Publicada el 13/11/24
Son las 23:32 horas del martes 1 de octubre y en el Congreso de la Nación se escuchan las palabras agotadas de Martín Menem convocando a votar. La sesión en Diputados se extendió por más de trece horas y la aprobación de la Boleta Única de Papel se viene llevando la atención televisiva y las celebraciones oficialistas en redes sociales. Por eso, nadie intenta dilatar mucho lo que resta del temario: el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocido como Ley Antimafias. El resultado es aplastante a favor de la media sanción, con 137 votos afirmativos y 92 negativos, todos de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.
La reforma más importante del Código Procesal y Procesal Penal de la última década pasó al Senado, donde se encuentra en proceso de debate en comisiones hasta la publicación de esta nota. En las dos primeras convocatorias que hubo el peronismo se ausentó en su totalidad. En la tercera, el resto de senadores dictaminó el proyecto: recién ahí, un legislador de Unión por la Patria pidió invitar a especialistas en seguridad. “Esa etapa ya terminó”, le respondió la presidenta del plenario.
Si no existe un cambio rotundo de posturas antes de la votación del Senado, no habrá impedimento para aprobar la Ley Antimafias.
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La Real Academia Española, en su edición 2023, define «mafia» como:
1. Organización criminal y secreta de origen siciliano.
2. Cualquier organización clandestina de criminales.
3. Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos.
Sinónimos: camorra, hampa.
La ley de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, impulsada por el Gobierno nacional y patrocinada por la ministra Patricia Bullrich, hace un desarrollo exhaustivo y preciso de lo que la legislación nacional podría considerar como mafia, asociación ilícita o grupo criminal. En principio, apuntan a agrupaciones de al menos tres personas que:
1. Incurran en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.
2. Tengan el objetivo de un «beneficio de una organización»; «el desplazamiento o aniquilación de otra»; «el amedrentamiento a la población en general o a ciertos sectores de la población»; y «la provocación de temor a las autoridades».
3. Cuando «resulte evidente que a través de la comisión de los tipos penales referidos se tiene por fin asegurar el control de un territorio».
4. En el caso de que “los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley en una provincia, ciudad o área son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos».
5. Que “estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado nacional o el personal que presta funciones en ella”.
Aunque la práctica de la justicia implica necesariamente la interpretación de magistrados, existe una apertura a la discrecionalidad de lo que se puede entender como “provocación de temor”, “el control de un territorio”, la insuficiencia de las fuerzas de seguridad o la amenaza a un inmueble estatal.
Es esa arbitrariedad y amplitud de definiciones, sujeta finalmente a una sensación o la presión de una coyuntura, la que puede provocar que las fuerzas de seguridad tengan una intervención especial en las ciudades.
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Una vez que se determina que está operando una organización criminal, la autoridad judicial puede establecer en un territorio, y por tiempo prorrogable, una “Zona Sujeta a Investigación Especial”. Allí las fuerzas de seguridad tendrán la potestad de interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales o plataformas virtuales y, en áreas determinadas, realizar allanamientos a domicilios discrecionalmente. También podrán «detener a una persona hasta por 48 horas por una averiguación» que pueden convertirse en 15 días «cuando la investigación sea compleja».
Otro capítulo detallado es el cuarto, de decomiso anticipado: se podrán incautar mercaderías y bienes de las personas que se presumen culpables antes de que la investigación penal avance. Si se absuelve a una persona sospechosa, criterio presumiblemente amplio en una “Zona Sujeta a Investigación Especial”, se restituirán los bienes o el valor monetario de ellos sin resarcimiento alguno. El 2024 fue declarado, por el Boletín Oficial, como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”, pero podría ser el mismo en el que se valide que el Estado se quede con las propiedades de las personas y las prive de su libertad por medio mes aunque no se compruebe su culpabilidad.
La interrogante más fuerte de la nueva ley es cómo se prueba que una persona forma parte de una organización criminal. La imprecisión de la redacción de la ley en este punto provocó una improvisación de Carlos Manfroni, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, que al ser consultado en el Senado respondió: «Puede determinarse cuando realiza actos propios de lo que estipula la ley o cuando se han comprobado vínculos con personas que realicen estos actos».
Según la Real Academia Española, un “vínculo” se trata de:
1- Unión o atadura de una persona o cosa con otra.
