“La masacre fue avalada por toda la sociedad chaqueña de ese momento”. La frase del escritor y periodista Pedro Solans fue una de las últimas que se oyeron en la tercera audiencia del juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí realizada este miércoles en la ciudad de Resistencia. Solans, nacido en la ciudad chaqueña de Quitilipi, pero radicado desde hace varios años en Villa Carlos Paz, declaró a través de la plataforma Zoom y contó sobre la investigación que llevó adelante para la publicación de su libro Crímenes en sangre, donde por primera vez se registró el testimonio de una de las sobrevivientes de la masacre de Napalpí: Melitona Enrique. “Hasta Melitona no había un rostro humano sobre la masacre”, destacó.
Para el periodista, “la masacre de Napalpí fue un símbolo de poder sangriento, avasallante, de represalia y represión y también ejemplificador de cualquier revuelta que pueda suceder posteriormente”.
“La autoridad que ordenó la matanza, el interventor del Territorio nacional, Fernando Centeno, fue un hombre que solamente hizo lo que le estaban pidiendo los productores de algodón. Los reclamos constantes que también generaron un escenario para que se produzca la masacre”, afirmó. En ese sentido, advirtió que “el Estado representaba a toda esa sociedad que pedía a gritos que se ordene, se discipline, a los peones rurales del Chaco. Esa gente también tuvo un rostro, no solamente los nombres que han surgido en este juicio: José Alonso, Luis Carrió, sino fue la sociedad entera”.
Solans reveló una historia familiar que contribuye a dar cuenta del contexto de estigmatización y demonización contra los pueblos indígenas que se vivía en el momento de la Masacre. Refirió que su abuelo, gerente de la desmotadora Asselle en la ciudad de Quitilipi, le comentó que recibió armamento provisto por el Ejército “para defender” a Quitilipi y a Machagai de los “malones que venían de Napalpí”. También narró que su abuelo le entregó uno de los rifles Winchester que se destinaron para combatir a los indígenas y lo puso a disposición del tribunal del Juicio por la Verdad, que conduce la jueza federal Zunilda Niremperger.
“Quitilipi y Machagai fueron sociedades protagonistas de la masacre, colectivamente, y toda la sociedad del Chaco estuvo de acuerdo con ganarle territorio a los aborígenes y disciplinarlos para que trabajen. Aún hoy tenemos en la mayoría de nuestros comprovincianos la idea de que el aborigen sigue siendo un problema”, sostuvo.
“Ese imaginario fue creado por nuestra cultura y también por los medios de comunicación de aquel momento y de este momento”, reflexionó Solans.
Captura de la transmisión de la audiencia 27.4.2022
La construcción del sentido común: los medios y la escuela
A lo largo de esta tercera audiencia, se escucharon los valiosos aportes de docentes e investigadores que permitieron reconstruir el “sentido común” de aquella época y cómo a través de la educación y los medios de prensa se legitimó el disciplinamiento de las comunidades indígenas del por entonces Territorio Nacional, que el 19 de julio de 1924 tuvo su demostración más sangrienta en la Reducción Napalpí.
El primero en exponer fue el docente, escritor y actual presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Francisco “Tete” Romero, quién dio cuenta de la construcción del sentido común que llevaron adelante los medios de comunicación de la época, entre ellos el diario La Voz del Chaco, para legitimar y naturalizar el exterminio de los pobladores indígenas y entregar más de cinco millones de hectáreas a poco más de cien personajes ligados al poder de la época. “El latifundio era el verdadero ganador de la guerra de exterminio y expulsión del indio”, relató Romero, citando al historiador Ramón de las Mercedes Tissera.
El docente señaló que “hay que concatenar el proceso que arranca en 1884 con la campaña del general Victorica, ministro de Guerra de Julio Argentino Roca” con lo que sucedería después del despojo de los territorios ancestrales a los pueblos indígenas: el disciplinamiento de los indígenas para incorporarlos al modo de producción dominante. “Una prolongada experiencia ha puesto de relieve las aptitudes del indio de Chaco y Formosa para el trabajo en los ingenios de azúcar, los obrajes de madera y las cosechas de algodón, construyendo así un importante factor económico que es indispensable conservar”, citó.
Romero recordó que lo que desencadena la protesta de los pobladores indígenas fue un decreto del gobernador Fernando Centeno que, a pedido de los colonos y empresarios algodoneros de la zona, prohibió que los miembros de los pueblos Qom y Moqoit salieran de la provincia para trabajar en los ingenios del noroeste, sobre todo en Salta y Jujuy, para conservarlos como “mano de obra barata”.
