A ocho años de que la Justicia comprobara que después de estar casi seis años desaparecido Luciano Arruga había sido enterrado como NN después de una autopsia que le estimó entre 25 y 30 años cuando tenía 16, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) firmaron un convenio para la construcción de una base de datos forense con fines identificatorios.
«El objetivo es reunir y sistematizar la información de las causas judiciales iniciadas desde 1980 hasta la actualidad en las que se tramitó la inhumación de personas sin identidad conocida para ser comparada con la que surja de las causas por personas desaparecidas», explicaron desde el EAAF. A partir del convenio firmado, JUFEJUS impulsará la celebración de acuerdos específicos con cada Corte o Superior Tribunal provincial.
Como la de Luciano Arruga, Daniel Solano, Yamila Cuello o María Cash entre tantas, son muchas las historias de familias que buscan. Adriana Meyer las reconstruye en Desaparecer en democracia (Marea, 2021) y nos permite replicar aquellas que muestran el impacto de la ausencia de una política de Estado que este convenio comienza a delinear.
FRAGMENTOS DE DESAPARECER EN DEMOCRACIA, CUATRO DÉCADAS DE DESAPARICIONES FORZADAS EN ARGENTINA (Marea, 2021)
Entrevista a Leticia Risco, ex titular del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas)
«Las policías no están preparadas para actuar. Empezamos a armar un sistema federal de comunicaciones policiales en 2015, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), así cada policía provincial transmite sus casos de personas desaparecidas en tiempo real. Antes, por ejemplo, la policía de Tucumán te mandaba un caso de trata por correo postal, te llegaba un mes después. Eso no podía seguir pasando. En 2014 nos convocaron en la mesa del caso de Luciano Arruga. Planteamos un trabajo que venía haciendo la Dirección de Derechos Humanos con los casos de lesa humanidad, que era cotejar los listados de detenidos desaparecidos durante la dictadura con todos los cadáveres N.N. encontrados durante ese período. Así se logró encontrar a Luciano, ampliando ese cotejo hasta la actualidad. No existía un registro de las personas N.N. Empezamos a trabajar con el EAAF con personas desaparecidas en democracia. Empezamos a cruzar información con otros organismos, y nos dimos cuenta que a veces buscábamos a alguien que el propio Estado ya tenía registrado, incluso en la misma jurisdicción. En la causa por Jorge Julio López lo buscamos en el cementerio de La Plata, digitalizamos todas las fichas de los N.N. Hay que seguir haciendo lo mismo en todo el país. Pudimos dar respuesta a unos 500 casos de personas que estaban siendo buscadas. Tenemos que buscar a López y a todos los demás desaparecidos».
Entrevista a Natalia D’Alessandro, ex secretaria de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación
«Lo que falta es tomar al Estado en una concepción integral. La independencia del Poder Judicial no puede bloquear el esclarecimiento de una desaparición forzada. La frustración en la búsqueda de personas claramente tiene que ver con la ausencia de un protocolo establecido por ley, el EAAF viene insistiendo hace tiempo con esto. Esa ley determinaría el accionar de todos, la Justicia, la policía, los funcionarios y los demás actores. Pero también hay que pensar a quién vamos a hacer responsable del uso de la herramienta. Una mala formación en Derecho es pensar que si el Poder Ejecutivo le propone al Judicial la conformación de una mesa de trabajo se trata de una injerencia en otro poder del Estado. El policía que lleva el oficio y el juez que lo firma son como primos, es una cuestión corporativa muy fuerte. Los policías imputados por violencia institucional son sobreseídos a los dos días, no hay mecanismo de impunidad tan aceitado como ese. Tenemos jueces denunciados en el Consejo de la Magistratura, pero si al poder político no le importa un juez que protege sistemáticamente a policías nunca vamos a avanzar».
