Publicada el 8/3/2021
A la mañana siguiente, cuando se enteró, Fernanda entró en un estado de pánico. A pesar de la restricción perimetral que le habían dictado, su ex esposo había pasado la noche en la casa lindera a la suya. Ahí vivía la hermana del hombre que los últimos años la había hecho vivir en una pesadilla. Vanessa Peralta, la abogada de Fernanda llamó al 911 para denunciar que el agresor había violado la perimetral.
—Usted no cuenta con la documentación que acredita que el señor está notificado de la medida —se excusó el policía, que se había acercado hasta la casa de Fernanda—. No puedo llevarlo detenido.
La mujer que lo había alojado le explicó al policía que su hermano no tenía dónde quedarse.
—Él tiene otra hermana en Solano. Tenía otro lugar— insistió su abogada. En ese mismo momento llamó a la comisaría 5° de Rafael Calzada para pedir el oficio.
—Doctora, hoy es sábado. La oficina de oficios y notificaciones está cerrada.
—Tengo peligro en la demora, el excluido durmió al lado de mi representada.
“Todo un despropósito”, repite la abogada a Perycia, cuando evoca las peripecias a las que fue sometida Fernanda. Unos días después, denunció a los uniformados por el mal desempeño de sus funciones ante la fiscalía. “El mal cumplimiento de las órdenes judiciales también es otra forma de violencia institucional”.
Vanessa Peralta suele litigar en casos parecidos. Y sabe que la mayoría de las veces la negación de justicia está hecha de excusas menores, mundanas, y no de una confabulación explícita: “vas a buscar auxilio y te dicen que no pueden tomarte la denuncia porque no tienen impresora”, ejemplifica.
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Fernanda no se llama Fernanda, pero puso dos condiciones para hacer pública por primera vez su historia: que no se supiera su nombre ni el de sus hijos, y que no fuera ella quien volviera a contarla, sino su abogada Vanessa Peralta.
Fernanda y su marido se casaron en abril del 2004. Después de algunos años quedó embarazada de gemelos. Eso la puso feliz, porque le daría hermanos a su primer hijo –con una pareja anterior- que ya tenía tres años, pero fue la etapa en la que los celos de su esposo se tornaron más enfermizos. Empezó a controlar lo que hacía, mandarle mensajes de texto permanentemente, supervisar los movimientos de su tarjeta Sube, sus horarios y destinos. Las agresiones verbales empezaron a ser cada vez más frecuentes, y con el tiempo se cortaron las visitas de sus amigos.
Durante largos años, Fernanda naturalizó las reacciones furiosas de su marido. Fueron su familia y sus amigos y amigas quienes la ayudaron a darse cuenta que eran hechos de violencia. Cuando juntó coraje fue a la Defensoría Oficial de Lomas de Zamora. “Le dijeron que los agravios verbales y actos intimidatorios de su pareja no constituían violencia, y que por lo tanto no se podía hacer nada. Le negaron la representación” cuenta Peralta. Cuando su esposo se enteró que había ido a Tribunales, amenazó con golpearla en partes del cuerpo que le daría pudor exhibir: no iba a tener pruebas contundentes para denunciarlo por violencia de género.
“Muchas veces, estas situaciones terminan en la culpabilización de la mujer: ‘bueno, pero vos te quedaste, por qué no te fuiste’, le dicen. No se dan cuenta que el miedo paraliza. Miedo a que las vaya a buscar y las mate, dado el nivel de agresividad y espanto que se sufre dentro de la propia casa y en un vínculo que se supone que era de nuestra confianza”, explica la psicóloga Laura Perla, que integra la Asociación de Psicólogxs Feministas.
En la semana 32 de su embarazo gemelar, Fernanda se propuso ir a la Ciudad de Buenos Aires a visitar a su hermana. Su marido se opuso. Después de horas de hostigamiento, mientras ella se estaba bañando, la discusión subió de tono. Fernanda se descompuso por el estrés. Algunos vecinos que habían escuchado los gritos se acercaron a la casa. Él salió a la puerta a poner paños fríos:
—No pasa nada, tranquilos, está loca —dijo.
Como pudo, llena de dolor y después de los vómitos, Fernanda llegó al hospital, donde le diagnosticaron desprendimiento de placenta y le indicaron reposo absoluto.
El embarazo estaba en riesgo, no sólo porque era gemelar sino porque Fernanda tenía fibromas. Debía cuidarse mucho. Pero el maltrato no paró. Su marido no la ayudaba con las tareas de la casa y ella, que era empleada doméstica, tuvo que dejar de trabajar. Él le daba muy poco dinero para manejarse: solo para la comida del día. Su subsistencia y la de su hijo dependía de él.
Los gemelos nacieron con treinta y seis semanas de gestación y quedaron en cuidados intensivos. Uno de los dos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una cardiopatía. Fernanda se dedicaba enteramente a sus hijos y se descuidó: su estado de salud empeoró y tuvieron que extirparle el útero y los ovarios.
