Violencia de Género

El femicidio negado de Liliana Garabedian

«No estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada»

En Catamarca, tras 12 años de lucha y después del intento de dos fiscales de archivar la investigación con el argumento de que Liliana se suicidó de hambre y de sed, una nueva autopsia confirma lo que la madre sostuvo desde el primer momento: su hija murió de manera violenta y en un contexto de violencia de género.

Por: Yémina Castellino
Foto: Ariel Pacheco
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Con sus 76 años, Lola Carrizo lee una y otra vez las últimas hojas fotocopiadas del expediente  que investiga la muerte de su hija. Casi 12 años esperó para “desempatarle”, como dice ella, a la Justicia de Catamarca. La nueva pericia que sostiene entre sus manos —realizada por Gendarmería Nacional— dice lo que ella siempre supo: Su hija, Sonia Liliana Garabedian, de 37 años, no se suicidó en diciembre de 2010, como quisieron hacerle creer los cinco fiscales que pasaron por la causa, sino que tuvo una muerte violenta y en un contexto de violencia de género.  

La encontraron el 12 de diciembre en un descampado de la localidad catamarqueña de Nueva Coneta. Vestía solo una musculosa blanca. Tenía los puños apretados. La desaparición la había denunciado el 9 de diciembre su exmarido, Roberto Alejandro Barros, quien es hoy el principal sospechoso en la causa.

 “Liliana tenía una sonrisa espléndida, luminosa”, cuenta Lola. Era profesora de inglés y nació en Buenos Aires,  pero a comienzos de 2010 decidió irse a vivir a Catamarca con Barros y sus dos hijos que entonces tenían 3 y 8 años, de donde él era oriundo y tenía a su familia. 

Lola visitó a su hija los primeros días de noviembre de ese año y la vio triste, pero nunca imaginó lo que vendría después. “Cuando ella estaba embarazada de la nena, él la agarró en el baño y le pegó patadas en la panza argumentando que no era hijo suyo”, cuenta Lola. Una discusión en el dormitorio y  los golpes fueron el detonante para que Liliana, por primera vez, decidiera denunciarlo por violencia de género. Esa misma tarde le dijo que se fuera, él pareció aceptar.

Diario de Liliana. Documento aportado por Lola Carrizo

Vivir en riesgo

Al otro día Barros regresó custodiado por sus dos hermanas, una de ellas policía. Él se había ido con la única llave que tenía la casa y así ingresó. En pocas semanas se fue llevando todo; televisor, muebles, ropa, la moto con la que Liliana llevaba a los chicos a la escuela. “Dejó solo una cama, un cepillo de pelo y uno de dientes”, enumera Lola, y agrega: “Para la Justicia de Catamarca encontrar eso fue allanamiento positivo y no entiendo por qué. Él nunca le pasó plata, pero le quiso hacer firmar un recibo a mi hija como si él estuviera cumpliendo con su responsabilidad. Mi hija no tenía trabajo”.

Liliana quedó sin nada y  en una casa alquilada que no podía pagar. Confundida, comenzó a buscar trabajo, mientras cuidaba a los chicos. También concurrió a la Asesoría de Menores para pedir la tenencia de sus hijos, pero con el paso de los días y asediada por la emergencia económica en la que vivía, decidió volver a Buenos Aires.

La audiencia en el Juzgado fue pactada para el 10 de diciembre. Su madre la acompañó hasta el día 4 y se volvió a Buenos Aires para preparar el regreso de su hija. Solo quedaba esperar a que los chicos concluyeran las clases el 8 para empezar una nueva vida. 

La última imagen de Liliana con vida, y que Lola atesora, es un video escolar del 25 de noviembre, en la muestra de cierre de año del jardín donde iba su hija de 3. Se la ve bailando, feliz. 

Sola

La noche del 5 diciembre, la historia comenzó a desdibujarse. 

Era domingo y  Liliana fue a la casa de la hermana de Barros, a buscar a sus hijos. Él se los había llevado y la excuñada los retuvo. Minutos después, policías de la Comisaría Décima se llevaron detenida a Liliana, por “averiguación de antecedentes”. La hermana de Barros radicó una denuncia en la Unidad Judicial N2 contra ella, dijo que Liliana le había pegado con un palo. 

