Publicada 5/9/2025
Es martes y recién empieza el mes de la primavera en la capital argentina del vino. Pasado el mediodía, Facundo Gollano, militante en contra de la megaminería contaminante y la lucha por el agua, sale de la cárcel del Polo Judicial, después de estar cuatro días detenido tras la represión de la policía del gobernador Alfredo Cornejo a la marcha del viernes 29 de agosto en el Gran Mendoza.
El sábado 2 de agosto, Facundo se había convocado junto a miles de vecinos que, reunidos en asambleas de toda la provincia, caminaron juntos hacia la montaña. Algunos, desde la Capital, tomaron un colectivo en la Terminal del Sol. Los que viven más cerquita en Lavalle y Uspallata, se fueron distribuyendo en autos compartidos. Todos preparados con sus carteles y sus palabras para ponerle el cuerpo a las razones por las que, después de diecinueve años de insistencia del Ejecutivo, siguen diciéndole NO al PROYECTO MINERA SAN JORGE.
Esa tarde, en la Asamblea Pública Popular, Facundo denunciaba: “Minar la tierra es desfavorecerla. Es una explosión, es un método bélico”. Organizada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata en la parroquia del pueblo- el masivo encuentro le respondía la Audiencia Pública organizada por Cornejo, en la que la Provincia y la Minera San Jorge buscaron respaldo formal para producir cobre.
El informe de impacto ambiental lo presentaron en medio de un encuentro que se extendió durante una semana, a espaldas del pueblo mendocino, en las inmediaciones de un predio minero de difícil acceso y con denuncias contra patotas de la UOCRA que impidieron el ingreso a funcionarios opositores. Hace 15 años que las sucesiones de distintos gobiernos insisten con la megaminería en Mendoza, a pesar de que no existe licencia social para emplazar los proyectos fomentados desde Nación.
La gestión de Cornejo insistió, envalentonada por la implementación del RIGI, apelando a las promesas de generación de trabajo -en medio de un contexto donde aumentó el desempleo- y avanza, con la aprobación de un 60% de oradores, en una audiencia pública que tuvo mucho de lobby y poco de pública.
“El gobernador teme la masividad del pueblo, por eso escondió la audiencia pública en plena cordillera, con nieve hasta la nuca. Cree que así podrá silenciar la defensa del agua. Pero Mendoza no olvida: en 2019 dijimos NO a la megaminería contaminante, secante y saqueante, y lo decimos fuerte otra vez. Hoy regresan los mismos, con la Minera San Jorge. Nos han perseguido, criminalizado y hostigado, pero seguimos de pie, porque sabemos que sin agua no hay vida”, decía el comunicado de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura y la Asamblea de Necesidad y Urgencia. El resultado fueron 1.592 testimonios presenciales de personas mayores, además de 137 de menores y más de 100 dibujos infantiles, manifestándose. Todos en contra del proyecto minero.
Por eso los discursos, como el que Ulpiano Suárez, intendente capitalino, pronunció el 07 de mayo -Día de la Minería- son moneda corriente: “Cuidemos el agua para hacer minería sustentable, para producir mejores vinos, para fortalecer la agroindustria y el turismo. Mendoza necesita licencia social para crecer y cuenta con ustedes, como nosotros contamos con ustedes”.
Cuidar el agua en Mendoza (“para hacer minería sustentable”)
La legislación en materia de aguas en Mendoza es ejemplar en el mundo y ha sido modelo, desde su sanción en 1884. A diferencia de provincias como Buenos Aires, por ejemplo, donde abrir una canilla garantiza, en la mayoría de las ciudades, el acceso al agua; sólo el 4% del territorio es irrigado. Ese pequeño porcentaje es un oasis, porque el 96% restante es lo que se denomina “tierras secas no irrigadas” o “secano”.
La Ley General de Aguas se rige por el Principio de Inherencia a la Tierra, como ocurre en otras provincias argentinas desérticas, para garantizar que “todo contrato sobre un terreno beneficiado con derecho de agua comprende también al mismo” y asegurar la “prohibición de embargo o enajenación del derecho de agua en forma independiente del terreno”.
