La concejala brasileña Carla Ayres, de 35 años, camina hacia el estrado en la cámara municipal de Florianópolis, en el Estado de Santa Catarina. Sostiene las hojas con los puntosque la funcionaria del Partido de los Trabajadores (PT) desea exponer ante el resto de los funcionarios.
El concejal bolsonarista Marquinhos da Silva, del Partido Social Cristiano (PSC), la ve venir desde su asiento.
Cuando Carla pasa a su lado, la agarra del brazo. La aprieta, suprime los intentos de la concejala por zafarse. Se para y la sostiene por detrás. Intenta besar su cuello, mientras se ríe.
La escena es captada por las cámaras que trasmiten en vivo la sesión. Marquinhos no deja de sonreír, como si supiera que lo están viendo.
La funcionaria escapa y continúa su camino. Es el 8 de diciembre de 2022. Faltan unas semanas para que el líder del Partido de los Trabajadores, Lula Da Silva, asuma su cuarto mandato, tras derrotar a Jair Bolsonaro en un reñido ballotage. Unos días más para que su gobierno resista a un intento de golpe de Estado. Pero ahora, Carla, mirando impávida al frente levanta sus papeles y lee. La sesión continúa.
El concejal cristiano sonríe, aunque esa mueca se ceñirá después, cuando se descubra en todos los canales de televisión brasileña y la Comisión de Ética del parlamento de Florianópolis comience una investigación por acoso sexual.
«Descubrimos que ya tenía otras denuncias similares en otros espacios públicos», contará luego Ayres a Perycia.
Golpe de Estado en Brasil
La ciudad de Florianópolis, capital del Estado de Santa Catarina, al sur del Brasil, es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos.
Según el medio local O globo, en los primeros días del año llegaron unos 76.000 turistas, 300% más si se tiene en cuenta que en 2022 en el mismo período fueron tan sólo 18.000.
Sin embargo, la paz del principal socio comercial de Argentina se vio alterada el 9 de enero cuando miles de personas tomaron de manera violenta y saquearon los edificios del Congreso brasileño, el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia en Brasilia.
El hecho se produjo una semana después de la asunción de Lula da Silva a la presidencia del país.
Los manifestantes bolsonaristas rechazaron los resultados de la elección y demandaron la intervención de las fuerzas militares. De hecho, hubo acampes en diferentes distritos frente a edificios de las fuerzas de seguridad, donde se le exigía a los uniformados que «actuaran en defensa de la democracia».
El intento de golpe de Estado terminó con casi 400 personas detenidas y la intervención federal en Brasilia, capital brasileña. El ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, fue arrestado también, señalado como uno de los impulsores de los disturbios desde Estados Unidos, donde se encontraba en aquel momento.
Florianópolis no estuvo exenta a la ofensiva ultraconservadora. Un conjunto de personas acampó varios días frente a edificios militares. No es casualidad: el distrito fue uno de los que más votó por Bolsonaro en las últimas elecciones.
De hecho, semanas antes del ataque al Congreso, Lula dio un acto en la ciudad donde confrontó al electorado. «Sé que no soy bien recibido acá», dijo el mandatario del PT. «Y es por eso mismo que quería venir. Para terminar con las rivalidades».
Por las principales playas de la ciudad, el presidente es sinónimo de «delincuente». Si alguien entra a alguno de los locales que contornan a Playa de los Ingleses, una de las más elegidas por los argentinos, y preguntan por algún obsequio con alguna referencia petista, es invitado a retirarse. «No queremos saber nada con él y su gente», dijo una comerciante a Perycia.
Pero el apoyo al líder brasileño también existe. Un día después del intento de sacarlo del poder, cientos de personas marcharon en repudio al «golpe facista».
La resistencia desde adentro
La puerta de entrada al despacho de la concejala Carla Ayres, en la Cámara Municipal de Florianópolis, está ploteada con los colores LGTB+. Es un jueves de enero y sobre el escritorio de la concejala, una de las más jóvenes en la historia de Florianópolis, hay una pila de papeles. Es el presupuesto de saneamiento hídrico de la ciudad que deben debatir. «La problemática ambiental es grande aquí», dice Carla.
«La especulación inmobiliaria está impactando en el cuidado del suelo y los desechos que llegan al mar». Por estos días, el distrito sufre una epidemia de escherichia coli que afectó a miles de turistas. Las autoridades están analizando si la bacteria proviene del mar. «Todavía hay un déficit en la construcción de un turismo sustentable como en Para Ti o Noronha. Es necesario que el Estado actúe pronto», vuelve Ayres.
A los 16 años, en 2004, comenzó su militancia en el PT desde los movimientos estudiantiles en San Pablo. Más tarde, en la universidad, donde se recibió de politóloga, comenzó su militancia férrea por los derechos humanos y movimientos feministas.
