Publicada 02/7/2025
En el corazón de Altos de San Lorenzo crece un jacarandá en memoria de Kim Gómez.
«A través de las raíces de este árbol seguirás creciendo y acompañándonos«, dijo Marcos, el papá de la nena de 7 años asesinada en febrero, en el emotivo acto organizado una tarde de abril en el patio del club donde su hija practicaba gimnasia artística.
Seis cuadras adentro del barrio, pasando las olvidadas vías de la Estación Elizalde, había clases en la Escuela Secundaria N° 52. En el vértice más extremo del casco urbano de la capital de la Provincia, el colegio está a 150 metros del Cementerio de La Plata, donde terminan su recorrido los micros de la ciudad. En el Google Maps, la foto es de febrero de 2024: Frente y ventanas enrejados, un cartel destrozado en el techo, calle angosta doble mano, postes de luz pintados del Lobo, grafitis de Estudiantes, una «barbería» justo enfrente y la «Verdulería Felicidad» en la esquina. Si alguien actualizara la foto, lo único nuevo que tendría sería el cartel oficial de la Provincia que informa que el edificio es parte del plan de obras para 80 escuelas de la región.
M., alumno de 2°, había empezado el año «intensificando» materias adeudadas, hasta que quedó involucrado en el crimen de Kim y su vida cambió para siempre. Ese día de abril llevaba casi dos meses sin ir a clases: la noche del 26 de febrero fue detenido en su casa, cerca de la escuela. A sus 14 años, estaba acusado por el doloroso hecho del que hablaba todo el país y en el que había sido asesinada un rato antes, Kim, arrastrada 15 cuadras, con parte de su cuerpo en el interior del auto que le acaban de robar a su mamá. En medio de la conmoción nacional, la Policía Bonaerense filtró casi al instante la foto del rostro de M., junto al de T., de 17 años, el joven que condujo el auto en la fuga fatal hasta chocar con un poste de luz. La imagen de ambos copó a la mañana siguiente todas las pantallas de TV y todavía hoy circula en redes sociales junto a la palabra «asesinos», como argumento para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14, un proyecto de ley que Patricia Bullrich apuró inmediatamente y junto a los bloques aliados logró aprobar en comisiones para que quede listo para llevarlo al recinto.
A más de cuatro meses del hecho que sensibilizó a todos y generó incluso la amenaza de Javier Milei de intervenir la Provincia de Buenos Aires, ambos acusados siguen imputados como «coautores de homicidio en ocasión de robo». T. espera juicio con prisión preventiva en un centro cerrado bonaerense; mientras que en otro instituto, sin posibilidad de juicio, M., seguirá privado de su libertad hasta cumplir 16. Lo resolvió la jueza María José Lescano en un dictamen que extiende la «medida de seguridad» por dos años, hasta que sea punible, y dispone su alojamiento en un centro cerrado, con jóvenes de hasta 18.
En octubre M. recién cumplirá 15.
La espera
En las audiencias frente a la jueza, M. casi no habla. Tampoco frente a la familia de Kim, que siempre esperó un pedido de perdón, un gesto de arrepentimiento. «Es un joven con ciertas dificultades para expresar sus emociones, es retraído», dice el informe que la Justicia le pidió a la la directora de su escuela. En un «vivo» de Instagram para miles de personas que acompañan el reclamo de Justicia, Marcos Gomez celebró que siga detenido y criticó la «falta de empatía» de M. y su defensor. Cree que no dice la verdad y que fue él quien abrió la puerta del lado del acompañante, lo que provocó que Kim se cayera del auto y quedara atrapada. «La puerta era dura, pesada y ella no tenía la fuerza para abrirla», sostuvo al declarar en la Justicia.
Es la primera vez de M. en el sistema penal y desde febrero ya pasó por tres lugares de «prisión», donde sufrió amenazas, golpes y torturas por parte de otros chicos que hasta filmaron alguno de los ataques y lo difundieron por redes. Quienes conocen los códigos internos en el régimen juvenil, cuentan que no son bien recibidos los acusado de un crimen así, con una nena como víctima. «No es un caso común, me cuesta encontrar un lugar seguro para él y que esté tranquilo, con acceso a actividades educativas», admite en diálogo con Perycia Lescano, que tuvo que disponer la aplicación del protocolo anti suicidio.
