Publicada el 21/11/24
En el pabellón de Diversidad de la Unidad Carcelaria N° 32 de Florencio Varela se respira una atmósfera densa. Hay preocupación y bronca entre las compañeras de Mónica Mego Velayarse, una mujer trans que hace más de tres meses padece un dolor lumbar que se tornó insoportable. Sus días en la cárcel se convirtieron en un tormento marcado por fuertes puntadas en la espalda y una sensación de hormigueo en las piernas que ya le impide mantenerse de pie y caminar con normalidad. Aunque solicitó atención médica reiteradas veces, sus pedidos fueron desestimados y apenas consiguió que le entreguen pastillas de ibuprofeno. Es febrero de 2019 y Mónica no puede sostenerse en pie. Se desplaza casi arrastrándose y mientras lo hace, los agentes del Servicio Penitenciario se burlan de ella. Sus compañeras actúan de manera solidaria y para visibilizar la situación, se declaran en huelga de hambre hasta que Mónica reciba asistencia profesional.
Transcurrieron más de cinco años desde aquella escena en el pabellón. Mónica Mego fue sobreseída a fines de 2021 por “pena natural”, ya que la Justicia consideró que los padecimientos de salud sufridos en la cárcel representaban una condena suficiente, que superaba cualquier cantidad de años de prisión que se pudieran dictaminar en su contra. Acusada por el presunto delito de tenencia de estupefacientes para comercialización (que implica penas de 4 a 15 años), llevaba más de tres años con prisión preventiva y dos con paraplejia. Finalmente, Mónica murió el 10 de marzo de 2022 a los 36 años de edad. La habían sobreseído apenas tres meses atrás.
La Ayudantía Fiscal de Delitos Acaecidos en Unidades Carcelarias del Departamento Judicial de La Plata consideró que existen suficientes elementos probatorios para el procesamiento de siete agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Juan Manuel González, Walter Raúl Piñón, Matías Pérez Núñez, Francisco Artola, Claudio Piccin, Elvira Tucto y María Guzmán están imputados en el marco de la causa penal que investiga sus responsabilidades en la obstrucción del acceso a la salud que sufrió Mónica. Las acusaciones son “abandono de persona, severidades y lesiones culposas”. Esto significa que la Justicia no investiga la muerte en sí misma, sino la actuación que tuvieron estos agentes y médicos penitenciarios mientras Mónica estaba detenida y no se le garantizó el derecho a recibir atención médica adecuada. En otras palabras, se trata de un evidente caso de violencia institucional que tuvo como víctima a una mujer trans que vio deteriorar su cuerpo y su salud sin poder hacer prácticamente nada para salvarse.
Narrar la violencia en primera persona
La violencia es parte del ADN de las instituciones penitenciarias. Según datos aportados por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, entre 2014 y 2022 se iniciaron 34.132 causas por situaciones de violencia institucional. La mitad de los casos denunciados fueron hechos ocurridos en cárceles y comisarías.
Aunque su difusión mediática fue escasa, la historia de Mónica tuvo un importante impacto judicial gracias a las acciones promovidas por activistas por los derechos del colectivo LGBTTIQ+ junto la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que se constituyó como particular damnificado en la causa. Una de las estrategias fue la incorporación de declaraciones de testigxs expertas, para narrarle a la Justicia qué implica ser una persona trans en una sociedad patriarcal y particularmente, en contextos de encierro. Las voces de la psicóloga social y activista trans Marlene Wayar y de la antropóloga Josefina Fernández intentaron hacer eco en la caja de resonancia de la Justicia, para que esta vez no haga oídos sordos.
Amaris Lascano, abogada y activista que acompaña el caso, considera que el de Mónica representa un caso paradigmático. En diálogo con Perycia, señaló: “Lo novedoso es que en la Provincia de Buenos Aires aún no había pasado que en una causa donde hay una travesti o trans involucrada, declaren personas expertas a partir de sus propios saberes. Y también que lo hagan durante la etapa de investigación. En Argentina, solamente había sucedido en la causa de Diana Sacayán” y recién en la instancia de juicio.
Los avances formales en materia de derechos de las personas trans y travestis están lejos de garantizar su ejercicio real al interior del sistema carcelario. Los tratos discriminatorios, los castigos y vejaciones, las humillaciones y la denigración que sufrió Mónica son parte de la cotidianeidad de la vida en las cárceles. Históricamente las voces trans y travestis fueron ignoradas y deslegitimadas. Hoy, los testimonios de las expertas se convierten en piezas clave para que la Fiscalía cuente con más elementos para reconstruir la violencia que sufrió Mónica.