En ese contexto, el también exministro de Educación del Chaco aseguró que “la Reducción Napalpí fue un campo de concentración” en donde quedaron suspendidos todos los derechos de los pueblos indígenas.
Al ser consultado por el fiscal Carniel sobre si hechos como los que ocurrieron en Napalpí se podrían repetir, la respuesta fue contundentemente afirmativa. “Estamos en un momento histórico donde el racismo, la xenofobia, el miedo al otro, al diferente, son como salidas de chivos expiatorios a frustraciones sociales. Un otro o una otra son los responsables de lo que yo no puedo, y ahí está la responsabilidad de los medios, de la educación, de los funcionarios públicos para buscar salidas colectivas, que eviten la construcción de chivos expiatorios porque ése es el camino de la construcción de los discursos que luego generarán genocidios”, consideró.
Francisco Romero – Sec. DDHH y Géneros de Chaco
Artieda: “La invención de los pueblos indígenas como enemigos internos”
La docente universitaria, investigadora y especialista en historia de la educación, Teresa Artieda, aseguró que, al menos desde finales del siglo XIX, las políticas educativas del Estado nacional permitieron crear las condiciones para que la masacre de Napalpí no fuera “un acto excepcional” sino una “consecuencia esperable del proceso de invención de los pueblos indígenas como enemigos internos”.
Artieda contó cómo a través del estudio de más de cien textos escolares que se fueron elaborando para las escuelas primarias “en simultáneo al proceso de invasión de los territorios del sur y del norte”, que eran aprobados por el Consejo Nacional de Educación, pudo encontrar “un discurso desvalorizador, peyorativo y desembozado contra los pueblos indígenas y en particular contra el Chaco y sus pueblos”. Paralelamente, se mostraba al Chaco “como un lugar de riquezas naturales a ser aprovechadas por el Estado y por las explotaciones de la región”.
“Había una matriz de pensamiento común que consiste en pensar que se estaba frente a los pueblos indígenas frente a enemigos en extremo temibles e implacables, que atacaban lo más sagrado: la vida, la familia, la propiedad, la religión católica y la patria. Este enemigo no entendía razones, las nuestras, que eran las únicas posibles. Lo de ellos era pura irracionalidad. De manera que no había otro camino que aniquilarnos, porque se trataba de ellos o de nosotros”.
En ese sentido, consideró que se trata de una suerte de “sentido común que fue siendo construido y en el cual la escuela primaria nacional estatal tuvo mucho que ver”, aseguró Artieda.
La docente e investigadora de la UNNE señaló que “la Reducción Napalpí es una institución educadora en sí misma” y que de acuerdo al pensamiento del delegado del Ministerio del Interior a cargo de la misma, Enrique Lynch Arribálzaga, el objetivo era “pacificar, civilizar y controlar” a la población indígena a través de la educación para el trabajo. “Para él, el problema indígena era sobre todo educativo”, aseguró.
“Desestructurados sus modos de producción, caza, pesca, recolección, se vieron obligados ya en ese tiempo a vender su fuerza de trabajo”, describió.
“No es específicamente y solo enseñarles un oficio, supone modificar radicalmente, dinamitar sus identidades, sus historias, sus modos de vincularse con la naturaleza, con la espiritualidad, su organización social en sí, y prohibir sus idiomas”, agregó.
Por su parte, la también docente e investigadora universitaria y coordinadora del programa Pueblos Indígenas de la UNNE, Laura Rosso, recordó que “el proyecto de la Reducción lo sostienen determinados grupos de funcionarios públicos que apostaban ahora a la integración y esto significaba incorporarlos a la sociedad nacional a través del trabajo, la tierra, la educación, y una legislación que ya los había definido como menores necesitados de protección, cuestionando su incorporación como mano de obra explotada en establecimientos privados”.
En ese sentido, mencionó el proyecto de Lynch Arribálzaga que proponía “asimilar” a los indígenas a la civilización, que los consideraba de “inteligencia limitada” y, desde una mirada paternalista, propuso crear reducciones estatales laicas para “sustraerlos de establecimientos privados donde consideraba que eran explotados injustamente”.
La docente de la UNNE explicó que “las escuelas indígenas no dependían del Consejo Nacional de Educación sino del plan de Lynch Arribálzaga, que tenían como primer objetivo la adquisición de un rasgo de nacionalidad, que era el aprendizaje del castellano; se los convertiría en ciudadanos libres a través de la educación y el trabajo”.
“El niño o la niña de la Reducción sería primordialmente educado para ser un obrero o un artesano y no para ser bachiller”, describió.