—Seguro lo hiciste para poder tener relaciones sexuales con otros tipos y no quedar embarazada —le echó en cara su marido.
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A cargo de tres hijos, acababa de ser madre por segunda vez y había sido intervenida quirúrgicamente, pero las demandas sexuales del marido de Fernanda eran continuas. Ella terminaba accediendo para que él no se violentara con ella o su hijo, para impedir violencias que consideraba “mayores”. “Ella debía tener relaciones sexuales sin ganas, porque si se dormía, le tiraba agua en la cama, ponía música o televisión a todo volumen, la destapaba, le prendía el aire acondicionado, no la dejaba dormir hasta que ella accedía”, describe su abogada.
Fernanda sentía mucho dolor durante las relaciones sexuales. Una ginecóloga le indicó lubricantes y medicación, pero no resolvió el problema. Tener sexo con su marido era una tortura.
“La propuesta social es que los hombres son los sujetos que tienen derechos, por lo tanto, todas las personas que no pertenecemos al género masculino somos objetos de los que las masculinidades pueden hacer uso y abuso. Es esa idea de que la sexualidad del varón es irrefrenable, que está ligada a su naturaleza”, explica la psicóloga Laura Perla a Perycia.
Como uno de los gemelos sufría de discapacidad neurológica y requería atención médica permanente, su marido la obligaba a tener sexo la noche anterior a cada visita al consultorio. “Le decía que sino iba a ir a desahogarse por ahí”, relata Peralta. Le revisaba la ropa interior antes de salir. Debía rendir cuentas del circuito exacto cada vez que salía de su casa. Los mensajes durante esas horas eran constantes.
Con las pruebas del hostigamiento permanente en el celular, Fernanda fue a la Comisaría 5º de Rafael Calzada. Citaron a su marido, pero la causa fue desestimada. Se resolvió que “su pareja no constituía un peligro para ella, ya que las amenazas no se concretaban y los mensajes de texto habían mermado”, recuerda la abogada Peralta. Lo mismo ocurrió cuando fue a denunciarlo por segunda vez.
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Según un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de 2019, basándose en una encuesta de victimización realizada por el INDEC, los casos de violencia sexual representan el tipo de delito con más bajo nivel de judicialización en el país: el 87,4% de las víctimas reconoció no haber denunciado el hecho padecido, un nivel de sub-denuncia sólo superado por los pedidos de soborno. La cifra negra de abusos sexuales es imposible de estimar.
El artículo 4º de la ley 26.485 define la violencia contra las mujeres como la “conducta, por acción u omisión”, en el ámbito público y el privado que “afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Según el INDEC, en el 52,9% de los casos de violencia de género, las mujeres dicen haber sufrido más de un tipo de violencia en forma simultánea. Fernanda las padeció casi todas.
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Cuando su primer hijo se independizó, buscando un poco de tranquilidad, su marido puso un almacén en la casa. Fernanda lo atendía en su ausencia, pero él controlaba la plata y la mercadería. Se cocinaba lo que él decía. La casa se llenó de cámaras: alrededor de ocho, que controlaba desde su teléfono celular con la excusa de la inseguridad. Verificaba la entrada y salida, y observaba lo que ocurría en todas las habitaciones desde su móvil.
Una tarde de primavera del 2020, tras decir que llevaba al gemelo al médico, Fernanda llegó al estudio de Vanessa Peralta. La abogada, luego de aceptar su caso, pidió medidas inmediatas de protección en el Juzgado de Familia 6 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Enrique Quiroga. “La asistente social elevó el informe y el juzgado ordenó la exclusión del hogar”, relata Peralta a Perycia. Fernanda sintió que era la primera vez, desde que había iniciado su odisea en tribunales y comisarías, que alguien se ponía de su lado.
El 4 de noviembre de 2020 se hizo efectiva la orden y se estableció una medida perimetral por 120 días. Fernanda, que ya no soportaba más, había dejado la casa con ayuda de su hijo mayor cinco días antes.
La psicóloga Laura Perla asegura que se debe garantizar el recorrido para que las víctimas puedan relatar lo que les pasó y “salir de ese lugar de invalidez que es trabajando con el sí mismo, el narcisismo. Saber que ‘va a poder’ salir a la calle tranquila, disfrutar de su sexualidad tranquila. Todos estos procesos llevan años, según los grados de violencia que se hayan sufrido y los grados de autonomía que se hayan perdido, inclusive sobre su propio cuerpo”.
“Las medidas de restricción siguen vigentes, el equipo técnico del juzgado está trabajando en relación al estado psicológico de las víctimas. Si la señora no tenía para pagar abogados estaba lista. Hay mucho pisoteo”, concluye Peralta. Ahora Fernanda, su clienta, espera que el juez Quiroga resuelva la patria potestad de los hijos menores de edad y que se le dé una cuota alimentaria.
Después de mucho tiempo, dejó de naturalizar la violencia.