¿Lo que ata (familiaridad, amistad, cercanía barrial) convierte a alguien en partícipe de una organización criminal? A la duda no le correspondería más que un debate lingüístico si no fuera que se establecen penas de prisión de entre 8 y 20 años al que se considere miembro de una mafia.
Pero aún hay más: cualquier integrante de estas asociaciones, sin importar grado de participación, en todos los casos “será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización”. La colectivización de las condenas implicaría que una persona que incurrió en el delito de amenazas, estragos o hurtos -por ejemplo- pueda pasar el mismo tiempo en la cárcel que otra culpable de homicidio o trata de personas.
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La defensa del anteproyecto
Sólo tres funcionarios defendieron el proyecto en ambas cámaras del Congreso: el mencionado Manfroni, Fernando Soto -conocido por haber sido abogado de Luis Chocobar y actual mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad- y Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe. En el debate del 6 de noviembre, Manfroni inició su intervención señalando que «a necesidades especiales requerimos legislación especial. Tenemos un fenómeno en la Argentina que hace algunos años no habíamos vivido que es el fenómeno de las mafias y de las sociedades de criminalidad organizada». Terminó ese discurso con una interpelación: «Les pido por favor que nos concedan este beneficio». Soto habló en el Senado el 16 de octubre y se refirió al decomiso anticipado, admitiendo que “hay un choque constitucional. Es inocente y no tiene condena, es verdad, pero no es el único estatuto que afecta garantías fundamentales y constitucionales sin sentencia firme… piensen sino en el procesamiento mismo o la prisión preventiva».
Manfroni dijo “este beneficio”, pero en realidad se refiere a un régimen. Soto no desmintió que el proyecto que impulsa sea inconstitucional y prefiere sumarlo a la lista de injusticias ya existentes.
Sin embargo, el invitado especial del último debate parlamentario fue el ministro santafesino, quien reconoció que «inicialmente teníamos reparos en este proyecto al que calificamos de garantista, pero ahora lo apoyamos porque nos parece útil, oportuno y hasta me animaría a calificar como indispensable hoy en día para entablar una lucha seria contra las organizaciones criminales». Además opinó que la colectivización de las penas es «el punto más importante y el mayor acierto» y utilizó de ejemplo la condena de cinco años de prisión que recibió en octubre pasado Esteban Lindor Alvarado por lavado de activos: «Es complicado probar la autoría y la participación criminal en todos y cada uno de los delitos que su organización mandó a cometer».
Cococcioni, junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, participó de la primera reunión sobre la ley, el 22 de mayo. Allí el mandatario pidió que “no se queden cortos” e hizo énfasis en las políticas penitenciarias: “Si fuera por mí, al menos a 500 presos no les permito ni la visita conyugal ni el acercamiento familiar. Que no hablen con nadie, ni con los guardiacárceles, porque a esos tipos, que son psicópatas, les dejás una ventaja y te mandan a matar«. Ese día, el ministro admitió la necesidad de infraestructura penal porque «no llegamos a generar plazas al ritmo que se generan presos», pero pidió profundizar la rigurosidad penitenciaria, algo que Diputados le concedió y él reconoció el pasado 6 de noviembre, agradeciendo que se incorpore que «las requisas carcelarias se ordenen con una mera autorización administrativa, es decir sin orden judicial porque allí no hay una expectativa de privacidad».
Dijo “generar plazas”, de forma despersonalizada; dijo “no hay una expectativa de privacidad” cuando habla de deshumanización.
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“Es verdad que en Rosario hemos podido avanzar sin contar todavía con un instrumento como este, pero también es cierto que si hubiéramos contado con este instrumento la tarea la hubiésemos tenido mucho más adelantada y estaríamos cerca de darla por concluida», proyectó Carlos Manfroni.
La reducción de homicidios en la provincia de Santa Fe en los últimos meses fue celebrada por el oficialismo nacional y, principalmente, por la comunidad local: pasaron de 190 asesinatos de enero a agosto del 2023 a 66 en el mismo período del 2024. La administración provincial fue más reservada en la euforia porque reconoce que las estadísticas son procesuales y fluctuantes, pero en distintas intervenciones públicas apuntó a múltiples factores: la saturación policial, el endurecimiento en los regímenes carcelarios y el recambio en las autoridades de las fuerzas locales. La demanda de mayor prevención le permitió al oficialismo sancionar la ley de Emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario cuatro días después de asumir, mientras que los primeros logros estadísticos lo dotó de legitimidad para implementar políticas cada vez más restrictivas.
