A mediados de noviembre el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario inauguró el juicio por la persecución y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron decenas de obreros metalúrgicos de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, durante 1975. Este juicio es el más reciente debate oral y público de lesa humanidad que nació en lo que va de 2023 y su comienzo, al filo de la definición de las elecciones que concretaron la llegada a la presidencia de una dupla de candidates negacionistas y reivindicacionistas de la última dictadura cívico eclesiástico militar, fue gracias al impulso de la sociedad que no le perdió pisada a la lucha por justicia.
“La movilización popular fue fundamental para que finalmente comience el juicio”, dijo Federico Pagliaro, uno de los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario que es querellante en el debate.
La investigación duró una década. Desde la elevación a juicio hasta el comienzo del debate transcurrieron dos años más, entre los cuáles hubo varios intentos por desligar a los acusados civiles, sin éxito, mientras que la demora dejó a cinco acusados policiales fuera de juego: dos ya no están en condiciones de afrontar el proceso y otros tres fallecieron impunes.
Sin embargo, Pagliaro destacó la organización que durante el último tiempo se dio la sociedad para no permitir que la cosa se siga dilatando: “Sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, gremios y agrupaciones sociales armaron asambleas, se movilizaron cuatro veces este año, impidieron que a una de las acusadas se le permitiera viajar al exterior de vacaciones, lograron el comienzo del juicio con una agenda de audiencias más concurrida de la que suele haber en Rosario, y que el debate se realice en Villa Constitución”.
Por un lado, el debate es importante porque revisará el despliegue del brazo represivo del Estado, aún democrático entonces, sobre el movimiento obrero, algo que sumó una ficha a la antesala del genocidio que sobrevino con la última dictadura. Pero, además, porque sentó en el banquillo de los acusados a dos exfuncionarios jerárquicos de la empresa Acindar, cabeza de la represión, entre la veintena de acusados, en su mayoría policías retirados.
El juicio “Acindar”, como se lo nomencló en la agenda judicial de lesa humanidad, es una muestra más de que el impulso de sobrevivientes y familiares de víctimas es el combustible principal de este proceso. Son elles, junto a organismos de derechos humanos, quienes empujan las instrucciones acompañades por abogades sensibles y cercanes al proceso de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, la salud de estas causas y debates depende de la existencia y de la voluntad de los elementos que componen a una estructura mayor: la querella del Estado nacional en cada proceso, el compromiso de las fiscalías tanto en la instrucción de las causas como en los juicios orales, el compromiso de jueces y juezas con su rol en relación al ejercicio de la Justicia, la existencia de equipos de trabajo en varias áreas del Estado dedicadas a asistir con el estudio y la recolección de pruebas que fortalezcan los expedientes y que posibiliten su celeridad, entre otras patas sobre las que se apoya el proceso.
En el marco político que asoma, hay preguntas que retumban sin respuestas: ¿Qué pasará con los juicios? ¿Qué pasará con la Secretaria de Derechos Humanos, con las querellas que sostiene en cada proceso en todo el país? ¿Y con la búsqueda de represores prófugos o los nietos y nietas que aún faltan identificar? ¿Cambiará la postura del Estado en relación a los compromisos internacionales que asumió para reconocer su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura y acercar justicia y verdad a las víctimas y a sus familias?
Estado de situación
El 19 de noviembre pasado, la fórmula de La Libertad Avanza cosechó el 55,65 por ciento de los votos en todo el país y confirmó lo que miles y miles de argentines no querían siquiera imaginar: Javier Milei será presidente y, algo para quienes es incluso peor de digerir, Victoria Villarruel será la vice. Su nombre, su vínculo directo con la familia militar, su militancia abiertamente volcada a la defensa pública de los genocidas –es, de hecho, ésa su base política, ONG libros incluidos–, sus ataques sistemáticos a organismos de derechos humanos, su insistencia en equiparar represores a militantes políticos y a la dictadura con una “guerra”, la campaña electoral tuvo su capítulo vinculado con el terrorismo de Estado siempre abierto.