M. Habla por teléfono con su familia, cada tarde a la misma hora, cuando lo autorizan. Está rindiendo materias para no abandonar la escolaridad y todos los sábados – sin falta-, lo visitan sus hermanos y su mamá, empleada en una empresa de limpieza. Cuentan que le pide «a Dios» por su libertad y que en su casa no falte pan y trabajo. Dicen que – a pesar de todo- cree en la Justicia y que antes de conocerse si se extendía la prisión, ya estaba planificando cómo iban a ser sus nuevos días: desayuno, escuela, merienda, boxeo y cena.
«No participó del hecho, es inocente», insiste el defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil, Ricardo Berenguer. En su apelación al encierro, asegura que los registros de las cámaras de seguridad de la zona del robo coinciden con el relato de M.: que estaba en la esquina de 25 y 72 junto a T., pero que no quiso ser parte del robo y mucho menos se subió al auto. Berenguer recuerda que la madre de Kim no lo identificó y que las imágenes lo muestran fuera de la escena, volviendo caminando a su casa mientras el Fíat Palio arrastraba a Kim barrio adentro.
Pero la fiscal Carmen Ibarra y la jueza Lescano sostienen que debe seguir privado de su libertad. Ibarra, incluso, pidió que sea hasta la mayoría de edad y puso el foco en la ausencia de informes psicológicos actualizados y la falta de «una mínima empatía» del chico «con relación a la niña Kim» . Ambas aseguran que el relato de un testigo «directo» lo complica y que un confuso video de las cámaras del barrio muestran alguien que podría ser M., abriendo la puerta del auto en el inicio del robo. Consideran que todo eso es prueba suficiente para hacerlo partícipe del homicidio.
«La figura del homicidio en ocasión de robo no implica que dos personas van a matar – explica Lescano -, porque sino sería un homicidio simple, o agravado, por la modalidad. Acá lo que hay es una muerte que ocurre como consecuencia del robo. Valoramos prueba por prueba con detalle y la resolución fue confirmado por Cámara».
La extensión de los plazos de encierro se firmó después de una audiencia que contó con la presencia de M, su mamá y la familia de Kim. El dictamen establece que en tres meses volverá a revisarse si continúa el encierro, en base a nuevos informes técnicos y la evaluación de la respuesta de M., al «abordaje interdisciplinario». «La medida de seguridad en casos de menores no punibles es excepcional, en casos de extrema gravedad – dice Lescano -. El fundamento no es la culpabilidad, sino la peligrosidad para sí o para terceros».
El «daño» de un encierro «sin rumbo»
Para el defensor, Ricardo Berenguer, la privación de la libertad de M, «solo parece justificarse en la repercusión mediática» del crimen de Kim. Con fuertes críticas al planteo de la fiscal y la decisión de la jueza, insistió en su pedido para que su defendido vuelva a su casa y siga «monitoreado pero en un contexto familar». En un duro documento de 15 páginas, asegura que «Una alternativa domiciliaria permitiría la rápida intervención del Servicio Local, su reingreso al aula y otros acompañamientos que pudieran ser necesario para la eventual restitución de derechos vulnerados».
Berenguer dice que el testimonio de los testigos mencionados en el dictamen de la jueza son «contradictorios» y sostiene que está probado que el chico no participó del robo del auto, tal como declaró el propio imputado. Para él, es clave la pericia de digitalización de procesamiento y análisis digital de imágenes y videos, realizada por peritos de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte, que revela que «La lejanía de toma no permite observar los movimientos alrededor del vehículo». Según su opinión, ese documento derrumba el video como prueba para involucrar a M.
«No puedo tomar una medida así si no tengo fundamentos – responde Lescano, consultada por Perycia.
En 7 de las 18 páginas de su resolución, la jueza transcribe los informes técnicos sobre el contexto de «grave violencia familiar» que padeció M., que incluyó la detención de su papá por violencia de género contra su mamá. Es uno de sus principales argumentos para rechazar la alternativa domiciliaria.
En su apelación, Berenguer asegura que ese contexto cambió y recuerda que los informes citados del juzgado de Familia y del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos son de 2023. Critica que Lescano valore esos elementos y no la situación familiar actual. El último informe ambiental pedido por la propia magistrada, sostiene que «el joven tiene lazos afectivos sólidos y que añora volver con su familia». Señala que «tiene un fuerte vínculo con su madre y que cuenta con una dinámica organizada, donde sus miembros cumplen con obligaciones laborales y educativas».
