9.11.2021
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, Javier Ríos, condenó a los militantes César Arakaki, del PO, y a Daniel Ruiz, del PSTU, a prisión efectiva por su participación en las protestas contra la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2017. En diálogo con Perycia el abogado de Ruíz, Martín Alderete, consideró que se trata de un fallo novedoso porque «si bien por algún hecho puntual hubo otras condenas de cumplimiento efectivo contra militantes que participaron de una protesta, en este no se comprobó que haya ilícito«.
«Lo único que hay con respecto a Ruiz es un video que dura unos pocos segundos en el que se lo ve disparando hacia arriba un elemento pirotécnico». Cuando recién comenzó la causa, explicó Alderete, intentaron plantear que se trataba de un arma de fabricación casera, así que desde la defensa solicitaron que se peritaran esas imágenes. «Lo pedimos desde un principio, pero durante la investigación preliminar nos lo negaron», dijo.
Recién en el debate oral, dos peritos oficiales —uno de la Policía Federal y otro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados— y uno de la defensa, determinaron que se trataba de «material pirotécnico de venta libre», dijo el abogado. Y aseguró que el peritaje, también aceptado por la fiscalía, determinó además que Ruiz disparó hacia arriaba, «con una inclinación de 60 o 70 grados», sin generar riesgo para la barrera policial que en ese momento avanzaba contra los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.
Además, argumentó Alderete, «ningún policía recordó o reconoció a Ruiz ni la situación». «Se trató de un acto de resistencia simbólico», explicó el abogado que también cuestionó el argumento propuesto por la fiscalía de que Ruiz y Arakaki actuaron coordinadamente. «Los hechos que se le atribuyen a Ruiz ocurrieron a eso de las 14 sobre la calle Hipólito Yrigoyen y los de Arakaki a las 16 sobre Rivadavia», resumió.
Los fundamentos del fallo que condenó a Arakaki a tres años y cuatro meses y a Ruiz a tres años, en ambos casos de prisión efectiva, serán dados por el juez Ríos recién el 4 de febrero del año próximo. «Explican semejante dilación porque fue una causa en la que se incorporó gran cantidad de prueba. Hubo más de cien testigos, mucha prueba documental y en video. Declararon cincuenta y tres policías que estuvieron ahí y no recordaron los hechos ni reconocieron a Ruiz y cuarenta y tres integrantes de la Defensoría del Pueblo, con experiencia en este tipo de protestas, que no registraron la agresión con pirotecnia como algo sistemático», dijo Alderete.
«Es un antecedente muy peligroso porque va un paso más allá, condenaron sin pruebas. Nosotros estábamos acostumbrados a que este tipo de decisiones se hicieran durante el proceso, en la instrucción, en la elevación a juicio, donde no hace falta certeza definitiva sino prueba suficiente. Pero en una sentencia se requiere certeza absoluta y en este caso condenaron sin pruebas».
«Una aberración jurídica»
Por esta causa, durante la instrucción, Ruiz pasó detenido trece meses y Arakaki cuatro. Ahora, el juez Ríos los consideró coautores de lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas.
En Prensa Obrera, consideraron que se trata de «una sentencia política». Aseguran que ninguna de las imágenes proyectadas durante el debate compromenten a Arakaki y ni a Ruiz y recuerdan que la querella que representaba al policía Brian Escobar, herido durante esas jornadas, se retiró del debate. Explican que cuando Escobar declaró se le exhibió un video del momento en el que recibe un piedrazo y allí se puede ver que tanto Arakaki como otro militante del PO están ajenos a esos hechos.
Por otra parte, consideran «absurda» la condena por intimidación publica, «figura que se utiliza en una sentencia por primera vez desde la vuelta a la democracia y que representa una amenaza contra el derecho a movilizarse».«Pensar que quienes se defendieron, junto a otros tantos miles de la avanzada policial que pocos días antes había desatado una verdadera cacería, habrían sido responsables de coartar el derecho a la manifestación es una contradicción y una aberración jurídica», concluyen.
