La pandemia impuso muertes en soledad y despedidas distantes. Ya no hay lugar para sostener una mano ni acariciar una mejilla. Tampoco para un último abrazo. Los rituales cambiaron, pero las vidas que se apagan tienen derecho a un trato digno y respetuoso.
¿En qué lugar se manipula el cadáver de una persona fallecida por COVID-19 o sospechosa de haber estado infectada? ¿Dónde espera el cuerpo hasta que se terminan los trámites administrativos? ¿Qué información debe brindarse a los familiares? ¿Cuál es el riesgo de infección para el personal médico, forense y funerario? ¿Cómo garantizar el transporte seguro y respetuoso de los restos hasta su disposición final?
En Argentina, no existe un protocolo único que responda estas preguntas. A la guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación para el tratamiento de personas fallecidas por coronavirus se suman las recomendaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Mendoza y Capital Federal. También se añaden las pautas de la Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense.
Por el momento, no hay evidencia sólida del riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, pero la experiencia adquirida frente a otros virus hace suponer que podrían ser un peligro para las personas que entren en contacto directo con ellos. Ante la falta de certezas, la proliferación de documentos abona la confusión: ¿Qué criterio aplicar si los procedimientos llegaran a contradecirse? ¿Y en el caso de las áreas poco claras?
Esta situación evidencia la falla de un paso previo: la articulación entre las partes involucradas para discutir y consensuar criterios.
“Es necesario sentar en una misma mesa a las instancias estatales y no estatales que se encargan del manejo y la gestión de los cadáveres, a nivel nacional, provincial y municipal, desde que una persona muere en un hospital o en una clínica privada, hasta que el cuerpo llega a un cementerio y se lo entierra o se lo crema”, le dice a Perycia el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider. Según él, hay que diseñar un “protocolo común” y un “plan de implementación”.
“Nos preocupa Argentina porque tenemos una larga historia de un manejo complejo y no siempre bueno de los cadáveres”, explica Fondebrider. Del otro lado del teléfono, el director y miembro fundador del EAAF recuerda los casos de los desaparecidos, la AMIA, la Tablada y la inundación de La Plata. Luego, subraya: “Siempre hubo, por acción u omisión, problemas sobre dónde están los cadáveres, la notificación a los familiares y la determinación de la causa de muerte”.
A nivel global, son 317.747 personas -según la última cifra- las que murieron por la pandemia. Con más de 382 fallecidos, la situación de Argentina dista mucho de lo que ocurre en otras latitudes, donde las víctimas fatales se cuentan de a miles. Tal es el caso de Brasil (16.853), España (27.709), Italia (32.007), Francia (28.239), Inglaterra (34.876) y Estados Unidos (90.312).
“Por ahora tenemos un número bajo de muertos, pero el secreto en todo esto es esperar lo peor y estar preparado para eso”, asegura Fondebrider, para quien los momentos más sensibles en la gestión del cuerpo son dos. Por un lado, el manejo del cadáver y su salida con la documentación adecuada del hospital o clínica; por el otro, su llegada al cementerio y su enterramiento en una sepultura individual bien señalizada. La “trazabilidad del proceso” y, por lo tanto, la identificación de los restos dependen de ambas instancias.
Referente en casos de lesa humanidad, el equipo liderado por Fondebrider intervino en más de 30 países y sólo en Argentina logró recuperar más de 1400 cuerpos, de los cuales casi 800 fueron identificados, desde su creación en 1984.
El instructivo publicado el 18 de marzo por la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, que depende de la cartera de Ginés González García, fue actualizado el 23 de abril. La nueva versión establece que “los procedimientos de identificación y firma del Certificado Médico de Defunción” son “responsabilidad del jefe del servicio y personal involucrado”. Esa documentación, que debe contener la mayor cantidad de datos que induzcan al reconocimiento, acompañará al cuerpo en “todo el proceso hasta su egreso del establecimiento”. En el caso de un NN, se le deberán tomar las huellas dactilares y el certificado tendrá que ir acompañado por “un juego mínimo de fotografías para identificación visual”.
