En Córdoba, el proceso de juicio y castigo al terrorismo de Estado comenzó recién en 2008. Antes, los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia habían sido investigados en 1984 por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. En 1985, fueron abordados en el histórico juicio a los comandantes de las juntas militares que usurparon el poder entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, con testimonios y pruebas que contribuyeron a condenar al dictador Jorge Rafael Videla y compañía. Cuando la Justicia Federal comenzaba a procesar a los oficiales con responsabilidad operativa, el levantamiento militar carapintada de abril de 1987 plantó un mojón de impunidad.
Las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987), aprobadas por el Congreso durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos (1989 y 1990) decretados por Carlos Menem salvaron de un inminente juicio –entre muchos otros– al general Luciano Benjamín Menéndez, máximo responsable de la represión en Córdoba y otras nueve provincias.
En tiempos de blindaje judicial, el reclamo de los familiares de las víctimas y el movimiento de derechos humanos forzó los juicios de la Verdad Histórica (1999 en Córdoba), en los que se pudo acopiar abundante evidencia. Para volver a juzgar a los represores, hubo que esperar hasta la caída de las leyes de impunidad –anuladas por el Congreso en 2003 y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005– y los indultos, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En 2008, Menéndez y ocho subalternos afrontaron la acusación por los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, víctimas del campo de La Perla en 1977. El proceso por la causa Brandalisis finalizó con la primera de las trece condenas a prisión perpetua que el otrora comandante del Tercer Cuerpo de Ejército se llevaría a la tumba. Al año siguiente, se juzgó el alevoso asesinato de Ricardo Albareda y los secuestros y torturas a Raúl Morales y Carlos Moyano, cometidos por miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba.
En 2010, Videla y Menéndez fueron los principales acusados en el juicio por los fusilamientos de presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1), una masacre seriada inédita y paradigmática del plan sistemático de exterminio. Después de veinticinco años, el dictador volvía a sentarse en el banquillo ante los ojos del mundo, en la “causa maldita” que develaría la complicidad de la Justicia Federal y la Iglesia Católica con el terror dictatorial.
Expedientes de impunidad
Las víctimas eran presos y presas legales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal de Córdoba, veintiún hombres y seis mujeres acribillados en ocho episodios entre abril y octubre de 1976 con el falso y reiterado pretexto de un intento de fuga; otros dos, asesinados a la vista de sus compañeros en el patio de la prisión. Para la fiscalía, los crímenes de la UP1 sólo pudieron cometerse “con la complicidad de los funcionarios de la Justicia”, los jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales ante quienes los presos políticos se habían atrevido a relatar las torturas y amenazas de muerte, nunca investigadas.
Ninguno de ellos estuvo sentado junto a Videla y Menéndez. A pesar de haber sido denunciados tres años antes por Luis Miguel Baronetto –expreso político en la UP1 y esposo de Marta Juana González, fusilada el 11 de octubre del 76–, Juan Miguel Ceballos –hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento– y el abogado de derechos humanos Rubén Arroyo. La jueza Cristina Garzón de Lascano inició la instrucción por separado de la causa madre y la tituló Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud, a pesar de que los expedientes penales llevan el nombre de los imputados. En el caso, Miguel Ángel Puga, extitular del Juzgado Federal Nº 2; Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, exfiscales; Ricardo Haro y Luis Molina, exdefensores oficiales, y Carlos Otero Álvarez, exsecretario del Juzgado Federal Nº 1, cuyo titular era Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984. Otero llegó a ser juez federal e integró el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF N° 1) que condenó por primera vez a Menéndez.
Alí y Molina fueron apartados por razones de salud y los demás juzgados recién en 2017. El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF N°2) absolvió a Otero Álvarez y Haro y condenó a tres años de prisión en suspenso a Puga y Cornejo. La fiscalía y las querellas apelaron y en 2020 la Cámara de Casación Penal anuló la absolución de Otero Álvarez, por los “graves defectos en su motivación, razonamiento y en la valoración de la prueba y el derecho aplicable”, y porque el tribunal “se apartó del paradigma de los derechos humanos”. Con cuatro años más de demora, el TOF N°2 –con otros jueces– volvió a juzgar y condenó a Otero Álvarez a tres años de prisión en suspenso por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
En 2025, a casi 50 años de los fusilamientos de Hugo Vaca Narvaja (h), Higinio Toranzo y Adolfo De Breuil, el TOF2 de Córdoba condenó a cadena perpetua al militar Osvaldo Quiroga, pero lo dejó en libertad a la espera de que la sentencia sea confirada por la Corte Suprema de Justicia.