Ese alto contenido negacionista y reivindicacionista de la última dictadura que emanaron Villarruel y Milei, quien durante el primer debate presidencial habló de “excesos” para definir aquellos hechos, las mismas palabras que lo hizo el dictador Emilio Massera durante el Juicio a las Juntas, regó expresiones violentas del mismo tenor en la sociedad: se multiplicaron las vandalizaciones a recordatorios de víctimas –baldosas, placas–, las amenazas a sobrevivientes y familiares, las reivindicaciones al horror a través de redes sociales –fotos de Videla, de Falcon verdes–. Y llegó a los juicios: días después de las elecciones, dos abogados defensores de genocidas se burlaron del juicio en el que participan –el que revisa los hechos sucedidos en los centros clandestinos platenses “1 y 60”y Comisaría 8va–.
Represores investigados y condenados, y el círculo familiar, militar y de fuerzas de seguridad que los rodea, la cuentan a Villarruel como una “de los suyos”. Hija y sobrina de militares retirados –su tío Ernesto Villarruel estuvo investigado por intervenir en el centro clandestino El Vesubio–, el primer batacazo electoral de la fórmula de ultraderecha fue celebrado en la cárcel vip de Campo de Mayo, que reúne a la mayoría de genocidas que cumplen condena en cárcel común –y que son la minoría de todos los condenados, pues el resto está en sus casas–.
Con el camino allanado hacia la Rosada, apareció la factura: un grupo de militares retirados progenocidas acercaron a un legislador mendocino del espacio un pedido para que Milei active una “solución definitiva” a los represores presos. Los militares nostálgicos también exigieron desde sus pasquines de tribuna procesista, como es el caso del coronel retirado Marcelo Liendo, nieto de un funcionario dictatorial y padre de la dirigente macrista de Salta Inés Liendo, quien desde La Prensa, pidió que el presidente electo “cumpla con su palabra” y mande a su casa a los pocos represores que cumplen encierro en cárceles.
Represores legendarios, como Jorge “Tigre” Acosta y Mario “Churrasco” Sandoval, también ligaron la victoria de la fórmula al “fin” de los juicios de lesa humanidad y de la “mentira socialista”.
Paso a paso
“Con Villarruel en el Ejecutivo se puede imaginar que habrá intención de llevar a cabo acciones que vayan en línea con su reivindicación de la dictadura y de los genocidas, tratar de proteger a los condenados, de impulsar beneficios”, señaló Pablo Llonto, histórico abogado querellante en causas de lesa humanidad principalmente vinculadas con los horrores que tuvieron lugar en el área sobre la que el Primer Cuerpo del Ejército fue amo y señor de la vida y la muerte.
El panorama que imagina Llonto es uno de los planos en los que, según la abogada querellante en juicios de lesa humanidad que se desarrollan en La Plata e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, puede llegar a impactar el desembarco del negacionismo en la Casa Rosada: el panorama político. “Podemos imaginar que la ofensiva sea más feroz que la que hubo en 2016”, sumó. “Lo mismo que hizo el gobierno de (Mauricio) Macri, pero más rápido y todo junto, como ya advirtieron”, añadió Llonto.
Esto incluye la desfinanciación de áreas públicas que ya habían quedado maltrechas tras la gestión macrista, el desarme de estructuras de investigación y de archivo, como por ejemplo las que sobrevivieron en el Ministerio de Defensa y de Seguridad, que aportan al proceso de juzgamiento. También la deslegitimación del movimiento de derechos humanos con la idea de que son un “curro” y sobre sus referentes, algo que ya vienen ejerciendo, y sobre sus abogados y abogadas.
“Pero ojo, porque Villarruel y Milei ganaron el Poder Ejecutivo, no la Justicia”, advirtió Llonto. Más que advertencia, lo suyo es un consejo de no dar por perdidos logros por adelantado. ¿En qué sentido? “En los juicios no debería haber una sola modificación. Milei ganó el Poder Ejecutivo, no hay ningún elemento que le permita meterse en el Poder Judicial. Las instrucciones de las causas, los juicios orales e instancias superiores deberían continuar su curso, más allá de alguna manifestación con picardía de algún defensor en alguna audiencia”, analizó el abogado quien reconoció que el proceso de juzgamiento “ya tiene sus problemas, desde hace rato. Será más difícil aún intentar que esto mejore”.