Por otro lado, reveló que antes de la Masacre, ante la inasistencia de los niños indígenas a la escuela, el Consejo Nacional de Educación resolvió crear dos escuelas ambulantes, con dos años de duración y un ciclo lectivo reducido a los meses en que los niños no trabajaban en la zafra. Se enseñaba el lenguaje castellano y, por sobre todo, formación práctica. “Lo que se produce en ese momento es una adecuación de la educación escolar de la infancia indígena al sistema económico regional”, precisó. Y concluyó que hubo “un abandono de las autoridades nacionales al proyecto y en ese abandono ganan los grupos que estaban más interesados en que los indígenas estuvieran disponibles como mano de obra barata en la región”.
Teresa Artieda, docente e investigadora de la UNNE – Sec. DDHH y Géneros de Chaco
Lo que contó la “historia oficial”
Otro momento destacado de la tercera audiencia fue la exposición de Gabriela Barrios, docente y ex directora del Archivo Provincial de la Memoria, quién rastreó y recopiló toda la documentación vinculada a la que oficialmente se denominó “Sublevación Napalpí”, y en la que los “acusados” eran los indígenas. Barrios reveló que se halló un listado con los nombres del personal de tropa de Gendarmería que intervino el día de la Masacre y también la cantidad y el tipo de armas que se utilizaron. “Aparecen 35 gendarmes con nombre completo y número de registro, el tipo de equipo que tenían y la cantidad de tiros de guerra, el total es de 2400 tiros de guerra”, precisó.
También se encontró un documento con un reclamo al gobierno de la provincia para que se pague una deuda por la presencia de policías y gendarmes en la Reducción Napalpí, que databa desde el 19 de mayo al 12 de julio de 1924.
Barrios destacó que uno de los documentos más reveladores es un informe desde la Gobernación del Chaco al Ministerio del Interior, fechado el 11 de junio de 1924, donde se alertaba de “una actitud un tanto enconada hacia los indios y que por sus manifestaciones se mostraban muy distantes de evitar una masacre de mujeres y niños como reza actualmente uno de los telegramas de referencia”. En ese mismo documento, queda registrado cuáles eran los reclamos puntuales de los obreros indígenas. “La información de cuál era el problema estaba claramente conocida por el Gobierno del Territorio, y que claramente decide que no le correspondía solucionar ese tema y sí que los sublevados depongan la actitud y vuelvan al trabajo”, describió.
Otro de los documentos refería que para las autoridades nacionales, una “represalia” violenta contra el reclamo hubiera sido contraproducente para los intereses económicos de la región.
Por su parte, el investigador en Historia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Alejandro Jasinski, expuso una cronología sobre cómo la masacre de Napalpí fue un hecho que las autoridades de los tres poderes del Estado se encargaron de negar, impidiendo escuchar las voces de las víctimas. “Lo que vemos es en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo de la Gobernación y del Congreso de la Nación es prohibir el desarrollo de una comisión investigadora que en principio simplemente iba a recibir el testimonio de las personas que estaban dispuestas a declarar respecto a estos hechos”, explicó.
“Los jueces no se hacen presentes, tampoco el fiscal, que tenían la misión de resguardar el debido proceso. El expediente tiene instrucciones para los empleados judiciales sobre el reglamento para llevar la causa, y el ítem b) es hacer declarar a los imputados que considera la causa, que como era “Sublevación indígena” podían haber convocado a los indígenas detenidos, y tampoco cumplen con esa parte”, describió.
También los documentos exhibidos dan cuenta del pedido de comerciantes de la zona de Quitilipi a las autoridades de reprimir la protesta en la Reducción Napalpí y que en caso de no hacerlo se envíen armas para que los propios empresarios de la zona lo hagan.
Alejandro Jasinski – Sec. DDHH y Géneros de Chaco
El testimonio de Felipa
Para el final, quedó el testimonio en formato audiovisual de Felipa Lelicori, hija de Enrique Lalecori, sobreviviente moqoit de la Masacre. El relato de la anciana fue traducido en simultáneo por su hijo, ya que ella sólo habla la lengua moqoit. Según reveló en la entrevista ante los fiscales Carniel y Vigay, su padre logró escapar antes de que se concrete la matanza. Fue en el momento en que se repartieron golosinas en que su padre sintió temor y se escapó para refugiarse en el monte. En ese sentido, afirmó que su padre “tuvo mucho temor y miedo y nunca quiso saber si fueron policías o criollos los que hicieron”.
La próxima audiencia, en Machagai
La cuarta audiencia tendrá lugar el próximo martes 3 de mayo, desde las 8:30 hasta las 13. Posteriormente, habrá un receso y se reanudará a partir de las 15:30, teniendo en cuenta la cantidad de testimonios previstos. Será en la Casa de las Culturas de la ciudad de Machagai, cercano al lugar donde se ejecutó la masacre.