El director del Programa de Litigio Estratégico de la CPM, Augusto Infante, señala que “hay una serie de dificultades que se atraviesan ante la privación estructural de derechos que el Servicio Penitenciario Bonaerense, en tanto sistema de la crueldad, expone a la población en general pero particularmente a las mujeres trans. Es sumamente relevante que el caso se investigue desde esa perspectiva y que se tenga en cuenta el contexto, pensando también en las necesarias responsabilidades del Estado Provincial de cara a evitar la vulneración de Derechos Humanos en el ámbito de privación de la libertad”.
Pasaron más de seis meses desde que Mónica Mego empezó a manifestar dolores hasta que se realizaron las primeras gestiones para su traslado a un hospital extramuros. Durante ese tiempo, pasó sus días entre la Alcaidía Pettinato de La Plata y la Unidad Carcelaria N° 32 de Florencio Varela. El 22 de marzo de 2019 logró que la internen en el Hospital San Martín, en la capital provincial, pero su estado de salud ya era muy delicado. Luego de la cirugía, Mónica se enteró que no podría volver a caminar ni a controlar esfínteres.
Encierro y tortura: ¿qué pasa con la salud de las mujeres trans en la cárcel?
Después de la operación, Mónica pasó un tiempo detenida en el hospital San Juan de Dios de La Plata y fue trasladada nuevamente a la cárcel. Esta vez, a la Unidad N° 22 de Florencio Varela, donde tuvo nuevos problemas de salud. Los informes de las pericias médicas presentados en 2019 señalan que se encontraba “en regular a mal estado general” y que no se le garantizaban los tratamientos de kinesiología y rehabilitación. Además, por la falta de asistencia para rotaciones, padeció lesiones y escaras que llegaron a comprometer sus músculos. En aquel momento también denunció humillaciones y malos tratos por su identidad de mujer trans.
El último informe de Datos Abiertos publicado por la CPM relevó 50.420 hechos de tortura cometidos en cárceles bonaerenses durante el 2023. La falta de acceso a la salud representa el 32% de los casos y es el tipo de tortura más común en contextos de encierro. Y cuando se trata de personas trans, el grado de vulnerabilidad se hace extremo.
Marlene Wayar recuerda cómo se reflejó esto en su declaración: “Me pareció pertinente contar experiencias personales, porque he visto que son experiencias comunes. Me explayé en la experiencia en la situación carcelaria. En el momento en que Mónica Mego sufre estos avatares, nosotras ya recibíamos ciertas alertas sobre el sistema carcelario. Estaban sufriendo hambre y represalias. Mónica no es la única persona trans que muere, hay otros casos. Privarlas de medicina, de buena alimentación, privarlas del servicio médico… Lograr eliminarlas es un objetivo en sí mismo y un modo de adiestrar”.
Es que las mujeres trans pagan con su vida el desprecio que destilan las instituciones. En 2017 murieron Pamela Macedo Panduro y Angie Velázquez. ¿Qué tenían en común ellas y Mónica Mego? Eran mujeres trans, travestis y migrantes a las que se les negaron tratamientos de salud durante sus detenciones. Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicados en octubre de este año, hay 121 personas trans detenidas en cárceles y alcaidías bonaerenses y el último informe de la Submesa Personas Trans Prisionizadas señala que más de la mitad tiene problemas de salud.
Augusto Infante advierte que en la cárcel “se genera una situación de riesgo especial respecto de las mujeres trans, y son situaciones que se multiplican. No es solo el caso de Mónica Mego, sino que hoy todas las mujeres trans que están en el encierro están expuestas a sufrir un hecho semejante. Independientemente de las consecuencias graves que tuvo el caso de Mónica, lo cierto es que hoy cualquier mujer trans en esas condiciones también está sufriendo estructuralmente la falta de acceso a prestaciones de salud que necesita y eventualmente puede tener consecuencias como las que ella sufrió”.
La CPM trabaja para incorporar a la causa de Mónica Mego la desatención estructural a la que se encuentra expuesta la población trans alojada en las unidades del SPB. Sin embargo, la investigación ya fue prorrogada varias veces a pedido de la defensa y no hay fecha de juicio porque aún la Fiscalía no la pidió (ni realizó el pedido de elevación). Si se logra llegar a esa instancia, el caso de Mónica podría convertirse en una referencia en la lucha contra la violencia institucional a la que trans y travestis son sometidas sistemáticamente en el sistema carcelario bonaerense.
