Jaru libre: habla el militante detenido por marchar en rechazo al acuerdo con el FMI

“Pasado el mediodía vino una comisión de organismos de derechos humanos a revisar el lugar, por suerte estaba todo tranquilo. Y al final de ese recorrido, un oficial me abre la ventanita de la celda y me dice ‘¡Rodríguez, libertad!’… me quedo frío. Me repite ‘libertad’, y ahí mis compañeros me saltan encima, me abrazan, me felicitan y me dicen que me prepare que me iba. La preparación era mantener la cabeza tranquila para volver a respirar el aire afuera, volver a vivir en medio de todos”.

Salió y caminó solo hacia el Premetro. La decisión de la Cámara Penal de San Isidro había sido sorpresiva y no dió tiempo a que sus abogades y compañeres fueran a esperarlo. Todo le parecía una película, niños y maestros en la escuela, un policía a pocos metros en su mismo vagón. El nerviosismo pasó a la ansiedad de poder llegar a su nuevo y provisorio hogar, de ponerse a resguardo. “Gracias a Dios estoy afuera, a los abogados Martín (Alderete) y Marcela (Dal Santo) que desde el minuto uno se pusieron a disposición de mi caso, y a mis compañeros. Atendieron también a mi familia que está lejos, todos estuvieron sufriendo”, dice a Perycia, y abraza a su novia Victoria.

Como militante de la CUBa-MTR (Coordinadora de Unidad Barrial Movimiento Teresa Rodríguez), el 10 de marzo acudió al Congreso en repudio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se discutía en el recinto, que derivó en la pedrada, la molotov que voló a los pies de una fila policial y el incendio de un container de basura. “Me estaba manifestando en contra del robo que se consumó y las decisiones que toman por encima de los trabajadores, nacionales o inmigrantes,somos los que vamos todos los días a llevar el plato a casa, los que estamos en la calle repartiendo, los que estamos en un campo cultivando papa, tomate, comida, los que tratamos de sobrevivir día a día”, dijo Jaru al programa Pasaron Cosas que conduce Alejandro Bercovich. 

«Quería quedarme pero luego de lo que me pasó, usaron todo el aparato del Estado en mi contra». 

Su abogado, Martín Alderete, ya había aclarado ante este medio que Jaru fue un manifestante más, pero le imputaron los delitos de asociación ilícita, lesiones, atentado a la autoridad, incendio y varias contravenciones cometidas ese día en la plaza de los dos Congresos. “Supuestamente fue una asociación ilícita que tiene por objeto cometer desmanes en movilizaciones. Lo particular es que no se lo ve hacer nada ilícito en esa jornada, ni tampoco las cámaras registran nada. La fiscalía tampoco puede demostrar que forma parte de una organización delictiva”, explicó el letrado. “Me acusan de haber movido ese container que luego prendieron fuego. Empezaron a tirar balas de goma, quedé en el medio, agarré una piedra pero estaba muy lejos como para hacer nada. Luego vino la persecución, me pincharon el teléfono, me allanaron la casa, me han tratado como si fuera una persona insalubre para la sociedad”. Rodríguez Carrero, detenido desde el 14 de marzo en la Alcaidía 8va.de la Policía de la Ciudad, resumía así su situación ante Perycia. 

Persecución a la marihuana

Los nueve manifestantes imputados por esos episodios coincidieron en que nadie sabía que estaba ahí el despacho de la vicepresidenta. Los otros dos que estaban detenidos —Oscar Santillán y Julián Lazarte— salieron en libertad, pero Jaru permaneció encerrado dos semanas más porque en la casa que compartía con otros dos compañeros encontraron plantas y plantines de cannabis, semillas y elementos para su cultivo. 

«Ya estoy dado de baja de mi salario social. No tengo nada».

La jueza de Garantías 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Jaru Alexander Rodríguez Carrero, P.N.R. y J.B.L., en orden al delito de “siembra o cultivo o guarda de semillas para la producción de sustancias estupefacientes». Los acusó de sembrar y cosechar “los frutos de la plantas de marihuana con el fin de proceder a la producción de la sustancia estupefaciente, dada la importante cantidad de plantines y plantas que se hallaron en el lugar registrado y los dispositivos instalados para permitir el crecimiento de los plantines, su conservación y florecimiento”. 