“Esperamos que los jueces y juezas se pongan firmes, que no permitan el avance de obstáculos que puedan llegar a venir del Ejecutivo al proceso de Justicia porque eso sería no solo ubicar al país en una posición de incumplimientos de pactos internacionales sino un retroceso enorme”, deseó.
Aquí, no obstante, lo que puede profundizarse es lo que ya viene pasando, con una gran ayuda del paso del tiempo, aquello que en el marco del juzgamiento del genocidio de la última dictadura conocemos como “impunidad biológica”: prisiones domiciliarias y liberación de genocidas investigados aún sin juicio y condenados sin sentencia firme con la cuestión agotamiento del tiempo como excusa. El discurso garantista aplicado -solo- a los represores.
De todas maneras, las cárceles no están ya tan pobladas. Con los siete militares y gendarmes retirados penados en el juicio por la causa Brigada Séptima de Infantería de Corrientes, el último debate oral y público que culminó hasta ahora, son 1200 represores condenados por crímenes de lesa humanidad desde que las leyes de impunidad fueron declaradas nulas en agosto de 2003, hace 20 años. Todos ellos cumplirán sus condenas en sus casas. De hecho, hay casi 700 genocidas que están cumpliendo encierro en cárceles comunes. La inmensa mayoría, más de 500, lo hace en sus casas. Las cifras son oficiales, emanadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Los problemas de hoy
Lleva 20 años ininterrumpidos de causas y juicios esta última etapa del proceso de juzgamiento a genocidas que comenzó con la nulidad de las leyes de impunidad, en 2003. “Nunca las cosas fueron fáciles”, aseguró una fuente que participa del proceso desde varios años antes de aquel mojón parteaguas que, al día de hoy, cosecha 337 sentencias.
Lo que hoy aprieta más que entonces, y cada día más que nunca en relación con el día anterior, es el paso del tiempo: “la impunidad biológica nos viene ganando desde hace mucho”, opinó Alejandra Cravello, que empujó la causa por los crímenes del centro clandestino Puente 12 desde siempre. Allí estuvo secuestrado su papá, Ricardo Cravello, un caso que recién comenzó a juzgarse en los tribunales federales de ciudad de Buenos Aires el pasado abril.
«Ya tenemos una realidad bastante adversa. En el juicio Puente 12 III nos costó mucho y nos está costando mucho más. Tuvimos que pelear mucho para que el Tribunal Oral Federal número 6 se hiciera un lugar en su agenda para tomarlo y ahora se toma revancha porque lo está limitando todo lo que puede: recorta testimonios, no habilitó la transmisión, no admitió la ampliación de las acusaciones y ahora que tenemos que solicitarle la aplicación del derecho a la verdad, ya nos imaginamos su respuesta”, denunció Cravello.
El debate comenzó con 185 víctimas cuyos secuestros, torturas y asesinatos, en algunos casos, se les atribuyeron a siete acusados. Éste era el primer juicio para la mayoría de los casos que, sin embargo, hace apenas unas semanas atrás, se quedó sin justicia: Enrique Gauna, uno de los represores acusados, falleció.
“Pedimos que a las víctimas de Gauna el Tribunal las escuche, es reparador el dar testimonio. Parece que lo harán, pero por escrito. Eso no es escuchar”, se quejó Cravello, quien opinó que “el negacionismo comenzó a correr mucho antes que Milei fuera elegido presidente, todo está corrido hacia la derecha y en la Justicia federal se nota mucho”. Para Alejandra, el estado de situación “no es bueno” e imagina que “el panorama no va a mejorar. Lo que estamos sufriendo en Puente 12 III es lo que se viene”.
El rol del Estado
Con Villarruel corrida de la toma de decisiones sobre la Defensa, la Seguridad y la Inteligencia, tres puestos que durante la campaña presidencial su compañero de fórmula le prometió serían de su incumbencia, resta ver si meterá la cuchara en la postura que delineará el Ejecutivo sobre los Derechos Humanos.