En la Comisaría,  estuvo 18 horas sentada en una silla. En el acta oficial, su permanencia en ese lugar fue asentada en medio de los nombres de otras dos personas, superpuesta. Testigos policías dijeron a la Justicia que se hizo pis encima. Su exmarido visitó tres veces la dependencia, para decir cosas en contra de ella: quería que la retuvieran. “Que estaba loca, era el argumento de toda la familia Barros y el único que quisieron escuchar luego los fiscales”, dice Lola.

La privación de la libertad de Liliana fue irregular. No la revisó un médico como indica el protocolo ni fue llevada a la Comisaría de la Mujer. Fue la Asesora de Menores quien supo en dónde estaba y ordenó que la lleven al hospital para una consulta psicológica y luego la liberaran. Eran las seis de la tarde cuando la psicóloga de guardia le preguntó si tenía cómo irse y ella dio a entender que la estaban esperando. Fue la última vez que alguien la vio con vida.

El 9 de diciembre, Barros, quien tenía restricciones de acercamiento hacia ella, radicó una denuncia por la desaparición de exesposa. El día anterior llamó a Lola, que viajó de inmediato a Catamarca. Dos días la buscaron, incluso excavaron el patio de la casa en donde ella vivía. 

La encontraron la mañana del 12. Unos puesteros declararon que hablaron con ella el día 7 al mediodía, en la zona de Nueva Coneta. La autopsia que le practicaron los forenses catamarqueños decía que había muerto por deshidratación e inanición. Su familia no lo creyó, había muchos puntos no investigados, muchas pistas para seguir. Barros tenía el celular y el diario íntimo de Liliana. “¿Por qué?”, se pregunta Lola.

Impericias

La madre de Liliana nunca creyó que su hija caminara 30 kilómetros en pocas horas para suicidarse de hambre y sed. “A los puesteros les pidió agua y les preguntó cómo podía llegar a la ciudad sin tener que regresar a la ruta, tenía miedo”, dice.  

Desde entonces, el destino de la investigación quedó en manos de Lola, pero nadie la tomó en serio. Cuando preguntó por qué no habían encontrado la ropa de Liliana, las zapatillas, las medias, la ropa interior: 

—Se las llevaron los animalitos del monte, señora —, respondieron. 

Lola contaba con muy poco dinero, pero se trasladó como pudo a Catamarca y empezó a preguntar. Caminó hasta el lugar donde encontraron el cuerpo, donde le habían dicho que Liliana “se perdió”. “Estaba a 500 metros de un canal de riego, se escuchaban los ruidos de la ruta, se veían las luces de la ciudad y había señal de teléfono”, dice.

Pidió las fotos del expediente y las analizó una y otra vez. Golpeó puertas de expertos en Buenos Aires para que vean esas imágenes, las que ella no hubiera querido tener que mirar nunca. Todos le decían lo mismo, “no está deshidratada, nadie puede morir de hambre en tres días”. Lola se lamenta: “me dijeron que podía poner un médico de parte en la autopsia, pero yo no conocía a nadie, no tenía plata y estaba muy mal”. 

El proceso

El primer fiscal, Javier Herrera, sólo tuvo la causa seis meses, luego pasó a otros fiscales, Marcelo Sago y Juan Pablo Morales. Estaban al frente de la Unidad de Delitos Especiales y en solo 10 días pidieron el archivo y señalaron que la culpa fue de la psicóloga de guardia que permitió que Liliana abandonara el hospital -supuestamente sola- e hicieron ingresar como querellante al exmarido, que reclamó 500 mil pesos al Estado en concepto de indemnización.

El Juez de Garantías lo rechazó y ellos apelaron, pero la Cámara de Apelaciones también lo rechazó y la causa recayó en la fiscalía a cargo de Roberto Mazzuco. Era 2013. Ya habían pasado tres años.

Lola consiguió que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice una segunda autopsia. Dos años peleó para conseguir el aval del fiscal y en 2015, por fin, el EAAF determinó que la primera no estaba bien hecha. El informe realizado por los antropólogos  determinó que Liliana había muerto como consecuencia de asfixia mecánica por lazo. 

En aquel momento estaba en boga el caso que investigaba la muerte de Alberto Nisman, a quien se le practicó una “autopsia psicológica” (recomendada para casos de suicidios dudosos), entonces Mazzuco solicitó que el equipo de psicólogas del Cuerpo interdisciplinario Forense (CIF) local se capacite y la realicen: en solo tres días las psicólogas avalaron la primera causa, un suicidio de hambre y sed, y así quisieron refutar al EAAF.