En definitiva, el derecho de agua es accesorio al inmueble y sigue su suerte. También protege y legisla las aguas subterráneas -futuro de la región- y designa como Autoridad del Agua – autónomo, autárquico, de función policial del bien natural- al Departamento General de Irrigación, facultándolo a conceder permisos, adjudicar obras, establecer turnos en épocas de sequía, aplicar multas, controlar y sancionar a quienes contaminen el bien, entre otras. Es tal el poder del Superintendente General de Irrigación que su mandato dura 5 años, cuando el de la gobernación es de 4.
La Ley 7722 se sanciona para proteger el Medio Ambiente de sustancias tóxicas resultantes de la exploración y explotación de minerales, prohibiendo el uso de sustancias químicas.
De esta manera, el derecho al acceso a las aguas superficiales queda supeditado a turnos regidos por el ente y no a la cantidad de hectáreas de tierra y ninguna propiedad puede ser vendida sin el acceso al agua, el Superintendente tiene la potestad de tomar decisiones independientes al gobernador y las mineras no pueden realizar estudios de factibilidad, exploraciones o explotaciones utilizando sustancias químicas contaminantes.
En la última década –con el aumento de las temperaturas, el retroceso de los glaciares y el descenso de las nevadas- y la «necesidad de diversificación de la matriz productiva», la provincia ha intentado derogar ambas leyes. Para poder emplazar los proyectos de explotación minera -principalmente de cobre (PSJ Minera San Jorge)- sancionó la reforma del código minero y buscan promover- análisis y consultoría de Mekorot mediante – un Anteproyecto de Código de Aguas. También, sin licencia social.
El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, ocupa el cargo más importante de la provincia. Alineado a Cornejo, Marinelli firmó en 2024 una resolución de restricción de una zona de la Subcuenca de El Carrizal para perforaciones, pero luego dio marcha atrás y volvió a autorizar perforaciones mediante la resolución 125, expedida este mismo año, en el mes de febrero.
Sin información de las cuencas subterráneas, Marinelli benefició así- con 9 pozos de agua a un grupo selecto de empresas y empresarios de peso, entre ellos Cresud SAFIC A –firma del Grupo IRSA, presidido por el sionista cercano a Milei, Eduardo Elsztain–, Chimpay La Rioja SA, hoy de Young Woo, empresario coreano (ligado a Marcelo Tinelli, Juliana Awada, y el ex Superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio), Pedro García Mateo y la bodega Grappolo SA, del reconocido enólogo Walter Bressia.
Aunque Marinelli salió a defenderse desde Irrigación, ya lo alcanzó el recurso solicitado por Marcelo Romano a la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra la resolución 125 de Irrigación que otorga 5 permisos de perforación a Elzstain, en una zona donde está prohibido otorgar pozos de agua.
Estas irregularidades parecen venir con el cargo. Eduardo Frigerio -gestión anterior de la Dirección General de Irrigación (DGI)- fue destituido por el otorgamiento de pozos de riego a una empresa ligada a sí mismo. La independencia necesaria para ejercer el cargo más importante en la administración de un bien tan indispensable y escaso como el agua en una provincia desértica no existe.
Con ese mismo espíritu, desde el Ejecutivo impulsan -en el Anteproyecto de Código de Aguas- las facultades para romper las prioridades establecidas por ley con respecto al agua (en la Ley General de Aguas son: consumo humano doméstico, agricultura, ganadería, industrial), quebrando además el Principio de Inherencia del Agua a la Tierra.
Marcelo Romano, mendocino y abogado de los Bienes Comunes, asegura a Perycia: “el Principio de inherencia del agua al suelo es lo que ha permitido que Mendoza no se convierta, por ejemplo, en Chile, donde el rico le compra el agua al pobre y existe una concentración del agua en pocas manos. Están llevando a cabo un catastro hídrico impulsado por Mekorot y trayendo especialistas de afuera porque todos nosotros tenemos a fuego marcado el principio de inherencia del agua, entonces nunca le vamos a permitir que vengan a “manotear”, como decimos vulgarmente acá, el agua”.