En la última semana de octubre, una medida provocó controversia: la policía santafesina se apostó en las inmediaciones del Complejo Gurruchaga, una escuela inicial y secundaria en Rosario, y comenzó a cachear y pedir el documento a los estudiantes. El propio Cococcioni defendió la decisión luego de las quejas de las autoridades educativas: “Por hablar dos segundos con un policía, nadie se va a morir». Luego de recordar que “el sistema que utilizamos es el que nos da la Constitución y las leyes que ha votado nuestra legislatura», remarcó lo que él considera como un éxito de sus políticas pero que no implica que hayan detectado a un prófugo: «De cada siete personas que se detuvieron por averiguación, una tenía antecedentes”.
“No queremos que la policía esté dando vueltas y sin hacer nada», dijo el ministro, aún cuando existen otras tareas para los efectivos vinculadas incluso a la lucha contra el crimen organizado, como lo es la investigación criminal en todas sus dimensiones. «Para mí son cuestiones justificadas. Si me dan a elegir entre molestar un rato a una persona y salvar vidas, y evitar el delito, elijo evitar delitos y salvar vidas«, planteó.
Hasta diciembre, existió un programa interrumpido por la nueva gestión llamado Santa Fe Más. Representó una continuidad del plan Nueva Oportunidad, consolidándose como una política de Estado para personas de entre 16 y 35 años que transitaban los últimos dos años de privación de su libertad. El trabajo conjunto de al menos diez organizaciones de amplia trayectoria en el territorio penitenciario, garantizaba talleres deportivos, artísticos y en oficios, con énfasis en el acompañamiento y la inserción laboral para la pospena: ofrecer posibles fuentes de trabajo una vez que queden en libertad, para así reducir la reincidencia.
«Era complejo dar la discusión de por qué el Estado y el Ministerio de Desarrollo Social invertían en las cárceles y en la capacitación laboral o productiva de los jóvenes», explicó a Perycia Mariana Recalde, ex directora provincial de Inclusión Socioproductiva (en donde se insertó el programa Santa Fe Más), quien aseguró que «los hechos mediáticos a veces nos marcaban el ritmo de trabajo, porque este problema era muy sensible en Santa Fe». Además, apuntó que la justicia no terminaba en la detención ni tampoco en el fin de la condena: «Había una trayectoria que seguir y, aunque costaba, enlazábamos con instituciones para que acompañen a las personas en sus egresos de la cárcel».
Su compañera y responsable del área de contexto de encierro, Victoria Durand Mansilla, remarcó el aporte de las organizaciones con experiencia de trabajo en cárceles y el enlace con organismos de la sociedad civil: “Tuvimos convenios con el sindicato de pasteleros, con empresas locales, con emprendimientos de neumáticos para formarse y trabajar”. También reconoció que el Estado, sin aporte externo, no puede contener a la población penitenciaria: “En las cárceles que estaban superpobladas, había equipos muy pequeños de personas para tener un acompañamiento psicológico. Además, imaginate que a veces no tenían ni dónde dormir ahí adentro”. En contrapartida, valoró “la participación de la universidad, las iglesias evangélicas y otras organizaciones que hacen apoyo escolar o que llevan adelante talleres dentro de las unidades, que ofrecen contención para las personas en estos espacios”.
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¿Las provincias necesitan una ley Antimafias?
En el último debate en el Senado, el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) dio una opinión que puede resultar representativa de los consensos que existen sobre el proyecto: “Esto probablemente tenga sus errores pero tenemos que caminar«. También dijo que «el narcoterrorismo es una realidad en América Latina» y que «la situación en Nicaragua ha hecho eclosión en Rosario, la Villa 1-11-14 y en varios otros lugares más«.
Perycia dialogó con funcionarios de otras provincias para determinar la consistencia de la afirmación del senador. Por ejemplo con Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza: “Definitivamente no hay crimen organizado ni una violencia que se exprese así, porque cuando vos tenés bandas en definitiva tenés bastante organizado el ámbito: está metida la policía, parte de la política, parte de la justicia. Eso, incluida una mecánica de lavado de activos, es crimen organizado”. “Lo que tenemos ahora es microventa y micronarcotráfico, pero está atomizado, son otras modalidades y es otra la situación. Al no haber bandas muy organizadas hay muchas bocas de expendio, que así como las desarticulás, prontamente se vuelven a formar. No es que hay un orden o un método”, describió.
