“Desde el cielo te voy a alentar”, se lee en la tela donde caminan de espaldas, con sus camisetas y botines.
Lucho tenía 16 años, amaba jugar al fútbol y a la play, escuchar música, cantar, hacer reír a todxs, cuidar a su familia y divertirse con sus amigxs. Hacía unos meses una leucemia se había llevado a su mejor amigo, Benja, compañero de cancha. Una bandera de Once Unidos, el club donde jugaban a la pelota, los devuelve juntos en cada partido, marcha en conmemoración.
“Cuando lo fusilaron a Luchito, nos fusilaron a todos”.
Desde hace un año, cada día 10 se volvió un doloroso y furioso encuentro antirrepresivo en la plaza central de Miramar. Judith, Marce, Cintia, la Pocha, Nano, Valen, Tomy, -mamá, tíxs, abuela, hermana, primo, amigo del alma- y un montón de amigxs, allegadxs y vecinxs de la ciudad nos reunimos a recordar a Lucho. Y a largar la bronca, llorar, expresar ideas, recuerdos y a pedir justicia, aunque la idea de lo que la justicia puede ser y hacer en estos casos se vuelve siempre difusa: “Cuando lo fusilaron a Luchito, nos fusilaron a todos”, dijo al micrófono abierto hace unos meses la Pocha, abuela predilecta de Luciano, en uno de los actos organizados para pedir justicia.
“¿Viste la alegría del hogar, la plantita? Bueno, eso era él para esta casa, era nuestro sol, siempre haciendo bromas, dando abrazos, preocupándose por el bienestar de todos, muy dulce y compañero”. Pocha intenta sobreponerse al dolor hace 12 meses a fuerza de fe, de atesorar los recuerdos más lindos con su nieto y de charlas semanales con una terapeuta.
Gorra mata visera: La madrugada del 10 de diciembre de 2021
En la noche del viernes 10 de diciembre del año pasado, Luciano estaba con amigxs en el anfiteatro Lolita Torres, en la plaza del centro miramarense, compartiendo luego de un día de fútbol. Cerca de las 2 de la mañana se fue de la plaza con un grupo de lxs pibes en camino de regreso a casa, todos estaban a pie menos él, que andaba en la moto del compañero de la madre, flojo de papeles, como le dicen. Al estar en moto, se adelantó a sus compañeros cuando empezó a ser perseguido por un móvil policial y se asustó.
La versión más verosímil de los hechos apunta a su miedo a que le saquen el vehículo por encontrarse transitando sin papeles. El hecho concreto es que luego de que el móvil lograra interceptar a Lucho en la esquina de Av. 9 y 32, y a una distancia menor de 18 metros, uno de los policías que iba en la patrulla, Maximiliano González, de 25 años, disparó a quemarropa en el pecho de Luciano y lo mató. Todas las versiones ofrecidas en las declaratorias judiciales por lxs policías implicadxs son distintas. El oficial que disparó se sigue negando a declarar.
Judith contó que fueron los amigos de Lucho quienes divisaron un vallado policial en la calle cuando pasaron cerca de ahí, y al ver la moto en el lugar dieron aviso a la familia, que se hizo presente inmediatamente. “La situación fue muy confusa, parece que ya habían corrido el cuerpo de Luciano y la moto, lo tenían cubierto en el piso y cuando llegué lo primero que me dijeron fue que Lucho había sufrido un accidente. Eso creí hasta que por una manchita de sangre en su remera descubrí debajo el tiro en el pecho”. Lucho ya estaba sin vida, la madre recuerda el momento como caótico, familiares y amigxs que se habían acercado arremetieron contra lxs oficiales que no les dejaban acercarse al cuerpo y fueron reprimidxs in situ con balas de goma.
A la mañana siguiente aún podían verse las decenas de cartuchos en el suelo, las manchas de sangre y restos de patrullero. Ese mismo día hubo pueblada en Miramar, cuyas fuerzas de seguridad tienen un macabro prontuario de larga data, para el que basta mencionar el caso de Natalia Melmann, la niña de 15 años violada, torturada y asesinada por cinco policías de la ciudad en la temporada de verano del 2001.
El mismo 10 de diciembre del año pasado, a horas del asesinato de Lucho, espontáneamente se produjo una movilización y ocurrieron enfrentamientos entre ciudadanxs y efectivos de la policía en las inmediaciones de la Comisaria 1°, ubicada en la calle 23, entre 24 y 22. La pregunta ¿Quién nos cuida de la policía? empezó a circular con fuerza.
