El 18 de abril de 2010, Nazareno Miño se encerró en su habitación después de pelearse con Patricia, su madre, y empezó a cortarse las muñecas con un cuchillo. Tuvo que intervenir su padre, Julio César. Forcejearon hasta que Julio se lastimó la mano. Nazareno tenía 24 años y era el mayor de tres hermanos. Desde niño le había tocado cuidarlos, fundamentalmente de su padre, que cuando tomaba alcohol golpeaba a Patricia. Años después, frente a una psicóloga del Estado, Nazareno recordaría que ella se desquitaba con él y eso le generaba rencor e impotencia. Una vez escuchó a su papá regocijarse de cómo le pegaba a su mamá. Automáticamente se le abalanzó encima para “golpearlo con furia”.

Al día siguiente del intento de suicidio, Patricia fue a la Comisaría del Barrio Aeropuerto, en la periferia sur de La Plata, y rogó que internaran a su hijo. Intervino el Tribunal de familia N°1 a cargo del juez José Luis Bombelli, y le encomendó una entrevista con personal de salud mental del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn. Miño se resistió a ir. Finalmente lo llevaron por la fuerza.

Nazareno entró al consultorio con la cabeza gacha y llorando. Sólo levantó la mirada para dirigirse a su madre:

—¡No te hagas la madre! ¡Nunca lo fuiste! ¡No quiero joder más a nadie! — y aseguró que en su casa nadie lo escuchaba.

Patricia se defendió:

—¡No sale, no come, no habla con nadie y además me atacó!

Pasó 48 horas internado y recibió el alta definitiva con la condición de seguir un tratamiento psicológico. En el expediente del fuero de Familia no hay constancias que acrediten el seguimiento. Dos años después del episodio, con la idea de ser «policía como en las películas», Miño llenó los formularios de ingreso de la Bonaerense.

Según policías consultados por el Mapa de la Policía La Plata, el examen psicológico tiene tres instancias: un test de identificación de imágenes, otro que consiste en representar una situación específica a través de un dibujo (un hombre bajo la lluvia, por ejemplo) y finalmente una entrevista con profesionales de la  psicología. 

Ese mismo 2012, Miño se incorporó a la Policía. De eso se desprende que no tuvo mayores inconvenientes para superar los test, o que nadie advirtió que ese pasado latente podría afectar su desempeño.

Los hechos: matar a quemarropas, herir de gravedad y escapar

El 28 de junio de 2023, Nazareno Miño ya tenía 37 años y era efectivo de la Dirección de Control Tecnológico Operativo de la policía provincial. Esa noche, cerca de las 21, entró al terreno de las hermanas Victoria y Castorina Díaz, en la localidad platense de Arturo Seguí. La casa permanecía oscura y silenciosa. Miño llevaba puesto el uniforme y su arma 9 mm reglamentaria cuando empezó a discutir con Victoria, su ex pareja. Ella vivía en el fondo con los dos hijos que tenían en común.

—¡Vamos a arreglar las cosas ahora, todo esto es por tu culpa! ¿Vos sabes todo el quilombo que armaste ahora? —le gritó Miño a Victoria.

Su expareja le pidió a gritos que se calmara, según el relato que Ezequiel haría unos meses más tarde en el expediente judicial. Ezequiel era el nuevo novio de Victoria, que repitió ante la Justicia lo que había escuchado desde la casa de adelante -ubicada a 10 metros de distancia, aproximadamente-, donde permaneció mientras duró el ataque. Estaba con su cuñada Castorina y Alcides, el esposo de ella. 

“Vicky me contó que una vez fue a buscar a los hijos a la casa de él, y éste la agarró del cuello. A (Nazareno) Sebastián le molestaba que Vicky esté en pareja, la trataba de puta” contó durante la reconstrucción judicial. Miño le decía a Victoria que “lo había arruinado todo” por haber iniciado una nueva relación.

—¡Tu hermana es una hija de puta!— le dijo Miño a Castorina esa noche, según la declaración de una vecina que también escuchó la pelea.

A Victoria le disparó tres veces: dos a la altura de la cabeza y una en la pierna. Cuando Castorina escuchó las detonaciones cruzó el patio corriendo hasta a la casa de su hermana, con la ilusión de calmarlo:

—Sebastian abrime, ¡¿qué está pasando ahí adentro?!

Miño abrió la puerta, la golpeó y le disparó a ella también.

—¡Lo tengo que matar!— gritó Alcides, antes de seguir a su esposa Castorina y cruzar el patio con una maza en la mano.

