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Derechos sexuales y (no) reproductivos

Mapa del aborto en Latinoamérica

A través de investigaciones realizadas por periodistas y medios de la región, hacemos un repaso de la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles son los países donde es totalmente legal? ¿Dónde es ilegal y se persigue con penas de prisión? ¿Cuáles son las historias de las mujeres y disidencias en Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica que deciden abortar? 

Por: Anita Aliberti
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Hace poco menos de un mes que se cumplió el segundo aniversario de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, pero la situación no es equivalente en toda América Latina. Solo en otros cinco países hay políticas públicas (o legislación) que promuevan el respeto de este derecho de las mujeres: Colombia, Cuba, Uruguay, México y Chile. La enorme mayoría restante continúa criminalizando esta práctica. 

A continuación, te contamos la situación de la región y te recomendamos algunas investigaciones de medios periodísticos u organizaciones de cada país.  

Colombia fue el último en sumarse a la lista. En febrero del 2022, la Corte Constitucional votó a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación y dejó en firme las causales que existen ya desde 2006 para después de ese período: cuando existe malformación en el feto, cuando “la mujer” fue víctima de abuso sexual y cuando la vida de “la madre” corre peligro.  

Acá, el medio colombiano El Espectador resume las dificultades que tuvo que atravesar la discusión en la Corte. 

En el caso de México, el aborto es legal. Solo en Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta la semana 12 por voluntad libre de la mujer. Existen otras causales de aborto que se aplican de forma diferente en cada uno de los estados: la categoría imprudencial o culposo existe en 30 estados; por peligro de muerte existe en 25 estados, por alteraciones genéticas en 16; por grave daño a la salud en 14; por inseminación artificial no consentida en 13. Solamente en Yucatán y Michoacán es legal la interrupción de un embarazo por causas de pobreza extrema.

Cuba cuenta con una ley de aborto de 1936, pionera en toda América Latina. Considera que puede realizarse hasta la semana 12, si corre peligro la vida o la salud de la persona gestante, si es producto de una violación o si hay riesgo de que nazca un bebé que no sobreviva. Para los mismos casos (exceptuando la salud integral de la persona en riesgo, que en pocos casos es considerada) y el mismo período de tiempo, Uruguay despenalizó en 2012 el aborto, convirtiéndose en el primer país de la región con ley IVE. Chile lo aprobó en 2017, aunque en 2018 el presidente Piñera modificó a través de un decreto la cláusula de “objeción de conciencia”, para facilitar que las instituciones privadas puedan apelar a ese recurso. 

¿Cuál es la situación en Centroamérica?

En Honduras, en cambio, queda un largo camino por recorrer: el país cuenta con una de las restricciones más estrictas del mundo sobre los derechos reproductivos de las personas gestantes. Si bien en enero de 2022 asumió la presidencia la primera mujer -y autoproclamada feminista- en la historia del país, Xiomara Castro, las activistas todavía esperan que legalice el aborto, una de las promesas de campaña. Hasta el momento, solo ha cumplido parcialmente: en noviembre despenalizó el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia más conocida como la “píldora del día después”, aunque solo en casos de violación. Esta investigación de la BBC retrata la situación de inseguridad que significa para las mujeres y disidencias vivir en un país sin derechos reproductivos. 

Para las mujeres y activistas indígenas de Guatemala, la lucha no está en la penalización o no del aborto, sino en el trabajo en las comunidades con el acompañamiento de la interrupción del embarazo que, dentro de la cosmogonía indígena, se realiza en territorio Abya Yala-América desde tiempos ancestrales. En este país el aborto es un delito menor, con penas de 1 a 3 años para las personas que se lo practiquen, y con prisión de 3 a 8 años para quien se lo practique a alguien más, aunque con una curiosa condición: en caso de que la persona gestante sobreviva, la pena para quien lo practique es mayor a que si muere en el proceso.