Soraya, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en entrevista con SADO, cuenta que “con respecto a la Costa Atlántica existe la particularidad de la “maldita bonaerense”, teniendo una gran presencia en el territorio y constituyéndose como líder en razzias, amedrentamientos y casos de gatillo fácil. En localidades como Miramar, la bonaerense traslada desde otras localidades a algunos de sus efectivos ya denunciados por irregularidades o exceso de la fuerza, con el objetivo de evitar desafectarlos y continuar impunemente con su accionar. Esta estrategia, sumada al Operativo Sol y la multiplicidad de fuerzas presentes en el territorio, no hacen más que empeorar la situación en materia represiva”.
“Literalmente está en mi cabeza todo el tiempo”
Quinteros acompaña a la familia desde aquel día. Por eso habla con elocuencia del camino hasta aquí: “La identidad que tomó la lucha en busca de justicia por Luciano tiene como estandarte a sus amigxs con música, bombos y cánticos de cancha invocándolo. Su hermana Valentina con una sonrisa que desborda ternura y una templanza desmesurada al lado de su mamá todo el tiempo. Su tía y prima cantándole cuanto lo extrañan cada día. Su tío, que anda con la víscera de Lu puesta y dice “literalmente está en mi cabeza todo el tiempo”. Se percibe un amor que trasciende la impunidad contra la que se lucha día a día.”
“Nada me importa ya, no duermo, no sé quién soy, para qué vivo, ni siquiera en sueños puedo verlo a mi hijo”. A Judith Aristegui, mamá de Luciano, le tiemblan las manos y los labios mientras habla, su mirada se llena de un dolor insondable. Madre muy joven teniendo que buscar donde no encuentra la motivación para seguir día a día. Valentina, su hija de 9 años, le recuerda la ausencia de Lucho, ver madres con sus hijxs le provoca indignación, ver y pensar en la policía la conecta con el odio, la vida le da asco. Cada mañana se levanta a trabajar casi por inercia “porque Valen tiene que comer”. Hay un no entender, un justo negarse a aceptar. Conocer e intercambiar experiencias con otras familias víctimas de gatillo fácil solo le hace corroborar que este dolor y sinsentido vinieron a su vida para quedarse.
Los momentos de lucha, hablar de Luciano, verlo en fotos… solo son paliativos efímeros para una experiencia de dolor, nervios y tormento indescriptibles. “Lucho era un niño, él y Valen eran todo para mí, esto ya no es vida”, nos dice repetidas veces. Encontrarse con la familia de Luciano es corroborar que cuando la policía gatilla a un pibe no solo lo mata y le roba los sueños a él. Cada caso de gatillo fácil, cada nueve milímetros reglamentaria cargada, desenfundada y disparada sobre el cuerpo de un pibe, genera un efecto dominó de calvario para toda una familia y, en algunos casos como el de Lucho, para toda una comunidad. Era un pibe muy querido, es impactante ver la cantidad de familiares, amigas, amigos y conocidxs que acompañan la lucha y lo lloran en cada jornada para hacerlo presente.
Los efectos del gatillo fácil no se agotan en la muerte de los pibes, ya terrible, indignante e injusta. Sus alcances recorren la vida cotidiana de muchas personas, incluso la de la familia de los asesinos y los cómplices, parejxs, madres, padres, hijxs inocentes que tienen que cargar con el peso de los escraches y el estigma de la maldita policía, teniendo en muchas ocasiones que mudarse de ciudad, cambiar de trabajo y escuela.
La investigación, las imputaciones y los juicios por venir
Homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad y mediante el empleo de arma de fuego. Esa es la carátula de la causa. Maximiliano González está acusado de homicidio, y lxs sargentxs Kevin Guerricagoitia y Rocío Mastrángelo y el oficial inspector Nelson Albornoz que se encontraban en el móvil en el momento del hecho, será juzgados por encubrimiento y falso testimonio.
Lxs tres serán llevados a juicio, tras la elevación de la causa el pasado 17 de noviembre por el titular del Juzgado de Garantías n° 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini. Con esta elevación, el juez hace lugar al requerimiento de la fiscal, Ana María Caro, presentado el octubre pasado tras la definitiva reconstrucción de los hechos.
Un quinto imputado es el agente Alejandro Cepeda, integrante del Comando de Patrullas e incluido en las imputaciones por haber participado en el ocultamiento del teléfono celular de González y haberle facilitado otro para intentar encubrir el crimen realizando llamadas irregulares en el mismo momento de los hechos.