Tras la destitución de Mazzuco por un jury de enjuiciamiento (por los delitos de peculado y mal desempeño en la función pública en otra causa), el expediente  quedó un tiempo en las manos del fiscal Alejandro Gober, quien fue sumando las pruebas que Lola pedía, entre ellas nuevas declaraciones de los puesteros que vieron a Liliana por última vez y de las psicólogas que la atendieron, además de la lista de llamadas de los teléfonos de Barros y su hija. Luego, asumió el mando de la fiscalía que había quedado vacante por la destitución de Mazzuco, el fiscal Jonathan Flesztyna.

Este último pidió el archivo nuevamente, en octubre de 2020, con argumentos casi misóginos. Felsztyna apeló en su escrito a una supuesta “locura” de Liliana en base a los dichos de su marido. El fiscal nunca se preguntó por qué Barros tenía en su poder el diario íntimo y el celular de Liliana, cuando supuestamente él no la había visto. Solo se limitó a resaltar palabras como “deprimida”, “incoherente”, “desestabilizada”. También desestimó la autopsia de los antropólogos forenses, argumentando que se realizó “fuera de tiempo”.

Sin embargo, de la autopsia psicológica que se realizó ocho años después de la muerte de Liliana destacó la “modernidad”: reforzaba lo que él ya creía, que Liliana estaba “desequilibrada”.

Severos errores

Otro juez de Garantías, Rodolfo Maidana, volvió a decir que la causa tenía elementos que no habían sido investigados y aconsejó que pase a un nuevo fiscal. Esta vez, el expediente fue derivado a la fiscalía de Yésica Miranda.

El abogado de Lola, Ivan Sarquís, explicó que “había que plantear seriamente la capacidad acreditante de las autopsias. Para esto pedimos la intervención de un equipo tanatológico federal, ya sea de la Policía, Gendarmería, los dos, o cualquiera que no sea de la provincia”. Sarquís explicó que lo que buscaba era un elemento negativo, es decir un informe oficial y profesional que acredite de manera fehaciente que nadie la mató, o lo contrario.

El informe fue encargado a Gendarmería, que en febrero de este año inició el análisis de todas las autopsias realizadas y de los elementos de prueba existentes.

Perycia tuvo acceso al informe, que fue incorporado a la causa en los últimos días de agosto. Son 140 fojas en las que se evalúa de manera sistemática cada elemento del expediente y que concluye que Liliana tuvo una muerte violenta. Tal como determinó el EAAF hace siete años. 

Menciona, por ejemplo, las impericias de la primera autopsia. “Del análisis surge que se ha incurrido en severos errores y omisiones que no condicen con lo que marca el arte y ciencia de la medicina forense”, destaca. Y concluye que, a diferencia de lo que arrojó la primera autopsia, la muerte no se produjo entre 48 a 72 horas previas al hallazgo, sino entre las 12 y las 24 horas.

Además, en un nuevo análisis de cómo quedó el cuerpo en el lugar, descubrieron más lesiones.

En cuanto a la investigación que realizaron las divisiones de Criminalísticas y Homicidios de Catamarca, establece que se cometieron varios errores en cuanto a la producción, el manejo y la conservación de la prueba: “no se observa el ingreso a la escena con elementos de bioseguridad que reduzcan la posibilidad de contaminación de la misma. Las fotografías son escasas en calidad y cantidad y no fueron tomadas en detalle con testigo métrico. Tampoco se hizo planimetría ni una cadena de custodia de la evidencia”.

Sobre la autopsia psicológica, Gendarmería destaca: “No hubo elementos suficientes para pensar una conducta autoagresiva”. Y agrega: “Se entiende que no existe un diagnóstico claro respecto de la estructura psíquica de Liliana, que no hay elementos para determinar si cursaba o no una psicopatología, pero que sí es posible inferir que estaba transcurriendo alteraciones emocionales por todo lo vivido en los últimos meses”.

Por último aseguran que a partir del análisis y de las pruebas colectadas “se infiere que Liliana Garabedian fue víctima de violencia física, psicológica, económica y patrimonial”. 

La causa sigue caratulada desde hace 12 años como “desaparición con sospecha de criminalidad”. El 7 de septiembre, Sarquís pidió que se aparte a Roberto Barros de la querella y que se lo impute por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, atento a que en 2010 la figura de femicidio aún no estaba tipificada en el Código Penal. 

