Publicada 30/7/2025
Acostado en el piso, Gonzalo Tamame, de 29 años, se ladea a un costado. Seis efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, lo sujetan de ambos brazos. La paliza que le dieron fue con saña. Momentos antes de su detención, durante la madrugada del último miércoles, Gonzalo y su ex pareja caminaban juntos por la calle. Hasta que empezaron a discutir y forcejear. Una vecina que vio la pelea de ambos llamó al 911. La mamá del primer hijo de Gonzalo no dudó y acudió ella misma a la comisaría para denunciarlo.
El Comando de Patrullas salió en búsqueda de Gonzalo. Y lo encontró. Su traslado al destacamento incluyó patadas en la cabeza y golpes en el piso. No era la primera vez que el joven ingresaba a la Comisaría Primera. Sus problemas de consumo durante su adolescencia lo llevaron a pasar más de una noche en ese mismo calabozo. Sus familiares, sin embargo, aseguran que esa vida delictiva había quedado en el pasado. Gonzalo vivía ahora en Azul ─a 52 km de Olavarría─ con su nueva novia, embarazada de tres meses. La llegada de un nuevo hijo lo tenía emocionado. Pero a las dos de la madrugada del miércoles, en la entrada de la comisaría, Gonzalo apenas podía sostenerse en pie, luego de la intervención del Comando. A esa misma hora lo alojaron en un calabozo, donde pasaría lo que quede de la noche.
No sabría, Gonzalo, que no llegaría ni al amanecer.
Según la versión policial, a las 4.20 hs de la madrugada, el joven le pidió un cigarrillo desde su celda a Juan Bortolotti, oficial a cargo de la guardia imaginaria de la comisaría durante esa jornada. Cuando el efectivo regresó con su pedido, explicó Bartolotti en su declaración preliminar, encontró a Gonzalo ahorcado a las rejas con su propio buzo.
Un video aportado por el medio olavarriense Verte fuera de la comisaría ─grabado al menos dos horas antes del supuesto suicidio de Gonzalo─, registró gritos suyos provenientes de algún sector dentro de la estación policial.
Entre otras frases, Gonzalo gritó:
─No puedo respirar, me están ahorcando.
Custodia letal
Las últimas palabras que se escucharon de Gonzalo Ezequiel esa madrugada dentro de la Comisaría Primera aún resuenan en los oídos de Tamara Tamame, su hermana.
“A mi hermano lo mataron ahí adentro. Lo torturaron. El video es desgarrador”, dice Tamara desde Olavarría. “La policía lo venía hostigando hace tiempo porque había sido detenido otras veces y tenía problemas de consumo”, cuenta la hermana. “Pero no se merecía lo que le hicieron”.
La aprehensión de Gonzalo esa noche, explica Augusto Infante ─abogado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que lleva la causa como particular damnificado─ fue “violenta y desmedida por el uso de la fuerza”. “Hay testigos y una filmación que muestra que a la Comisaría Primero llegó muy golpeado”, señala Infante.
Una fuente policial que conoce cómo actúa la policía de Olavarría le aseguró a Perycia que la ciudad suele ser una “zona liberada” para que los efectivos “hagan lo que quieran”, sin recibir sanciones.
La Comisaría donde murió Gonzalo tiene un antecedente oscuro que describe a la perfección la impunidad con que se mueven sus oficiales. En 2010, Diego González, un albañil detenido por embriaguez, fue torturado por oficiales con agua hirviendo en su celda, luego de confundirlo con otra persona del mismo nombre. En ese episodio, los efectivos le exigían a González un dinero que supuestamente el apresado tenía escondido. Cinco policías fueron condenados por torturas en 2012. En ese juicio, surgieron muchas otras denuncias por la violencia en sus calabozos.
“De ese hecho hasta ahora, no cambió nada en Olavarría”, señala Juan Weisz, vecino de la ciudad e integrante del programa de inspección a lugares de encierro de la CPM.
“En la marcha por Gonzalo se escuchaban historias de otros jóvenes sobre la tortura y el maltrato dentro de la dependencia – agrega Weisz -. En Olavarría hoy existe una represión selectiva. Solo se hostigan a pibes y pibas de determinados barrios”.
La Unidad Fiscal N°4 de la ciudad del centro bonaerense, a cargo de Paula Serrano, quien llevó adelante la investigación preliminar, solicitó a la comunidad el envío de cualquier registro fílmico que contenga evidencia sobre la detención de Gonzalo. Al cierre de esta nota, no se encontraron a los autores originales de esos videos que comprometen a la Bonaerense, tanto el de la golpiza como el de los gritos. Por ese motivo, la fiscalía sostiene que aún no pueden usarse como material probatorio que ponga en duda la versión oficial del suicidio, así como también la actuación correcta de los uniformados al momento de apresar al joven de 29 años.
A su vez, la fiscal solicitó las cámaras de la ciudad ubicadas en puntos y momentos estratégicos, como el la entrada al hospital donde Gonzalo se hizo el «precario» médico antes de entrar a la seccional.
Por otro lado, en el informe preliminar de la autopsia, sí figuran los golpes propinados por los efectivos a Gonzalo. Sin embargo, el médico autopsiante no los consideró como “letales”. Para los integrantes de la CPM, la aplicación del Protocolo de Minnesota ─que exige ciertos estándares al momento de investigar una muerte bajo custodia estatal─ “habría sido deficitaria”.
Durante la marcha en reclamo de justicia por la muerte de Gonzalo en la Comisaría Primera, la bonaerense reprimió la concentración y detuvo a dos militantes del Partido Obrero.
Los mismos de siempre
En las últimas horas, la investigación por la muerte de Gonzalo quedó en manos del fiscal de violencia institucional, Ignacio Calonje, correspondiente al departamento judicial de Azul.
Calonje es conocido por investigar los supuestos suicidios que ocurren dentro de las comisarías de su jurisdicción con una particularidad: darle curso a la versión policial y sus informes de autopsia.
Así lo hizo en 2022, con la muerte de Daiana Abregú en la comisaría de Laprida, donde encontraron a la joven de 26 años ahorcada en su calabazo. Perycia investigó a fondo ese caso y descubrió irregularidades judiciales y una violencia salvaje dentro del destacamento. También con el fallecimiento de Nahuel Tasori, molido a golpes por oficiales antes de entrar a una comisaría de Tandil en 2023. En ambos casos, la actuación del fiscal se abocó únicamente a decidir sobre los informes de autopsia realizados por otras fuerzas de seguridad que no sean de la bonaerense. En ninguna de esas muertes, se procesó, ni condenó a ningún policía.
Asimismo, el actual abogado de los tres oficiales que estaban en la Comisaría Primera cuando murió Gonzalo es César García, mismo letrado que representó a algunos efectivos involucrados en el caso Abregú de Laprida. “Dentro de la comisaría no hubo vejaciones, ni apremios ilegales”, afirmó recientemente García en diálogo con el medio En Línea.
Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.
El suicidio por ahorcamiento es la principal causa de muerte, seguido por las descompensaciones médicas de los detenidos. Sin embargo, las investigaciones judiciales en torno a esos fallecimientos bajo custodia estatal demuestran ─en muchos casos─, irregularidades que ponen en duda la hipótesis policial del supuesto suicidio.
