Publicada 23/7/2024
Es martes 11 de junio en la Unidad 9 de Villa Elvira, una cárcel en donde atraviesan condenas unos 2000 varones aunque fue diseñada originalmente para 874. Son las dos de la tarde, así que en este momento confluyen las últimas clases del trimestre con partidos de fútbol en los patios y un curso de braille en el taller El Ágora.
Algo distinto está pasando en el pabellón 16 B; el de “Fuerzas”, reservado para ex efectivos de seguridad y penitenciarios. Ahí se escuchan gritos, primero, y golpes, después. Los gritos son de ayuda, de urgencia, de pedido de atención médica. Los golpes son en la reja que cierra el pabellón, porque el guardia encargado no se apresura ante los llamados.
Hay una persona desvanecida. Juan Manuel Liberto, de 45 años, con pasado como penitenciario en cárceles de San Martín. Cabello negro y morocho, mide más de 1,80 metros y hace actividad física con frecuencia. La atención se presenta, pero tarde: la persona que lo revisa sólo llega para verificar que no tiene pulso.
El informe que emite la propia unidad penal de La Plata registra que Liberto “a las 14:04 horas no respondía al llamado de sus compañeros. A las 14:05 horas, cuando se acerca el médico, constata el fallecimiento”. Aunque los que componen ese pabellón ponen en duda que la atención haya demorado sólo un minuto, sí confirman que fue sacado de su celda sin señales de vida. A la espera de los resultados finales de la autopsia, la información oficial apunta a una afección cardíaca respaldada en “patologías de base que pudieron llevarlo a la muerte”.
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Es 27 de junio: jueves. En la Unidad 9 hay visitas de familiares, estudiantes rindiendo examen y boxeadores entrenando. Una mañana nublada de 3° grados, en el que se comparten más mates que cigarrillos. Ese día circula también una noticia de un medio nacional: insinúa que Liberto se había opuesto a una banda interna de ex policías que traficaba droga dentro de la cárcel con connivencia del Servicio Penitenciario. Para que no obstaculice el negocio, le habrían proporcionado cocaína adulterada. Según la información, repitieron su estrategia en otros dos pabellones enteros, por lo que se habrían producido dos muertes más y doce internaciones al día siguiente. El artículo llega a los celulares y los pabellones; también a medios locales, que replican la información. La comunidad intramuros intenta atar cabos: ¿quién sigue en el ajuste de cuentas?
Para el 29 de junio, casi tres semanas después del hecho pero tan solo dos días desde que se publicó la nota, ni las personas aisladas en los buzones desconocían el caso. Las preocupaciones se volvieron rumores: se hablaba de que había otro muerto más que camuflaron por un malestar de salud, que los internados no eran doce sino cerca de unos treinta, que el Servicio Penitenciario tomó represalias contra el grupo de ex policías que presuntamente traficaba. Con el artículo como punto de partida, el relato de la realidad interna se fue construyendo con los entredichos de reja y reja. La única fuente oficial es la versión de los guardias, que cuentan con una credibilidad relativa. Así la desinformación configura una realidad de temor y paranoia y, por instinto de preservación, se elige el silencio.
Existen rumores coincidentes: «El pabellón de ‘Fuerzas’ es el que mueve gran parte de todo lo que se consume acá dentro»; “te diría que el 99% que circula, se comercializa y se consume se da a través del personal”; “la pasan de alguna manera, porque de acá adentro no se fabrica ni se planta”. Aunque no se avanzan con denuncias judiciales sobre la comercialización de droga interna, en los días posteriores a publicarse el artículo el Servicio Penitenciario realizó inusuales requisas con perros en pabellones de población de la Unidad 9.
Aunque corresponden al ámbito federal, las requisas penales vienen siendo el emblema de política carcelaria de Patricia Bullrich, quien se aseguró de incluir bajo la órbita del Ministerio de Seguridad nacional al Servicio Penitenciario Federal, que tradicionalmente se encontraba en el organigrama de Justicia. Promotora de cada acción que considera hazaña, la ministra exhibe incautaciones de cogollos o de bolsas que ocultan el contenido pero que pesan dos gramos. ¿El nuevo objetivo prioritario de los controles?
Los celulares, cuya detección es celebrada por Bullrich en sus redes sociales semanalmente. En el caso bonaerense están legalizados, pero las revisiones a los familiares que ingresan son igual de exhaustivos: sin importar sexo ni edad, hay que quitarse las prendas hasta quedar en ropa interior para ser cachados; los bizcochuelos son cortados y las bolsas de mercadería de supermercados son abiertos; ni hablar de los paquetes de yerba o las botellas de gaseosa. “Si bien existe el ingreso de droga por visita, es totalmente falso que sea mayoritario”, relativiza un hombre detenido.
Otra persona que leyó el artículo periodístico del 27 de junio fue la fiscal de la causa, Virginia Bravo, titular de la UFIJ N°7 del distrito de La Plata. «No hay elemento que permita corroborar los trascendidos», le dice a Perycia e incorpora una nueva versión, que hasta el momento representa la oficial: solo falleció Liberto y en las semanas posteriores hubo un sólo privado de su libertad internado, pero por cáncer de colón. “En la nota existe una denuncia, pero desconozco si está formalizada y esta fiscalía no interviene en esa situación, sino en la muerte de Liberto que ocurrió mucho antes de la publicación», afirma, aunque aclara que eso fue “durante mi turno”, por lo que sí, hubo otras muertes, estas fueron semanas antes del caso de Liberto.
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Personas que transitan las unidades de Villa Elvira, Melchor Romero, Gorina, Olmos y Los Hornos -todas del distrito de La Plata- coinciden al describir el escenario de actualidad de consumos en las cárceles bonaerenses: lo menos frecuente es el acceso a bebidas alcohólicas (“lo que hay es ingresado por el mismo personal y se las venden a los presos a precios muy elevados”) y lo que resulta más habitual es la marihuana.