A 1.700 kilómetros de Mendoza, y en otra provincia de frontera, Marcelo Pérez -ministro de Gobierno de Misiones- también aseguró que «en otras zonas el crimen organizado es la causa principal de los homicidios, pero acá no existen esos conflictos territoriales o bandas criminales en disputa, y esto también es un factor que contribuye a mantener la seguridad en la región”. «La mayoría de los crímenes que hay aquí se originan en cuestiones domésticas o vecinales. Los homicidios suelen ser situaciones aisladas, más que delitos premeditados y planificados”, agregó. Aunque no queda claro a qué geografías se refería Pagotto cuando refirió a “otros lugares más”, las respuestas de los funcionarios explicita que lo que se plantea como una solución federal no tiene puntos de contacto con las realidades provinciales y son más bien propuestas para expresiones de violencia de las últimas décadas en las dos principales urbes del país.
Ante ello, los ministros de las provincias buscan otras salidas. Rus, por caso, precisó los alcances de la principal iniciativa sancionada por su gestión: la reforma integral del Servicio Penitenciario, que fue aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial. “Pasamos de tener cuatro complejos en Mendoza a, en pocos años, 22 unidades penitenciarias”, cuantificó y señaló que “las provincias están con mucho problema con el tema cárceles, porque por años no metieron plata en el sistema cárcel dado que es algo que políticamente no reditúa. Es difícil la decisión de invertir pero es muy importante porque nos permite poner el acento en la educación y el trabajo. Si vos no tenés espacio donde hacer talleres, vos no podés llevar al preso, por más buena voluntad que tenga, ni a estudiar y a trabajar, ni podés hacer buenos convenios para que empresas vengan y propongan cosas”. “Queremos que realmente las empresas vengan y se instalen en la cárcel; que traigan sus máquinas. Por eso es importante la infraestructura, para ver dónde podemos meter talleres y que después esos presos puedan concretar una producción mayor y a mayor escala para después generar un negocio”, explicó.
La ministra comentó que “como no llegaron los fondos nacionales para terminar la penitenciaría nacional, se terminaron haciendo con fondos de las provincias. Esos son recursos que hoy agradecemos porque no tenemos problemas con los presos federales”, dijo y puntualizó en la inversión en equipamiento tecnológico: “Es fundamental una policía con recursos. Nuestros efectivos llevan un sistema biométrico, que identifican a alguien si tiene pedido de captura; hay cámaras inteligentes con lectores de patente; tienen patrulleros tecnológicos con computadora a bordo”. Por otra parte, recalcó que para combatir el contrabando -una de las principales problemáticas ilegales en el distrito- sellaron un acuerdo con las provincias de San Juan y San Luis para «tener la primera base regional de datos para que todas nuestras alertas estén conectadas. Antes por cuestiones políticas no se había dado, lo cual es un error porque la seguridad tiene que ser una política de Estado”. “La ciudadanía sabe que no es solo con policías, porque eso es una solución fácil: tengo la academia, saco los filtros y tengo los policías que quiero”, cuestionó.
Misiones, por su parte, fue reconocido en el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal, publicado en 2024 con registros de los últimos dos años, porque tuvo una reducción sustancial de los homicidios dolosos con una caída del 38,7% (de 71 a 44). “Esto tiene mucho que ver con el trabajo que hace un tiempo se está realizando con la formación de las fuerzas de seguridad”, explicó Pérez y detalló que “para vestir el uniforme, se requiere un título terciario -en el caso de los suboficiales- y un título universitario -en el caso de los oficiales-. Hemos reestructurado todo el sistema educativo de las fuerzas de seguridad, que antes era solamente un instituto y ahora pasó a ser una universidad”, dijo y explicó que eso les permitió “tener funcionarios más capacitados y más profesionales”. “Las cuestiones económicas que trae aparejado el orden social están medianamente cuidadas y son equilibradas, a diferencia de otras regiones donde los casos de pobreza extrema o de indigencia traen aparejados también cuestiones de consumo que llevan a la criminalidad violenta. Acá no ocurre eso”, resaltó.
