“Cada vez la van a pasar peor”, dice la publicación que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, replicó el 5 de marzo. En la foto se ve a unos ¿30? ¿40? detenidos de la Unidad provincial de Piñero sentados en el piso con el torso desnudo. Se puede adivinar que los sacaron de apuro de sus celdas, los obligaron a quitarse la remera, los maniataron aún más rápido (incluso a uno le pusieron el precinto con las manos al frente del cuerpo) y, antes de que un fotógrafo capture el momento, les ordenaron bajar la cabeza. Después repitieron el momento dos veces más, para que la puesta en escena tenga distintos ángulos, desde atrás y desde arriba.
Desde ese momento, hace poco más de un mes, el crimen organizado con base de ejecución en Rosario comenzó a amenazar de muerte a fiscales, futbolistas, al propio gobernador, maestras, médicos y periodistas. Y eligió a transportistas -choferes de colectivos y taxis- como víctimas mortales para inmovilizar a toda la sociedad civil.
Familiares de detenidos reclaman por condiciones inhumanas en cárceles de Santa Fe
Es la medianoche del 4 de marzo. La Casa Gris, sede rosarina de la Gobernación de Santa Fe, alcanza a iluminar la Plaza San Martín: las luces dan paso a refuerzos policiales que llegan en moto. Después se aproximan patrulleros. En un momento son 40 los efectivos, algunos exponiendo escopetas. Frente a ellos hay una bicicleta atada, unas quince mujeres de mediana edad, algunos pibes más chicos y dos señores que bien podrían ser sus abuelos. Madres, hermanas, hijos, padres de detenidos en las cárceles de Piñero y Coronda que, a partir del día siguiente, serán nombradas en todos los medios del país.
Comida podrida en las unidades, impedimentos de visitas para el contacto con las familias y -precisamente- para recibir alimentos, rapadas obligatorias y masivas en los pabellones, sustracción de medicamentos, eliminación del servicio de recolección de residuos, fracturas y fisuras sin atención médica (“el doctor sólo le saca fotos y se va”), falta de respuestas a demandas judiciales: son algunos de los reclamos de los parientes de las personas detenidas, que pasaron la madrugada en la plaza. «Les sacan los aritos con pinzas», relata una familiar a un medio local. En los testimonios se reitera la misma fecha. Dicen que a partir del 12 de diciembre, dos días después del cambio de gestión, el régimen penitenciario se transformó en hostilidad y homogeneizó castigos para los pabellones.
En la Unidad de Piñero y Coronda hay personas juzgadas por distintos delitos, no todos vinculados a la asociación ilícita. Tampoco todas se encuentran dentro de los que se denominan “pabellones de alto perfil”, donde fue tomada la foto y donde el Servicio Penitenciario local implementa regímenes específicos de tránsito de la pena. “Están totalmente aislados y son monitoreados las 24 horas. A algunos les permiten visitas sólo una vez por mes a través de un acrílico. Los tienen re mal”, asegura un hombre que transita su condena en una cárcel de la provincia.
“Es una calificación ad hoc del propio Servicio Penitenciario de Santa Fe, con criterios bastantes laxos y arbitrarios sobre lo que se entiende como un preso de alto perfil. Incluso consideraciones muy amplias, como cualquier detenido que haya cometido un delito con repercusión mediática”, apunta Mauricio Manchado, una referencia nacional en la investigación de cárceles, con formación posdoctoral y radicado en Rosario hace 15 años.
El 7 de marzo, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe presentó denuncias penales ante la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación. Detallaron acontecimientos ocurridos en febrero en tres pabellones de la cárcel de Piñero y en uno de la cárcel de Pérez: picanas, submarinos secos, empalamiento, baldazos de lavandina, heridas en los pies para que no puedan permanecer parados y golpizas hasta llegar a fracturar a las personas detenidas, que permanecieron aisladas en sus celdas por semanas sin atención médica provocando que las heridas se infecten. Entre los testimonios, un hombre contó que lo obligaron a firmar un documento donde certificó que no tenía reclamos.
“Cada vez la van a pasar peor”, prometió el gobernador de Santa Fe.