Libres de pecado
El juicio de 2010 puso en cuestión a la cúpula de la Iglesia Católica, con testimonios de numerosas cartas y pedidos dirigidos al Arzobispado de Córdoba por presos y familiares, denunciando las torturas y asesinatos y clamando en vano por su intervención. Además, los testigos dieron cuenta del rol activo de los capellanes del Tercer Cuerpo de Ejército Eduardo Mc Kinnon y Sabas Gallardo, al utilizar el sacramento de confesión para extraer información y oficiar de voceros de las amenazas de los militares. “Si (Raúl Francisco) Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado (entre los acusados), no tengo dudas”, dijo el fiscal Carlos Gonella en su alegato. Se refería a quien durante la dictadura fue Arzobispo de Córdoba y presidente del Episcopado de la Iglesia católica en la Argentina, entre 1976 y 1982. El mismo que en su mensaje de la Nochebuena de 1975 había profetizado la represión clandestina: “La mano izquierda de Dios es paternal, pero puede ser pesada”.
Una semana después del golpe de Estado, el cardenal Primatesta autorizó entregar al D2 listas de estudiantes y docentes de colegios confesionales con el pretexto de “dar seguridad y explicación a los padres de los alumnos”. El 29 de junio fue secuestrado Miguel Ángel “Coqui” Arias y el 16 de agosto Luis Roberto Soulier, respectivamente alumno y preceptor del colegio Nuestra Señora de Loreto. “Yo estoy seguro de que esa información se entregó acá en el colegio, porque los fueron a buscar a sus casas”, aseguró a El Sur el cura Carlos Ponce de León, párroco en barrio Los Naranjos y representante legal de la escuela, desplazado cuando fue intervenida a instancias del gobierno militar. Las desapariciones de Arias y Soulier fueron incluidas en el juicio Diedrichs-Herrera (2020 – 2021), con ocho represores condenados a prisión perpetua, cinco a 18 años, uno a 4 y dos absueltos.
¿Las empresas? Bien, gracias
Los ex trabajadores de la fábrica Perkins llevaban en el pecho los retratos de sus siete compañeros víctimas de la represión: Pedro Flores, Adolfo Luján, Víctor González, José Apontes, Hugo García, Guillermo Pucheta y César Córdoba. Ese 15 de octubre de 2013, en el juicio de la Megacausa La Perla (2012 – 2016), Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diesel Livianos al momento del golpe de Estado, relató que ante la desaparición de Apontes y García, el 18 de mayo del 76, los obreros de Perkins se atrevieron a hacer una huelga de dos días. La medida de fuerza figuraba en un informe de la Policía Federal que el testigo presentó ante el Tribunal.
“La empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció Villa. Además, un directivo “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las fuerzas armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército”, manifestó.
En el mismo juicio, los abogados de H.I.J.O.S. y Familiares revelaron que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales donde consta que la IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares. En respuesta a una nota de Menéndez, exigiendo a la empresa que “en el término de 72 horas” provea esa información por “requerimientos de seguridad”, la IKA-Renault entregó las listas, pero hizo certificar ante escribano que algunos obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo. En esa lista figuraban con sus domicilios Hugo López, Carlos Velázquez, Jorge Rodríguez, Maximino Sánchez y René Salamanca –secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba, secuestrado el mismo 24 de marzo del 76–. Todos están desaparecidos.
En otra jornada, Jorge Argañaraz, ex militante montonero y obrero sindicalizado de Fiat-Materfer, aseguró que los directivos de la multinacional tuvieron un “papel determinante” en el secuestro y desaparición de trabajadores y delegados gremiales. El 22 de noviembre del 76, Argañaraz fue secuestrado y llevado a La Perla. Mientras lo interrogaban sobre su militancia sindical y política, los torturadores le exhibieron “álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros”. “Cuando ingresábamos a la empresa, nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla. La empresa se los había provisto”, explicó el testigo. Además, Argañaraz refirió que desde antes del golpe del 76 habían ingresado a la fábrica agentes de Inteligencia del Ejército que “trabajaban abiertamente con la empresa”. “Fueron 32 o 33 compañeros de la Fiat desaparecidos en Córdoba; y yo tengo 27 nombres. Pero no sólo la Fiat. Hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados”, reclamó.
A contramano, hubo empresarios perjudicados por la dictadura. Las pruebas del saqueo a la firma Mackentor en la Megacausa y la inconclusa investigación por el despojo a la familia Iaccarino –consumados con aval o inacción judicial– pusieron al descubierto que la rapiña económica fue parte del plan represivo.