El funcionario misionero destacó otras dos similitudes con la experiencia mendocina: la preponderancia del delito de contrabando no mediado por narcóticos -“De soja, de vinos, de granos”- y el financiamiento provincial para concretar procesos federales -“La provincia financió gran parte de la instalación del grupo GOC-NEA aquí, tanto el edificio como la logística”-. Al igual que Rus, Pérez apuntó a las posibilidades que se abren con la inversión en equipamiento -“Hay que optimizar el recurso humano y hacerlo trabajar con la tecnología de manera amigable, porque su evolución es más rápida que el conocimiento humano”- y el énfasis en una perspectiva penal alternativa: “Tenemos un bajo índice de reincidencia y eso demuestra primero la capacitación del recurso humano del servicio penitenciario provincial, que tiene la misma formación que mencioné de la policía. Eso hace que haya empatía con aquel que ha cometido un delito y tiene que volver a la sociedad en mejores condiciones para no volver a reincidir y reinsertarse de una manera más. Reinsertarse a la sociedad tiene que ver con educación, con deporte, con actividades que le permitan a aquella persona superarse y ver que el camino por ahí es otro, y no ese”.
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Hay coincidencias en el debate de las reformas del Régimen Penal Juvenil, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Antimafias: todos son proyectos impulsados por el Gobierno nacional y una mayoría importante de especialistas invitados a opinar se oponen a las iniciativas, que de todas formas cosechan consensos entre los diputados aliados al oficialismo. Fue el caso de Kevin Nielsen, vicepresidente de la Asociación de Pensamiento Penal, que en su primera jornada de debates desmontó una serie de prejuicios que reproducía el proyecto. En conversación con Perycia, ratificó conceptos: “Los delitos que menciona la ley no son los típicos vinculados a la criminalidad organizada, si no una gama muy amplia que incluye la gran parte de los delitos por la cual las personas están presas hoy en la Argentina. Entonces, es una ley que, por la selectividad propia del sistema penal, va a captar a la misma clientela que ya capta, pero extendiendo además la responsabilidad a cualquier que hubiera tomado parte, ayudado o cooperado. Ahí está el peligro: ¿que se entiende por cooperar? Lo que se plantea es una criminalización ‘por arrastre’«.
“En definitiva lo que hace es una especie de atajo investigativo, flexibilizando lo que se entiende por colaboración, con el peligro de abarcar a todo el círculo social de la persona”, dijo y agregó: “Tenemos un sistema en donde las penas son proporcionales a las conductas de las personas, lo que se asemeja a un sistema justo. Esto lo rompe completamente y se asemeja a un sistema en donde lo que se penaliza es pertenecer a ciertas categorías” de personas, donde se abre una “ventana a la discrecionalidad total de las fuerzas policiales. Hay que entender sobre qué franja poblacional operan estas detenciones discrecionales (jóvenes, pobres y racializados) y bajo que circunstancias se desarrollan (interrogatorios ilegales, hostigamiento, amenazas e inclusive tortura)”. “El deber ser es que te investiguen para detenerte. Con esta ley pasarían a detenerte para investigarte”, sintetizó.
Como contrapropuesta, Nielsen apuntó a posibles reformas: “Hay dos opciones, o se los combate en serio, apuntando a los engranajes sin los cual no puede operar, como la corrupción policial y judicial y el lavado de activos, o se da un golpe de mercado legalizando y sacando de los delincuentes el objeto de su negocio (y por ende de la disputa sangrienta. La segunda opción está muy lejos del debate público y la primera se encuentra ausente de las reformas legales que se quieren implementar. Todo lo hecho hasta acá sigue apuntando a captar las capas bajas de la cadena delictiva”.
A sabiendas de que sus planteos no son tenidos en cuenta en la redacción de los proyectos, los especialistas continúan participando de los espacios de discusión de seguridad en donde las negociaciones de trasfondo son las que priman en la incidencia de posturas. Es por los actores del territorio que las ideas alternativas a la punitividad a mansalva, a la vigilancia discrecional y la saturación de efectivos en las ciudades sobreviven y llegan, a veces, a convertirse en políticas en determinadas provincias, donde la necesidad de incidir materialmente en la seguridad se impone al discurso.
Ese interés genuino posibilita medidas contra el narcotráfico que no sólo resaltan incautaciones; estrategias penitenciarias que no sólo apuntan a maximizar el aislamiento; cárceles que sirven para hacer justicia y no sólo para el encierro; una proyección para la policía que no sólo implique su acumulación en el territorio. Una comunidad que pueda circular por sus calles y barrios en donde las presunciones no impliquen detención. Que haya leyes al servicio de la transformación real, y no del marketing.