La gestión penitenciaria santafesina
«Nosotros no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con la Constitución Nacional, con lo que indica la ley de ejecución penal», le dijo a los medios Maximiliano Pullaro el 26 de marzo, después de la primera reunión de la Junta Provincial de Seguridad. En el mismo encuentro reconoció que se están evaluando indultar a policías condenados.
Entre otras garantías, la Ley N° 24.660 de Ejecución Penal establece:
El 20 de marzo, el juez Rafael Coria rechazó la denuncia penal en donde se dejaba constancia de que las condiciones de detención en la cárcel de Piñero y Pérez eran ilegítimas. La fiscal Karina Bartocci no acusó y, en contraposición, solicitó denegar los pedidos de habeas corpus presentados por las familias y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Un día antes del fallo, se intervino la Fiscalía Regional de Rosario, a cargo de María Eugenia Iribarren. «Falta de cohesión interna» y una «lógica organizacional fragmentada» fueron los argumentos. Pullaro opinó al respecto en un acto que tuvo ese mismo día: “Indudablemente se entendió que hacer un cambio era lo correcto para llevar adelante la persecución penal en la ciudad de Rosario”.
Entrevistado en radio Mitre el mismo 6 de marzo, el ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Cococcioni, reconoció que las medidas penitenciarias que toma su gestión responden a la agenda del crimen organizado: “Empezamos a trabajar en un régimen más severo, cuya severidad se va a ir incrementando en la medida de la respuesta de ellos”. Después remarcó la ejemplaridad de su gestión carcelaria: aseguró que “hay revisiones médicas antes y después de cada día, de cada pesquisa, de cada procedimiento con uso de la fuerza” y que “ al que quiera reintegrarse a la sociedad, les vamos a dar todo lo que haya que darle para capacitarse”.
Desde el 14 de diciembre, cuatro días después del cambio de gestión, rige en Santa Fe la ley de Emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario. Ese marco legal ampara el régimen de pabellones de alto perfil, la reincorporación de policías retirados y las partidas presupuestarias discrecionales para fuerzas de seguridad.
Organizaciones sociales piden el retorno de los talleres a las cárceles
“Nos estamos encontrando con varias complicaciones para seguir sosteniendo el espacio de radio dado que el programa que depende del Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del cual podíamos entrar a la unidad y nos proporcionaba un mínimo ingreso a los talleristas, deja de trabajar en contextos de encierro”, escribe uno de los impulsores de un proyecto radiofónico en cárceles santafesinas. En su programa, las personas que transitan una condena relatan cuestiones de su cotidianidad (cómo es el “Día del Niño” en una cárcel, qué música escuchan, qué se cocinan), cantan raps de su autoría o debaten proyectos de ley que les interesan.
Desde diciembre del 2023, el programa Santa Fe Más -que dependía del Ministerio de Desarrollo Social provincial y, entre otros proyectos, solventaba talleres de oficio y arte en el contexto de encierro- se dio de baja. Incluso borraron sus redes sociales. Esa iniciativa del gobierno que finalizó su mandato el año pasado fue la continuidad al plan Nueva Oportunidad, que fue impulsado por el socialismo provincial durante sus gestiones. Hasta el momento, sólo se sabe que la administración de Pullaro eligió el nombre de Reintegrarse para comenzar a diseñar actividades similares.
“No sabemos las condiciones y si van a aceptar los talleres que nosotros ofrecemos como propuesta. La situación todavía está muy extraña: no sabemos con quién hablar ni cómo ingresar a las unidades. Es algo que queremos definir lo antes posible”, dice Hernán Aliani, uno de los miembros de La Bemba del Sur, una organización con más de una década de trayectoria en cárceles santafesinas. Como profesor de filosofía en la cárcel de Piñero, menciona que -con el cambio de director en la unidad en diciembre- se le impidió realizar el acto de fin de año de entrega de diplomas. Hasta el 2023, en su taller participaban personas que se encontraban detenidas en los pabellones de alto perfil: «Después pusieron una restricción y fueron los primeros que tuvimos que sacar de las listas. Eran estudiantes muy participativos, inteligentes y en muchos casos con conciencia social».