Muerte digna
A nivel internacional, la mayoría de los países adaptaron el protocolo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), basado en el manual que la CICR tiene en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre manejo y gestión de cadáveres en desastres. La guía recomienda pautas seguras en el manejo de los cuerpos y pertenencias de personas cuyo fallecimiento pudiera estar ligado a COVID-19, y da instrucciones sobre las precauciones a tomar por parte del personal médico, forense y funerario. También sugiere comportamientos preventivos en velorios y entierros, tanto respecto al número de personas como al tipo de ceremonia.
Quienes pierden a un ser querido tienen derecho a saber qué le ocurrió y deben ser notificados sobre los tramites a realizar y el destino del cadáver. Lo cierto es que los hospitales, funerarias y cementerios del país que cuentan con áreas para asistirlos e informarlos son los menos.
En Argentina, la guía ministerial asegura que el cuerpo tiene que “ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento”, pero antes “debe permitirse el acceso de los familiares para una despedida sin establecer contacto físico con el cadáver, ni con las superficies u otros enseres de su entorno o cualquier otro material restringiéndolo a los más próximos y cercanos”.
Sobre el destino final de los cuerpos, el protocolo avala la conservación, la inhumación, la cremación y el traslado al extranjero, según “los ritos religiosos, las costumbres del lugar y/o las disposiciones judiciales emanadas de la autoridad competente”.
Escándalo en Brandsen
Walter Montillo, padre del ex futbolista de San Lorenzo, fue el primer fallecido por COVID-19 en Brandsen, pero la causa que aparece en su certificado de defunción es otra: paro cardiovascular agudo. Montillo padre murió el 7 de abril en el Instituto Médico de Brandsen (IMB), donde seis días antes había fallecido su padre Oscar, Montillo abuelo, también por una falla al corazón.
El 8 de abril, día posterior a la muerte de Walter Montillo, llegó al Instituto la confirmación de que tenía coronavirus. Esa misma tarde Daniel Navarro, el director del centro de salud privado, dio una conferencia de prensa. Lo acompañaban el intendente del Municipio, Daniel Cappelletti, y el secretario de Salud y Desarrollo Social, Pablo Costela.
Navarro le había dicho a Cappelletti que el caso había sido denunciado como “sospechoso de Covid-19” y se había “cumplido con todo lo establecido”. Cuando un periodista quiso saber sobre el procedimiento con el cadáver, Cappelletti respondió que había sido “entregado a la casa fúnebre dentro de la bolsa mortuoria”.
Pero la empresa de servicio funerario, Sepelios Pourtau, pronto los desmintió. Informaron a los medios locales que nadie les había avisado que “los cuerpos pertenecían a pacientes que en vida fueran casos sospechosos de Covid-19”. Cuando estalló la contradicción, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio consultó oficialmente a la funeraria. Sepelios Pourtau preparó un informe donde se contaba cómo se violó el protocolo con los cadáveres retirados del Instituto Médico de Brandsen y depositados en el Cementerio Municipal, que forma parte del expediente judicial abierto por la denuncia de Cappelletti del 11 de abril, al que Perycia tuvo acceso.
“La verificación del cumplimiento o no del protocolo se desprende no solo del confronte de la documental (certificado de defunción, denuncia en Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino, etc.)”, sino “también de la constatación del estado de los cadáveres que actualmente se encuentran en depósito en el cementerio municipal”, expresó el funcionario ante un oficial de la Policía y sugirió que se verificara si los restos se encontraban “dentro de una bolsa mortuoria”. Los días siguientes, la Fiscalía confirmó que los cuerpos habían sido dispuestos en el cementerio sin los recaudos correspondientes.
El escándalo estalló en el tranquilo pueblo de 26 mil habitantes: la clínica fue acusada de “violación de medidas contra epidemias” y “falsificación o adulteración ideológica de documentos” y dejó de atender, y los vecinos de Brandsen quedaron en vilo. El 18 de abril Silvio Cufré falleció de coronavirus. Tenía 47 años y era enfermero del Instituto Médico Brandsen.
El 13 de mayo, en su primera sesión virtual, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad la “Ley Silvio” para proteger al personal de salud ante la pandemia. Con 251 votos a favor, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto que busca garantizar las normas de bioseguridad y los materiales de protección para prevenir el contagio del coronavirus entre el personal médico. El autor de la iniciativa y titular del interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, pidió que la ley lleve el nombre de Cufré, el primer trabajador de salud que falleció a causa del coronavirus.
Incógnitas
¿En qué lugar se manipula el cuerpo? ¿Qué tipo de bolsa mortuoria se utiliza? ¿Dónde espera hasta que se terminan los trámites administrativos?