«No es tanta la cantidad pero sí es cierto que hay mucha gente que no consumía y acá tuvieron su primer contacto o empezaron a consumir», asegura uno de los consultados y precisa que en muchas ocasiones el contacto con el consumo “se da por el grupo o el lugar con el que conviven. En muchos casos es por una cuestión anímica, para buscar algún escape”.
Aunque no ignoran la circulación de cocaína o psicofármacos, esta no resulta tan significativa y aún menos en la población abocada a dinámicas de estudio, trabajo y deportes: “Más que nada clonazepam, como para que los que el Servicio quiera no molesten o estén tirados sin hacer quilombo”. Todos los entrevistados reiteran la falta de programas institucionales que tengan como objetivo el acompañamiento por consumos problemáticos. Existen Comunidades Terapéuticas, a las que se llega a través de la derivación del profesional de salud mental que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense: la decena de consultados por este medio desconocen su existencia dentro de las unidades en donde transitan sus condenas. La asistencia, cuando ocurre, generalmente proviene de organizaciones voluntarias o del consejo de las propias personas que se encuentran privadas de su libertad.
Un caso particular es el de los pabellones evangélicos, donde es requisito participar de las distintas ceremonias de los que profesan esa fe. Allí, la estrategia para afrontar las problemáticas de consumo es concreta: la prohibición. “En los pabellones evangélicos no se puede consumir, porque te expulsan o te mandan a orar, a veces hasta por cigarrillos. Pero no veo tanto que sirva para que la persona haga un tratamiento si te castigan en lugar de asistirte”, puntualiza uno de los consultados.
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«Casi todos los pabellones funcionan de la misma forma”, dice un entrevistado de la Unidad 1 y luego describe: “Los compañeros tienen que ir a la puerta del pabellón a llamar al encargado cuando hay una urgencia médica. La mayoría de las veces, no presta atención o no atiende a esos llamados, entonces se empieza a golpear la puerta o a gritar lo más posible para dar aviso de que hay un caso de emergencia de salud que se tiene que asistir rápidamente. En algunos casos llegás a prender fuego la funda de una almohada para que largue humo y el encargado se acerque a la puerta”. Golpes, gritos, fuego: las sirenas toman otras formas cuando la atención no llega. “Generalmente los pacientes son trasladados por los mismos compañeros, utilizando mantas como si fueran camillas”, dicen desde la Unidad 9. “En esos momentos, diez segundos es un montón; ya que tarden más de un minuto, es una vida”, agregan desde la Unidad 12.
El último informe de la Comisión Provincial por la Memoria registró 9016 denuncias por falta o deficiencia de la atención de la salud en cárceles bonaerenses en el 2022. También verificó que hay siete unidades sin médico asignado y otras nueve en donde hay un profesional de la salud cada más de 300 personas. Las muertes por contingencias sanitarias o enfermedades, que impactan principalmente en la franja entre 31 y 60 años, fueron 871 entre 2016 y 2022: entre suicidios y homicidios, suman 178 en ese mismo período.
Todas las personas que se encuentran detenidas tienen una anécdota sanitaria. Una recuerda la semana que un odontólogo estuvo a cargo de la guardia clínica de la unidad. Un hombre cuenta que estuvo una semana junto con un paciente de tuberculosis sin aislamiento. Otro bromea al pensar en el joven que llegó al área de sanidad con un dedo fisurado, por lo que el médico procedió a «acomodarlo» sin realizar ningún tipo de imagen: le quebró el meñique. Con mayor angustia recuerdan el caso de la periodista y profesora (recibida en la Unidad 8) Viviana Blanco, quien no obtenía autorización judicial para tratarse por contingencias cardíacas en un hospital extramuros. Blanco asistió dos veces al área de sanidad y recibió medicación con corticoides el día en que perdió la vida por un paro cardiorespiratorio, en noviembre del 2023. La causa continúa en investigación.
“Cuesta muchísimo que te den paso a sanidad si te sentís mal. Muchas veces te preguntan si tenés turno y uno en realidad está pidiendo ir a la guardia”, señalan y detallan el tedioso proceso para atender cualquier dolencia: convencer a los encargados para obtener el paso al área de sanidad, un espacio con las dimensiones de una salita barrial pero para una población de cuatro dígitos de personas en el encierro; coincidir con que un profesional de la salud esté presente en ese momento (“lo más común es que venga otro detenido y te diga que el médico no está o que vuelvas otro día”); evitar que la visita se resuelva en menos de cinco minutos y con un blíster de ibuprofeno; tener la fortuna de que se haya renovado el stock de analgésicos, antibióticos, gasas y antisépticos. Si se contempla un importante porcentaje de pacientes fijos (VIH positivo, insulinodependientes) y que el tránsito de las condenas está diseñado para ser atravesado con precariedad higiénica, déficit nutricional y sobrepoblación, la situación sanitaria en las cárceles pasa de ser un derecho humano a una urgencia.
¿Se pudo prever la contingencia cardíaca de Liberto? ¿Existe voluntad penitenciaria para desterrar los penales de estupefacientes? ¿Qué rol deben cumplir las instituciones estatales para atender los consumos problemáticos de la población penitenciaria? La mayor claridad ante estas preguntas la tienen las propias personas que transitan cárceles y están sujetas a la atención sanitaria que el Servicio Penitenciario Bonaerense y sus juzgados les ofrece. “Digamos que no existe un sistema de salud como tal – sintetiza un hombre con una década en unidades de la provincia, que tiene la mayor cantidad de cárceles y detenidos del país – Está a la vista porque han fallecido compañeros y compañeras con muertes evitables».
