A los 36 años Nora empezó una vida nueva. Salía en libertad después de estar seis años detenida y volvería a encontrarse con sus hijos. Con la libertad ambulatoria, se terminaban los recuentos, las rejas, las visitas con días y horarios establecidos, las requisas, los traslados. Ahora podría hacer cosas pequeñas como elegir qué comer y a qué hora y otras grandes como tomarse un colectivo y atravesar la ciudad. Con la libertad terminaban muchos problemas. Pero también tenía que conseguir un trabajo y conciliar los tiempos que lleva con los de la crianza y las tareas del hogar. “Recuperar la libertad fue enorme, fue durísimo”, dice.
“No tenía experiencia laboral -cuenta Nora- la poca experiencia que tenía había sido dentro de la unidad”. Como una enorme porción de las mujeres detenidas en cárceles bonaerenses (44%), Nora había estado detenida en el sistema penitenciario de la provincia por su participación en el microtráfico de drogas.
Empecemos por el principio: en Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, la población carcelaria crece ininterrumpidamente. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en diciembre de 2021 la población detenida en la provincia de Buenos Aires ascendió a 49.662 personas, lo que elevó la tasa de encarcelamiento a 306 personas cada 100.000 habitantes.
Si consideramos que en 2011 la cantidad de personas detenidas era de 29.404 (y de 181 cada 100.000 habitantes), la población penitenciaria en diez años aumentó mucho más del doble: un 68,9%. En general, esa población se compone por delitos desorganizados, delitos cometidos por los sectores más vulnerables de la sociedad.
Siguiendo a la CPM, los datos indican que, en la práctica, los discursos de combate del narcotráfico se limitan a encerrar a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Las mujeres y personas trans que venden al menudeo o desde sus casas participan en esta red por su situación de pobreza y exclusión del mercado laboral y las violencias patriarcales que atraviesan. En muchos casos, además, el microtráfico les permite conciliar el ingreso económico con las tareas de cuidado que tienen a cargo.
“Lo único que recibíamos dentro de la unidad era castigo. Y prejuicio, mucho prejuicio”, dice Nora. “Como que era lo único que merecíamos y como que no podíamos proyectar una vida por fuera de ese circuito que es la cárcel”.
Parto no respetado
En la cárcel había vivido muchas cosas: había protestado junto a sus compañeras por mejores condiciones de detención, había terminado la escuela secundaria, había hecho un curso de computación y había sido madre en contexto de encierro.
Nora cuenta que tuvo que parir con una cadena en los pies.
Convivió con su bebé durante dos años dentro de la Unidad 33 y luego decidió que se fuera con su abuela. Unos años después, su historia sería fundamental para la creación de la Guía de implementación del parto respetado en contextos de encierro en la provincia de Buenos Aires. El objetivo: transformar las prácticas de discriminación y violencia que se ejercen hacia las personas gestantes en las cárceles antes, durante y después del parto, para garantizar una intervención respetuosa de sus derechos humanos.
Nora cuenta que una de las cosas más difíciles fue recomponer las dinámicas de la familia. Cuando cayó detenida, sus hijas tenían 10 y 16 años. Cuando salió en libertad, ya eran jóvenes de 16 y 22 años, y la menor cursaba un embarazo. “La libertad no es todo, la cárcel no termina ahí. No es que sos libre y eso se terminó. Fue volver a empezar”, dice Nora.
“No estamos acompañados. Una persona que no está acompañada es muy difícil, la cárcel está ahí nomás para volver. Siempre. Es muy fácil entrar a la cárcel. Salir es el tema”.
El arresto domiciliario y la infantilización
Al salir en libertad, Nora siguió conociendo el encierro desde otro lugar. Empezó a militar por una causa: la de las mujeres que están detenidas bajo la modalidad de arresto domiciliario. Como referente de la Rama de Liberados/as y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), visitaba mujeres, les acercaba un bolsón de comida, las escuchaba, les consultaba por el estado de sus causas judiciales. Las ayudaba como podía.
“Es un universo que está casi completamente abandonado”, explica Nora. “Tenemos compañeras, muchas que no pueden sostener el arresto domiciliario y vuelven a la cárcel como si fuera la única opción. Como si fuera una opción más en la vida, y eso no puede ser, no es lógico, no es humano”. Actualmente Nora milita hace más de cinco años para que la cárcel no sea una opción o un destino posible en la vida de las mujeres de los sectores populares. En ese camino, se convirtió en una referenta nacional de la problemática.
Nora cuenta que un mecanismo de disciplinamiento en el arresto domiciliario -al igual que en la cárcel- es la infantilización: tener que pedir un permiso judicial para todo, para salir al hospital, a hacer un trámite, a llevar a los hijos a la escuela. También tiene claro que el camino para transformar es la organización: “Previo a la cárcel o al arresto domiciliario, nadie la vio. Pero cuando cometió el delito sí. Esas lógicas que hay, esas prácticas del Estado, esas prácticas violentas, esas prácticas que es la indiferencia, se terminan estando organizada”.