“No podemos ver a nuestros estudiantes ni charlar con ellos para ver cómo están. Es angustiante”, detalla otro tallerista que prefiere permanecer anónimo y explica que aún no se conoce si hay presupuesto para los docentes ni certidumbre acerca de las autorizaciones para sus ingresos. “Bajaba la conflictividad de los pabellones en donde había talleres. El mismo Servicio nos decía que a los pibes les hacía bien”, recuerda.
Los programas educativos y talleres de oficio implican, desde hace casi un siglo, una política transversal en los regímenes carcelarios de toda la Argentina. En muchos casos presentados como “privilegios” cuando en realidad se tratan de derechos, los directivos penitenciarios administran esos espacios para un porcentaje de la población de las unidades que arbitrariamente determinan, haciendo equilibrio entre las presiones de organismos e instituciones -especialmente las universidades públicas en nuestro país- y el reconocimiento de sus propias limitaciones para gestionar procesos formativos. Se trata del paradigma de “reinserción” que, con sus insuficiencias y las consecuencias propias de concebir que detenidos y cárceles son “ajenos” a la misma sociedad extramuros, al menos habilita la posibilidad de constituir proyectos de educación, trabajo y esparcimiento.
“Creo que esa imagen y ese mensaje publicado por el ministro de Seguridad y el Gobernador confirman que para ese sector poblacional lo que va a corresponder es sólo esta concepción de la cárcel como jaula-depósito, de la prisión en su lógica más incapacitante posible. Bajo el mensaje de defender a la sociedad, estas personas van a ser objeto de intervenciones que buscan restringir el acceso a derechos, como lo son prácticas educativas”, explica Mauricio Manchado, y amplía: “Aquello que era fragmentario y esporádico, como la posibilidad del contacto con algún detenido para compartirle un material de estudio o para que pueda acceder a algún espacio de salud mental, va a ir cercenándose aún más”.
Esta nueva gestión eligió mostrar los cuerpos de los que transitan una condena como objetos de intervenciones de la sociedad del espectáculo digital: rapar, desnudar y reducir para subir una publicación de Instagram. E insistir en que ese montaje es sinónimo de seguridad y poder. Exhibir el maltrato para recibir la aprobación de otras personas acuciadas por la inseguridad. Construir una guerra desde la retórica para promover el endurecimiento del encierro de quienes ya fueron juzgados. Castigar como fin en sí mismo. Dejar de ejercer el poder desde los alcances que ofrece la institucionalidad y la voluntad de sectores de la sociedad civil: ingresar en los códigos del crimen organizado y ostentar venganza.
«La gente ni se imagina que nosotros hacemos un taller, que organizamos cosas positivas y ‘buscamos la calle'», subraya, desde una cárcel santafesina, un hombre treintañero. “Antes era todo mucho más flexible, te dejaban si te querías traer un tele para ver las noticias o un cargador para escuchar una música. Ahora no, te cachan todo, no te dejan hacer nada. Las requisas son cada vez peores. Llevamos las de perder en todos los tiros», lamenta.
Después, opina: «Al Servicio Penitenciario se le está yendo la mano, pero estos narcos no dan tregua y siguen las amenazas. Dicen que va a haber policía en la calle y es todo mentira, no hay ninguno en los barrios. Es todo mentira eso y lo que dice la Bullrich: los ponen dos o tres días, después se van y otra vez es lo mismo».
Ley Antimafias y Ley de Seguridad Interior: la inspiración en el modelo Bukele
«Vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias, que implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa», anunció Patricia Bullrich el 21 de marzo en conferencia de prensa. Un fragmento de su discurso puede verse en sus redes sociales, en una edición de menos de dos minutos con música de acción de fondo. En el mismo video, apunta a penalizar a «aquellos que organicen manifestaciones».
