Cuando un candidato se sienta, rodeado de asesores, a preparar dos minutos de alocución sobre un tema, ninguna palabra es ingenua. Cada término ha sido cuidadosamente puesto allí para expresar sus opiniones o -a vaces- para ocultarlas. Anoche, en 120 segundos de discurso sobre derechos humanos, Javier Milei soltó cuatro conceptos que intentan socavar algunos de los consensos básicos elaborados por la sociedad a lo largo de 40 años de vida en democracia.
Milei habló de la existencia de una “guerra”. Una guerra es un enfrentamiento bélico entre dos fuerzas regulares, que utilizan recursos similares y tienen dimensiones equiparables. Los enfrentamientos de la década del ’70, si es que pudieran llamarse de esa manera y más allá de cualquier valoración sobre los métodos y resultados de la lucha armada, están muy lejos de serlo.
También habló de “delitos de lesa humanidad” para referirse a asesinatos y atentados de las organizaciones guerrilleras. La definición es técnicamente imposible y más disparatada aún: la Organización de las Naciones Unidas los definió hace varias décadas como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Las acciones guerrilleras no fueron generalizadas ni contra una población civil. Así de sencillo.
Luego, volvió a machacar sobre la vieja costumbre iniciada por voceros del gobierno macrista: cuestionar la cifra de desaparecidos. Dijo que son 8.753. En entrevistas anteriores, había pedido las listas que probaran la cantidad: como si sus nombres estuvieran prolijamente registrados en una oficina. Se sabe que la reconstrucción de sus vidas y sus muertes han sido una labor persistente de sus familiares, los organismos humanitarios y de honrosas excepciones de la Justicia.
Solamente el trabajo de la Conadep, plasmado en el libro Nunca Más que fue elaborado en 1984, documentó 8.960 desapariciones. Los números no son precisos, difieren un poco según la fuente, pero refieren a distintos registros institucionales que se han construido en distintos momentos y con distintos objetivos, pero nunca con una pretensión definitiva de verdad. Sin embargo, hay otras cifras que fueron proporcionadas por los propios militares y dan sustento sólido a la cifra estimada de 30.000. En 1978, por caso, el agente de inteligencia de la DINA chilena destinado en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, envió por escrito una «lista de todos los muertos» en Argentina, que incluía datos oficiales y no oficiales recabados en el Batallón 601 del Ejército. «Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha», decía el documento, que fue exhumado de los archivos judiciales argentinos por el periodista estadounidense John Dinges para su libro «Los años del Cóndor», y divulgado 30 años más tarde por el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University. Y aún quedaban cinco años de dictadura por delante.
El concepto de “excesos”, antes en boca del dictador Jorge Rafael Videla, luego en la de decenas de represores juzgados o de sus abogados defensores, y ayer en boca de quien podría convertirse en presidente de la Nación, es más grave aún. Una de las definiciones de “exceso” en la Real Academia Española dice: “Cosa que sale en cualquier línea de los límites de lo ordinario o de lo lícito”. El concepto de exceso supone que la represión fue una acción justa, lícita, y que entre sus ejecutores hubo individuos que se extralimitaron. ¿Dónde está la línea que convierte, para Javier Milei, la acción justa en un exceso? ¿En la aplicación de picana en los genitales? ¿En el robo de sus bebés? ¿O en arrojar desde aviones a personas atontadas a morir en el fondo del mar?
