras que los jefes comían muy bien”.
Una horma de queso, un cartón de cigarrillos Parisiense y una caja de dulce de membrillo fue lo que Daniel Martínez González sustrajo de la carpa del Subteniente Jorge Eduardo Taranto para compartir con sus compañeros. Según su declaración testimonial, Taranto sospechaba de él y de Rosendo Prado, por eso los “bailó”. El subteniente los obligó a realizar movimientos vivos bajo la nieve, sobre barro con hielo, hasta que no tuvieron fuerzas para levantarse. Entonces, les disparó seis o siete veces entre las piernas para luego golpearlos “con una barra de acero que se utilizaba para limpiar los caños de los fusiles” y, finalmente, estaquearlos por más de diez horas.
Durante la guerra, De la Cruz Martins no tenía fuerza para hacer las guardias. Por ello, un sargento lo golpeaba con el puño y la culata de una pistola. “Hijo de puta, usted tiene que hacer guardia”, lo insultaba. “No nos daban nada de comer. Yo no podía levantarme y me metía en mi carpa. Entonces, el sargento me sacaba arrastrando, tirando de mis pies y cuando me paraba me pegaba un golpe en la boca del estómago”, detalló el ex soldado a la Justicia.
La noche que De la Cruz Martins y un compañero se quedaron dormidos en la guardia, los encontró el Subteniente Taranto. Como castigo, el superior les “apretaba la cabeza contra el agua”, mientras decía que los mataría por dormirse.
Jorge González se negó a hacer saltos de rana mientras cargaba una caja de municiones y la respuesta fue la tortura. “Fue el Subteniente Menéndez quien dio la orden al Cabo Contreras para estaquearme”, dijo el ex combatiente en su declaración judicial y denunció que, en otra oportunidad, lo tuvieron tres días sin comer.
Respecto a la distribución inequitativa de los alimentos, el ex soldado aseguró que “la comida era escasa, porque Menéndez y el Cabo Contreras se guardaban la comida para sí y no la repartían”. “Nosotros no teníamos comida y cuando lo hacíamos era porque matábamos una oveja a escondidas. Esto ocurrió desde que llegamos. Sólo la primera semana comimos algo, luego escaseó la comida hasta quedar totalmente debilitados”, expuso.
Por proveerse alimento para subsistir, a Carlos Pereyra lo estaquearon durante ocho horas bajo una nevada y a José Lencina durante quince minutos, mientras lo golpeaban. “Los que me pegaron con una cachiporra y con las manos fueron el Subteniente Menéndez, hijo del Gobernador de las Islas, el Cabo Primero Caro y el Cabo Contreras”, dijo el ex combatiente al prestar declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco. También a José Sánchez lo ataron de pies y manos durante trece horas, después de agredirlo verbalmente y obligarlo a hacer movimientos vivos por más de media hora en el barro, el hielo y el agua.
El mismo tormento sufrió Américo Aguilar en tres oportunidades. En su caso, quien “daba la orden era el subteniente Samin Dukos, y la ejecutaba el Cabo Tamareu”. El soldado recordó que estuvo quince días en una posición defensiva “sin comer ni un bocado”.
Una noche, antes de irse a su posición, Edgardo Arnoldo se retrasó buscando alimentos. En esa situación lo encontró Taranto. En declaraciones a la Justicia, recordó las palabras de quien lo alumbraba con una linterna: «Ah… milico hijo de puta eras vos el que sacaba las cosas”. De allí, Arnoldo fue sacado a “empujones” y “atado de pies y manos abiertos, con una lona plástica encima. Estaba todo oscuro y había bombardeos en ese momento”.
El extenso listado de heridos y enfermos procedentes del TOAS (Teatro de Operaciones Atlántico Sur) internados en la guarnición Campo de mayo incluye el nombre de Marcos Ojeda y un diagnóstico: “Trastornos vasculares agudos”. Según relató a la Justicia, el “hambre desesperante que sufría” lo hizo “escapar” de su posición, pero lo apresaron “a la orden del sargento Manzur” y lo estaquearon hasta que perdió el conocimiento. Al despertar, estaba descalzo y en camisa. “Me soltaron los mismos que me ataron, aunque por el grado de desvanecimiento que sufría no supe ver bien quién. Luego, como si nada hubiese pasado, me hicieron formar fila y hacer las tareas como de costumbre, ahí yo tenía principio de congelamiento.”
En la tierra barrosa y helada de Malvinas, también Emilio Rodríguez y Gustavo Nadal fueron estaqueados por dos y seis horas, respectivamente. Otra de las víctimas fue Julio Mas, una semana antes de la rendición. El ex combatiente contó a autoridades judiciales que se presentó ante Mabragaña: “Le dije que me sentía mal, que no nos daban de comer. Él me contestó que yo siempre me quejaba, que estaba exagerando, que esperara que me iba a dar una taza de mate cocido. Estaba presente el Teniente Santiago Cadelago o Cavenago (no recuerdo bien). Me dijo que después del mate me volviera a mi compañía, porque mi jefe me iba a sancionar”.
El soldado siguió “buscando qué comer” y llegó al “refugio del radio operador de la Compañía A”, quien lo ocultó de la policía militar y le compartió alimentos. “Cuando oscureció fui a refugiarme y buscando un lugar encontré una casa vacía, maté una avutarda y la cociné en el leñero. Luego, me quedé dormido y a la mañana siguiente subí al monte, llevando en mi bolsillo algunas latas de leche condensada y otros alimentos”, refirió.