La principal novedad penitenciaria que trajo el regreso de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad fue la incorporación del Servicio Penitenciario Federal a su órbita. También eligió como subsecretario de Asuntos Penitenciarios a su abogado personal, Julián Curi, con quien diseñó el Programa de Gestión de Internos de Alto Riesgo, con lineamientos similares al régimen que pensó la política santafesina de pabellones de alto perfil. Otro paralelismo con la provincia es su grado de intervención sobre áreas cruciales: removió en marzo al director del Servicio Penitenciario Federal, Juan Velaverde, que había sido nombrado en octubre del 2023 y tenía tres décadas de trayectoria carcelaria en unidades de siete provincias distintas. Para reemplazarlo designó de forma honoraria al oficial retirado Fernando Martínez, quien ocupó ese lugar durante 31 años hasta mayo del 2020. “Cambiamos porque era momento de cambios”, argumentó la ministra.
Cuando explica el proyecto de Ley Antimafias, Bullrich lo compara con la legislación de Italia, Estados Unidos y El Salvador. El estado de excepción que diseñó Nayib Bukele en El Salvador fue implementado luego de que se registraron 92 homicidios -atribuidos a pandillas locales- en tres días, en marzo del 2022. El régimen legalmente podía extenderse un mes, pero aún sigue vigente. Para noviembre de ese año ya se habían detenido 58.000 personas, entre las que se contaban 1.600 menores de 16 años. Ninguno de ellos contó con el derecho a la defensa hasta pasadas las 48 horas, situación que luego se extendió hasta los 15 días. Pese al crecimiento exponencial de recursos judiciales para conocer los paraderos de los detenidos, los familiares y periodistas no encontraban registros de dónde ni en qué condiciones pasaban su encarcelamiento: sólo les quedaba esperar a que recuperen su libertad. El propio sindicato policial, que monitorea las detenciones en el país, calculó que al menos una de cada seis personas encarceladas era inocente.
El medio salvadoreño opositor El Faro, que en 2023 tuvo que mudar su redacción a Costa Rica por el hostigamiento de Bukele, detectó que se detuvieron personas -según consta en la ficha de su aprehensión- por portación de tatuajes, por apariencia sospechosa, por actividad en redes sociales o por mostrar «nerviosismo». Incluso informaron sobre policías presionados por sus autoridades en caso de no acatar órdenes por considerarlas anómalas o arbitrarias. La organización Human Rights Watch profundizó sobre este régimen en un informe titulado: «Podemos detener a quien queramos”. Allí exponen que las audiencias judiciales se concretaban en grupos masivos, con la participación de hasta 500 detenidos y frecuentemente en forma virtual, lo que volvía imposible a las defensas de los detenidos presentar evidencias individuales y garantizar un juicio acorde. Su investigación detalla golpizas a personas que luego fueron encontradas inocentes y “desapariciones forzadas de corta duración”.
“Quiero decirle a la ministra Bullrich que están haciendo las cosas mal. Se están poniendo la chapa de Bukele y les falta mucho. Nos dejan desprotegidos y no podemos ir a trabajar», dijo el 12 de marzo, en una entrevista televisiva, el papá de Bruno Bussanich, el playero asesinado dos días antes. Para el 8 de marzo, dos días después del asesinato del taxista Diego Celentano y 24 horas más tarde del crimen del colectivo Marcos Daloia, detuvieron a 21 presuntos sospechosos en Rosario. El 8 de abril, el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe ordenó 30 allanamientos y se detuvieron otras seis personas: “Resultados importantes por causas de terrorismo”, destacó Pullaro en sus redes sociales. Aún no se comprobó ningún responsable de los homicidios. “Fue un error muy grave lo de la foto, están equivocados; eso solo lo podes hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tienes el control total de la calle”, declaró el propio ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro.
Existe otro punto de contacto con la gestión de Nayib Bukele: la intervención militar en casos delictivos y en la gestión carcelaria. En Argentina, el ministro de Defensa Luis Petri anunció que enviaría un proyecto para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la eventual Ley de Seguridad Interior. Ecuador tomó esa misma decisión el 8 de enero de este año, cuando el flamante presidente electo, Daniel Noboa, ordenó el ingreso de las Fuerzas Armadas para confrontar con la toma de rehenes y los amotinamientos en ocho unidades penitenciarias. Logró sofocar los levantamientos, pero el país se sumió en un proceso de enfrentamientos semanales en los penales, con nuevas insurgencias y muertos que se cuentan de a decenas, a los que el gobierno también denomina «terroristas». El 26 de marzo se registró un nuevo motín, esta vez en la Cárcel Regional de Guayaquil.
