Violencia institucional

Sin justicia

A 5 años del asesinato de Rafael Nahuel: sin fecha de juicio

La causa en la que cinco prefectos fueron señalados por su asesinato está elevada a juicio desde hace un año, pero el tribunal todavía no puso fecha para el inicio del debate. Entretanto, tres pericias balísticas sembraron más dudas que certezas en una investigación que en el banquillo de los acusados solo tendrá a los tiradores. 

Por: Laura D' Amico
Foto: Eugenia Neme*
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El 25 de noviembre de 2017, cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, que tenían como objetivo custodiar un predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, dispararon contra un grupo de integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que habían iniciado allí un proceso de recuperación territorial. Una de las balas impactó en el cuerpo de Rafael Nahuel y lo mató. 

Por ese hecho —del que hoy se cumplen cinco años— ninguna persona está detenida. 

Sí hay una investigación judicial que identifica a los responsables del asesinato, que fue elevada a juicio en diciembre de 2021 y duerme el sueño de los justos a la espera de que los jueces Simón Pedro Bracco, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Alejandro Adrián Selva, que integran el Tribunal Oral Federal de General Roca, pongan fecha para el inicio del debate.

El operativo de desalojo ordenado por el entonces juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, se realizó el 23 de noviembre, dos días antes del asesinato. El día que mataron a Rafael Nahuel, efectivos del Grupo Albatros, que seguían apostados en la zona para evitar una nueva usurpación, iniciaron una cacería montaña arriba, fuera del perímetro que debían custodiar, para perseguir a un grupo de jóvenes mapuche que rondaba el lugar. 

Peritaje realizado el 7 de diciembre de 2017, luego del asesinato de Rafael Nahuel.

Según consta en la causa, ese día los efectivos Francisco Javier Pintos, Sergio Guillermo Cavia, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García ejecutaron más de 130 disparos con armas de fuego. Son ellos los imputados en el juicio que aún no tiene fecha.

El territorio en disputa son dos parcelas de entre 11 y 15 hectáreas que hoy pertenecen al Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 30 kilómetros de Bariloche. Siguiendo su cosmovisión, la comunidad entiende que en esas tierras debía levantarse el rewe donde las autoridades espirituales como machi se comunican con la naturaleza. Pero las autoridades de Parques Nacionales entendieron que la comunidad estaba usurpando sus tierras. Así lo denunciaron ante la Justicia y dos días después de la orden de desalojo, Rafael Nahuel fue asesinado en la montaña en medio de una cacería. 

Una bala y ¿dos ejecutores del disparo? 

El proyectil que mató a Rafael Domingo Nahuel Salvo, de 22 años, ingresó por el glúteo y se alojó en la axila derecha. A su paso, rompió el hueso ilíaco izquierdo, el intestino delgado, el hígado y el pulmón derecho, lo que terminó causándole la muerte por una hemorragia interna. 

Ese día, los efectivos, además, hirieron a otros dos integrantes de la comunidad: Gonzalo Coña recibió un disparo en el antebrazo izquierdo y Joana Colhuan, otro, en el hombro izquierdo. Ambos, milagrosamente, sobrevivieron al ataque.

La bala que mató a Rafael Nahuel es calibre 9 milímetros y fue disparada por una pistola Pietro Berett. Al día de hoy, luego de tres pericias balísticas, no se sabe quién disparó el arma. 

María Nahuel, tía de Rafael.

El abogado Mariano Przybylski representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en este juicio desde marzo de 2021. Actual director de Políticas contra la Violencia Institucional en la Secretaría, en diálogo con Perycia Przybylski explicó el insólito peregrinaje de la bala extraída del cuerpo de Nahuel para ser peritada. 

Primero pasó por una oficina que depende del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro «con peritos de parte, muy independiente y preservada» —remarcó Przybylski—, donde fue comparada con las armas que portaban los cinco integrantes del grupo Albatros. «En esa pericia se determinó que el proyectil salió del fusil de (Francisco Javier) Pintos, que entonces fue imputado como el autor directo del homicidio, procesado y detenido con prisión preventiva», contó el abogado.

