Dos cosas le preocupan a Luis Alberto de la Vega, de 42 años, el miércoles 12 de junio por la tarde: llegar temprano a su cursada en la escuela Esteban de Luca, en el barrio de Balvanera –donde está terminando la primaria–, y encontrar un lugar cómodo para pasar la noche en la calle. Lo último podría resolverse sin problemas. Además de su mochila con los útiles, lleva un bolso con colchas y un aislante. Hace tres años que duerme a la intemperie. Durante la pandemia fue desalojado de una pensión y, desde entonces, no consigue un lugar. Los paradores de la ciudad no le gustan. El último al que fue, hace unos meses, en La Boca, fue un horror: le robaron el celular y otras pertenencias.
Luis camina ahora por Avenida de Mayo hacia a su escuela, pero no llegará a cursar. Tampoco a dormir en alguna esquina iluminada, a la espera de un plato humeante de comida de organizaciones como Amigos en la Calle. Un policía del Grupo de Acción Motorizada (GAM) de la ciudad acelera el motor de su BMW F 750 GS por la avenida en su dirección, mientras dispara a los transeúntes. La represión en las inmediaciones del Congreso tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado se expandió por todo el centro porteño, y los manifestantes que se fueron ahora son buscados por las fuerzas de seguridad. La libertad, dice un proverbio, es la distancia entre el cazador y su presa. Luis, escondido entre un árbol a la altura de la calle Salta, lo intuye. Una presa.
El policía motorizado sube a la vereda y va por Luis. Él corre, pero detrás suyo hay más. Cuatro uniformados del GAM lo encierran y le preguntan qué hay un su bolso. Algunas personas se acercan. Le piden que grite su nombre. “Luis Alberto de la Vega”, grita Luis, antes de que lo arrojen al piso, lo lleven detenido a una alcaldía porteña y, junto a 32 personas más, lo imputen –más tarde, cuando un juez porteño se declare “incompetente”– en una causa federal por sedición democrática y, al mismo tiempo, lo señalen como un “terrorista” en un comunicado presidencial.
“Incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando tumultos y desordenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática”, dice la imputación del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 1 hacia Luis y otros detenidos, tras la razia policial que impulsaron las fuerzas de seguridad durante el debate parlamentario de La Ley Bases.
Luis fue liberado el viernes, junto a otros detenidos, pero continúa imputado en una causa federal. “Es realmente patética la acusación”, dice Emiliano Villar, abogado de Proyecto 7 –una organización que vela por los derechos de personas en situación de calle– e integrante de la comisión directiva de la Asociación Americana de Juristas-Rama argentina. “Pedí la excarcelación inmediata y el sobreseimiento de Luis ni bien nos enteramos”, cuenta Villar. “Fue una detención completamente absurda y arbitraria”, explica el defensor, quien se acercó hasta la Unidad 29 de Comodoro Py para hablar con Luis, apresado hasta el viernes en esa cárcel luego de que su causa pasara a un juzgado federal. Las pruebas que presentó el letrado a favor de Luis son sus pertenencias (ropa y útiles), su carnet de discapacidad -«De niño tuvo un accidente y su movilidad es reducida”, cuenta Villar- y el video donde se ve cómo lo detiene la policía.
Los 33 detenidos por las protestas en el Congreso, incluido Luis, están acusados por delitos graves “contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas”, imputación que el fiscal Carlos Stornelli pidió sin fundamentos concretos. Algunos ya fueron indagados por la jueza federal, María Servini de Cubría, en una causa en la que el Ministerio de Seguridad de la Nación está evaluando presentarse como querellante.
“Un juez de ciudad declinó competencia porque Servini de Cubría pidió las imputaciones para agravarlas”, acusa Villar. El abogado de Proyecto 7 advierte, además, una discriminación del sistema penal por la condición vulnerable de su defendido. “Uno de los requisitos para liberarlo era que Luis tenga “arraigo”, es decir, que puedan encontrarlo en un domicilio, pero él vive en la calle”, cuenta el letrado. “Hicimos mucho hincapié en que lo íbamos a albergar en uno de los dispositivos de Proyecto 7 para que la Justicia no rechace la excarcelación y puedan ubicarlo. También me puse a mí mismo como caución personal, que es cuando el abogado se hace cargo personalmente de que Luis cumpla lo que pida la ley cuando lo liberen”, detalla Villar. “Su libertad es una victoria enorme porque se está viendo un rechazo masivo a este tipo de detenciones”, destaca el abogado de Proyecto 7.
Luis fue liberado alrededor de las diez de la noche del viernes. La agrupación ‘Amigos en el camino’, que hace recorridas nocturnas para asistir con alimentos, ropa y trámites jurídicos a las personas que duermen en las calles porteñas, celebró la decisión de la justicia. “Es una gran persona porque tiene voluntad de laburar, nos pide trabajo constantemente o si sabemos de algo. Sabe mucho de pintura y albañilería. Se la rebusca como toda persona”, cuenta Gabriel Martínez, integrante de ‘Amigos en la calle’. “Empezó a estudiar porque quiere terminar la primaria. Su deseo es progresar”, dice Martínez. Desde la organización, cuenta, le están tramitando un subsidio habitacional. “Su detención nos dejó muy preocupados. Ni siquiera había ido a la marcha. Ni los policías saben por qué lo detuvieron”, señala el integrante de ‘Amigos en la calle’.
Desde que Javier Milei es presidente el gobierno reprimió 30 movilizaciones, dejando un saldo de 538 personas heridas y 108 detenciones por protestar. Mucha de ellas, como la de Luis, fueron sin ningún motivo. Bajo el gobierno libertario, se produce una detención cada 48 horas.