Hitos contra el negacionismo
Los juicios develaron y sancionaron crímenes que no podrían explicarse ni con el pretexto dictatorial de la supuesta “guerra contra la subversión”. En la Megacausa La Perla se pudo condenar a quienes cometieron las violaciones y abusos sufridos por dos militantes secuestradas en el D2, ya que desde 2010 –al incorporar la perspectiva de género en los procesos judiciales– los actos de violencia sexual se consideran delitos autónomos de lesa humanidad y no subsumidos a la figura de la aplicación de tormentos. “Las mujeres padecieron un plus de tortura dentro de los campos. Se las violentó dentro de una cultura patriarcal y machista. Así que otorgarle visibilidad constituye una reparación de nuestra historia presente (…) El cuerpo de las mujeres ha sido tratado como trofeo o botín de guerra por los atacantes, tanto en contextos de conflicto armado, como de violencia general o sistemática”, planteó en su alegato la fiscal Virginia Miguel Carmona.
Además, se probó que en Córdoba también hubo apropiación y falsificación de identidad de hijos de víctimas. El bebé de Silvina Parodi y Daniel Orozco –desaparecidos en La Perla– y nieto de Sonia Torres, la referente de Abuelas Córdoba, en la Megacausa La Perla. La hija recién nacida de María de las Mercedes Moreno, secuestrada, torturada y encarcelada por oficiar de correo de los presos políticos incomunicados en la UP1, en el juicio González Adela (2024). En ambos casos, el despojo no fue en maternidades militares clandestinas como en otros distritos, sino a través de instituciones civiles: Maternidad Provincial, Casa Cuna y juzgados de Familia. O sea, médicos, Iglesia y Poder Judicial.
El otro ariete contra el negacionismo es la evidencia de los restos recuperados de víctimas del terrorismo de Estado. Además de las fosas del cementerio San Vicente –86 cuerpos recuperados, 19 identificados–, los huesos rescatados en los campos aledaños a La Perla, en 2014 –de Lila Gómez Granja, Alfredo Sinópoli, Ricardo Saibene y Luis Santillán Zevi– y en 2025 –con la impactante noticia de doce víctimas identificadas en estos días–, y la continuidad de la búsqueda en el marco de la causa Enterramientos clandestinos alumbran una esperanza para las familias de miles de personas asesinadas y desaparecidas en Córdoba.
De represores condenados y cuerpos recuperados
Desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad en 2006, han sido condenados en todo el país 1208 represores, de un total de 3875 personas investigadas, según la última estadística publicada en diciembre por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Del total de condenados, 515 permanecen bajo distintas formas de detención. “La modalidad de arresto domiciliario sigue siendo la que predomina –señala el informe–, representando el 84% del total (434). El 4% (19) se encuentra detenido/a en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o Provincial, mientras que el 12% (62) se encuentra cumpliendo su arresto en la Unidad Penitenciaria N° 34 – Campo de Mayo”, definida como “cárcel VIP” por los organismos de derechos humanos. Además, de los que están en arresto domiciliario sólo el 45 por ciento tiene un dispositivo electrónico para el control de su cumplimiento.
En 2015, había 603 procesados o condenados en cárcel común y 439 con arresto domiciliario. Al año siguiente, la detención en domicilio superó por primera vez a la carcelaria (519 / 460) y desde entonces la tendencia se acrecentó hasta las cifras actuales.
Por otra parte, en el período 2006 – 2025, entre los 3.876 investigados por la Justicia hubo “1.762 fallecidos/as. De éstos, 1.252 murieron antes de obtener sentencia y 510 luego del dictado de una condena o absolución”.
Ambas tendencias son crecientes y derivan del efecto del paso del tiempo en la salud del cuerpo humano, pero también a las –muchas veces injustificadas– demoras burocráticas de ciertos procesos y la sensibilidad del cuerpo judicial a los vaivenes políticos.
Desaparecidos reaparecidos
La desaparición del cuerpo de las víctimas fue un sello distintivo del terrorismo de Estado en la Argentina. En la Córdoba intervenida luego del golpe policial de febrero de 1974, incluso antes de la dictadura iniciada el 24 de marzo del 76. Desde su fundación en 1984 hasta 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha rescatado los restos óseos de 1.647 personas desaparecidas en el período 1974 – 1976, 838 de ellas identificadas y restituidas a sus familias.
Mediante el cotejo con muestras genéticas provistas por familiares, el EAAF “trabaja activamente para identificar más de 600 cuerpos ya recuperados que tiene en resguardo. Y atiende cada denuncia o pedido judicial sobre posibles enterramientos clandestinos”, informa el sitio web del organismo: www.eaaf.org
En Córdoba, según la última estadística del EAAF, eran 25 víctimas identificadas de 96 halladas. Con el reciente anuncio del Juzgado Federal N° 3 sobre doce restos de personas desaparecidas en La Perla de los que se logró establecer la identidad, la cifra asciende a 106 encontradas y 37 identificadas.