En junio de 2019, Pintos, suboficial de la Prefectura Naval Argentina, de 31 años, nacido en Formosa, fue detenido en la provincia de Buenos Aires acusado de ser el autor del homicidio agravado de Rafael Nahuel. Pero a menos de dos meses de esa resolución, la Cámara Federal de General Roca ordenó su liberación por falta de mérito.

¿Por qué? 

El defensor de Pintos es Marcelo Hugo Rocchetti, ex jefe del gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal. Como estrategia defensista Rocchetti planteó que el día del asesinato de Rafael Nahuel, Pintos había dejado su arma en un camión de Prefectura, al pie de la montaña. Para demostrarlo, pidió al entonces juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, hacer una nueva pericia balística. 

23 de noviembre de 2017, Bariloche

«La particularidad es que esta segunda pericia, el juez se la hace hacer a Gendarmería,  sin control de las querellas. Es decir, no había perito de parte, solamente se hace con prefectos y gendarmes en Buenos Aires, en un momento en que (la entonces ministra de Seguridad) Patricia Bullrich salía claramente con una posición de defensa de los prefectos», recuerda Przybylski.

«Esa pericia contradice a la primera y dice que la munición que se encontró en el cuerpo de Rafael Nahuel no salió del fusil de Pintos, pero no determina de dónde salió» porque no se contrastó con las armas de los otros cuatro imputados. 

«Eso es un problema porque una duda es como un pasaporte a la impunidad. En una causa donde no había dudas, porque ya había un informe pericial que daba certezas y que se termina embarrando con una segunda pericia que no se tenía que haber ordenado y que además se hace en condiciones muy sospechosas de control», enfatizó el abogado.

El tercer peritaje 

Con Pintos en libertad y para intentar resolver la contradicción, se ordenó una tercera pericia balística que fue realizada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Salta, cumpliendo con el control de partes y peritos. En ese procedimiento la bala fue contrastada con las armas de todos los prefectos que participaron del operativo. Esta vez el resultado fue que el proyectil salió de la pistola de otro efectivo: Sergio Guillermo Cavia

«Eso es bastante inexplicable porque el cotejo balístico no es una prueba que sea interpretable. Es algo científico y tiene grados de certezas. Así como la primera dijo fue del arma de Pintos y no había necesidad de repetir, que la tercera haya dado otra persona y otro arma distintas da la pauta de que algo pasó en el medio», insiste Przybylski. 

Desde la Secretaría sospechan de “alguna irregularidad” durante la pericia en Gendarmería porque allí se  manipularon las armas y el proyectil sin ningún control. 

Así se llega a juicio.

Piti Huala y Graciela Salvo (mamá de Rafael)

Tiraron para matar

En la elevación a juicio, la jueza Silvina Domínguez —la misma que los primeros días de octubre de 2022 ordenó un nuevo desalojo en Villa Mascardi— termina tomando como válida la pericia balística realizada en Salta. Es por eso que el suboficial de la Prefectura Sergio Guillermo Cavia, nacido el 17 de abril de 1991 en Posadas, Misiones, llega al juicio —aunque en libertad— imputado como “autor del homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa”. Los otros cuatro prefectos fueron señalados por la jueza no como autores sino como partícipes “necesarios”.

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos considera que no importa quién fue el autor del disparo que mató a Rafael Nahuel porque los cinco acusados usaron sus armas. «De hecho, no asesinaron a dos personas más de casualidad y dispararon todos con munición letal», asevera Przybylski. El abogado le adelantó a Perycia que, independientemente de dónde haya salido la bala, para esta querella los cinco acusados deben ser considerados coautores de homicidio calificado.

La cacería 

Sebastián Feudal es el abogado que representa a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Bariloche, también querellante en esta causa. En diálogo con Perycia, Feudal sostuvo que en el juicio intentarán demostrar que se trata de un homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. «Estamos convencidos de que no hubo un enfrentamiento, que hubo una persecución de las fuerzas de seguridad a integrantes de la comunidad», enfatizó. 