Una pena que permita la transformación
“Los viajes culturales de cualquier tipo de política, sea social o penal, tienen que ser ubicados en el contexto en donde se inscribe. Para mí este tipo de recetas importadas per se, sin ningún tipo de problematización sobre el territorio en general, traen malos resultados”, asegura Manchado y observa que “equiparar las responsabilidades y condenas de todos los actores de estas organizaciones va a traer como consecuencia una suerte de dispersión en la mirada de dónde está el foco del problema. Va a tener el mismo peso aquel que está involucrado en una trama de lavado de dinero, que es el que puede financiar a muchos de estos grupos que después intervienen en el territorio, a un joven que en el barrio pone en juego un montón de dimensiones de por qué participar en estos espacios”.
En las últimas dos décadas, la apelación a acontecimientos sensibles de inseguridad provocaron transformaciones que, casi sin excepciones, se sostuvieron como política de Estado: el endurecimiento de las condenas y el deterioro de las posibilidades de desarrollo formativo dentro de la cárceles. A pesar de iniciativas distritales que piensan alternativas para la vida de las personas detenidas, las reformas dictaminadas en la Ley Blumberg en el 2004 y en la Ley Petri (por su autor, el actual ministro) en el 2017 determinaron una lógica de penas más largas y mayores restricciones a las salidas transitorias en toda la Argentina.
El 30 de marzo pasado, y luego de que un adolescente fuera acusado como autor del homicidio de Bruno Bussanich en Rosario, Mariano Cúneo Libarona se incorporó a esta tradición. «Trabajando en la nueva Ley de Minoridad con Patricia Bullrich», publicó el ministro de Justicia en sus redes sociales, agitando un reiterado hit del punitivismo nacional que viola el principio de no regresión en las normativas y, fundamentalmente, elude la pregunta sobre las condiciones en las que serán encarcelados los menores de 16 años de todo el país y qué herramientas recibirán en el contexto de encierro junto a los adultos. “Menor que comete delito de mayor, hay que juzgarlo como mayor”, le dijo a los medios el gobernador Pullaro, reinterpretando el Código Penal. El avance de la investigación judicial por el homicidio de Bussanich apunta contra cuatro adultos, todos sospechosos de ser ideólogos del crimen.
“La gestión de la seguridad en la Argentina, a grandes rasgos, parece estar cimentada en la posibilidad del éxito de los fracasos: volvemos otra vez a las recetas que efectivamente no han traído consecuencias positivas”, piensa Manchado y suma: “A nivel pragmático, esta suerte de despliegue espectacularizado de las fuerzas termina siendo un fármaco o un placebo que después se terminan diluyendo en el tiempo. A la vista está que se vuelve a repetir, porque si esto hubiese traído alguna solución más estructural, profunda e integral, no estaríamos discutiendo nuevamente lo mismo”.
Tras otro delito cometido en el distrito bonaerense de Lomas de Zamora, Patricia Bullrich anunció frente a los medios un esbozo de la Ley de Reiterancia, que pasaría a modificar la de Reincidencia: si una persona es sospechosa de haber vuelto a cometer un mismo delito esperará el juicio en prisión, aunque no esté probada su responsabilidad en el hecho. «Basta de estar dando vueltas», dijo el 23 de enero. Y el pasado 4 de abril, en una conferencia de prensa con Maximiliano Pullaro, ratificó que propondría esta modificación junto con la reducción de la edad de imputabilidad, la ley antimafias y la reforma de la legítima defensa en cumplimiento del deber para las fuerzas de seguridad. Ante la prensa y escoltada por los directivos de las fuerzas de seguridad, la ministra prometió: “Se va a generar un cambio paradigmático en la historia criminal de la Argentina».