Muchas cosas no quedan claras.
El instructivo de Nación asegura que “el cadáver debe introducirse en una bolsa plástica de alta densidad, impermeable y con cierre hermético, debidamente identificada como material infectocontagioso, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad”. Y agrega: “La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento”. Una vez cerrada, la bolsa deberá ser desinfectada para su manipulación.
Asimismo, “las personas que participen en el traslado del cadáver deberán contar con equipos de protección personal adecuados, similares a los recomendados para el personal de salud que atiende casos en investigación, probables o confirmados para infección por COVID-19 según disposiciones vigentes”.
Hay otras cuestiones para tener en cuenta: aquellas relacionadas con la capacidad de las morgues. En líneas generales, la mayoría de los hospitales y clínicas privadas poseen un depósito pequeño o no tienen. ¿Qué hacer en caso de que la necesidad supere su volumen? Fondebrider le explica a Perycia que los cuerpos de las personas fallecidas por el virus deben ser puestos “en lugares temporarios o transitorios, como frigoríficos, hasta que puedan ser trasladados al cementerio”.
“Si bien son casos peligrosos, hay formas de manejarlos con cuidado”, asegura el antropólogo, quien con sus ejemplos ayuda a contrarrestar la desinformación en torno a un tema del que pocos hablan: “Una vez que el cadáver es introducido en una bolsa de alta calidad, cerrada y sellada, ya no contamina. Está aislado y se puede tocar esa bolsa”. En este punto, el experto vuelve sobre la importancia de trabajar bajo una misma coordenada y dotar de la infraestructura adecuada a todos los operadores involucrados en el proceso. Parece una obviedad, pero no lo es: si un protocolo indica el uso de determinado tipo de bolsa, antes se debe garantizar el acceso a ese material.
Consultado por Perycia, el tanatopractor Daniel Caruncho, especialista en conservación temporal de cadáveres, señaló que ante la falta de bolsas mortuorias rojas, que deberían usarse para advertir que son casos infectocontagiosos, los restos se entregan en bolsas negras con una etiqueta que advierte: “COVID-19”.
Un ambulanciero que trasladó dos cuerpos de personas fallecidas por el virus, advirtió en diálogo con esta agencia que faltan insumos para casos infectocontagiosos. Se quejó del “poco cuidado” en los hospitales de la capital provincial, de “la falta de comunicación”, y dijo que sus morgues están “colapsadas”.
Sin morgues para autopsias
Con relación a las autopsias, los protocolos sugieren no practicarlas. El Ministerio de Salud recomienda “no realizarlas a los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, ya fuesen casos clasificados como caso en investigación, probable o confirmado, salvo indicaciones clínicas fundamentadas”. “Si la autopsia se considera realmente necesaria y se puede garantizar que ésta se realiza en un ambiente seguro se podrá llevar a cabo, cumpliendo las recomendaciones respecto al equipo de protección individual y la minimización de la producción de aerosoles”, indica.
El virus que causa COVID-19, SARS-CoV-2, se clasifica como HG3. Es decir, grupo de peligro 3. Por lo tanto, para autopsiar un cadáver que puede tener coronavirus hay que disponer de una sala especial, con ventilación adecuada, lugares para cambiarse y circulación doble, entre otros recaudos. Hoy, Argentina no cuenta con una morgue para estos casos.
Si bien las muertes causadas por el virus son decesos naturales y no requerirían un examen completo post mortem, en ciertas circunstancias no puede pasarse por alto, como en muertes violentas, sospechosas de criminalidad o en lugares de detención. “Son casos complejos, pero que ameritan ser investigados”, afirma Fondebrider y enfatiza: “No se puede mandar a inhumar un cuerpo si no se sabe con certeza la causa de muerte”.
La biblioteca forense
Frente a la desinformación y el vacío en la gestión de personas fallecidas por la pandemia a nivel mundial, el Equipo Argentino de Antropología Forense lanzó una biblioteca forense de acceso libre y gratuito, que reúne más 60 documentos en español, portugués, inglés, francés e italiano. De este modo, pone a disposición de las autoridades de cada país, y el público en general, las pautas para el tratamiento de los restos.
“Los muertos tienen dignidad y deben ser tratados con respeto”, concluye Fondebrider.
