10 de noviembre de 2023
El ex dueño de la empresa transportista La Veloz del Norte, Marcos Levin, fue condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de Salta a 18 años de prisión por secuestros y torturas contra trabajadores de su compañía, ocurridos en 1977, durante la última dictadura cívico-militar. Junto con él, fueron sentenciados a 16 años, Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la Comisaría Cuarta de la Policía salteña, y José Antonio Grueso, ex jefe de personal de la empresa. Los jueces le concedieron la prisión domiciliaria a los tres.
En el juicio, conocido como La Veloz del Norte II, se abordaron los casos de 16 de los 17 trabajadores víctimas de la empresa (por los delitos cometidos contra el delegado sindical Víctor Manuel Cobos Levin ya había recibido su primera condena). Se trata de Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.
El TOF1 encontró a Levin culpable de ser coautor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por resultar las víctimas perseguidas políticas. Almirón, por su parte, fue declarado partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, cometida con abuso funcional, agravado por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravados por resultar las víctimas perseguidas políticas. Finalmente, Grueso fue encontrado partícipe necesario del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio del delegado sindical de la empresa Víctor Cobos.
Las audiencias comenzaron el pasado 3 de octubre, encabezadas en la sede del tribunal por la presidenta del TOF1, Marta Liliana Snopek. Tanto la jueza Alejandra Cataldi como el juez Abelardo Basbus presidieron el proceso judicial por videoconferencia, al igual que los imputados.
«Han tratado de hacer lo imposible (los acusados) para embarrar la cancha diciendo que eran mentiras. Está todo probado, y estamos conformes«, aseguró Víctor Cobos en diálogo con Perycia. “Los jueces actuaron perfectamente bien, han dictado una sentencia acorde”, agregó.
El ex delegado sindical de La Veloz del Norte mencionó que el poder de Levin “era inmenso” y que “manejaba al jefe de policía” de la provincia. “Se sentía muy poderoso, prácticamente la gente le tenía miedo”, remarcó. “Este juicio llevó mucho tiempo de lucha. Para nosotros es un triunfo muy significativo”.
En relación a la situación política y sindical de aquella época, Cobos recordó las grandes peleas que tuvieron con los empresarios, y que derivaron en importantes conquistas como “el famoso convenio de la UTA del año ‘73. Nos reunimos acá en Salta y lo hicimos nosotros”, contó.
Para Nicolás Escándar, abogado de la Defensoría Pública de Víctimas y defensor de Cobos en el primer juicio, el balance es positivo. Le explicó a Perycia que, “se logró probar una actividad coordinada entre la policía como brazo armado del Estado y los empresarios representados por Grueso y Levin, que en connivencia con el plan sistemático que llevaba a cabo el gobierno dictatorial de ese tiempo, usaron esta política de represión para lograr beneficios económicos”.
Para Escandar, se buscó disciplinar a los trabajadores obligándolos a aceptar condiciones laborales desfavorables e impidiendo el reclamo de sus derechos. En el juicio, cree el abogado, se pudo demostrar que no se trataba de un hecho aislado de abusos o excesos policiales en el marco de una investigación, sino que la actividad fue claramente coordinada y destinada a cumplir un fin.
También resaltó la importancia de estos juicios, “sobre todo por incorporar la cuestión de los colaboradores civiles de la dictadura. Porque reconstruye la verdad histórica con bastante calidad e impide la imposición de otros relatos, o de una post verdad no preocupada por los hechos”.
En ese sentido, Gastón Casabella, abogado querellante en el juicio por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, remarcó en declaraciones a Perycia que “las condenas obtenidas en sede judicial son muy importantes para nuestra historia, y para mantener la memoria activa. No son un simple relato, sino hechos probados en procesos judiciales en los cuales [los acusados] contaron con todas las garantías constitucionales en su defensa”.
“Durante el juicio la defensa del señor Levin sostuvo que su cliente no tuvo nada que ver con esto, que nada sabía”, dijo a Perycia el fiscal federal Carlos Amad, representante del Ministerio Público en el juicio La Veloz del Norte II. “Obviamente todo eso fue desvirtuado por completo con la prueba que se juntó y se debatió en la causa”. Amad había solicitado, junto al auxiliar fiscal Juan Manuel Sivila, 25 años de prisión para Levin y 23 años para Grueso y Almirón.
Los fundamentos de la sentencia se van a escuchar el día 5 de diciembre.
Los años de terror en los que Levin tuvo poder
Así como en el resto del país, la represión desatada en Salta durante la última dictadura fue sanguinaria, con la particularidad de que allí ocurrió el único caso de desaparición de un gobernador provincial de la Argentina. Se trata del médico Miguel Ragone, proveniente de las filas de la izquierda peronista y electo en 1973 por la lista del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), quien se desempeñó como mandatario provincial desde mayo de aquel año hasta noviembre de 1974. Fue secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976, trece días antes del golpe de Estado, y al día de hoy se desconoce su paradero.
El de Ragone no fue el único caso de un representante del Poder Ejecutivo que posteriormente se convirtió en víctima del terrorismo de Estado. Se recuerda con fuerza, especialmente en el norte del país, a Luis Ramón Arédez, intendente del municipio jujeño de Libertador General San Martín, elegido también por la lista del peronismo en 1973 y desaparecido en 1977. Otro caso de renombre es el de Pedro Pablo Turner, sindicalista de la rama gráfica y militante de la Juventud Peronista, quien triunfó en las elecciones del ‘73 para la intendencia bonaerense de Lomas de Zamora, desempeñó ese cargo hasta agosto de 1974, y fue desaparecido en 1976.
Las sentencias contra Levin constituyen, junto con las condenas a los directivos de Ford, un hito en el juzgamiento de los protagonistas empresariales del terrorismo de Estado, materia pendiente del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que permitió sentenciar a centenares de militares genocidas y convirtió a la Argentina en un caso único a nivel mundial.
Permiten corroborar irrefutablemente la existencia de un plan sistemático de terrorismo estatal, que tuvo en los sectores combativos del sindicalismo de la época uno de sus principales blancos, y del cual se benefició económicamente buena parte del empresariado. Además, adquieren un valor especial en este contexto en que, paradójicamente, se verifica un auge del negacionismo, encarnado en la candidata vicepresidencial Victoria Villarruel, que incluye ataques frontales a la legitimidad de los juicios de lesa humanidad, por ser presuntamente persecutorios y vengativos.
La primera sentencia del primer empresario condenado
Por el secuestro y las torturas contra Víctor Cobos, Marcos Levin ya había sido condenado, en mayo de 2016, a 12 años de prisión. La sentencia dictada por los jueces Federico Díaz y Carlos Enrique Jiménez Montilla fue revocada un año después por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
El caso llegó a la Corte Suprema, que resolvió que debía dictarse una nueva sentencia. Así fue, como la misma Cámara (con diferente composición) decidió, horas antes del fallo del TOF1 de Salta, anular la revocación y dejar firme la condena de 2016. En esa primera casua tambén fueron condenados a 12 años los policías Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que Víctor Enrique Cardozo recibió 8 años.