El caso de El Salvador es paradigmático: una reforma del Código Penal que proponía ampliar los motivos de excepción a la penalización del aborto, que en ese entonces era un delito menor y excarcelable, terminó en un gran retroceso de los derechos de las personas gestantes. Desde 1997 que el aborto está prohibido en todos los casos, de hecho, las mujeres que sufren abortos espontáneos son sospechosas y a algunas se las procesa bajo el cargo de homicidio agravado, con una pena de hasta 30 años de cárcel

Aunque no siempre fue así: esta investigación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto resume las posibles causas políticas que llevaron a que la situación diera un vuelco. La ley salvadoreña permitía desde 1973 el aborto por los tres motivos típicos: peligro para la vida de la madre, violación o graves anomalías congénitas en el feto. Pero en 1997 se propuso una reforma del Código Penal que pretendía despenalizar también el aborto en casos de “grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada”. 

En cuanto el proyecto salió a la luz pública, la Conferencia Episcopal envió una carta a la presidenta de la Asamblea Legislativa en la que los obispos se justificaban diciendo que el concepto de «salud física o psíquica» de la madre era tan amplio que se prestaría a abusos. A partir de ese momento, la respuesta de los medios de comunicación fue mayoritaria “a favor de la vida”: hubo recolección de firmas en las puertas de las iglesias, declaraciones de médicos y juristas en la prensa y en la televisión, telegramas de particulares a los diputados. ¿El resultado? A finales de abril se votaron las reformas al Código Penal y ahora en El Salvador todo aborto es delito y toda mujer que pretenda decidir sobre su cuerpo será juzgada como criminal. 

Es el caso de Imelda Cortéz, que pasó casi dos años en la cárcel por abortar a los 19 en una letrina de su casa, en Jiquilisco. El sitio Reportar sin miedo publicó una entrevista en la que cuenta que su padrastro de 72 la violó desde que ella tenía 12 años. Que luego de ser hospitalizada por la hemorragia producto del aborto, la policía la capturó. «Lastimosamente desde que estuve en el hospital y comenté mi caso, la doctora me denunció porque dijo que no creía lo que le había dicho», le contó a la periodista Norma Ramírez en una entrevista. 

Enfrentando la posibilidad de 30 años en prisión, Imelda logró salir de prisión en 2018, con la ayuda de organizaciones feministas y decidió contar su historia públicamente para todas las niñas y mujeres que siguen siendo víctimas de violencia sexual. «Hasta esta fecha yo salgo a marchar, salgo a hacer plantones y lo hago, una porque no sé si el día de mañana voy a ser mamá, otra por mis amigas que yo dejé adentro y por luchar que ellas salgan porque son inocentes y no vale la pena que les pongan 30 años», dijo Imelda.

«Aborto terapéutico»

Salvo en Belice, en Paraguay, en El Salvador y en Bolivia, el aborto en Latinoamérica es un “delito menor”, con penas que en la mayoría de los casos van de 1 a 3 años para la persona gestante que lo practica, y mayores para las demás personas (personal médico o no médico) que intervienen en el proceso. En la mayoría de los casos también existen las causales de excepción, que casi siempre se repiten: en casos de violación, y en caso de que la persona gestante o el feto se encuentre en peligro. 

Guatemala y Perú son los únicos países de Latinoamérica que cuentan con la figura de “aborto terapéutico”, que establece que el aborto no se considerará ilegal en casos en los que se pone en riesgo la vida de “la madre”. Bolivia amplía estas causales para casos en los que la persona es estudiante o tiene personas a cargo, en caso de incesto, si se tratara de niñas o adolescentes. 

Los países más restrictivos

En República Dominicana, en cambio, el aborto es ilegal sin excepciones, y en Venezuela, se exceptúa solo si se lo realiza por riesgo de vida de “la mujer”. El Código Penal establece además un atenuante, “por causal de honor”, que prevé el caso en que la mujer quiera esconder por ejemplo un hijo extramatrimonial. Pero para que esto se aplique, es condición que “la mujer sea considerada honesta sexualmente, supuesto que no se aplicaría de haberse hecho públicas las relaciones sexuales o bien si ya tuviere hijos ilegítimos o si fuere conocidamente promiscua”. 

Estos datos fueron extraídos de una investigación de Chicas Poderosas, una organización integrada por periodistas de diversos países que busca promover el liderazgo femenino y la igualdad de género en los medios, y que publicó en agosto de 2018 -mientras en Argentina se debatía por primera vez la ley en el Congreso- un mapeo de la situación de cada país de Latinoamérica y el Caribe. Invitamos a leerla acá

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