La apelación del defensor sostiene que ninguno de los informes pedidos por la jueza para decidir sobre la libertad, dan cuenta que M sea peligroso para sí o para terceros. En la escuela dijeron que durante la trayectoria educativa sólo hubo «ciertas situaciones conflictivas, sin mayores dificultades», en el Servicio Local de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad, dieron cuenta de un contexto familiar de «normalidad», mientras que las autoridades del instituto donde está cumpliendo la medida de seguridad aseguraron que «M. ha manifestado su deseo de que se investigue y esclarezcan los hechos (…) La prolongación del alojamiento en este dispositivo se viene tornando iatrogénica para M. Creemos de vital importancia poder continuar avanzando en la progresividad de la medida desde las instancias pertinentes, siendo preponderante la intervención del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, dando lugar a la intervención interdisciplinaria, aportando a una escucha singular del niño, teniendo como horizonte crear escenarios propicios que den lugar al proceso de historizacion»
Cada vez más encierros
Desde hace décadas, el promedio de adolescentes no punibles (que no pueden ser juzgados ni castigados) privados de su libertad en la Provincia de Buenos Aires no se movió de 40. Sin embargo, y a pesar del sostenido descenso de la participación de «menores» en las estadísticas de delitos de la Provincia, ese número creció exponencialmente en los últimos meses: En diciembre ya eran más de 50 y ahora llegan a 100 en todos los institutos del territorio bonaerense. Pese a que el Régimen Penal Juvenil actual, establece que deben ser excepcionales las «medidas de seguridad» que determinan la privación de la libertad de niños de 13, 14 o 15 años, y que solo se deben disponer por delitos graves y cuando haya riesgo para sí y para terceros, jueces y fiscales de distintos departamentos judiciales ordenaron prisiones por hurtos, robos, amenazas y hasta peleas escolares por casos de bullying.
«La evolución de las estadísticas pos caso Kim fue exponencial. Después de febrero, aumentaron entre un 30 y un 40 por ciento las detenciones de menores no punibles», confirma Sergio Raimundo, subdirector de Niñez de la Comisión por la Memoria, un área que monitorea datos días tras día y que trabajó junto a M. desde el momento de su detención.
En los tribunales de La Plata muchos creen que la presión mediática es difícil de superar para quienes deben definir sobre la situación de los menores. Fuentes consultadas para esta nota aseguran que hay temor que se repita el caso de Sabrina Cladera, la fiscal que había liberado al más grande de los imputados por el crimen de Kim, luego de ser detenido un mes antes por el robo de otro auto. La funcionaria judicial fue criticada duramente en canales de noticias de todo el país, su foto se viralizó en redes sociales, un sector pidió su juicio político y se frustró su aspiración para ascender a jueza de Cámara.
«Después del caso Kim, es impresionante lo que aumentaron las medidas de seguridad de chicos no punibles – confirma María José Lescano, en charla con Perycia -. Antes nosotros teníamos una en un año, por ejemplo.
_ ¿A qué lo atribuye?
No lo puedo explicar. Es lo mismo que podes suponer vos, pero no tengo un estudio sobre en qué departamentos judiciales aumentó y cuáles son las causas. En mi caso, las medidas las dicto en casos recontra excepcionales.
_ ¿No siente presión mediática o de la sociedad que exige mano dura?
Tengo 30 años en la Justicia, presión para decidir no siento. Con la desgracia que ha sido este caso, lo que destapó es que había un grupo de chicos que ya hacía tiempo que estaba reclamando algún tipo de mirada por parte del Estado, de la comunidad y de sus familias; y todo el mundo miraba para otro lado. El sistema penal tiene que ser un eslabón de un sistema más amplio, que es el de Protección y Promoción de Derechos. Hay muchas medidas por tomar aun con el chico sin estar privado de libertad.
Berenguer también lleva décadas en el sistema. Integrante del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, fue protagonista del cambio de Ley en la Provincia, que terminó con el viejo paradigma del Patronato que dejaba en manos de los jueces la decisión de institucionalizar a niñas y niños por razones de pobreza, sin conflicto con la ley penal.
20 años después de la promulgación de nueva norma, acorde con la Convención de los Derechos del Niño, algunos de los debates resisten los tiempos.
Según el defensor oficial, sin un centro de encierro seguro para M, no está garantizado el abordaje interdisciplinario que plantea la jueza para justificar la privación de libertad. «La falta de una propuesta de abordaje – asegura Berenguer – coloca al chico en una situación de máxima vulneración de esenciales derechos, y amenaza con instalarse produciendo un daño que no encuentra justificación en los informes. La medida de seguridad queda sin rumbo ni finalidad definida, como mera supresión del joven del entramado social».