Sarquís pidió que la causa se enmarque en la Convención de Belém Do Pará, que propone entre otras cosas, el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia y su reivindicación dentro de la sociedad, y establece la celeridad con que este tipo de causas deben ser tratadas por los Estados que formen parte.

Madre

Lola recuerda cada detalle de lo investigado por ella. Tiene decenas de cuadernos en donde, para no olvidarse, fue escribiendo cada novedad. Se fue a vivir a Chamarmuyo, el pueblo de La Rioja en donde nació y donde también puede estar más cerca de su hija. 

A Perycia  le explica  que ella en algún momento “se sacó todo de adentro”: “Me llené de paciencia”, cuenta. Dice también que Liliana llevaba un diario, en donde escribía todo lo que le pasaba. “El mismo que Barros tenía en su poder cuando mi hija desapareció, y le faltaban hojas. Lo digo porque me acuerdo que la vi escribiendo ‘sorete’, lo había resaltado bien grande y eso ya no está”.

En ese mismo diario, que hoy es parte de la causa, Liliana también escribió “No estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada”. 

CADENA DE RESPONSABILIDADES

*Javier Herrera fue el primer instructor que tuvo la causa, entre 2010 y 2011. Había iniciado su carrera como fiscal tres meses antes. Hoy es titular del juzgado Correccional de Tercera Nominación. 

*Marcelo Sago y Juan Pablo Morales sucedieron al primer fiscal. Sago es hoy Juez de Garantías de Tercera Nominación. Morales asumió en 2017 como Juez de Apelaciones, pero renunció tras una denuncia e imputación por cobro de coimas y hoy además es investigado por narcotráfico

*Roberto Mazzuco fue el tercer fiscal. Desde 2013 estuvo a cargo de la investigación hasta 2017, cuando tras un Jury de enjuiciamiento fue destituido por los delitos de peculado y mal desempeño de la función pública. 

*El cuarto fiscal fue Alejandro Gober (2017 -2019). Hoy es Fiscal de Delitos Informáticos. 
*Entre 2019 y 2021, la causa la tuvo el fiscal Jonathan Felsztyna. Hoy sigue siendo Fiscal Penal de Novena Nominación. 

*En 2010 y hasta 2017, Dante Coronel era el delegado de la Unidad Judicial Nº5 donde Liliana Garabedian denunció a Barros por violencia de género. Luego fue secretario del fiscal Mazzuco. La denuncia contra Barros, sin embargo, recién fue incorporada a la investigación a pedido de Lola cuando Gober estuvo a cargo. Coronel hoy es Secretario de la Procuración General afectado a la investigación de Delitos Informáticos. 

*Los jueces de Garantías Porfirio Acuña (jubilado) y Rodolfo Maidana rechazaron el archivo de la investigación. 

*Luego, también se manifestaron contra el archivo los jueces de Apelaciones Raúl Da Prá (hoy investigado por cohecho junto a Morales), Edgardo Álvarez y Jorge Álvarez Morales (hoy jubilado). En esa resolución, le dijeron al entonces fiscal Sago que entendían que «la capacidad y desempeño del fiscal pudieron verse afectados en su susceptibilidad, ante la crítica injusta y descarnada de la prensa», pero le aclararon que dejar de investigar no era una opción: «necesariamente deben agotarse antes todas las medidas que puedan echar luz a la investigación».

*Francisco Mercedes Soria era el Jefe de Policía cuando detuvieron a Liliana en la Comisaría. Renunció en 2011,  luego de la muerte de cuatro adolescentes en la alcaidía de menores

*Ricardo Escalante era el Jefe de la División Homicidios. Hoy es rector del Instituto de Enseñanza Superior de la Policía de Catamarca. 

* En el documento de cuatro hojas de la primera autopsia el forense catamarqueño Edgar Gallo Canciani asegura que las escoriaciones en el cuerpo de Liliana “corresponden a la fricción de la vegetación”. Concluye que murió “por inanición y deshidratación severa” y que la raíz de un árbol le dejó un surco de un centímetro en el cuello. Luego, el EAAF en 2015 y la Gendarmería en un informe que se incorporó a la causa en agosto explican que se lo provocó un lazo. 

*La foto de portada que corresponde a la segunda autopsia fue aportada por Yémina Castellino.

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