Los defensores de Jaru, Alderete y Dal Santo, sostuvieron que no puede concebirse la persecución de una conducta por el solo hecho de conformar el status de «peligrosa», obviando sus concretos efectos sobre los bienes jurídicos que se pretenden proteger, en este caso la salud pública. “No existe ninguna mención en la decisión cuestionada a elementos de convicción o indicios que refieran a la voluntad de su defendido (ni del resto de los imputados) de producir estupefacientes en concreto y comercializarlos. Por el contrario, P.N.R. se encontraba cursando la diplomatura en ‘Cannabis y sus usos medicinales’ en la Universidad NacionalArturo Jauretche y se encuentra inscripto para cursar otra diplomatura en la Universidad Nacional de Avellaneda sobre ‘Promotor de salud con conocimiento en cannabis medicinal’”. Además, se encontraba registrado en el REPROCANN como autocultivador. Los defensores recordaron que “las cualidades curativas de esa sustancia han sido reconocidas con la sanción de la ley 27350, que habilita el uso médico del aceite de cannabis en cuadros específicamente establecidos, mediante el cumplimiento de un protocolo específico y ante la prescripción de un especialista médico. Y permite, también, el autocultivo”. 

Finalmente, Jaru y los demás imputados —dos mujeres y dos hombres estudiantes de las propiedades medicinales de esta planta, cultivadores para consumo y usuarios del aceite de cannabis con fines terapéuticos— fueron sobreseídos a partir del fallo de la sala II de la Cámara Penal de San Isidro. “Tienen razón las defensas cuando señalan que se encuentra suficientemente probado que el cultivo realizado en el inmueble sito en la calle xxx, de la localidad de xxx era para consumo personal. Dicha circunstancia, más allá de la legitimación que pudiera derivarse del autocultivo con fines medicinales, resulta central para la determinación si es posible aplicar una sanción penal a las personas aquí imputadas”, dijeron los jueces Leonardo Pitlevnik, Juan Stepaniuc y Luis Cayuela. 

“No existe en el expediente constancia alguna de que los imputados comercializaran estupefacientes o tuvieran la finalidad de hacerlo. Todos declaran o aportan a través de sus defensas elementos contestes con relación a su consumo, a su intención de registrarse como cultivadores y, en el caso de uno de ellos, se aportaron constancias del inicio de la tramitación anterior al inicio de la causa”, reza el fallo al que accedió Perycia. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Arriola’ ha señalado, en principio, la inconstitucionalidad de la punición de aquella tenencia que tiene como objeto el consumo personal. Por lo expuesto es que se concluye que la conducta imputada no trascendió de la esfera de intimidad de los encausados y resultando de aplicación la doctrina del fallo Arriola”, indicaron los camaristas de San Isidro. Y, en consecuencia, concluyeron que “(corresponde) sobreseer a Jaru Alexander Rodríguez Carrero, P.N.R. y J.B.L., en orden al delito de siembra o cultivo o guarda de semillas para la producción de sustancias estupefacientes para consumo personal”.

«Nosotros no endeudamos al país ni vamos a administrar esa deuda sino vamos a sufrir sus consecuencias».

Volver a empezar

“Son las primeras letras del nombre de mi papá”, dice el venezolano de La Candelaria, de oficio gastronómico, sobre su apodo. Cuenta que la “compañera cónsul» se acercó cuando estuvo preso para que él pudiera comunicarse con su familia en ese país. “Quería quedarme pero luego de lo que me pasó, usaron todo el aparato del Estado en mi contra. Nosotros no endeudamos al país ni vamos a administrar esa deuda sino vamos a sufrir sus consecuencias. Ya estoy dado de baja de mi salario social. No tengo nada. Me quedé sin trabajo, sin casa. Ya no puedo ayudar a mi familia”. Rodríguez Carrero supo servir café a los ma-padres de los alumnos del Colegio Mariano Acosta, militó en organizaciones sociales opositoras y oficialistas, era estudiante de Sociología acá y de Comercio Exterior en su país. Vivió la pobreza estructural y buscó respuestas. Ahora recuperó la libertad, pero a poco de cumplir 30 años tiene que volver a empezar.