La aclaración hace referencia a que, en una primera instancia, el juez Moldes había imputado a Pintos por “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”, dando lugar a la hipótesis defensista que indicaba que el 25 de noviembre de 2017 ocurrió un enfrentamiento armado entre integrantes de la comunidad y los efectivos de seguridad. Esa decisión fue corregida por la Cámara Federal de General Roca, que calificó al hecho como un caso de violencia institucional.

En relación a la inconsistencia de las pericias balísticas, Feudal sostuvo que «todo eso se va a dirimir en el juicio», al igual que el grado de responsabilidad que le cabe a cada imputado. «Nosotros —en alusión al organismo de derechos humanos— nos presentamos al año del hecho porque la investigación era deficiente y las víctimas necesitaban apoyo», explicó. 

Los padres de Rafael Nahuel, Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, también se constituyeron como querellantes y son representados en la causa por el abogado particular Manuel Segundo Mansilla

«Es un caso emblemático de violencia institucional, de cómo no se tienen que resolver las cosas», describió Przybylski, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos. Y agrega que en el contexto actual, donde se observa «mucha pretensión de meter bala» por parte de algunos sectores, «sería muy importante que el tribunal ponga fecha rápido de juicio, que podamos tener un juicio oral y que podamos tener una condena para mostrar una firme posición del Estado argentino, de todo el Poder Judicial y con la querella del Poder Ejecutivo, de que esta no es la forma de solucionar los conflictos».

EL OTRO DESALOJO Y UN JUICIO POR USURPACIÓN QUE SÍ TIENE FECHA DE INICIO

El 4 de octubre pasado, un Comando Unificado de la Policía Federal, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina, desplegó un nuevo operativo de desalojo con más de 200 efectivos en Villa Mascardi. En cabeza del ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, el objetivo era cazar a integrantes del lof Lankel Wincul Mapu que seguían habitando una parcela, de las 710 mil hectáreas que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi. La orden de desalojo la dio Silvina Domínguez, la misma jueza que hace un año atrás elevó la causa para que el tribunal federal de General Roca programe el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel.

Durante el operativo, siete mujeres integrantes de la comunidad fueron detenidas. Y cuatro de ellas —Andrea Despo, Luciana Jaramillo, Florencia Melo y Débora Vera— fueron trasladadas desde Bariloche a la Unidad IV del penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. El hecho y el trato que recibieron las mujeres y sus hijos, denunciados públicamente como una clara violación a los derechos humanos, fue un parteaguas en el gobierno nacional. Mientras
Aníbal Fernández tuiteaba que «no ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño», la entonces ministra de las Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, presentaba su renuncia al cargo.

El referente de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, Eduardo Soares, que patrocina en este juicio a Luciana Jaramillo y defiende en causas anteriores a otros integrantes de la comunidad, sostiene que este último operativo persiguió el objetivo de «embarrar la cancha» ante el inminente juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Y también en relación a la causa por la primera usurpación del predio de Parques Nacionales, que tiene fecha de inicio el próximo 12 de diciembre.

Przybylski, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, disiente con Soares. Considera que el último desalojo no perjudica el desarrollo de los otros juicios y no encuentra similitudes entre el operativo de 2017 y el de 2022. “La diferencia principal, subraya, es que este último se realizó con la decisión política de que no se hiciera uso de armas letales como la que mató a Rafael Nahuel”.

*La foto de la portada de esta nota fue tomada el 23 de noviembre de 2017 a la tarde. Esa madrugada se realizó el primer desalojo violento en la comunidad. Las mujeres fueron detenidas y llevadas a la comisaría de la policía federal en la ciudad de Bariloche, con sus niños y niñas desde temprano.Yo estuve durante toda la mañana, hasta pasado el mediodía y cuando nos avisaron que las iban a liberar, alrededor de las 18, volvimos.Y allí estaba Rafa: había ido a acompañar la liberación de sus lamgen, tenía en sus brazos al pichi de una de las mujeres detenidas. Hice la foto y no sabía quién era él. Esa madrugada Rafa se fue al campo porque se rumoreaba que los Albatros estaban por entrar y desalojar a los hombres que estaban en el territorio.La imagen de Rafa la encontramos tres o cuatro días despues de su asesinato, estaba en el crudo de mi material.

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