7/7/2020
—Esto no se maneja como un almacén. En esta clínica no hacemos caridad- le dijo Pedro Flores, uno de los responsables de la dirección de la clínica.
Días antes, en la clínica Caraffa donde trabajó los últimos dieciocho años, Ávila Vázquez recibió un paciente (T.F de dos años) derivado de un centro de salud lejano. El niño llegó con un presunto cuadro de bronquiolitis, venía con su abuelo, sin dinero y con lo puesto. Presentaba un estado delicado y una anemia severa, y debió soportar todo tipo de intervenciones, incluso punción de médula ósea. Proveniente de Villa María de Río Seco, en el norte cordobés, de una familia de hacheros que sobrevive a los desmontes, su historia refleja otro caso de injusticia social y ambiental. Allí, en una trágica postal que se repite a lo largo y ancho de la provincia, los cultivos del agro negocio, en su mayoría soja y maíz, arremeten contra las familias campesinas, provocando contaminación medio ambiental y graves consecuencias en la salud de los pueblos fumigados que padecen una incesante lluvia de agrotóxicos.
“Al día siguiente de su llegada, teníamos confirmado el diagnóstico de leucemia linfocítica aguda de células B. El panorama se empezaba a esclarecer, ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos. (…) Algo que se verifica claramente en nuestro paciente T.F. Y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso, familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio, que destruye el ambiente y enferma a los vecinos”, detalló Ávila Vázquez en su cuenta de Facebook. Está ampliamente demostrado en estudios, agregó Ávila: los casos de leucemias es más del doble de las madres expuestas a las fumigaciones que madres que viven en zonas no agrícolas. Esas madres sufren mutaciones en sus genes, generadoras de células leucémicas que se disparan en la temprana infancia, generalmente entre los dos y los ocho años.
Era fin de semana. La clínica no contaba con la medicación que necesitaba el niño y Ávila Vazquez la adquirió, sin esperar los tiempos de protocolo de compra de la institución. Al día siguiente, recibió el llamado de uno de los directores, visiblemente molesto. “Estábamos en una situación humanitaria dramática, con este niñito atravesando una invalidez absoluta; solo con su abuelo, con su mamá teniendo familia lejos, a la que por un tiempo no iba a poder volver a ver. Las enfermeras le consiguieron ropa, le compraron juguetitos. Todo el equipo de salud lo contuvo. La clínica no tenía gotas. Yo no iba a agredirlo más, inyectándolo tres días porque en la clínica faltaban las gotas, que estaban en la farmacia de la esquina, a veinte metros. Le avisé al director médico, que no teníamos la Deltisona B, y que la compraría en la farmacia y el lunes arreglábamos. El chiquito empezó a mejorar notablemente. Al día siguiente, me llamó el gerente para reprocharme y decirme que ahí no se hacía caridad. No hacemos caridad, no somos la madre Teresa. Así entendemos la salud, un vínculo que se genera con el paciente, a quien hay que atender y curar, pero también darle sostén y contención,” señala Ávila Vázquez.
-Luego de ese llamado, recibís otro en el que te comunican que estás despedido. Esta situación límite dejó en evidencia claras diferencias en cuanto a los modos de entender la sanidad, ¿es así?
-Claramente. Esto, es un reflejo micro, a nivel individual del conflicto latente en el sistema de salud en tiempos de pandemia, en un claro choque de intereses. Trabajé dieciocho años en la clínica, atendí doce mil chiquitos y más de mil ochocientos recién nacidos durante ese tiempo. Era jefe de Neonatología. Había una clave de trabajo enmarcada en lo sanitario. Siempre tuvimos lo que necesitábamos, porque el lugar era manejado por un grupo de médicos que trabajaba ahí mismo. En mi servicio, las obras sociales sabían que recibíamos a todos los chiquitos, que les haríamos un lugar cueste lo que cueste. Habíamos generado un espacio humanitario. Pero esos médicos se fueron yendo, se fueron jubilando y quedaron a cargo los hijos de algunos de ellos. Hoy, la clínica es manejada por un abogado y una contadora, que aplican su management neoliberal, con un carácter gerencial, queriendo hacerla andar como una empresa. Se tuvieron que comprar equipos de protección, que eran de malísima calidad, entonces les dije que no servían y hubo que comprar otros. Eso no les gustó. Y hay otras cuestiones. Los médicos y enfermeros en medio de la pandemia estamos sufriendo todo tipo de agresiones. Nos obligan a firmar una declaración jurada en la que nos responsabilizamos en caso de adquirir covid. Es una total criminalización. Mi servicio se negó a firmar esa declaración, ni siquiera lo discutíamos. Y esto, claro, al abogado tampoco le gustó. Veníamos trabajando en un clima poco cordial.
En un contexto de recorte de sueldos y precarización laboral (se votó una ley de recorte a la caja de jubilaciones y la suspensión de programas provinciales de empleo), algunos médicos y personal de salud cordobeses, en la primera línea contra el covid, denunciaron el amedrentamiento a que son sometidos. El ministerio de salud, a cargo de Diego Cardozo creó una nueva fiscalía para delitos de propagación de la enfermedad. La Unidad Fiscal para la Emergencia Sanitaria (UFES) imputó a dos médicos por el contagio en un geriátrico por el “delito de propagación de enfermedad contagiosa y peligrosa para las personas”. Las imputaciones desencadenaron masivas protestas de los médicos, desde sus autos, en distintos puntos de la provincia.
-¿Sentís que es un espacio que se pierde?