«La cuestión de género no era una prioridad del partido en aquel momento, pero nunca dejamos de empujar por la expansión de los derechos sobre los cuerpos de las mujeres», suma la concejala.
En 2012 llega a Florianópolis, donde su militancia férrea por los movimientos LGTB+ se fortalece.
«Ya veíamos a Bolsonaro como una amenaza de la identidad de género. Pocos recuerdan que en 2013 él fue vicepresidente de derechos humanos del Congreso. Desde entonces impulsó la peligrosidad de la «ideología de género» como una herramienta de llegada a los sectores más conservadores».
En 2016 Carla fue candidata a concejala. No quedó elegida, pero sí logró aceptación electoral positiva para un distrito que no está «acostumbrado a ver a una mujer lesbiana en puestos de decisión política».
Cuatro años después, en una nueva elección, fue finalmente elegida. Durante los tres años de su primer mandato, Carla experimentó cómo Florianópolis se convertía «en una laboratorio bolsonarista». «Él venía no para traer obras o inversiones, sino para agitar un discurso de odio y un recorte del Estado y las políticas públicas. Además de tejer relaciones con empresarios.Algo que hizo finalmente estos cuatro años».
En un mandando feminista, y con un fuerte compromiso con los trabajadores y trabajadoras, la concejala «confrontó varias veces» con políticos conservadores que veían en el ex mandatario la única alternativa brasileña.
Sobre el acoso sexual que sufrió por parte del concejal Marquinhos, Carla es determinante: «Quiso subyugar mi cuerpo porque no pudo confrontar mis ideas». Y agrega: «Muchos todavía no pueden conferir que una mujer lesbiana dispute espacios de poder».
La concejala descubrió luego que el concejal cristiano tenía denuncias similares en otros espacios públicos. Hay un documental que Ayres recomienda sobre lo que vivió en carne propia. «Género bajo ataque«, repasa la historia de cómo movimientos conservadores y religiosos operaron en toda la región para suprimir los derechos de las minorías sexuales y explotar diferentes narrativas de odio.
«Lo que hizo Marquinhos responde un poco a esos discursos. Porque si me lo hicieron a mí en medio de una Cámara de funcionarios públicos que estaba siendo televisada, ué le queda a las mujeres que caminan solas por la periferia de las favelas? ¿O las que salen a tomar algo a un bar?», señala Carla.
La ofensiva conservadora
Es lunes, un día después de los disturbios. Donde antes había un acampe de gente pidiendo intervención militar para terminar con un gobierno democrático, ahora hay cientos de militantes y personas que se acercaron para repudiar lo sucedido. Carla Ayres se sube a un estrado improvisado al aire libre y toma la palabra. «La elite brasileña todavía no puede aceptar que un trabajador y sindicalista dirija el país. Tampoco que una mujer de izquierda (en referencia a Dilma Rousseff) sea presidenta. Por eso debemos luchar y resistir a cualquier intento fascista por terminar con la democracia del pueblo brasileño».
La concejala explicará después que cuando señala a la «elite brasileña» no se refiere necesariamente a empresarios y oligopolios.
«Hablo sobre una herencia del proceso colonizador brasileño», puntualiza la politóloga. «Es muy peculiar. Existe una diferencia entre el proceso colonizador portugués y español, ambos genocidas y usurpadores de nuestra riqueza. Pero nuestro proceso de emancipación se hizo de una manera mucho más supervisada y negociada. Las herencias nunca fueron rotas. Hablo de la naturalización de esos procesos. Naturalizar que existe el racismo o que alguien tiene que servir al otro. Naturalizar la meritocracia. O que solo determinados cuerpos y color entre en determinados espacios de poder. Eso es la elite brasileña hoy», detalla.
La concejala petista apunta directamente al gobierno bolsonarista. Afirma que es necesario que él y sus ministros sean «juzgados por los crímenes que cometieron en los últimos cuatro años». Ahora mismo, diferentes legisladores están impulsando una «amnistía» para el expresidente y sus funcionarios. Incluso hay un proyecto de ley para que los manifestantes que ingresaron al Congreso no sean juzgados.
«Estamos ante un momento histórico. Tuvimos una dictadura militar cuyos gobernantes amnistieron a la mayoría de sus torturadores. No tuvimos un movimiento como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Nuestra reivindicación de la memoria fue limitada», cuenta Ayres.
«Es necesario que abra un proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad hacia atrás. No sólo sobre el gobierno bolsonarista, donde hubo muchos. Hay una responsabilidad estatal de la violencia pública histórica que debe ser penada», finaliza Carla.