Miño lo esperaba con la puerta cerrada. Cuando Alcides la abrió, lo recibió con otro balazo. En total gatilló cinco veces, según la autopsia de las hermanas y el parte médico de Alcides. La tercera víctima quedó herida de gravedad en la cabeza. Unas semanas después, testificaría que no recordaba nada de ese momento.

—¿Alguien más va a venir? ¿Quién más falta?— vociferaba Miño.

La madre de sus hijos y su ex cuñada murieron en el acto.

Miño vio que sus hijos, de 7 y 10 años, corrían llorando a la casa de la vecina que los llamaba con desesperación y les gritó:

—¡Ustedes se van conmigo!

Miño escapó con ellos, pero 20 minutos después se entregó en la Comisaría N°12 de Villa Elisa. “Me mandé una cagada, no doy más”, le dijo al agente que lo atendió. El oficial revisó a los nenes y constató que estuvieran ilesos. Quedó detenido con prisión preventiva en la Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato.

Tres meses y una semana más tarde, durante la pericia psicológica del 5 de octubre de 2023, dijo no recordar nada de lo que había pasado. En principio se mostró “hermético”, con la cabeza gacha y evadiendo la mirada, según consignó el informe de la psicóloga Verónica Silvia Acevedo. Finalmente, contó el episodio de la internación en el hospital neuropsiquiátrico. Dijo que había durado dos semanas y no 48 horas, tal como figura en el expediente judicial. Respecto de su ingreso a la fuerza, aseguró que había sido en 2013 y no en 2012, como indica su legajo. La perito psicóloga concluyó que en Miño predominaba un esfuerzo por “sepultar” ciertas vivencias, ideas y sentimientos, como mecanismo de defensa.

—Colapsé. Sólo veo el arma en mi mano— dijo durante la sesión.

En el legajo policial de Miño no hay registro de la internación en el hospital neuropsiquiátrico Alejandro Korn, ocurrido apenas dos años antes de incorporarse a la fuerza. La información, que figuraba en el expediente abierto en el Tribunal de familia N°1 luego del intento de suicidio, nunca se entrecruzó con su solicitud de ingreso. Una desinteligencia fatal.

Aunque de haberse relevado el antecedente psiquiátrico, ¿habría sido excluyente para que Miño se alistara en la fuerza de seguridad?

—No, no te los piden. Sólo te piden los antecedentes penales— responde a el Mapa de la Policía uno de los agentes consultados.

El Mapa desconoce si la institución policial estaba al tanto de los antecedentes psiquiátricos de Miño. En todo caso, nos preguntamos si aún a sabiendas de esa información, permitieron su ingreso, permanencia y portación del arma reglamentaria.

Lo que sí aparece en el legajo policial de Miño -aportado por el Ministerio de Seguridad en la causa judicial- son los ocho pedidos de licencias que le fueron otorgadas. Cinco son por enfermedad. Pero las otras tres responden a la categoría F41 (“Otros trastornos de ansiedad”) que pueden ser “trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos somatomorfos”, según la “Clasificación Internacional de Enfermedades 10° CIE 10° REVISIÓN” de la Organización Mundial de la Salud. Esas tres licencias, sin embargo, tampoco alcanzaron para activar los anticuerpos de la institución: Miño siguió portando su arma 24/7, como el resto de sus colegas.

En su foja profesional, además de los trastornos relacionados con su salud mental, existieron otras señales que nadie atendió. La acusación de un vecino, en mayo de 2017, por agresiones y amenazas, o la denuncia del 4 de febrero de 2020 por violencia de género realizada por la propia Victoria. Respecto de la segunda, el Juzgado especializado N°3 a cargo de Graciela Inés Barcos se limitó a emitir una notificación a Miño de “cese de hostigamiento”. No pidió otras medidas cautelares, como por ejemplo, la “perimetral”. Si bien esa clase de estrategias no siempre impiden que la violencia ocurra -los acusados suelen romperlas-, al menos comprometen una acción estatal y no depositan la responsabilidad en la “esfera privada”.

¿Iba Miño a modificar su conducta a partir de una notificación de “cese de hostigamiento”? ¿Era Victoria, entonces, quien debía resguardarse de la agresión? Los femicidios cometidos por agentes policiales, ¿son casos de violencia institucional? 