La imposibilidad de cruzar datos genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas
Araceli Linares, Comodoro Rivadavia, Chubut. Araceli nació el 5 de junio de 1973, pero en su documento figura con el nombre del sexo asignado al nacer. Era travesti, no le importaron nunca las burlas por su identidad de género, y a finales de los 90 trabajaba en la zona roja del centro de Comodoro Rivadavia. Fue vista por última vez el 9 de febrero de 1998 por una compañera de esquina —paraba en las calles Francia, Urquiza, Ameghino y Rivadavia— mientras subía a un Ford Taunus blanco. “Debe andar de joda por ahí, van a ver que vuelve”, dijo la policía de Chubut —repitiendo su libreto habitual a pesar de que el padre de Araceli es miembro retirado de esa fuerza— para negarse a tomar la denuncia por su desaparición. Dos días tuvo que esperar Miguel Linares para que uno de sus colegas agarrara la máquina de escribir y tomara una “exposición” de los hechos, ni siquiera una denuncia formal. El 8 de febrero de 1998 Araceli había salido de su casa del barrio Jorge Newbery y por alguna razón no se llevó sus documentos de identidad. Según sus compañeras “se la tragó la tierra”, nadie sabía nada. A la hora de reconstruir el hecho se aclaró que Araceli no tenía pareja estable y que siempre avisaba por teléfono si ese día no volvía a casa. “Carlota” Varela y otras travestis compañeras de Linares, dieron sus testimonios ante la policía. El miércoles 18 de febrero veinte travestis se movilizaron en la plaza Alsina bajo la consigna “acá está en juego la vida de nosotras, la Justicia nos da una sola respuesta: como nosotras trabajamos en la calle, nos las tenemos que aguantar porque sabemos los riesgos que ello implica”, según dijeron ante Diario Patagónico aquella vez. Un peluquero amigo de Araceli declaró que había consultado a una vidente que le había asegurado que el cuerpo de la joven había sido arrojado en tres partes distintas de la ciudad, y así fue que el comisario Hugo Herrera y sus subordinados recorrieron los sitios señalados, pero la travesti no apareció. No era la primera vez que videntes aportarían datos que marcaban el ritmo de las investigaciones, ya había sucedido en la causa por la desaparición de Mónica Acuña y volvería a pasar en otras. La última noche que estuvo en su casa, Araceli le dijo a su familia que volvería temprano, quizá porque no pensaba trabajar, pero que ellos se arreglaran con la comida. Estaba especialmente contenta porque su madre la estaba pasando bien en Chile, adonde se había ido de vacaciones junto a otra hija. Ella había preferido quedarse. Circularon varias versiones sobre su destino, y sus compañeras fueron amenazadas. “Déjense de joder con la búsqueda de Araceli”, les gritó un hombre canoso que manejaba un Ford Galaxy gris, y agregó que la desaparecida se hallaba en un barco extranjero, “de fiesta” con la tripulación que pescaba a 200 millas mar adentro. El 3 de junio de 1998 la policía encontró restos óseos en inmediaciones de la batería 2253 de YPF, próxima a la Radio Estación y al parque eólico. Un grupo de supervisores petroleros había hallado una caja beige que contenía un cráneo y otros huesos. La policía comenzó a recorrer el lugar y encontró unos zapatos tipo suecos con una hebilla muy particular, de tacos altos y gruesos, y una campera de cuero. Supieron que las prendas eran de Araceli porque un amigo suyo y su modista las reconocieron. En tanto, el cuerpo médico forense determinó que los restos no pertenecían todos a una misma persona, que databan de uno o dos años, y que podrían ser de un hombre o una mujer. Sin embargo, la familia de Araceli Linares nunca pudo someter esa prueba a un estudio de ADN porque el 29 de octubre de 1999 la morgue judicial incineró todos los restos óseos por “razones de bioseguridad” y por la “emanación de olores y gases tóxicos”. La orden fue firmada por el juez Jorge Carlos Pellegrini, la funcionaria fiscal Stella Maris Prada y los forenses Juan Wegors y Calixto González.
