“La migración es algo natural, verdad que no debería de ser algo que cueste la vida”. – Mirza Monterroso, Colibrí Center.
Soy Araceli Cruz López, mujer indígena tzotzil. Mi hermanito nació el 8 de junio de 2003. Faltaba un mes para que cumpla 19 años cuando desapareció migrando hacia Estados Unidos. Soy su hermana, vivo en un campamento de desplazados en Chiapas, México. ¿Adónde voy, a quién acudo, por dónde empiezo?
La pregunta se repite. Las respuestas no. A nivel institucional existen múltiples fallas en la búsqueda de migrantes desaparecidos. En México hay una grave crisis forense: 56 mil cuerpos sin identificar y más de 100 mil personas desaparecidas. Desde el 2017 existe una ley de búsqueda de desaparecidos, pero la mayoría de sus puntos no se cumplen. Los mecanismos de identificación están desarticulados y dependen de la voluntad de cada Estado.
Los datos que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda, el organismo encargado de buscar personas en México, son deficientes y se contradicen con los datos que dan las fiscalías estatales. En este contexto de crisis nacional, ¿quién busca a los migrantes?
Quienes logran avanzar con las familias en esos procesos son las organizaciones de la sociedad civil, como el Equipo Argentino de Antropología Forense, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), y Voces Mesoamericanas, entre otras, que crearon redes de trabajo conjunto entre sí e intentan hacerlo también con algunos Estados.
A Aurelio lo encontraron los rastreadores
El 4 de mayo a las 3.30 de la mañana Aurelio Cruz López, de 18 años, llamó a su hermana. Él había salido el 28 de abril de San Cristóbal de las Casas, de un campamento de desplazados por la violencia en México. En un principio quería buscar trabajo en Sonora, pero se encontró con dos jóvenes que le insistieron en que mejor era cruzar a Estados Unidos, que allí podría tener más oportunidades de sacar a su familia adelante.
Con ellos se fue, hasta que se toparon con los oficiales de Migraciones de Estados Unidos y se dispersaron. Ahí Aurelio perdió su mochila. A las 8.40 de la mañana mandó un audio:
-Ya no tenemos agua, perdí mi mochila al momento que me escapé. Perdí mis alimentos. Mi compañero tiene todavía agua pero ya es poquito. Vamos a seguir caminando hasta llegar en mi destino. No se preocupe. Ahí la cuidan a mi mamá.
“Por la necesidad es que se fue mi hermanito, un trabajo, una mejor vida, para salir adelante. Nosotros no tenemos una casa digna donde podamos estar. Estamos en un campamento provisional con mi familia. No tenemos padre, fue asesinado por los conflictos armados en las comunidades”, dice Araceli Cruz López.
Los compañeros con los que viajaba su hermano le dijeron que se había desmayado en el desierto, que ya estaban en Estados Unidos, en la zona de las reservas de los Tohono O’odham. “Le pedimos a sus compañeros que llamen a la Migración y le digan dónde quedó, que le mande las coordenadas, para recuperarlo con vida. Pero lamentablemente no hicieron nada, a lo mejor tuvieron miedo”, dice Araceli, llorando, sentada en un tronco afuera de una casa provisoria.
Toda su familia fue desplazada por conflictos armados en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Por esa lucha es que Araceli tiene contactos con organizaciones sociales. Cuando supo que su hermanito se había quedado en el desierto, llamó a un conocido en California y le pidió ayuda. Desde ahí le enviaron números de teléfono de grupos rastreadores en Estados Unidos, personas que se reúnen para buscar a migrantes que desaparecen en el desierto. A ellos les dio las coordenadas que tenía. También llamó al Consulado mexicano en EEUU.
Tres grupos de rastreadores se juntaron para localizar a Aurelio. 23 días después encontraron restos de un cuerpo. Tenía un solo tenis deportivo. Pero no había mucho más con él. No estaba la cangurera con sus documentos, no había más ropa ni tampoco la mochila. Araceli no podía aceptar que ese era su hermano.
A Aurelio lo identificaron las organizaciones
“Al momento no pudimos aceptar esa información porque no sabemos si realmente es él. Entonces hicimos la denuncia ante la fiscalía aquí, que tenemos un desaparecido. Pero nunca nos brindaron el apoyo: ni el gobierno ni la fiscalía ni la Comisión de Búsqueda. No hicieron la búsqueda como se debe”, dice.
Lo que hizo, entonces, fue insistir al consulado mexicano en Estados Unidos para que le hicieran una prueba de ADN. En ese momento empezaron a trabajar con las abogadas de Voces Mesoamericanas y con el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Queríamos saber si era realmente mi hermano. Los grupos argentinos nos hicieron la prueba de ADN. Fue un proceso de 5 meses. Gracias a ellos que no nos dejaron solos con nuestra tristeza”, dice Araceli.
Sandybell Reyes es la responsable del programa de defensa integral para la justicia en las migraciones de la organización Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes. Ella fue una de las que apoyó a Araceli en el proceso de identificación: “Es muy triste y frustrante para las familias el que inicien estos procedimientos de denuncia ante fiscalías y comisiones de búsquedas y que no haya una respuesta, porque en realidad le regresan la pregunta: ¿qué más sabe? Cuando tendrían que estar pidiendo la información a sus homólogos”.
