Romina notó que sangraba. No era normal. Así que hizo una consulta urgente con la ginecóloga del Complejo Penitenciario Federal (CPF) IV de Ezeiza donde estaba detenida desde hace un año. La ginecóloga no le hizo ningún estudio ni le explicó qué podía ser. Sólo le dio unos anticonceptivos y le dijo que tal vez era algo nervioso.
Los empezó a tomar, pero no mejoraba. Un día sangraba, otro no. Después, dos días sí, paraba uno, y de vuelta sangre. Llegó a estar 28 días consecutivos con hemorragias internas.
Palo Pandolfo cantaba junto a Los Visitantes: “La sangre para suavemente al tiempo”. En el caso de Romina no fue así. Fueron nueve meses de sangre.
–Hasta que un día llegué al centro médico, me tuve que bajar el pantalón adelante de ellos, porque me estaban mandando de nuevo al pabellón, y me puse en cuclillas y me cayeron los pedazos adelante de la jefa, de todos, para que me saquen al hospital de afuera.
Fue recién ahí que la trasladaron a un hospital extramuros donde le dijeron que le iban a cortar el cuello del útero para que dejara de sangrar. Al regresar a Ezeiza, luego de la operación, no recibió ningún tipo de asistencia médica en la sala del penal. “Fueron un infierno esos días”, recordó Romina. Las enfermeras ni se le acercaban. Tenía que ir al baño sola o ayudada por otras presas que la curaban.
Un año después, se enteró por la ginecóloga del Servicio Penitenciario que no le habían cortado el cuello del útero, sino que directamente se lo habían extraído.
–Lo peor que pasé, es que no tuve apoyo de nada. De nadie que venga, que te hable, que te explique cómo fueron las cosas. Tipo un perrito, te cortamos la panza, te dejamos y curate sola. Eso fue lo que pasó.
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La llegada de la pandemia puso el foco sobre la salud y las políticas públicas que garantizan el acceso a este derecho humano universal, pero ¿qué sucede con la atención de las personas privadas de su libertad?
La Procuraduría Penitenciaria de la Nación (PPN) elaboró un relevamiento que describe la situación sanitaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF). “Hicimos un diagnóstico sobre la atención de la salud en contexto de encierro que, al igual que afuera, la pandemia visibilizó y agravó. La cárcel no es ajena a eso porque es parte de la sociedad”, dijo a Perycia Andrea Triolo, directora general de Protección de los Derechos Humanos de la PPN.
El informe denuncia la falta de datos sobre muertes por enfermedad y cuestiones epidemiológicas, como una muestra más del pésimo funcionamiento del sistema de salud en el contexto de precariedad de las condiciones de detención. Estas se vieron agravadas por el crecimiento del 35% de la población de las cárceles federales, entre 2015 y 2019.“Hay una ausencia de planificación y de gestión en el diseño de políticas sanitarias dentro de la cárcel; la atención es a demanda, no hay seguimiento; sólo si el preso reclama mucho se lo atiende”, cuestionó Triolo.
El relevamiento destaca que en 2019 sólo la mitad de las personas con enfermedades crónicas recibieron tratamiento, y que la tercera parte de ellas señalaron que fue suspendido durante ese año.
— Te tenés que enfermar de lunes a viernes, no te vayas a enfermar un sábado o un domingo, a menos que sea una puñalada y que te estés muriendo.
Fernando habla con Perycia desde el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se encuentra detenido. Dice que el último año, el problema se agudizó: “Los turnos están todos suspendidos por el argumento de la pandemia. Llegás a tener un problema por fuera de lo que es covid y agarrate, empezá a rezar un padrenuestro porque no te van a tratar. Te tiene que ver un traumatólogo, cagaste; te tiene que ver un oculista, si no tiene la especialidad la unidad, cagaste; si te tiene que ver un urólogo, por ejemplo, esta es una cárcel de hombres y no hay un urólogo, así que imagínate: hay gente mayor que tiene problemas de próstatas y no recibe atención”.
En algunas ocasiones, las personas privadas de su libertad necesitan salir a hospitales extramuros para realizar consultas, estudios o tratamientos, pero muchos de esos turnos se pierden por las excesivas trabas burocráticas. Así lo describió Fernando: “El médico hace la orden, pide el turno y te deriva, pero después queda supeditado a la división traslado. Si el turno es muy temprano, llegan tarde y lo perdiste. Los turnos son cada mes o dos meses, eso complejiza mucho más la situación”. En el caso de las mujeres, sólo la mitad recibió atención ginecológica en el último año y menos del 35% accedió a un estudio de rutina.
“Hay una crisis sanitaria en las cárceles anterior a la pandemia, que sólo la agrava. La situación es calamitosa”, le dice a Perycia, del otro lado del teléfono Laura Maccarrone de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad). “Hay muchas estrategias de solidaridad y de cuidado entre presos – agrega-. Cuando las personas están muy enfermas, se quedan en el pabellón. Algunos no quieren ir a sanidad, porque es un espacio abandonado, porque ahí te morís sí o sí. Entonces se quedan en el pabellón y los cuidan el resto de los presos”.