-Sí, es un espacio perdido que habrá que recuperar. Se presentaron dos médicas en reemplazo de mi puesto, a hacerse cargo con sueldos superiores a lo que yo cobraba. Pero me reemplazan con un criterio bien comercial, sabiendo cuales son las reglas de juego ahí. El servicio está siendo atendido en un clima enrarecido, tuve que derivar a algunos pacientes a pedido de sus familias, porque no querían seguir atendiéndose ahí.
El despido de Merardo Ávila Vázquez generó de inmediato una ola de repudio y adhesiones en apoyo al doctor. Decenas de organizaciones sociales, asambleas y colectivos de pueblos fumigados de Argentina y Latinoamérica se solidarizaron “ante su despido arbitrario propiciado por un sistema de salud neoliberal, corporativo, mercantilista y deshumanizado”. A través de un comunicado, la Asociación de Médicos de Argentina, filial Córdoba denunció “que los médicos no somos más que peones en un sistema perverso que ve a la salud como mercancía y no como derecho”. También recibió el apoyo del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Pérez Esquivel y Norita Cortiñas.
La piedra en el zapato
Además de médico pediatra y neonatólogo, Merardo es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos Fumigados (REDUAS).
Durante un tiempo tuvo a su cargo la sub secretaría de salud de la municipalidad hasta que la denuncia de las Madres de Ituzaingó Anexo, lo acercó a la lucha medio ambiental. Renunció a su puesto, encabezó un relevamiento en aquel barrio rodeado de cultivos de soja transgénica y fue uno de los querellantes en el juicio a la contaminación en el humilde barrio obrero cordobés, el primero en sentar en el banquillo de los acusados a dos productores agrícolas y un aero-aplicador, en 2012.
En 2014, junto a un equipo interdisciplinario, encabezó la investigación que arrojó datos alarmantes en la localidad cordobesa de Monte Maíz: los casos de cáncer duplicaron el promedio nacional, hay cinco veces más abortos espontáneos que a nivel nacional y las malformaciones triplican los números de la capital cordobesa. Fue uno de los peritos de parte en la causa que investiga la presencia de glifosato y otros plaguicidas en el agua en Pergamino. En 2015 participó del primer debate sobre agrotóxicos en el Senado de la Nación, donde presentó información sobre sus investigaciones sobre el impacto sanitario en las poblaciones fumigadas de Córdoba.
Mercedes Méndez es enfermera del hospital Garrahan. A través de charlas y presentaciones que organiza sin el menor apoyo institucional, denuncia los efectos de las fumigaciones. “Meche” practica terapias alternativas en pacientes oncológicos, muchos de ellos, niños fumigados derivados de los pueblos arrasados por los venenos. En su cuenta de Facebook, recuerda a Ávila Vázquez: “Conocí a Medardo en abril de 2011. En agosto del mismo año, fue el primer médico que tuvo las agallas de venir al hospital de Pediatría Garrahan -institución que aún sigue ninguneando el tema- a compartir de manera detallada y en primera persona, las consecuencias graves en la salud que los venenos del modelo agroindustrial estaba provocando desde hacía décadas. Desde entonces fueron decenas de actividades compartidas, con el objetivo siempre puesto en la defensa de la Salud colectiva”.
Siguiendo la iniciativa de la Sociedad de Pediatría Brasileña y organizaciones médicas brasileñas como ABRASCO, un colectivo de agrupaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y la salud, bajo supervisión de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (REDUAS), Ávila Vásquez redactó un documento que propone un plan para reducir el uso de pesticidas. Argentina consume más de 500 millones de litros de agrotóxicos. La exposición a los agrotóxicos es mucho más alta en zonas agrícolas donde las tasas de cánceres, malformaciones congénitas, autismos, y enfermedades respiratorias, entre otras patologías, son varias veces superiores a las de las ciudades donde no se fumiga.
La propuesta intenta poner en marcha un plan de reducción de uso de agrotóxicos hasta su eliminación total, buscando reducir el daño en la salud colectiva. “Estamos en el armado de un documento que hay que terminar de pulir, pero hay ya una propuesta concreta para reducir el uso de pesticidas. En países como Bélgica o Dinamarca existen alternativas de este tipo. Y en Brasil, me encontré con la propuesta de la Sociedad de Pediatría y lo tomamos de ahí. La idea es avanzar y no quedar sólo en la denuncia y las estadísticas. Este documento intenta ir por ese lado y es, en ese sentido, una propuesta superadora. Se lo mandamos a Alberto (Fernández) el año pasado, entre las elecciones primarias y su asunción, y sabemos que lo vio, lo leyó. Antes de toda esta pandemia, pedimos audiencia con él, con el jefe de gabinete Cafiero, con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para debatir con ellos. La propuesta, requiere, lógicamente, políticas de estado. Esto es absolutamente viable e implica otra mirada. El RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología) con sus más de cien mil hectáreas de producción agro ecológica así lo demuestra. Es posible hacerlo, gradualmente, sin que quiebre la economía del país”, señala Ávila Vázquez.
El Plan Nacional de Reducción de uso de agrotóxicos propone llevar adelante medidas que incentiven el no uso de agrotóxicos, como la reducción en un 50 por ciento a las retenciones en soja, trigo y maíz, en los cultivos que no utilicen pesticidas, la exención del pago de IVA a combustibles y semillas en producciones agroecológicas, entre otras. El programa se complementa con una normativa nacional, en cuanto a la limitación de uso de algunas moléculas, de la forma de aplicación y restricciones específicas. El programa de estímulo a la agroecología, se financiaría con el 0.2 por ciento del total de las retenciones nacionales aplicadas a todas las exportaciones agropecuarias del país. El INTA, en tanto, establecería un área técnica de asesoramiento, apuntalada por organizaciones como el Foro Agrario nacional, y otros.
El camino para empezar a cambiar el paradigma de la producción agrícola en el país.