Al llegar, Mas se enteró que su jefe inmediato, el cabo Guevara, lo estaba buscando. Se presentó ante él. Guevara le dijo que el Subteniente Ferrante había dado la orden de estaquearlo. Mas denunció haber estado entre doce y dieciocho horas “boca arriba, con las manos y pies abiertos, atados con cordones”, cubierto “con un poncho plástico”. Asimismo, señaló que durante el tiempo que duró la tortura “hubo un bombardeo”, en medio del cual Guevara lo soltó. “Me dijo: ‘Cuando termine el bombardeo volvé, porque sino me estaquean a mí también’. Luego, volvió a estaquearme.”
Un día de justicia
El 5 de diciembre marcó un hito para la causa y la historia de nuestro país. Por primera vez en 37 años, la justicia argentina indagó a miembros de las Fuerzas Armadas sobre las torturas a soldados conscriptos en Malvinas.
Videoconferencia mediante, Garde comenzó su presentación oral el jueves 5 de diciembre a las 9. Luego, fue el turno de Affranchino Rumi. A la mañana siguiente, declararon Gassino y Calderini. Ninguno de los acusados tuvo que presentarse en los tribunales de Libertad 731.
Los cuatro torturadores compartieron la defensa oficial de Guillermo Garone y se valieron de la posibilidad de interponer escritos complementando sus dichos. Todos negaron los hechos que se les imputaban y plantearon la prescripción de la acción penal.
A trece años del inicio de la causa 1777, la jueza Borruto resolvió procesar sin prisión preventiva a los cuatro militares y consideró los hechos como crímenes de lesa humanidad, “al tratarse de actos inhumanos que causaren intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad o la salud mental o física de las víctimas”. Además, dictó embargo sobre los bienes de los procesados por cinco millones de pesos, en el caso de Garde, y por un millón de pesos, en el de Gassino, Affranchino Rumi y Calderini.
De los 18 hechos que se les imputaban, sólo se dictó la falta de mérito para ordenar el procesamiento o el sobreseimiento de Miguel Ángel Garde en tres de los casos.
Prescripción suspendida
Borruto consideró que «la prescripción de los hechos no ha operado”, aún en el “hipotético caso en que se considerara que la calificación de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o incluso de crímenes de guerra no resulta aplicable». En la resolución del 18 de febrero de 2020, la magistrada señaló que cuando ocurrieron los hechos se encontraba vigente el texto modificado del código penal, que en el artículo 67 establecía: «La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso”.
En un escrito de más de 70 páginas al que accedió Perycia, la jueza realizó un exhaustivo análisis del marco contextual en el que ocurrieron los hechos. Así, subrayó que “a partir del 24 de marzo de 1976, en nuestro país comenzó un plan de exterminio llevado adelante por un gobierno militar”, el cual consistió en el “secuestro y desaparición de personas consideradas blancos a aniquilar por las fuerzas de seguridad”, y que “durante este período, desde el Estado, se ejerció un enorme poder represivo para la comisión de los delitos más graves que prevé el ordenamiento penal nacional”.
La titular del Juzgado Federal de Río Grande aseguró que “los imputados actuaron en conocimiento y bajo el amparo de un sistema que había suprimido las garantías de los ciudadanos en general y que impedía toda posibilidad de reclamar contra las acciones ilegítimas de los miembros de las Fuerzas Armadas”.
También desmenuzó, valiéndose de los documentos desclasificados mediante el decreto 503/2015, la “actividad de inteligencia y acción psicológica ejercida por las autoridades militares, incluso con posterioridad a la recuperación democrática, tanto sobre la persona de los combatientes como sobre las asociaciones que procuraban organizarlos”.
“Las órdenes emanadas de las autoridades del gobierno de facto de no tomar a los soldados declaraciones que pudieran dañar la imagen de la institución, sumadas a la declaración de secreto militar y político de gran parte de lo actuado durante el tiempo que duró el conflicto y los años posteriores, constituyó una suerte de autoamnistía ensayada por las autoridades militares que ejercían ilegítimamente el poder del Estado”, sentenció Borruto.
Desde la querella del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola destacó la “composición tempero espacial” plasmada en el escrito. También ponderó que se hilvanase “la dictadura, como contexto general en el marco del cual se dieron la Guerra de Malvinas y estas torturas; las torturas en sí, como parte de una exteriorización de conducta de agentes del Estado, y la prueba, donde se da cuenta de dos cosas: Por un lado, que las torturas tuvieron lugar en un contexto de ausencia y anulación total de las garantías constitucionales; por el otro, que el Estado terrorista no sólo las convalidó y promovió a través de sus agentes, sino que montó un aparato tendiente a garantizar la impunidad”.
Si bien valoró “positivamente” los embargos preventivos, el abogado de la querella dijo a Perycia que “hay gusto a poco en relación a las prisiones preventivas”.
En los hechos, la causa caratulada “Pierre, Pedro Valentín y otros s/delito de acción pública” comienza a transitar una nueva etapa. Tras las apelaciones de las defensas, el procesamiento se elevó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia el 9 de marzo. De lo que se resuelva a 1130 kilómetros del Juzgado podría depender la elevación a juicio.
En un proceso que acumula casi 130 denuncias contra 95 miembros de las fuerzas armadas por más de cien hechos de torturas psicológicas y físicas, ahora resta saber de qué modo se avanzará con las 20 indagatorias pendientes del RI 5 y las demás unidades militares.