El mediático abogado Mariano Cúneo Libarona, quien dirige un estudio de abogados que representa la defensa de Enrique Barre, uno de los represores acusados por los crímenes de los pozos de Banfield y Quilmes y el centro clandestino El infierno, que funcionó en Avellaneda, fue uno de los primeros integrantes del Gabinete nacional confirmado por Milei: estará al frente del Ministerio de Justicia y ¿derechos humanos? –¿quedará así o le cambiarán el nombre?–, cartera dentro de la que funciona hasta ahora la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Perycia intentó hablar del tema con el fututo ministro, pero Cúneo Libarona prefirió “no hacer declaraciones por ahora” en relación a la continuidad, en qué términos y a cargo de quién estará el área ni cuál va a ser su lineamiento en relación a los juicios.
Desde la gestión saliente de Horacio Pietragalla Corti advirtieron que, “hasta que se determine lo contrario, los juicios de lesa humanidad son para el Estado argentino una política de Estado prioritaria”. Federico Efron, titular del equipo jurídico de la Secretaría durante los últimos cuatro años, señaló que “la clave” será ver “de qué manera cambia el abordaje y la respuesta del Ejecutivo hacia esta política”. La decisión política de encarar o no determinada línea de acción desde el Estado es del Ejecutivo.
Lo que no quita que el juzgamiento de los genocidas haya construido un camino y un consenso que supera ampliamente a la voluntad presidencial. Argentina no solo es ejemplo en el mundo debido a su decisión de revisar su responsabilidad como Estado en los crímenes de lesa humanidad que sucedieron entre los 70 y los 80, de investigarlos, de juzgar y condenar a los responsables. También lo es en el marco de los organismos que revisan mundialmente el cumplimiento de los derechos humanos. Ante las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Argentina ha asumido lineamientos de conducta y un compromiso, por “decisión de quienes en 2003 asumieron el Ejecutivo –Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández– de apuntalar esta política: bajar un cuadro, crear cuerpos de investigación, de peritos para apuntalar juicios”, enumeró Efron.
Eso puede cambiar. De hecho, cambió cuando Mauricio Macri asumió la presidencia en 2016 y Claudio Avruj la Secretaría de Derechos Humanos y el acompañamiento político a las causas de lesa o la intención de impulsarlas quedó en la nada. “La continuidad de las causas en aquellos tiempos fue gracias al compromiso militante y profesional de los abogadas y abogados del cuerpo de querellantes del Estado”, admitió Efron.
En 2019, cuando el gobierno y la línea política volvieron a cambiar, la determinación fue para restablecer aquello que había quedado desprotegido. En la actualidad, la Secretaría de Derechos Humanos sostiene 265 querellas activas, de las que 51 se sumaron en la gestión que acaba de terminar. Efron completó: “la línea de trabajo fue no solo tener una participación activa en todas las instancias del proceso, sino estar muy atentos para denunciar toda demora que se produjera, exigir que los procesos avancen, hacer un control siempre muy estricto de las prisiones domiciliarias, las evaluaciones de salud por incapacidades sobrevivientes y las excarcelaciones, las libertades condicionales”.
Por lo pronto, “hay que saber que existe una Procuración General de la Nación que no dejará de existir, y que impulsa estos procesos en todo el país, así como el movimiento de derechos humanos y los abogados querellantes que los acompañan en los juicios, que trabajan por y para las víctimas. Eso también va a seguir estando”, declaró.
En ese punto coincidió Ángeles Ramos, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad (PCCH) de la Procuración General de la Nación, quien resaltó que si bien el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para poder interferir en el proceso de justicia, “hay que estar atentos” a lo que pueda llegar a pasar los convenios de cooperación entre el Ministerio Público Fiscal y otros organismos del Estado, como carteras de Defensa y Seguridad, desde los que el proceso de juzgamiento se nutre para avanzar. Si esto llegara a cortarse, “las consecuencias de impedir o negar el derecho a la verdad sería una forma concreta de violar los compromisos internacionales asumidos desde el Estado que, además, forman parte de la demanda constante del pueblo argentino”, concluyó Ramos.
Si este proceso vuelve a quedarse sin el impulso del Estado va a volverse más lento. Y la lentitud, a 47 años de sucedidos los hechos, puede ser letal.
