Publicada 17/10/2025
Cris Godoy, activista trans de San Martín, deberá enfrentarse a un juicio por “abuso sexual simple” en grado de tentativa por un episodio que se viralizó durante una marcha del orgullo en su ciudad. ”Culo enjuiciado”. Así lo definen las activistas que acompañan el caso, y advierten que la acusación es “arbitraria, infundada y peligrosa”. A horas del juicio oral, el caso de Cris Godoy condensa una época: una causa iniciada de oficio, un sobreseimiento que se revierte por apelación fiscal y una acusación que choca con la evidencia.
El límite entre juzgar un crimen y disciplinar un cuerpo, en máxima tensión. En la era Milei, la selectividad penal se mide entre quiénes llegan al banquillo cuando bailan y quiénes pueden amenazar, doxear y agredir sin una sola consecuencia.
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Sábado 11 de noviembre de 2023. Ya es de noche en Plaza San Martín, municipio bonaerense de San Martín. Es el festival de cierre de la 4ta Marcha del Orgullo, los feriantes guardan paños y hay música que todavía empuja algunos pasos. Por una diagonal irrumpen militantes libertarios. Falta una semana para el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Los militantes reparten boletas, se filman, buscan ganar plano en medio del despliegue multicolor. Yasmín rodea el monumento junto a otro grupo y se sienta sola al pie del prócer. Hay gritos, se alzan los celulares. Un clip de 7 segundos se hace viral: Cris twerkea frente a Yasmin, que termina empujándola. Todo lo demás —quién llegó, qué dijo, cómo— queda por ahora fuera de cuadro.
“Vinieron a provocarnos, a increparnos en nuestro espacio”, recuerda Cris, activista trans, referenta de La Disidente e integrante de la comisión que organiza la marcha desde 2019. “Se estaba llevando a cabo el festival de cierre. Estábamos bailando, relajando después de meter mucho cuerpo. Y sucedió esto.” Cris cuenta a Perycia que al verlos llegar, muchxs integrantes de la marcha les pidieron que se vayan. Ellos se negaron. Desde el pedestal del monumento al prócer, ese pequeño y significativo espacio de disputa, Yasmin les gritó: “Se metieron con la leona equivocada”. Los militantes que la acompañaban gritaban cosas como “Ya van a volver los Falcon verde para llevárselos, fenómenos”. Otro video, que no trascendió tanto, muestra lo que la propia Yasmín había grabado antes de llegar al lugar: “Miren lo que tengo detrás en Plaza San Martín. La marcha del orgullo puto… la bandera de los pedófilos, más adelante la bandera LGBT… donde vean el arcoíris de mierda…ahí, ahí están”.
Cris llegaba a esa marcha con una biografía pública marcada por la militancia y por un hito institucional: fue la primera persona no binaria en recibir su título en la UNSAM. “Soy una persona trans, no binaria, villera y egresada de la UNSAM”, dice. Nació en Villa La Rana y se recibió de Licenciadx en Comunicación Audiovisual, mientras trazaba su militancia en organizaciones LGBT+. Cuenta que “levantar una marcha es logística, afectos, tiempo, paciencia. Por eso duele que te vengan a buscar ahí. Y más que intenten judicializar eso.”
Además de ser escrachada en redes y medios de comunicación, y posteriormente doxeada, a Cris le iniciaron una causa por “abuso sexual simple” en grado de tentativa. Lo hizo de oficio primero la policía, ante la viralización del video, y después un fiscal. Sin embargo, en una primera resolución, la Justicia advirtió que “en ningún momento (los videos) captan la secuencia reprochada”. Con ese argumento, el Juzgado de Garantías N.º 5 resolvió rápidamente, el 3 de enero de 2024, sobreseer a Cris Godoy por inexistencia del delito.
En la misma resolución, el juez intimó al Ministerio Público a corregir el nombre de Cris en el sistema, en cumplimiento del art. 12 de la Ley 26.743 (trato digno e identidad de género).