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La falta de información para los pacientes, cómo le sucedió a Romina es moneda corriente: seis de cada diez personas privadas de la libertad no reciben los resultados de los estudios médicos y un 35% los obtiene sólo en forma verbal. Esto coincide con un estudio del Ministerio de Salud que asegura que el 62% de las personas en contexto de encierro a las que les hicieron la prueba de sífilis reconocieron que nunca les dieron el resultado, y un 60% de los que se hicieron el test de VIH tampoco.
El informe de la PPN advierte que esta desinformación atenta contra el derecho de los pacientes y dificulta la adquisición de autonomía en relación con el cuidado del propio cuerpo. A la vez que entorpece futuros tratamientos, ya que se suma a la fragmentación en el registro de las historias clínicas y a los distintos médicos que intervienen. Cada consulta parece ser la primera.
El relevamiento señala otro conflicto que se presenta cuando los médicos deben constatar posibles lesiones o torturas producidas por agentes penitenciarios en el ingreso a los penales o a las celdas de aislamiento. Al pertenecer los profesionales de la salud a la estructura piramidal del SPF, la confidencialidad con el paciente se ve cuestionada. “Si llegas a tener una lesión que te hizo la policía, no lo pasa como una lesión, es todo un protocolo que tienen ellos para caretearla. Si tienen que silenciar al doctor lo silencian”, le cuenta a Perycia Carlos detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y agrega que, en su ingreso al penal, al igual que le pasó a ocho de cada diez detenidos, la revisación médica se realizó frente a personal penitenciario, sin respetar su intimidad. Esto representa una violación de la Ley 26.529 de derechos de los pacientes sancionada en 2009. “En la requisa hay unas cabinas donde los médicos te revisan, el policía, a unos metros, puede escuchar y mirar todo lo que quiera. Es un tipo de psicología que te hacen como diciendo: ‘te estamos mirando’”, asegura Carlos.
El primer día en su pabellón, Carlos se sorprendió cuando vio que casi la mitad de sus compañeros hacían fila delante del encargado de farmacia. Un agente penitenciario pasaba lista y repartía psicofármacos. El relevamiento de la PPN observa una tendencia a la renovación automática de las prescripciones farmacológicas, sin una atención acorde: las entrevistas con los psicólogos suelen durar entre 10 y 30 minutos y con los psiquiatras menos de cinco. “Vos pedís medicación psiquiátrica y te llueven las pastillas, pero si pedís paracetamol, diclofenac o ibuprofeno por alguna dolencia, eso no aparece. El psiquiatra se saca el problema de encima y para el personal es más fácil tener a la gente idiotizada con un chaleco químico”, revela Fernando desde la cárcel de Devoto.
Para revertir este cuadro, la PPN recomienda promover un sistema sanitario compatible con el respeto de los derechos humanos, en sintonía con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Mandela. “La atención médica adentro de las cárceles tiene que ser igual que afuera. El único derecho limitado es el de la libertad”, señala Andrea Triolo. Según su opinión, “el área de salud debe depender del Ministerio de Salud, no de una fuerza de seguridad”.
“Es como si vos fueses a una salita y te atendiera el policía. – coincide Maccarrone, de la Asociación de Familiares- No hay salud para las minorías, hay salud y punto. No importa quién sos. Es un derecho y forma parte del decálogo de derechos humanos. No puede haber discriminación en ese sentido”.
Perycia consultó a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Dra. María Laura Garrigós. “Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para desarrollar un plan completo de salud en situación de encierro”, explica. El plan contempla la digitalización de todas las historias clínicas, para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a ellas cuando acuden a consultas fuera de las unidades carcelarias o incluso cuando concluyan su estadía en el servicio penitenciario. También incluye la capacitación de dos promotores de salud por pabellón para la detección de problemas urgentes y la atención primaria en salud en cada pabellón. “Además de eso, se están instalando diez hospitales modulares en diferentes unidades y hay tres nuevas licitaciones que se están abriendo a fin de este mes”, asegura Garrigós.
Según la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios que fue designada como interventora del SPF por el Presidente de la Nación en junio del año pasado, tras el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales en las unidades carcelarias, «la situación de salud al interior del Servicio Penitenciario ha mejorado notablemente, solamente con tener en cuenta cuál ha sido el tratamiento que se ha dado en la pandemia y los resultados en relación con el resto de la población, es evidente que el tratamiento ha sido adecuado”.
El SPF publica un reporte diario sobre la situación epidemiológica del Covid que registra al momento 738 casos confirmados y 25 fallecimientos. Lleva realizados 1620 hisopados sobre una población de 11452 detenidos.
La situación en la provincia de Buenos Aires es mucho más grave. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que hasta el 12 de marzo de este año, se habían realizado sólo 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre una población de más de 44 mil detenidos. En 32 inspecciones en 27 unidades penitenciarias de toda la provincia, la CPM confirmó: “sobrepoblación y hacinamiento extremo que impiden el distanciamiento social, falta de elementos de higiene o agua potable que tornan imposible el lavado frecuente de manos, carencia de elementos para la limpieza y sanitización, incumplimiento de los protocolos sanitarios impuestos por los ministerios de Salud, nulo o deficiente acceso a la salud, bajos índices de testeos y falta de vacunación de la población de riesgo”.
