Tal como publicó la periodista Mariana Mamaní en Página 12, el docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Villegas son investigados por el fiscal penal Walter Rondón, quien los acusó por los delitos de daños y de supresión y suposición del estado civil y de la identidad, por publicaciones en la red social X (ex Twitter) el pasado 26 de diciembre.
Las detenciones continuaron hasta que el viernes se dictó prisión preventiva de 60 días a Morandini y Villegas en una audiencia de imputación en la que ambos se abstuvieron de declarar. Sus defensores, el abogado Ariel Ruarte, y la defensora pública Karina López, habían pedido la libertad o que se les concediera la modalidad domiciliaria, pero el juez rechazó estas solicitudes y ambos fueron trasladados a la Central de Policía para la revisación médica antes de ser llevados a un penal.
Ruarte explicó que el magistrado entendió que Morandini y Villegas deben seguir en prisión porque podrían entorpecer la investigación, como había planteado el fiscal. Los fundamentos se conocerán este lunes y a partir de ello la resolución podrá apelarse.
La denuncia inicial surgió de la esposa de Morales, Tulia Snopek, que también es mencionada en las publicaciones. Hubo una orden de aprehensión de Morandini y Villegas, que se concretó en las primeras horas del jueves en el domicilio de Morandini, y en la vía pública en el caso de Villegas. «El fiscal nos dijo que había nueve personas identificadas más, además de los dos que ya están detenidos”, contó Lucía Castro Olivera, la pareja de Morandini.
Castro Olivera relató que ante el fiscal hicieron hincapié «en todo el clima que se generó en el barrio por la circulación de policías de civil», que estuvieron «hablando con los vecinos, difamándonos. Fue todo un operativo absolutamente innecesario», afirmó. Añadió que subrayó ante el fiscal que «así como protegen a la menor que están protegiendo (la hija de Snopek y Morales), protejan también a nuestras hijas que tuvieron que vivir toda esta situación, que hace un día que su padre está preso».
«Buscan generar un clima de desconfianza, de miedo, de temor», denunció. Y recordó que a Morandini lo buscaron en un automóvil sin patente; y a eso se suma el hecho de que horas antes una mujer policía había pedido permiso para entrar a la casa “cargar su celular” y había preguntado por el paradero del docente con la excusa de que tenía una citación de la justicia. El operativo fue similar a los realizados en junio de 2023 para detener a referentes sociales y sindicales.
La detención de Morandini, que es docente de las universidades públicas de Jujuy y Salta, desató una ola de repudios y expresiones de solidaridad. Los gremios de ambas casas de estudio reclamaron su inmediata libertad. También lo hizo la propia Universidad Nacional de Salta. “Es una persecución política e ideológica”, aseguró la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu). “Una vez más la (In) Justicia de Jujuy actúa de manera irregular, apartada de los procedimientos legales vigentes, cercenando los derechos y garantías de lxs ciudadanxs de esta provincia y de cualquiera que se atreva a poner un pie en ella», denunció la Asamblea Permanente por los derechos humanos regional Jujuy (APDH).