Diego Duarte, José León Suárez, Buenos Aires. Si no vuelvo, ¿lo contarás en mi nombre? Alicia no se rinde. Es medio hermana de los mellizos Federico y Diego Duarte, que el domingo 15 de marzo de 2004 a la madrugada escaparon de la Policía Bonaerense escalando las montañas de basura del predio de la Ceamse, en José León Suárez. Estaban ahí ese día y a esa hora porque los camiones traían desechos de mayor valor, pero cuando fueron alumbrados con el rayo de la linterna salieron corriendo a esconderse. Es que en Formosa —de donde vinieron cuando murieron sus padres— la cana no era tan brava, al menos no como en el conurbano. El hostigamiento era parte de las vivencias del barrio Costa Esperanza, con golpes y ejecuciones. La policía controlaba el horario de cirujeo: a las 17 abrían las puertas, a las 18 las cerraban, y ellos se quedaban con lo que cada uno había juntado. En la estampida de gente algunos pedían un minuto más para ver si podían encontrar un televisor funcionando o comida aún envasada y sin vencer. Los mellizos Duarte iban a empezar las clases al día siguiente, pero a Federico le faltaba un par de zapatillas. “Vamos a metalear así mañana lo vendemos y vamos a la escuela a la tarde los dos con zapatillas”, había propuesto Diego. Era pasada la una. Había dos policías de turno, Hugo Campesi y Gustavo Alcaraz, que los vieron y los persiguieron. Los chicos se escondieron debajo de bolsas y cartones. Federico escuchó que uno de los oficiales indicó a un camionero que descargara los residuos justo donde estaba Diego, acaso para hacerlo salir de su escondite. El pibe, de 15 años, desapareció bajo la montaña de basura.
A fines de 2009, se encontró entre la quema un cráneo humano que, según Alicia, fue analizado por un equipo de antropólogos forenses. Desde el EAAF dijeron que no habían tomado el caso. El ADN del padre de Diego pudo ser rastreado luego de una larga búsqueda en un pueblito de Formosa, pero no hubo coincidencia. “Federico pudo salir, Diego no. Dicen que Federico quedó shockeado por el recuerdo de ese alud de basura. Alicia le cree a Federico, que recién pudo contar lo que vio cerca de un mes después del episodio”. El hermano de Diego reconoció a los policías, pero es el único testigo en la causa. “Mi hermano es un desaparecido más en democracia. La Justicia y el Estado me deben una respuesta. Queremos que cambien el fiscal que nunca hizo nada. Hasta hoy no sabemos de quién es ese cráneo. Hicieron un cotejo de ADN y yo tenía que trasladarme a Formosa para buscar el resultado, porque la Justicia de Buenos Aires no se hizo cargo”, dijo Alicia en 2020. Alberto Palacios, abogado de la familia, explicó que siempre plantearon la necesidad “de citar a declaración de indagatoria a los dos policías que custodiaban el basural la madrugada que Diego desapareció y a un operario de la empresa que regenteaba la acumulación de la basura en ese lugar por el delito de homicidio, pero no nos hicieron lugar y decidieron archivar la causa. El año pasado tuvimos una reunión con la gente de la Procuración Bonaerense y el Ministerio de Justicia de la Provincia. Les explicamos que queremos una revisión de la causa por Diego Miguel Duarte González. Son 16 años de impunidad, la familia merece justicia porque Diego todavía no apareció y la responsabilidad es totalmente institucional”.
