Publicada 5/9/2025 (Qué portal)
La prohibición de difundir los audios vinculados a las sospechas de corrupción en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a la droguería Suizo Argentina y a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, es una afrenta grave a la libertad de prensa, con escasos antecedentes en los 42 años de democracia transcurridos desde el final de la dictadura, que hizo de la censura previa su principal política comunicacional.
A instancias de la funcionaria nacional y hermana del presidente Javier Milei, el juez federal Alejandro Marianello prohibió la difusión pública “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web” de los audios vinculados a las denuncias por coimas en la ANDIS.
Según la presentación, los audios –cuyo contenido fue anticipado el viernes 29 de agosto en el canal de streaming Carnaval por el periodista Mauro Federico– “habrían sido recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento” y “perjudicarían gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”.
En su fallo, el juez Marianello aclara que no se trata de un “bozal legal”, porque “se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional” y busca proteger la “privacidad institucional” de la Casa Rosada. “Los mencionados audios habrían sido obtenidos de forma ilegal y clandestina, incluso pudiendo haber sido grabados dentro de la propia Casa de Gobierno, y en el contexto de una reunión privada del grupo de trabajo de la Sra. Milei”, conjetura, para luego señalar las “graves consecuencias” que podría acarrear su difusión.
Sin embargo, la medida cautelar fue definida en forma unánime por los especialistas en derecho constitucional como un acto de censura previa, expresamente prohibido por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagran el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, generó un amplio repudio de los sindicatos de prensa, asociaciones de periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos e instituciones universitarias vinculadas a la comunicación.
El contexto de censura se completa con una denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el Juzgado Federal Nº 12, subrogado por el juez Julián Ercolini, contra los periodistas y el canal por supuesta “violación a la Ley de Inteligencia”.
Además, la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia que ordene allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico y los estudios de Carnaval Stream, el mismo que había publicado los audios atribuidos al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, que apuntaban a una red de corrupción urdida por la hermana del presidente. A raíz de esta presentación, se presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra Bullrich por el delito de “abuso de autoridad”.
Servini de Cubría / Tato Bores
A comienzos de la década de 1990, las políticas neoliberales de reforma del Estado, privatización y despidos del Gobierno de Carlos Menem se combinaban con escandalosos casos de corrupción. En el programa televisivo Tato de América, Helmut Strasse, un arqueólogo del futuro interpretado por el célebre cómico Tato Bores investigaba Los misterios de la Argentina de los 90. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría era cuestionada por su actuación en la causa llamada Yomagate, donde Amira Yoma, cuñada del presidente, estaba acusada de lavar dinero del narcotráfico. Cubre Cubría, titulaba una de sus ediciones el diario Página 12. Para el arqueólogo de Tato, era un enigma desafiante.
Ofendida por las frecuentes menciones en el programa, la jueza había iniciado una querella criminal por injuria y desacato –delito vigente en aquellos años– contra Mauricio Borensztein –Tato– y Canal 13. Un llamado anónimo de un empleado de Canal 13 le anticipó que en el programa del 10 de mayo de 1992 se iba emitir un sketch “todavía más injuriante”.
Invocando el artículo 1071 bis del Código Civil, que habilita reclamar el cese de situaciones violatorias del derecho a la intimidad, Servini presentó un amparo para impedir la emisión de ese segmento del programa.
El juez de primera instancia federal en lo Civil y Comercial rechazó la medida cautelar porque consideró que constituía un acto inconstitucional de censura previa. 24 horas después, sin visualizar el contenido cuestionado ni mediar la habilitación para un día sábado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de primera instancia y dispuso como medida cautelar prohibir la proyección del sketch.
Al día siguiente, el arqueólogo no apareció en pantalla, pero el domingo 17 un multitudinario coro de figuras de la cultura, el periodismo y el espectáculo se solidarizó con Tato y cantó: “La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay”. Un espectro de figuras de dispar ideología, de Víctor Hugo Morales a Mariano Grondona, de Magdalena Ruiz Guiñazú a China Zorrilla, de Luis Brandoni a Víctor Heredia, de Bernardo Neustadt a Alejandro Dolina, entre muchos otros y otras, se pronunciaron así en defensa de la libertad de expresión.
Contra el fallo judicial, Bores y Canal 13 recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que el 5 de julio de 1994 se pronunció a su favor. El máximo tribunal entendió que se había vulnerado la garantía del debido proceso, ya que los miembros de la Cámara no habían viso el “tape” cuestionado, además de destacar –en la mayoría de los votos– la preeminencia constitucional de la libertad de expresión.