Los dos demonios
El último plano que está expuesto a posibles modificaciones a partir de la gestión de La Libertad Avanza es el de la traducción judicial de la teoría de los dos demonios. A principios de septiembre, Victoria Villarruel desarrolló en la Legislatura porteña un homenaje a “víctimas del terrorismo”, en relación con las acciones que las agrupaciones político guerrilleras llevaron a cabo durante los 70.
Con el impulso de agrupaciones como Justicia y Concordia o el propio Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), dirigido por Villarruel, colectivos que se autodenominan “de memoria completa”, pero que nuclea objetivos de defensa de represores a quienes identifican como “presos políticos” o “perseguidos” o “héroes de la patria mártires”, siguen crepitando en el fuego de la Justicia dos causas que pueden llevar al banquillo de los acusados a militantes setentistas.
Una, que intenta que se juzgue a referentes del Ejército Revolucionario del Pueblo por la muerte del militar Antonio del Valle Larrabure, aguarda una decisión de la Corte Suprema. La otra, que insiste en que referentes de Montoneros den explicaciones por la explosión que destruyó el comedor de lo que fue la Superintendencia de Seguridad Federal de la policía en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a rebotar hace poco del despacho de la jueza María Servini, con un nuevo rechazo, y recaló, otra vez, en la Cámara Federal.
Sin ganas de comprar quilombos
“Los crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio argentino no pueden ser indultados ni conmutados por el Poder Ejecutivo, como tampoco amnistiados por el Legislativo”, resaltó el juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, quien recordó que fue la propia Corte Suprema la que, “a partir del 2004 y en extensos precedentes cerró el cerco a la impunidad”. Sin embargo, también reconoció el “bochornoso” fallo con el que, en 2017, en pleno gobierno macrista, intentaron los supremos una vía nueva para liberar genocidas a través de la aplicación del 2×1. Así, “sería ingenuo y hasta peligroso presumir la consolidación definitiva del proceso que sintetiza el Nunca Más”, concluyó el camarista.
Y si bien abogó por “no olvidar” que la dictadura genocida “aconteció mientras también una inmensa mayoría de jueces y todo el poder jurídico académico, salvo muy pocas y honrosas excepciones, adoptaran una actitud cómplice o, cuanto menos complaciente”, también tomó postura desde el presente: “El proceso reparatorio debe ser permanente y no admite tentativas regresivas. Debe ser una decisión sostenida en el tiempo. Queda mucho por investigar a juzgar, resta devolverles la identidad a cientos de nietos apropiados. La Memoria, Verdad y Justicia necesita de una Justicia, de Verdad y con Memoria”.
En las últimas semanas hubo un fallo de la Corte Suprema que la ansiedad preballotage invisibilizó y que puede leerse como una declaración de principios y, a la vez, una advertencia para negacionistas envalentonados. El 14 de noviembre pasado, con la argumentación de Ricardo Lorenzetti y el voto de los otros tres cortesanos, el máximo tribunal le ordenó a la Cámara de Casación que emita un nuevo fallo en un caso de crímenes económicos de la última dictadura –el Caso Mackentor, que implicó la intervención judicial y el vaciamiento de la empresa previo secuestro y torturas a sus dueños, en Córdoba–.
Pero lo fundamental de la resolución suprema fue que destacó que el enjuiciamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad es “una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos». Y que, en ese sentido, Lorenzetti recordó que el Estado «no puede oponer normas internas que obstaculicen” el proceso.
En los pasillos del Poder Judicial la conclusión es similar, aunque menos pomposa: “Una amnistía, un retroceso de ese calibre es impensado. Acá nadie se va a querer comprar ese quilombo”, apuntaron las fuentes. “Con los obstáculos de siempre y más allá de algún que otro operador judicial siempre haya resistido, los juicios de lesa se están haciendo y no hay nada que indique que la cuestión vaya a terminarse. Los tribunales están juzgando y condenando, sobrevivientes y familiares estamos de pie apuntalando el proceso que es una política de Estado y que va a continuar”, postuló Rodolfo Yanzón, histórico abogado querellante en la megacausa ESMA y otras causas de lesa humanidad.