Casos de identificación de desaparecidos por parte del EAAF
Andrés Núñez. “Ya me tiene seco y va terminar cagándome la carrera”, dijo el juez Vara en marzo de 1994 durante un asado en la brigada, luego de haber increpado a los policías por no tener coraje para “eliminar” a la abogada Tempera. La letrada lo denunció en abril de 1995, y un mes más tarde Vara se inhibió. La causa pasó a manos del juez Ricardo Szelagowski, quien aún no había terminado de leer los cuerpos del expediente cuando el 8 de agosto de ese año apareció el sargento primero José Daniel Ramos en el juzgado, acompañado por la abogada a la que Vara quería quitar del medio. Ramos declaró qué habían hecho con el cuerpo de Andrés y apuntó hacia el campo El Roble. Así, el 10 de agosto de 1995 partió hacia el terreno ubicado en General Belgrano, a 110 kilómetros de La Plata, una comitiva integrada por el juez, el “arrepentido” Ramos y miembros del EAAF. Dentro de un deteriorado tanque australiano encontraron restos de carbón y combustión. Al excavar aparecieron restos óseos y retazos de una mochila, junto a jirones de prendas de vestir y calzado. Omar Núñez, hermano de Andrés, los reconoció: eran del Gallego.
“Hubo semiplena prueba de que era Núñez porque ese día estaba presente Omar, su hermano, y cuando sacaron los restos del tanque reconoció la cajita de metal que llevaba Andrés con parche y solución por si pinchaba la bicicleta”, explica Mirna Gómez, su esposa. El peritaje del EAAF concluyó que Núñez fue cremado allí donde lo enterraron, por la presencia de capas de tierra quemada, carbón vegetal, cenizas, restos óseos humanos tiznados, calcinados e incinerados. También, que el cuerpo estaba desnudo y que las prendas fueron colocadas debajo de Andrés, lo que explicaba su buena conservación. Las muestras de ADN obtenidas se compararon con la sangre de la hija de Andrés y Mirna y con la de Omar Núñez. El porcentaje de certeza era de 91,99%. “Fue muy fuerte el hallazgo, se sintió como un alivio, dentro de tanta oscuridad, saber dónde está, tener un lugar en el cementerio. Habían pasado cinco años”, dice Matías, el hijo de Mirna. (…)
La familia tuvo que esperar 15 años para que les devolvieran los restos y poder enterrarlos. Mientras tanto estuvieron en doce sobres en el juzgado, que le decía a la familia que procuraran una urna. Maltrato elevado a la enésima potencia.
Los desaparecidos de La Tablada: Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, José Díaz e Iván Ruiz. En 2009 intervino el EAAF con la hipótesis de que el cuerpo de Francisco «Pancho» Provenzano había sido mal identificado por su familia. Luego de hacer un análisis de todos los cuerpos que todavía estaban sin reconocer, los expertos llegaron a la conclusión antropológica y genética de que había militantes de los cuales no había ningún rastro. En 2013 ese Equipo identificó los cuerpos de Roberto Sánchez, Carlos Burgos, Roberto Vital Gaguine, Juan Manuel Murúa y José Mendoza, y se estaba en proceso de certificar la identidad de un sexto combatiente. “Habían sido enterrados como N.N. en el cementerio de la Chacarita y no se había permitido exhumarlos hasta 1997, después del informe de la CIDH”. Sus familiares habían tenido que esperar más de seis meses para inhumar los cuerpos y los restos rescatados luego del combate, que permanecieron en la morgue judicial.
Había amanecido algo nublado el 2 de junio de 2013. “Veinticuatro años más tarde de la desaparición de Roberto e Iván en el copamiento de La Tablada durante el gobierno democrático de Alfonsín me entregaron los restos de mi hermano, pero sigo buscando a mi hijo”, se escucha a Aurora Sánchez en la película sobre su familia de revolucionarios Los Indalos. Ese día había ido junto a otros familiares, amigos y compañeros de militancia a Plaza de Mayo para dejar en la tierra debajo de un pino las cenizas del Che Gordo, como le decían a Roberto Sánchez. “No han muerto, siguen vivos”, dijo ella levantando en alto una botella de ron traída especialmente de Nicaragua para despedirlo. Mientras la bebida añejada circulaba entre quienes quisieran un trago, hablaron otras mujeres. “Compañeros caídos en La Tablada, presentes, ahora y siempre”, gritaron todos juntos.En cambio, Irene Provenzano y los familiares de Samojedny, Díaz y Ruiz no tienen adonde llevar una flor.