Convenios mediante, la poderosa empresa pública israelí, Mekorot, aparece para diseñar un Plan de Manejo Hídrico a la medida de la avidez minera y la especulación inmobiliaria en terrenos que, hoy sin agua, valen monedas, violando el artículo 124 (“corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”) de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
Perycia intentó hablar con funcionarios que son parte del departamento de Irrigación y participan del catastro hídrico, pero no respondieron a las consultas.
El precio del agua
¿Qué dicen los convenios firmados entre Mendoza y Mekorot? Los informes de Mekorot son claros y sugieren echar tierra a la Ley de Agua para seguir fomentando el ingreso de los proyectos megamineros, a pesar la sequía proyectada: los mismos planes de Cornejo y Marinelli.
“El escenario actual del cambio climático junto con los cambios demográficos y territoriales obligan a realizar una evaluación profunda sobre si la legislación sobre la que se desarrolló la provincia de Mendoza brinda los instrumentos para la gestión hídrica no solo en la actualidad sino también en los años por venir. Destacados especialistas sugieren, desde hace varias décadas que la legislación debe ser actualizada para modernizar y agilizar la gestión del recurso hídrico”.
“El Plan Maestro para el Sector Hídrico de la Provincia de Mendoza, consiste en conocer el valor económico del agua a través la contribución del recurso hídrico a la creación de valor en la Provincia”, define el informe que luego advierte, “la mayoría de los usuarios servidos se les cobra una tarifa por provisión de agua potable que no guarda necesariamente relación con la utilización del servicio, pues en su determinación se incluyen factores de cálculo más bien vinculados a su capacidad de pago”.
La opinión sobre los subsidios también es clara: “El servicio de energía eléctrica como insumo complementario en la producción agrícola y/o en la prestación de servicios de potabilización y distribución del agua para consumo por cañerías está significativamente subsidiado: el valor cobrado por kwh en estas categorías de usuario es inferior al que las empresas distribuidoras deberían cobrar para cubrir sus costos de prestación”.
A partir del índice de sequía futura (SPEI), Mekorot infiere que “la disponibilidad de agua superficial disminuirá debido a los efectos del cambio climático, en los próximos 30 años” y cuantifica la demanda de agua proyectada sin discriminar el tipo de usuarios. Con respecto a “la demanda futura industrial y las demás demandas también como turismo, Petroquímicas, Vitivinicultura, Fábricas. etc. se estimaron según la experiencia de otros proyectos (India, Azerbaiyán), pero esos valores deberían re-evaluarse con el tiempo y cuando las condiciones económicas sean más estables”.
Luego, redunda en recomendaciones sobre transparentar y cambiar el sistema de cobro, de facturación, sobre el subsidio del servicio, sobre la medición del agua y el estudio de la disponibilidad de cuencas subterráneas, dado que no se establecieron conclusiones al 2024.
Los tuyos, los míos, los nuestros
La sanción de la resolución 125 por parte de Marinelli para la explotación de pozos en El Carrizal- evidencia la vulneración del derecho constitucional (ambiente sano, artículo 41), la ignorancia de la crisis hídrica, la arbitrariedad institucional, la falta de controles ambientales y el riesgo colectivo (más de un millón de mendocinos podrían verse afectados por el deterioro de la Cuenca del Río Mendoza).
En El Carrizal, los Proyectos de Ordenamiento Territorial -eufemismo para el plan sistemático de desarrollo de extractivismos y turismo de alta gama, en detrimento de los pueblos originarios y las comunidades que los habitan- hablan de “desarrollo sustentable”. La idea, que parece ser una excelente oportunidad para pujar por el agua que está prohibido extraer es, en una zona habitada por trabajadores agricultores y peones, donde informes oficiales advierten sobre los aluviones en el piedemonte, establecer bodegas de vinos caros y negocios de shopping para cuando vuelvan los dueños el fin de semana y para el turismo de lujo.
Un ejemplo es el proyecto del «vino propio» de Marcelo Tinelli que terminó de perfilarse cuando el empresario coreano Young Woo -accionista mayoritario de la firma internacional de desarrollos inmobiliarios Youngwoo & Associates y uno de los beneficiarios de los pozos de agua cedidos por Marinelli- se asoció al emprendimiento. Con un nombre tan mendocino como DragonBack Vineyard Estates Project los multimillonarios que así lo deseen, podrán jugar a pisar uvas con las patas para crear su propio vino, en Luján de Cuyo, una de las zonas más humildes de la provincia.