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Para notificarle esta denuncia, a Cris la fue a buscar un patrullero a su casa que la trasladó a la comisaría. Quienes conocen el modus operandi policial saben que no es habitual la disponibilidad de un patrullero para semejante tarea, y que lo más común es una citación por escrito. No fue el caso. En ese momento, Cris estaba rectificando su DNI y ya había obtenido la rectificación de partida de nacimiento. “Hubo cero perspectiva de diversidad en todo el procedimiento” policial, señala.
Ahí le explicaron de qué la estaban acusando: lo que el fiscal Mariano Becerra calificaba como abuso simple en grado de tentativa era su baile de espaldas, a “escasos centímetros” de Yasmin, y su “intención” de “apoyar glúteos en la cara”.
El juez de Garantías, días más tarde, resolvió que la distancia era incompatible con el contacto, y que la acusación había confundido la intención subjetiva (ese baile como protesta y respuesta a las advertencias de falcon verde) con el contenido sexual objetivo que exige el tipo penal. Incluso planteó que sexualizar el baile de una mujer trans en una marcha del Orgullo, arrancarlo de su repertorio de protesta, es discriminación. Y no dejó sin nombrar otras cosas que pasaron esa tarde: Yasmín fue hostigada —le arrojaron latas y escupitajos— sin que eso fuera investigado; mientras que Godoy fue objeto de una acusación que criminalizó una manifestación política.
“La acusación ha interpretado el accionar de Godoy desde un prisma prejuicioso, confundiendo una manifestación política y performática con un acto de connotación sexual, lo cual supone la aplicación de estereotipos de género y una mirada discriminatoria sobre la expresión corporal de las personas trans y no binarias”, fueron las palabras del juez.
Pese a eso, el fiscal apeló y la Cámara habilitó la elevación a juicio.
Para la colectiva “La disidente”, es una evidente muestra de selectividad: el doxeo y las amenazas posteriores quedaron impunes, mientras que el sistema avanzó contra Cris por bailar.
En la provincia de Buenos Aires, según el Informe de Control de Gestión del Ministerio Público Fiscal, en 2024 se finalizaron 16.535 IPP por abuso sexual simple: solo el 11,88% llegó a elevación a juicio y el 77,47% se archivó. Aun en ese paisaje, esta causa —basada en videos que un juez ya leyó como incompatibles con la hipótesis delictiva— sí llega a debate oral.
Aramis Amaris, la abogada y activista trans que se sumó a acompañar el caso, advierte que “llevar a juicio una ‘tentativa’ así, con esta prueba, abre un precedente gravísimo para las marchas del Orgullo en todo el país.” Y agrega: “El derecho penal tiende a congelar el recorte, a olvidarse del contexto. Acá hay un retorno solapado de lógicas contravencionales contra cuerpos sexo-disidentes en el espacio público. Esto nunca debió haber llegado a juicio”.
Para la abogada, el caso encaja “perfecto” con el clima de la época. “Lo más preocupante era ver cómo se asocian nuestras identidades y formas de existir con delitos sexuales; ese marco después Milei lo tradujo en Davos.”
Doxeo, odio, amenazas: los delitos que no se investigan
Cris relata cómo vivió estos dos años mientras era investigada por este delito: “Autos en la puerta de mi casa. Doxeo. Publicaron mi nombre y dirección. Falsificaron tweets con fotos de mi familia”, enumera. Editoriales televisivas con nombre y apellido (La derecha diario, Viviana Canosa, Tipito Enojado) y denuncias ante organismos que luego la gestión de Javier Milei fundió. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades había comenzado a acompañarla, también el INADI y la Defensoría del Público. Todos organismos cerrados o desmantelados.