Kammerath / Informe Córdoba
Por estos días, el caso Servini de Cubría / Tato Bores es recordado como el único antecedente de censura previa en democracia. Pero a fines de la misma década del 90, una investigación periodística de la revista Informe Córdoba provocó un intento similar en gran escala, cometido por un gobernante y en perjuicio de los principales medios de comunicación de la provincia.
Ricos & Morosos era el título del informe de tapa, cuyo sumario decía: “El Vicegobernador no paga sus impuestos. Germán Kammerath vive en un lujoso country que adeuda impuestos a la Municipalidad, declaró públicamente en U$S 220.000 su casa de más de medio millón de dólares y no pagó el impuesto que da derecho a la edificación. Como candidato a intendente, siguiendo los pasos del gobierno provincial, propone una rebaja impositiva y una amplia moratoria”.
La revista ya estaba en los kioscos cuando en la mañana del 9 de septiembre de 1999, María Luz Capdevila, esposa y mandataria legal de Kammerath, visitaba con un escribano cada uno de los más importantes medios de comunicación de Córdoba: los tres canales de televisión, varias radios y los diarios impresos. Mediante un acta notarial, fueron intimados a abstenerse de reproducir las informaciones “falsas, injuriosas, calumniosas, ajenas por completo a la verdad y por lo tanto maliciosas, ambiguas y agraviantes para el nombre, honor y prestigio de Germán Luis Kammerath y la compareciente” publicadas por la revista, de las cuales derivaba un cuadro de “ilicitud civil y penal” en el que también incurrirían los medios advertidos.
Al mismo tiempo, los periodistas Alexis Oliva –redactor del informe– y David Buccini –director y editor responsable de Informe Córdoba– recibían sendas cartas documento intimándolos a retractarse y anunciando la denuncia penal.
Hacia el mediodía, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación emitió un comunicado –con las firmas de su secretario general Juan Carlos Giuliani y el adjunto Pedro Bernardini– que denunciaba la actitud del Vicegobernador como “violatoria del respeto a la constitucional libertad de expresión sin censura previa”. El pronunciamiento fue el punto de inflexión para que estallase el escándalo y se disparara a los medios nacionales.
El director de la revista desafió públicamente al Vicegobernador a presentar la querella cuanto antes y pidió al fiscal que le tocara la causa resolverla lo más pronto posible “para que los cordobeses sepan quién dice la verdad y quién miente” antes de las elecciones municipales.
Mientras tanto, el gobernador José Manuel de la Sota declaraba: “Si los medios han tomado esta actitud de ayer como una limitación a la libertad de prensa, pedimos humildemente disculpas, porque a la libertad de prensa hay que respetarla siempre”.
Kammerath nunca presentó la querella, pero durante esos días la redacción de Informe Córdoba recibió decenas de amenazas e insultos telefónicos, la visita de un intermediario de “buenos oficios” y una encomienda con una sospechosa caja de cartón, que contenía un ya pestilente pescado envuelto en la nota Ricos & Morosos. Desde entonces, la revista comenzó a vender el doble de ejemplares, pero los anunciantes se retiraron uno a uno y meses después hubo que cerrar.
En el número siguiente al de la censura, el título de tapa de la revista fue Las mentiras de Kammerath. “El principio consagrado constitucionalmente por el cual se protege contra la censura previa de la información hace a la esencia del derecho humano a la comunicación y la información y –además– es esencial al régimen republicano (…) En este caso con mayor razón porque estamos ante una persona que ejerce el cargo de Vicegobernador. Debe dar razón de sus actos y demostrar con ejemplaridad positiva su accionar ante las obligaciones”, opinaba el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe en esa edición. Y la investigación sobre la residencia de Kammerath siguía adelante. “Nos quedamos cortos con el valor de la casa y el country pagó la deuda después de nuestro informe”, decía el sumario. Y el título: Más ricos, menos morosos.
El 10 de octubre, Germán Kammerath fue electo intendente de la ciudad de Córdoba, cargo que contra todos los pronósticos pudo sostener hasta el final de mandato en 2003. En la única de las numerosas denuncias de corrupción que prosperó, el 28 de octubre de 2021 fue condenado a tres años y medio de prisión y conducido a la cárcel de Bouwer.
Pero aun con estos antecedentes, la avanzada de estos días es inédita. En el caso Kammerath, el perpetrador fue un integrante del Poder Ejecutivo. En Servini / Bores, del Judicial. Hoy, hay una mano del Ejecutivo y otra del Judicial para atar la mordaza.