Volver a la cárcel, pero para formar compañeros
José tiene 38 años y estuvo detenido dos veces. En total, cumplió diez años de condena. Los últimos tres pudo acceder a salidas transitorias. En la cárcel, empezó a estudiar la carrera de sociología de la Universidad de La Plata y formó parte del centro de estudiantes universitarios de su unidad. «Comé vos, el otro de la celda de al lado, qué me importa. Comé vos. Así te construye individualmente la cárcel. La educación rompió eso, nos construyó colectivamente”, dice José.
Hoy representa un colectivo de personas que pasaron por la cárcel como referente de la Rama de Liberados/as y Familiares del MTE. Cuenta su historia y con ella la de quienes fueron rechazados en puestos laborales por los antecedentes penales, de quienes se organizaron “después de enterrar amigos”, de quienes aprendieron a armar una cooperativa desde cero, de quienes encontraron en la militancia un proyecto de vida. José explica que la organización trabaja teniendo tres ejes como claves para evitar la reincidencia de sus integrantes.
El primero es la formación: en un oficio para trabajar, en economía popular, en género. “La cárcel potencia diez veces más la violencia, el machismo. Cuando vos llegás a verla desde otro lado, te cuestionás cosas. Pero cuando vos estás en el microclima del pabellón, el que grita come y el que grita juega al fútbol. Entonces te construye mucho más violento a como vos entrás”, dice José.
Cuenta que cuando llega una piba o un pibe liberado, intenta que esté cerca de la organización el mayor tiempo posible en los primeros días: que conozca cómo funcionan las reuniones, cuáles son los debates, qué agenda hay. Conocer desde adentro cómo funciona una organización es parte de la formación militante. Su rol como Secretario de Formación Política y Gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) lo lleva a entenderlo de esa manera.
El segundo eje es que esas personas puedan incorporarse a un “polo productivo”. Los polos son espacios de trabajo que promueve la Rama de Liberados/as y Familiares. La organización alquila galpones donde se desarrollan emprendimientos de distintos oficios (carpintería, herrería, serigrafía, entre otros). La propuesta es que la organización pueda formar en oficio a las personas detenidas dentro de la cárcel para que su incorporación a los polos sea más fácil: “Nuestro proceso sí es lento. Queremos darle más dinámica a ese proceso, tendríamos que empezarlo adentro en las unidades penitenciarias, con una política pública y una política del Estado”, dice.
Por último, el tercer eje es que los bienes y servicios que producen los emprendimientos de liberados/as sean contratados por el Estado. José explica que si esos tres ejes se llevan adelante, no hay reincidencia en el delito de los liberados. Por eso, actualmente están peleando para formalizar y potenciar esa actividad con una política pública; por eso militan la “Ley contra la reincidencia”.
Una ley para combatir la reincidencia
23 de noviembre de 2022. Dos pasacalles frente al Congreso de la Nación dicen “La inseguridad se combate con trabajo e inclusión” y “Ley contra la reincidencia. Más trabajo, más seguridad”. Natalia Zaracho, diputada del Frente de Todos, presenta el proyecto de ley “Programa Nacional de reducción de la reincidencia mediante la inclusión socio laboral”, cuyo objetivo es “garantizar los derechos al trabajo, la educación y la salud de las personas que hayan estado privadas de la libertad en lugares de detención” y “contribuir a la prevención de la reincidencia”. Es una ley pensada, debatida, militada por personas liberadas organizadas en distintos movimientos: el MTE, el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Mutual de Liberados Mario Cafiero, entre otras.
Dentro de la Cámara de Diputados, José y Nora son protagonistas del panel donde se presenta la ley. En el mismo, están presentes Natalia Zaracho, Eduardo Tonielli, Leonardo Grosso y otros referentes. Afuera del Congreso, una feria de productivos de la economía popular irrumpe en la plaza y termina con un acto.
“¿Por qué decimos que hacemos una política de seguridad nosotros? Porque entendemos que prevenimos el delito”, dice José. “Vemos la necesidad de ya no callarnos más. De ser nosotros y nosotras la voz para pensar una política pública, para pensar y que nos reconozcan como sujetos de derechos. Como sujetos políticos también. Porque si no no escuchan la voz de las bases, como decimos, es imposible que haya una política efectiva para evitar que la gente vuelva a la cárcel”, dice Nora.
Volvamos al principio: en Argentina, la población encarcelada crece aceleradamente. Quienes recuperan la libertad enfrentan distintos obstáculos que ponen en riesgo su condición. En otras palabras, el delito siempre está a mano si no se encuentra trabajo, si no se resuelven los problemas habitacionales que existen antes de la condena, si no se abordan los consumos problemáticos.
Un colectivo de personas que pasaron por la cárcel está peleando por mayores oportunidades de trabajo para disminuir la reincidencia. Ellos dicen que ya no son los últimos de la fila: que militan por los que vendrán, por aquellos que están detenidos y eventualmente recuperarán la libertad. Apoyar la ley es un paso para empezar a mirar el problema del delito desde otro lado, más lejos del castigo, más cerca de la reparación y la inclusión. Más cerca de los últimos de la fila.
