Publicada 10/6/2025
_ Pueden meterme presa, pero tarde o temprano, el pueblo es como un río, se puede desviar el cauce, pero finalmente el agua se filtra y pasa. A militar, a organizarse.
El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, pasadas las seis de la tarde en la puerta del PJ Nacional, se hizo acción casi al instante.
No pasaron muchos minutos hasta que un caudaloso río de militantes organizados y personas autoconvocadas empezó a andar. Miles caminaron detrás de ella rumbo a su departamento del barrio porteño de Constitución. Otros, obreros enrolados en sindicatos e integrantes de organizaciones salieron a las calles para cortar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y manifestarse en distintos puntos del país. Con la ex presidenta saludando en la medianoche, desde el balcón de su casa, el movimiento nacional y popular y el peronismo en particular, retomó así uno de sus rituales históricos: el de la resistencia popular.
Fue la respuesta al tan anunciado pronunciamiento de la Corte Suprema en torno a la llamada «Causa Vialidad» por corrupción en el otorgamiento de obras públicas. La decisión fue unánime y los tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, votaron por rechazar todos los recursos de queja y dejar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Cristina Kirchner no podrá ser candidata.
En los fundamentos dicen, por ejemplo, que no es grave que haya vínculos personales entre los jueces y los adversarios políticos de la ex presidenta y tampoco le dan importancia a la falta de peritajes claves sobre las obras cuestionadas:
Sin demoras, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la detención inmediata, mientras que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 le dieron cinco días para presentarse en Comodoro Py.
En tanto, la defensa de la titular del PJ pidió derecho a la prisión domiciliaria y comenzó a trabajar para llevar la causa a los tribunales internacionales y uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, denunció ante la Corte Penal Internacional una “persecución política, judicial y mediática”.
Los vicios de la causa
La denuncia por sobreprecios en la obra pública la presentó Elisa Carrió en 2008 por supuesta asociación ilícita entre Néstor Kirchner y Julio De Vido. Cristina Kirchner no figuraba. Le cayó a Julián Ercolini, que se declaró incompetente porque debían investigarla en Santa Cruz.
Eso sucedió en 2013, con una denuncia de Mariana Zuvic, esta vez incluyendo a Cristina. En el Sur, un juez de primera instancia investigó y dijo que no había delito. La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión.
Cuando asumió Mauricio Macri en la Presidencia, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel pidió una auditoría sobre esas obras. La conclusión fue que había algunos “desajustes” de precios en algunas obras, pero que no se consideraban “Relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”. Otra vez: lo dijeron los peritos de Iguacel. Con ese papel fue y presentó una nueva denuncia, por las mismas obras. Le cayó a Ercolini y, adivinen: esta vez sí aceptó la competencia. Y nunca pidió una nueva auditoría en toda la etapa de instrucción.
En el debate oral siguió el circo. Además de jueces que jugaban al futbol con fiscales en la quinta de Mauricio Macri, camaristas nombrados por decreto que confirmaron todo, en el juicio no se probó nada. Para empezar, la mayoría de las obras habían sido adjudicadas durante la presidencia de Néstor. Cristina era senadora y primera dama. Para poderla salpicar, incluyeron la ambigua figura de la «asociación ilícita». ¿Qué significa eso? Que se supone que hay un grupo de personas que forman una banda para cometer delitos. En este caso, para robar dinero estatal. No importa qué rol jugaba, cuál fue su participación. Importa, básicamente, su voluntad de participar.
No hay ni una sola prueba o indicio de reunión o comunicación entre Cristina y Lázaro Báez (el empresario beneficiado por los sobreprecios y los direccionamientos), mientras fue presidenta. Pero los jueces lo resolvieron con una frase antológica: «si era la presidenta, no podía no saber lo que pasaba».
Durante el juicio, a todos los testigos de la Fiscalía, el abogado de Cristina Kirchner les preguntó si alguna de estas 51 obras era improductiva o innecesaria, y por qué. La mayoría, admitió que eran obras necesarias. Otros que lo desconocían. Se dijo que algunas habían quedado por la mitad, pero las únicas fueron las que tenían plazo de finalización post 2015 y el Gobierno de Macri las frenó, para favorecer el relato de la Fiscalía. El propio empresario contratista Ángelo Calcaterra declaró que no lo habían favorecido a Báez con las adjudicaciones, sino que las constructoras se turnan para no entorpecerse en las licitaciones.
El juicio fue una demolición de todos y cada uno de los planteos de la acusación. Está magistralmente explicado en este hilo de tuit de Matías Mowszet:
