Masacre de AvellanedaViolencia institucional

Masacre de Avellaneda: 20 años

El asesino de Darío y Maxi no sale de la cárcel

El ex comisario Alfredo Luis Fanchiotti  seguirá detenido en la Unidad Penal 11 de Baradero. Así lo confirmó la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas de Zamora que le negó la incorporación al régimen de salidas transitorias. “Pasados veinte años sigue pensando que estaba cumpliendo una función pública”, dice el fallo. Alejandro Acosta, el otro ex policía de la Bonaerense condenado a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán —el 26 de junio de 2002— había solicitado el mismo beneficio pero aún no hay respuesta de la Cámara.

Por: Adriana Meyer
Foto: Juan Bértola y Lucía Giusano
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Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas de Zamora al confirmar el fallo de primera instancia que había rechazado la incorporación del ex comisario Alfredo Luis Fanchiotti Pagano al régimen de salidas transitorias. Es decir, que le había negado la libertad condicional porque “no se encuentra en condiciones de acceder” a la misma. En ese sentido se pronunciaron los jueces de la sala Tercera de ese tribunal en la reciente resolución a la que accedió Perycia. De este modo, Fanchiotti seguirá detenido en la Unidad Penal 11 de Baradero. “Pasados veinte años sigue pensando que estaba cumpliendo una función pública”, reza el fallo.

En la resolución consta la postura de la fiscalía que se opuso a que el condenado acceda al beneficio, haciendo especial hincapié en que “transcurridos veinte años, parecería que no ha logrado conmoverse subjetivamente ni interpelar su accionar”. La fiscal Paula Martínez Castro recordó que “sobre los hechos que condujeron a su detención, mantiene su posicionamiento, describiendo su rol en la escena y la función que por su cargo ejercía en aquel momento, manifestando que debía resguardar el orden público y agregando que no le era posible controlar lo que hacían todas las personas que tenía a cargo como jefe del operativo que se llevaba a cabo”.

Será que los camaristas están sensibles al clima del aniversario por los 20 años del crimen que marcó el final del gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. O más bien la enorme campaña de repudio a las eventuales salidas del ex comisario fue contundente y convincente en cuanto se trató de un crimen de Estado. Alejandro Acosta, el otro ex policía de la Bonaerense condenado a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán —el 26 de junio de 2002 durante la represión al intento de corte de protesta en el Puente Pueyrredón— había solicitado el mismo beneficio pero aún no hay respuesta de la Cámara. La querella de las familias, la abogada Paula Alvarado Mamani, comentó a esta agencia que probablemente también sea rechazado.

“Pasados veinte años sigue pensando que estaba cumpliendo una función pública”, dice el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora.

Los jueces Tomás Bravo, Martín García Díaz y Lucas Kapustik consideraron que los informes referidos a Fanchiotti “no brindan aún una favorable prognosis en punto a su futura reinserción social”. Entre varios elementos tenidos en cuenta, tales como la opinión contraria de la fiscalía de Martínez Castro, los camaristas destacaron que “no se encuentra acreditado que Fanchiotti Pagano hubiere iniciado un tratamiento psicológico y que fuere dado de alta”. Además, el ex comisario que fusiló a Darío y Maxi en la estación Avellaneda y fue condenado en 2006 por sus homicidios —agravado por su comisión con alevosía—  y por el intento de homicidio de otras siete personas “no ha dado cumplimiento a los reglamentos carcelarios”. 

En horas previas a las inminentes audiencias en que los policías condenados por la masacre de Avellaneda pidieron ir a sus casas a terminar su sentencia, y a casi veinte años de esos asesinatos que signaron el final anticipado del interinato de Eduardo Duhalde, un centenar de agrupaciones apoyaron el rechazo de las familias de las víctimas a ese beneficio que solicitaron los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta. Lo hicieron a través de una carta abierta en la que expresaron que se oponen a que los ex policías bonaerenses «y asesinos de nuestros compañeros» sean beneficiados con la libertad condicional, pedido que en los últimos días realizara la defensa de los efectivos homicidas ante el Juzgado de Ejecución Penal 3 de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Vázquez. La magistrada escuchó en audiencia la oposición concreta de Micaela Vanina Kosteki, Miguel Angel Paniagua, Luis Alberto Santillan, Leonardo Santillan, Mara Isabel Kosteki y Marcial Domingo Barreiro, familiares y heridos de la masacre del 26.

