Publicada 13/05/2025
“Nuestros camaradas privados de libertad en el Penal de Ezeiza fueron trasladados, con todas sus pertenencias al Penal de Campo de Mayo, donde fueron alojados en forma individual en sus habitaciones asignadas”.
Según contó Infobae, con esa nota enviada por el vicealmirante retirado Jorge Manzor a los presidentes de promoción de las Fuerzas Armadas, un sector castrense recibió a los 19 militares condenados por delitos de la dictadura, que el viernes por las mañana agarraron sus cosas en los pabellones de Ezeiza y se mudaron a la Unidad 34 de Campo de Mayo, calificada por los organismos de derechos humanos como una “cárcel vip”.
Por pedido del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que depende de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y con autorización de los juzgados que los condenaron, hacia allá fueron Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Miguel Ángel Britos, Marcelo Cinto Courteax, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Alberto González, Lucio Nast y Luis Navarro.
El traslado fue parte de los pedidos que los reclusos hicieron a los diputados de La Libertad Avanza durante la escandalosa visita que hicieron al penal de Ezeiza en julio del año pasado.
Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en marzo había 61 personas detenidas en Campo de Mayo por delitos cometidos durante la dictadura, entre ellas Jorge ‘El Tigre’ Acosta, el cura Christian Von Wernich y Hugo Guallama, el policía bonaerense que asesinó a Diana Teruggi y falleció el mes pasado. Desde el SPF dicen que el número actualizado es menor: hasta el último viernes había 52 internos, todos presos por delitos de lesa humanidad, un número que ahora, con los nuevos reclusos, llega a 71.
El mismo informe de la Procuraduría detalló que en cárceles comunes del Servicio Penitenciario había hasta hace algunos días 56 represores encerrados, que ahora, con los traslados, se reduce a apenas 37.
A menos de un año de cumplirse el 50 aniversario del golpe genocida, los condenados a prisión (vivos) son más de 615, pero la gran mayoría está en sus casas: 498 prisiones domiciliarias, muchas de ellas dictadas de manera arbitrarias y con dudosos informes médicos que las justificaron. Además, en algunos casos los genocidas fueron vistos fuera de sus domicilios violando esos arrestos domiciliarios.
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_No estamos derrotados
Bajo la nevada mortal, Juan Salvo y el resto de los sobrevivientes logran emitir el mensaje por radio en El Eternauta. Hay una esperanza en medio de la invasión alienígena y el llamado para agrupar la resistencia es Campo de Mayo:
_Ahí encontrarán refugio.
La voz grabada suena una y mil veces al final del dial en las ruinas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, en la serie más vista hoy en Netflix. También suena fuera de la ficción.
Según el ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, el objetivo de los traslados es aliviar la superpoblación carcelaria en Ezeiza y liberar plazas para alojar mujeres. Explicaron que el viernes no solo enviaron a condenados por delitos de lesa humanidad, sino que también trasladaron a presos por otros delitos, como el caso del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Además, responsabilizaron al “kirchnerismo” por la apertura de la cárcel en Campo de Mayo como lugar de encierro para genocidas.
La Unidad 34 fue abierta en 2007, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, para alojar a criminales condenados tras la reciente apertura de los juicios de lesa humanidad. Se construyó en el lugar donde estaba la Prisión Militar de Encausados, uno de los cuatro centros clandestinos de detenciones que funcionó en la guarnición de Campo de Mayo. En el predio ubicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, también funcionaron “El Campito”, el Destacamento de Inteligencia 201 conocido como “Las Casitas”, y el Hospital Militar, donde se montó una maternidad clandestina. Se calcula que pasaron unas 5 mil personas secuestradas desaparecidas, entre ellas el autor de El Eternauta, Héctor Oesterheld. Además, el aeródromo del lugar fue usado para los “vuelos de la muerte”.
La prisión se cerró en 2013, luego de la fuga de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera. Las autoridades penitenciarias de ese momento advirtieron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para evitar otra fuga y reconocieron los privilegios que gozaban los casi 30 internos que había por entonces. El propio director del SPF, Alejandro Marambio, se quejó por la falta de “igualdad ante la ley” y contó que además de tener servicios que ninguna cárcel tiene (canchas de tenis, heladeras individuales, calefacción, cerdas individuales, internet, talleres, etc) los detenidos solian usar el predio gestionado por sus camaradas del Ejército para compartir asados y disfrutar el día al aire libre con sus familias.
Por el lugar pasaron decenas de genocidas, incluso Jorge Rafael Videla, antes de ser trasladado a Marcos Paz, donde finalmente murió hace exactamente 12 años. Todos disfrutaron las comodidades que ningún preso común tiene en ningún rincón del país.
En 2016 Macri la reabrió y ese mismo año, la fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Ángeles Ramos, inspeccionó el lugar y reclamó que se revierta la decisión de alojar detenidos de lesa humanidad. Advirtió sobre las falencias de seguridad y las violaciones al derecho nacional e internacional que conlleva el alojamiento en el lugar de condenados por crímenes contra la humanidad. Rechazó así el traslado del ex capitán Víctor Alejandro Gallo, por considerarlo una «grave violación al debido proceso y del principio de igualdad ante la ley». Gallo había sido condenado por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela, nacido dentro de aquél predio militar durante el cautiverio de su madre desaparecida.
El informe elaborado por Ramos luego de la visita a la “carcel vip” reveló que
- No tiene una entrada independiente de la del Ejército Argentino.
- La interacción de personal del Ejército Argentino dentro de la Unidad penitenciaria es permanente, entrando y saliendo de la Unidad.
- Se trata de una cárcel improvisada que no reúne en modo alguno ningún requerimiento de seguridad para evitar que los internos se fuguen.
- El Director de la Unidad se refiere a las celdas de alojamiento como “habitaciones individuales o compartidas»
- La injerencia del Ejército Argentino dentro del SPF es real, violando la Ley de Defensa. La seguridad es brindada por el Ejército y la presencia de personal del SPF es puramente formal.
Con absoluta vigencia a pesar de los años, el dictamen que Ramos entregó a la Justicia, denuncia además que los traslados violan el Convenio 1554 que dispuso el traspaso de la Unidad militar al Servicio Penitenciario en 2006. Aquél acuerdo indicaba que el ingreso de un recluso a la U.34 debía realizarse con una orden judicial, la cual no se dictó con Gallo en 2016 y tampoco ahora con Astiz y compañía. En todos los casos, los condenados fueron llevados de una carcel común a una especial por simple disposición del SPF, que notificó a los tribunales de cada causa para que solo den consentimiento.
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De la mano del ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia, el vaciamiento de los pabellones comunes es una decisión política del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. También es una decisión política la baja de la recompensa para quienes aporten datos por los 33 prófugos por delitos de lesa humanidad.
El mismo gobierno que alivia las condicione de encierro de los genocidas, es el que impulsa la baja de la edad de punibilidad a los 14 años, prohibe los centros universitarios en las unidades penales y festeja cada derecho menos de los internos comunes.
«La cárcel no es un hotel, ni un recreo – se envalentonó en el inicio de esta semana el vocero presidencial y candidato porteño, Manuel Adorni-. En esta administración quienes causaron daños en la sociedad pagan por sus acciones, sin beneficios y sin excepciones».
Acababa de anunciar que las personas detenidas no podrán acceder a planes sociales:
«Hasta ahora, la política garantista les había dado beneficios. Esto se terminó.»