La reiteración de medidas que promueven el endurecimiento de las penas y el encarcelamiento sin condena firme hacen que, desde el 2013, las cárceles federales en la Argentina registren ininterrumpidamente sobrepoblación: el último año fue del 3,8%, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). En los distritos la situación de hacinamiento es más grave. El caso bonaerense es emblemático, con una sobrepoblación promedio de 109% en unidades penitenciarias y 233% en comisarías, según el informe del Comité Provincial por la Memoria del 2023. Santa Fe no es una excepción: de 117 presos cada 100.000 habitantes en 2008 se pasó a 263 en 2022, según el Ministerio de Seguridad provincial (mismo organismo que identificó 406 homicidios en ese período, el mayor índice desde el 2015). Como ejemplos, al finalizar ese año en Piñero estaban encerradas 2.153 personas, cuando su capacidad es de 1.452 plazas; lo mismo en Coronda, donde los 2.189 detenidos sobrepasaban la capacidad para 1.456 hombres. A este estado de situación, se suman otras estadísticas. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, en el 2022 el 30% de los detenidos en cárceles federales no terminó la educación primaria: su contacto con el Estado está más atravesado por las instituciones punitivas que por las educativas.
«A mí me genera angustia ver las noticias porque soy un pibe que está preso. Te deprime un poco, te digo la verdad, y te baja la autoestima porque decís: ‘La puta madre, mirá lo que te termina pasando por culpa de estos narcos’. Me da lástima por parte de los familiares porque no consiguieron nada por más que se quejaron por el tema de las comidas. No les dieron bola”, relata un hombre detenido en una cárcel santafesina, que tiene una postura crítica hacia los protagonistas de los delitos del último mes: «Ellos están haciendo el desastre. La gente va a laburar y no sabe si vuelve a su casa. Dijeron que se iban a meter con los chicos y los iban a matar. Imaginate que se generó un pánico acá adentro también, porque tenemos pibes».
La privación de derechos en el contexto de encierro es resguardada por las administraciones carcelarias bajo el argumento de la gestión del orden. Sin embargo, existen decisiones diferentes al castigo físico y al aislamiento para consolidar ambientes que disten de la violencia. «El impacto que veo con el taller es que se genera una especie de comunidad, desde una idea de grupalidad, cooperación y respeto por lo que se dice y se escucha del otro», destaca Aliani, de La Bemba del Sur, que considera que sus encuentros de filosofía «definitivamente tienen un efecto pacificador. Uno puede defenderlos como instancias educativas pero también desde otros puntos, porque si estás haciendo un taller, respetás un espacio, participás y cooperás, estás preocupándote por vos mismo».
Desde diciembre del 2022, reposa en el Congreso de la Nación un proyecto de la diputada Natalia Zaracho que se denominó Ley contra la Reincidencia. Tiene tres ejes: formación en oficios dentro del contexto de encierro, creación de polos cooperativos de liberados en cada distrito e inversión estatal inicial para la estructura productiva y la prioridad en la contratación de servicios. El documento se presentó en medio de un despliegue de ferias de los cooperativistas, personas que habían cumplido su condena y se agruparon luego de ser rechazadas por el mercado laboral por sus antecedentes penales. Al trabajo cotidiano de esas cooperativas se le suman medio centenar de iniciativas formativas de organizaciones en todo el país y la política educativa de 21 universidades públicas nucleadas en la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro. Detrás de sus esfuerzos subyace una pretensión: que el reflejo mediático no insista en exigir mayor punitivismo tras la mediatización de un crimen, sino que ingresen al debate algunas variables que permitan una búsqueda de pacificación dentro del contexto de encierro y una salida laboral (no delictiva) fuera de él.
«No se puede pedir más nada y nadie va a zapatear por nosotros, imaginate, con lo que está pasando. ¿Vos te pensás que la gente va a defender a algún preso ahora?», dice un hombre desde su detención en el régimen penitenciario santafesino. “Cada vez la van a pasar peor”, insiste la gestión provincial. Una amenaza hecha política que habilita a preguntarse qué sigue después de todo esto y si en algún momento acabará.