La investigación de la fiscal Caro corrobora la versión de los hechos que ubica a González como el autor del disparo en una “acción intempestiva” que atentó “de forma sorpresiva contra la humanidad de Luciano”. González se encuentra privado de su libertad desde diciembre de 2021 en la Unidad 44 de Batán, al igual que Albornoz, para quien se espera una pronta liberación debida a la levedad de su carátula.
La fiscal pidió el procesamiento de una sexta policía interviniente el día de los hechos, pero el juez Bombini no dio lugar al requerimiento. La oficial María Estela Mendoza fue acusada por incumplimiento de deberes de funcionario público al haber demorado la denuncia del asesinato de Luciano. No obstante, el juez decidió su sobreseimiento por considerar inconsistente la acusación.
La mamá de Lucho, particular damnificada querellante de la causa, no aceptó la representación que se le ofreció desde la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires por no coincidir ni congeniar con la impronta de la abogada que según ella “quería torcer los hechos”. El abogado Gregorio Dalbón es el representante particular de la familia en el caso.
A los 9 meses se sumó el padre de Luciano como segundo querellante en la causa. Pero a los ojos de Judith y según relata, como nunca tuvo relación ni interés por la vida de Lucho se trata de una participación en busca de algún beneficio económico.
Dalbón, el abogado de la familia, afirmó que ahora ya dictaminada la elevación del juicio, y tras el pedido de González de contar con un jurado público, se sorteará el tribunal oral colegiado y se convocará a las partes para la exposición de testimonios y pruebas. Luego, se fijará la fecha para el inicio del debate.
Una institución criminal. Las cifras alarmantes de la violencia estatal en la Provincia de Buenos Aires
La represión estatal es un fenómeno estructural de larga data en nuestras sociedades. Antonio Gramsci fue un militante y escritor, fundador del partido comunista italiano, que desde la cárcel se refirió a las fuerzas de seguridad de los Estados como las instituciones encargadas del “ejercicio legal y legítimo de la violencia”.
CORREPI se autodefine como “una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a la implementación de políticas represivas del estado”. El objetivo de estas políticas es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas. Este accionar se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, que son así disciplinados en el respeto al orden y la autoridad”. El gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias, acompañadas por el “sobreseimiento fácil” judicial son sus principales herramientas.
Los datos arrojados por CORREPI son alarmantes. Sus informes van desde 1983, cuando se restablece el Estado democrático en nuestro país, hasta la última actualización en 2021. Entre estos años, el total de personas asesinadas por el Estado es de 8172, creciendo gradualmente la cantidad de casos año tras año.
En 2021 hay un total registrado de 417 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad, siendo la mayoría de los asesinatos perpetrados en el marco de situaciones carcelarias con protagonismo del servicio penitenciario, y luego en situaciones de detención arbitraria en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, con el accionar principal de la Policía Bonaerense. El rango etario del mayor porcentaje de víctimas va de los 15 a los 25 años, se concentra en la población joven y en situación de vulnerabilidad social.
Por su parte, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) es una organización que vincula los casos de violencia policial a las respuestas judiciales como mecanismo principal de actuación social frente al complejo problema estructural e institucional de la represión estatal. Según el CELS “salvo pocas excepciones, los gobiernos y las autoridades no consideran al uso de la fuerza policial como un problema relevante, lo que explica la ausencia de políticas de prevención de este tipo de violencia. La poca información oficial que se produce está dispersa y discontinua y es de muy difícil acceso. Este déficit de larga data obstruye la construcción de indicadores de desempeño policial desde una perspectiva de derechos humanos”.
Frente a estas carencias, el CELS realiza desde 1996 una base de datos que registra hechos de violencia letal y no letal en los que participaron funcionarixs de instituciones de seguridad”.
Según datos oficiales, la Policía Bonaerense concentra la mayor cantidad de hechos de violencia letal. En los últimos años la creación de policías locales profundizó esta tendencia. Al mismo tiempo, a fines de 2016, la puesta en funcionamiento de la Policía de la Ciudad, que recibió a gran parte del personal de la Policía Federal, hizo que las muertes que acumulaba la Policía Federal se repartieran entre dos fuerzas. Actualmente, las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) son responsables de alrededor de un tercio de las muertes registradas en Capital Federal y el Conurbano bonaerense.