Para Cris, lo que siguió fue una crisis de salud mental y la necesidad de ajustar su vida cotidiana. “Me cancelaron los libertarios y me cancelaron peronistas bienpensantes”, dice, medio en chiste, medio en serio. Tuvo que limitar sus movimientos, lo que publicaba en redes sociales, y aunque no se quedó sin trabajo (se especializa en políticas de diversidad para juventudes) debió cuidarse al máximo de que no la hostigaran, ya que todos sus datos circularon en la órbita libertaria de X.
Para Cris, “lo peligroso de esto es que criminalicen la protesta en un contexto de la marcha del orgullo”. También hay una herida vieja que esta causa reabrió: “Sobreviví abuso sexual en la infancia. Acompaño a niñeces y juventudes en esas situaciones. Que me acusaran de abuso me destruyó”, cuenta. Ahora está mejor, en parte por las redes que la acompañan y en parte porque sabe que “a esto lo frenamos nosotres, en la calle y en tribunales.”
Aún así tiene miedo, sobre todo de que esto se convierta en “un antecedente peligroso”.
La resolución de cámara que habilitó la elevación a juicio estuvo dividida: dos jueces contra uno. El disidente confirmaba la decisión de primera instancia. Pero sus colegas votaron revocar el sobreseimiento por considerar que el de Cris había sido “un acto objetivamente susceptible de afectar la integridad sexual”.
Sobre Yasmín, no se sabe si estará en las audiencias. Se sabe que no denunció penalmente a Cris, pero sí declaró en la causa. Dijo que “si no hubiese colocado sus manos, los glúteos de la acusada habrían tocado su rostro”, que “estaba rodeada de personas mientras seguía sola a los pies de dicho monumento” y que la insultaban, según destacan los camaristas en la elevación a juicio.
Después del balotaje, Yasmín contó en una entrevista para ElDiarioAR que su espacio local la había “usado” políticamente, y que esa noche en la plaza la habían dejado sola en el monumento. Sin trayectoria política previa, como es común en las organizaciones libertarias de base, Yasmín había empezado fiscalizando para LLA y llegó a ser referente de Jóvenes San Martín. Es docente, y en su biografía de Instagram, en la que posa junto a Karina Milei, se lee una lista:
“Milei. Vegana. Conservadora de ultraderecha. Amo a mi ejército argentino. Dios, patria y familia. Orden, valor y gloria”.
Perycia intentó comunicarse con ella, pero hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.
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17 de octubre de 2025. Faltan cuatro días para el juicio oral. La defensa se apoya en lo que ya dijo un juez: no hubo hecho. “Fue una barbaridad que esto haya llegado a juicio”, plantea Amaris.
Lo que llegue a sala del Juzgado correccional N°1 no se leerá como un debate abstracto. Es esto: si el sistema penal puede convertir un gesto de protesta en un delito sexual, y qué precedente deja sobre cuerpos disidentes en el espacio público. En una Argentina donde una ínfima porción de las causas por violencia sexual superan los filtros de la burocracia y llegan a un juicio, esta avanzó.
Hace apenas semanas, un hecho similar ocurrió en San Miguel: durante la Marcha del Orgullo, militantes de “Las Fuerzas del Cielo” comenzaron a entrevistar asistentes y mantuvieron un cruce con lxs activistas. La discusión tenía un evidente trasfondo político: confrontaban sobre la marcha y sus consignas. Luego, dos activistas LGBT+ fueron amenazados y doxeados: fotos de sus domicilios circularon con mensajes de odio y violencia; al punto que desconocidos los fueron a buscar a sus trabajos.
Ahí también se revela la medida de la justicia: a quiénes juzga y a quiénes deja pasar.
El martes a las 9:00 empezarán las audiencias; habrá testigos y videos del momento. Lo que plantean desde “La Disidente” es claro: no se puede avalar que la Justicia confunda protesta con abuso, criminalice identidades y valide sesgos como prueba. Lo que se decida no solo cerrará una historia: marcará un límite.