Lo primero que hace la organización Voces Mesoamericanas cuando las familias se comunican es darles información para que puedan decidir qué hacer: una denuncia en instituciones estatales, búsqueda entre organizaciones civiles o una búsqueda informal (con instituciones) para ver si la persona está en alguna cárcel u hospital.
En general, explica Sandybell, las familias lo que piden es que se inicie con una búsqueda informal -porque existe la esperanza de que la persona desaparecida va a volver-, y después por fiscalías, comisiones de búsquedas y de víctimas.
Araceli tuvo que esperar 7 meses para confirmar lo peor. “Resultó ser mi hermanito, que encontraron en el lugar donde yo había proporcionado las coordenadas. Lo encontraron incompleto: ya no tenía sus dos brazos y no los encontraron. Ahí donde aceptamos esa información por el proceso de prueba de ADN”.
¿Cómo fue el proceso institucional de búsqueda de Aurelio?
Lo primero que hizo Araceli fue ir a la fiscalía a declarar, a decir que tenía un hermano desaparecido. Después se contactó con las abogadas de Voces Mesoamericanas y con ellas fue a preguntar a esa oficina. Le dijeron que tenía que ir a Altar, en el Estado de Sonora, que allí se iba la investigación.
Pero no podía hacer eso. No tenía dinero para viajar e insistir en otra fiscalía que la búsqueda avanzara.
“Resulta de lo más frustrante cuando les dicen que como la última comunicación fue en un estado fronterizo, su investigación se va a ir para ese estado fronterizo. Puede sonar lógico, porque allá fue la desaparición y allá deben de buscar, pero si hablamos en cuanto a situaciones de acceso a justicia, el familiar no va a ir para allá a pedir información. Y ante un sistema que no funciona si no estás ahí a cada rato dándole seguimiento, pues resulta que las familias no tienen ningún tipo de información de su familiar”, dice Sandybell Reyes, y confirma lo que demuestran todos los casos entrevistados para esta investigación: “Entonces da igual que denuncien como que no denuncien, porque al final la búsqueda es entre colectivas de familias de personas desaparecidas”.
Araceli hizo el camino institucional, denunció, consiguió abogadas. Pero las autoridades designadas para buscar en su país, dice, no le sirvieron de mucho: “Ni la fiscalía ni la Comisión de Búsqueda hicieron nada. No tienen esa capacidad ni voluntad de ayudar al pueblo. Es realmente muy triste. Cuando no tienes abogadas no nos tienen en cuenta. Nos discriminan por ser indígena, por ser hablante tztotzil”.
La mamá de Araceli y de Aurelio no pudo hacer la denuncia porque no sabe hablar español. Para esos problemas, de nuevo, surge el trabajo de familiares y organizaciones como el Grupo Motor de Trabajo Psicosocial en Migraciones que forman organizaciones civiles de México y Centroamérica, entre ellas Voces Mesoamericanas y ECAP, que trabajan en conjunto para dar información a los migrantes.
El grupo armó cartillas con 20 dibujos donde explican el proceso de búsqueda de migrantes no localizados: “Muchas de las personas que están caminando este proceso de búsqueda no saben leer ni escribir, por eso el material es principalmente gráfico”.
Autoridades de México no saben cuántos migrantes desaparecidos hay en su territorio
En México existe la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la cual las fiscalías locales deberían reportarle el total de personas desaparecidas en sus Estados, entre ellas migrantes. Sin embargo, existe una disparidad entre las cifras que reporta la CNB en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, en contraste con las reportadas por las fiscalías locales.
En esta investigación se enviaron 157 solicitudes de acceso a la información a cada una de las fiscalías, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración en México.
Tras vaciar las cifras otorgadas por las fiscalías locales, encontramos que los migrantes reportados como desaparecidos en México pueden ser: 1270 según fiscalías estatales, o 124, como lo reporta la Comisión de Búsqueda, entre el 2017 y 2022. Se estima, entonces, que menos del 10% de los reportes de las fiscalías estatales sobre inmigrantes desaparecidos o no localizados son contabilizados en el Registro Nacional.
La única certeza es que México no sabe cuántos migrantes desaparecidos tiene, ni cuántos de ellos fueron hallados muertos.
Esta nota forma parte de la investigación Migrar y Desaparecer realizada por dos periodistas de Perycia, Verónica Liso y Rosario Marina, junto con Gabriela Villegas de México y Andrea Godínez de Guatemala.
Durante 8 meses investigaron las desapariciones de migrantes en la ruta que va desde Guatemala a Estados Unidos. Recorrieron el camino hacia «el sueño americano», hablaron con las familias que buscan y las organizaciones que las acompañan. Investigaron qué hacen, y sobre todo qué no hacen, los estados de México, Guatemala y Estados Unidos para encontrar a estas personas. Entrevistaron funcionarios/as, forenses, especialistas para trazar el contexto. Y fueron a los datos duros, hicieron pedidos de acceso a la información pública en los tres países, para entender la dimensión de la problemática.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