Dos días después del doble femicidio, la causa pasó de la fiscalía de turno de Ana Medina, a una especializada en Violencia Familiar y de Género, a cargo de Mariana Ruffino. La fiscal pidió medidas usuales para esos casos: el historial de sumarios iniciados contra Miño, el historial de medidas de protección anteriores al femicidio, las internaciones anteriores del agresor, el historial de licencias médicas, su legajo policial e información sobre el alta y la baja del arma reglamentaria.

Femicidios policiales, violencia institucional 

El 3 de septiembre de 2023, la abogada Sofía Caravelos y el abogado Matías Busso se presentaron en la investigación como representantes de las hijas de Castorina Díaz. Aceptados como querellantes en la causa, querían saber por qué el caso no había sido incorporado al Registro de Violencia Institucional (R.I.V) del Ministerio Público Fiscal.

—Miño no cometió el femicidio (estando) en funciones— respondió una empleada judicial. La fiscal Ruffino no participó de la conversación.

Idéntica respuesta obtuvo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que históricamente se presenta en casos de violencia institucional por su legitimación como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura e integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. La denuncia tomada en la Comisaría N°12 de Villa Elisa, cuando Miño se entregó tras el doble crimen, reza que estaba de “franco de servicio” y que llevaba puesto su uniforme. Los abogados de la familia pidieron varias veces el cambio de carátula incorporando el agravante previsto en el Código Penal, dispuesto para aquellos casos en que los femicidas pertenezcan a esa fuerza: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario”, dice el artículo 80, en su inciso 9.

En su momento, Medina aclaró que la fiscal especializada tendría competencias específicas para modificar el criterio de la investigación en caso de considerarlo un hecho de violencia institucional. Sin embargo Ruffino, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género que finalmente siguió el caso, decidió no hacerlo.

Además del cambio de carátula, la querella presentó dos escritos pidiendo información esencial. En el primero, solicitaba que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad enviara el o los sumarios digitalizados completos iniciados por denuncias de violencia de género; que la Dirección de Sanidad del mismo organismo informara sobre la intervención llevada a cabo a partir de la internación de Miño y de sus licencias vinculadas a la salud mental; y por último, que la Superintendencia de Institutos de Formación Policial de ese Ministerio detallara los “procedimientos periódicos de evaluación para la portación de arma a los que haya sido sometido el Sr. Miño Nazareno”.

Las dependencias señaladas no respondieron, alegando que el pedido era demasiado general y que no tenían competencia sobre algunos de esos temas. Tampoco lo hicieron luego de la segunda presentación, idéntica a la anterior pero dirigida a cada oficina en forma particular. “El Departamento Judicial de La Plata tiene el número más alto de homicidios dolosos en relación a otros partidos de la provincia de Buenos Aires, y en particular, de femicidios”, destaca la abogada querellante Sofía Caravelos. Se refiere a las cifras del informe de Femicidios 2023, presentado por el Ministerio Público Fiscal el 8 de marzo. “Es un dato que hay que leer a la luz de otras cosas. Existe una justicia completamente colapsada, con más de un millón de causas iniciadas por año”, agrega Caravelos.

En efecto, el mismo informe alerta que durante 2023 se iniciaron, en la provincia de Buenos Aires, 1.060.602 procesos penales, de los cuales el 13,4% corresponden a casos de violencia familiar y/o de género. A su vez asegura que el departamento judicial La Plata concentra el número más alto de femicidios de toda la Provincia, alcanzando un porcentaje de 13,7%. “Este contexto de hiperinflación de las conflictividades y de su judicialización, de la relación histórica entre el Ministerio Público y la policía y la pertenencia social del imputado y la víctima, hacen que sólo se repare en lo punitivo y no en desentrañar otro elemento que permita pensar en términos de políticas públicas de otro tipo”, agrega la letrada.

“La policía bonaerense no fue apartada de la investigación de esta causa. Se trata de pruebas y testimonios recabados por esa institución que llegan a la Fiscalía como información ya procesada. No existe, en este sentido, una policía judicial auxiliar que pueda abordar este tipo de casos”, advierte Matías Busso, el otro abogado de la familia Díaz. “Nosotros insistimos en la recalificación de la causa para que queden claras las responsabilidades no sólo del imputado, sino también del Estado. El Poder Judicial penal no se ocupa de observar cómo la sistematicidad de los casos puede aportar datos para la producción de políticas públicas que eviten, justamente, que esto vuelva a ocurrir”.

¿Cómo contiene la institución a policías que atraviesan episodios de conmoción psicológica como el de Miño? ¿Cuántas alarmas deben sonar al interior de la fuerza para que se le impida llevar un arma en la cintura? En el caso de Miño fueron muchas. Ninguna funcionó.