Son los mismos Proyectos de Ordenamiento Territorial que, sin consulta vecinal, afectan a zonas semi-rurales de Guaymallén, como Colonia Molina. Una vecina de la asamblea comenta a Perycia: “hay barrios que aún no tienen agua potable, sobre todo de zonas aledañas al predio donde se encontraba el basural a cielo abierto más grande de nuestra provincia de aproximadamente 50 hectáreas que están esperando el trabajo de remediación (cerrado hace escasos 2 meses- 11/06/25). Todas estas familias toman agua de las napas contaminadas por los 30 años del basural a su alrededor, lugar en el cual, aún por las noches sus dueños siguen encendiendo fuegos, quemando los restos de las toneladas de basura que todavía existen en el predio. Hay infinidad de terrenos que no son aptos para el cultivo, por la escasez del agua y la salitrosidad de su tierra, dicho por el INTA y el INTI en relevamientos hechos en la zona. Estos terrenos incultos, sin la posibilidad de ser fraccionados, terminan siendo focos de incendios. Hay infinidad de barrios de gente de clase trabajadora que no puede regularizar la titularidad de sus propiedades lo que conlleva a no tener acceso a las bajadas reglamentarias de luz, otro riesgo más para quienes habitan este sector”.
Mientras en una zona, el Departamento de Irrigación actuó de forma expeditiva, retrotrayendo la resolución en menos de un año, en la otra transcurrieron más de tres décadas de sufrimiento, sin acceso al agua, derecho inalienable y, ante el colapso cloacal de la zona, la respuesta del Superintendente no se hizo esperar: “volverá a pasar”.
Las obras, los convenios, las inversiones, serán en los próximos años, puestos al servicio de los extractivismos. El agua, para quien pueda pagarla.
La lucha por el agua
Luego de la Audiencia Popular, rechazada y bastardeada por el gobierno en las redes, con funcionarios operando de servicio, reprimida con patotas de UOCRA, y las gestiones de Mekorot en la política hídrica de la provincia, a la luz de las concesiones que realiza Irrigación -a través de Marinelli- a capitales amigos y entenados del poder, las asambleas mantienen firme su decisión de seguir peleando por el agua, en contra de la megaminería.
“Lejos de amedrentarnos, esto nos da más argumentos para rechazar al PSJ. La megaminería no tiene licencia social y el pueblo de Uspallata no quiere a Minera San Jorge en su territorio. Vamos a seguir insistiendo en nuestro reclamo genuino, de manera pacífica, ajustados a derecho y sostenidos en el conocimiento multidisciplinario y la autodeterminación de los pueblos”.
La dignidad de la asamblea hecha costumbre, los llevó a Mauricio Cornejo y a Mauricio Soria, vecinos autoconvocados de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, a estar presos por luchar, enfrentando una pena de entre 3 a 8 años de prisión no excarcelable por “pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica y por el delito de amenazas coactivas agravadas”, bajo el artículo 213 bis y el artículo 149 punto 2, letra b del Código Penal. Los mismos artículos que usaron para detener a quienes se manifestaron contra la Ley Bases.
Soria fue noticia otra vez, cuando fue detenido al tomar un micro, por un dudoso “error administrativo”. Pero ni Mauricio Soria, ni Mauricio Cornejo fueron los únicos. Hubo más detenidos. Una patota de la UOCRA realizó allanamientos en el Valle, pateando puertas, ingresando sin orden judicial. Destruyeron casas, secuestraron libros y teléfonos e ingresaron en las comunidades mapuche que habitan el Valle, deteniendo a Victoria Núñez Fernandez, en el Lof Pillañ Mawiza.
El abogado Marcelo Romano resumen la lucha y la resistencia mendocina así: “esta es una sociedad que a finales del 2019 -durante las masivas protestas contra el intento de derogar la Ley de Agua- dio una lección al Estado de cómo se debe actuar cuando se quiere modificar una ley como la 7722. Como el Estado no lo hizo, la lección fue muy grande y digna de aprendizaje. Entonces, creo que lo mejor es transparentar porque nada que no sea construido socialmente va a tener viabilidad”.