«No son simples asesinos, como tampoco forman parte de la población carcelaria común, estos sujetos fueron un eslabón necesario en la formación del operativo represivo del 26 de junio de 2002 en Avellaneda, organizado desde las más altas esferas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires», decía la nota firmada por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y personalidades nacionales, presentada en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda), en un acto que contó con la presencia «multitudinaria» de las diferentes militancias y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

De esta manera fue plasmado lo que denominaron el «rechazo popular» al pedido de libertad condicional de Fanchiotti y Acosta, ex policías condenados en 2006 a prisión perpetua como autores materiales de los asesinatos de Kosteki y Santillán, dos militantes piqueteros que fueron parte de una enorme manifestación que intentó cortar el Puente Pueyrredón en junio de 2002 por aumentos salariales, subsidios para desocupados y alimentos para comedores. Días antes los funcionarios de Duhalde habían advertido que no permitirían más expresiones de protesta, incluso con la infiltración de asambleas y una denuncia penal por sedición que ya tenían preparada.

Tropas irregulares

En 2007 Fanchiotti protagonizó salidas irregulares cuando estaba en la Unidad 25 de Olmos, una de las cuales quedó registrada en el libro de guardia, fue investigada y les costó el cargo a los agentes penitenciarios que la permitieron. Adujeron que lo dejaron salir porque el ex comisario estaba “deprimido”, pero mintieron sobre el destino del paseo. Fanchiotti no había salido a un taller a pocos metros del penal, sino a comer un asado con amigos. El ex jefe de Vigilancia y Tratamiento de esa unidad penitenciaria Diego Borba justificó ante la Justicia el paseo porque “nos preocupa lo espiritual”. La paradoja es que fue trasladado a una cárcel de régimen abierto, en la cual tiene todas las comodidades salvo las salidas.

Un año antes, el 9 de enero de 2006 el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora leyó la sentencia que condenó a Fanchiotti y a Alejandro Acosta a perpetua por el doble homicidio de Darío y Maxi y otras siete tentativas de homicidio. En tanto el comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Los otros dos acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a tres y dos años de cárcel, respectivamente. Además, se iniciaron causas a los funcionarios Carlos Soria, Jorge Vanossi y Oscar Rodríguez por falso testimonio. 

A fines de 2011, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas de Fanchiotti y Acosta, pero determinó que ninguno de los otros policías que recibieron diversas condenas en el juicio que culminó en 2006 iría preso. Más aún, los jueces de la sala I del tribunal absolvieron al jefe de Fanchiotti, el ex titular de la departamental de Lomas de Zamora, Félix Vega, que había sido condenado a 4 años de prisión por encubrimiento. Es el policía que le dijo al ex diputado Luis Zamora, “tenemos experiencia, usted sabe perfectamente que se mataron entre ellos”. Casualmente, los policías en la calle daban la misma explicación que los funcionarios en sus despachos. 

Como será analizado en próximos artículos de esta agencia en el Especial Masacre de Avellaneda: 20 años del asesinato de Darío y Maxi, de la cacería participaron policías de civil e incluso otros que ya no estaban en las fuerzas. El ex policía Celestino Robledo fue enjuiciado junto al grupo y recibió la pena de diez meses por “usurpación de autoridad”, ya que actuó en la represión aunque ya no pertenecía a la fuerza. Sin embargo, los camaristas de Casación Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués lo sobreseyeron por prescripción. Es un policía dado de baja que aquel 26 de junio apareció persiguiendo gente palo en mano.

El pedido de la defensa

La defensa de Fanchiotti, a cargo del defensor oficial Juan Etchepare, consideró que su asistido se encuentra en condiciones objetivas de acceder al beneficio de la libertad condicional, puesto que no fue declarado reincidente, no fue revocada anteriormente su libertad condicional y el tiempo que lleva privado de su libertad excede las dos terceras partes de la condena impuesta. Habla de una “reducción de diez meses por aplicación del estímulo educativo”, pero omite las salidas irregulares en su paso por la cárcel de Olmos.

Los camaristas detallaron que de su legajo criminológico surge que Fanchiotti mantiene una conducta ejemplar 10, concepto muy bueno, y no registra sanciones disciplinarias en su vida intramuros. Señalan además que no ha realizado actividad educativa durante toda su detención y en lo laboral que desempeña tareas administrativas en la oficina judicial del Sector Tratamiento. Si ha realizado cursos de formación y recibe visita de familiares y amigos. En caso de externación, apuntan, residiría junto a su concubina en General Rodríguez. 

“Desde lo psicológico, surge un sujeto que opera con pensamiento lógico formal, con posibilidades de realizar simbolizaciones, advirtiendo características intelectivas superiores a la media de la población carcelaria, no se señalan indicadores de patología psiquiátrica o neurológica”, escribieron los jueces. “En cuanto a su accionar delictivo y su posición frente al delito emerge entiende que toda la responsabilidad haya recaído sobre él por su condición de jefe a cargo de todo el operativo que se llevaba a cabo y por encontrarse cumpliendo una función pública”, agregaron. En definitiva, el Departamento Técnico Criminológico estimó la inviabilidad de otorgar al nombrado el beneficio de libertad condicional.

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