Hace treinta y ocho años que los vecinos de Berisso y Ensenada conviven con un polvillo negro en sus hogares emanado por las chimeneas de Copetro. Son restos de carbón de coque, derivado del petróleo, que contaminan agua, tierra y aire. La empresa incumple sistemáticamente la normativa ambiental vigente, ante la inacción de los municipios locales y mientras el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que debería controlarla, se dedica a imputar a los vecinos en pie de guerra contra la multinacional.
Copetro se afincó en la zona del Polo Petroquímico bonaerense en plena dictadura. Con un permiso provisorio otorgado por Jorge Rafael Videla en 1978, la única productora de carbón de coque calcinado del país comenzó a operar en las inmediaciones de Barrio Campamento, una zona obrera de Ensenada que preexistía a la fábrica. El coque, es un subproducto de la refinación del petróleo, de bajo costo y alto contenido calorífico. Se utiliza en la industria del aluminio y el acero. La mayor parte de la producción se destina a la exportación.
Laura vive a escasos metros del extenso muro anaranjado que la separa de las humeantes chimeneas tóxicas. Mate de por medio, un grupo de vecinos recibe allí a Perycia. Están nucleados en la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata. Guillermo trae un frasco que contiene un polvillo denso y oscuro. Jura que es lo que junta una barrida diaria en su casa. Es el hollín, resultado de las emanaciones de carbón de coque, que flota en el aire y respiran cada día, desde hace treinta y ocho años.
“Copetro es una empresa altamente contaminante, categoría 3, que se instaló en nuestro país en dictadura. No puede estar habilitada en una zona urbana. Barrio Campamento precede a la empresa por lo que es ilegal. Desde hace 38 años estamos haciendo múltiples reclamos; hablamos con intendentes, municipios de todos los colores políticos, nos hemos reunido en el Concejo Deliberante, con las comisiones de medio ambiente y el OPDS. Ahí hay cientos de reclamos consecutivos de los que nunca tenemos respuesta. Como vecinos estamos haciendo todas las gestiones que debería hacer el Estado, que está ausente”, explica Natalia Penda, una de las caras más visibles del reclamo, quien fue judicializada hace pocos días por exigir respirar otros aires.
Días atrás, Penda debió presentarse a declarar ante la Unidad Funcional de Instrucción N 5 a cargo del fiscal Juan Menucci, imputada por el delito de desacato y lesiones leves. “El año pasado, personal del OPDS vino a mi casa a instalar un medidor. Lo hicieron sin previo aviso, yo estaba trabajando y los atendió mi hijo. Me comuniqué y volvieron para reubicar el colector pero se negaron a dejar constancia en un acta. Se produjo un forcejeo y Beatriz Ameguino, una de las inspectoras de la OPDS, me toma de un brazo y el chofer de la camioneta del otro. Hice la denuncia en la comisaría de la mujer. Ellos se negaban a dejar constancia de todo en el acta correspondiente. La semana pasada me llegó la intimación para presentarme a declarar en calidad de imputada. Veremos cómo sigue esto. Tengo la solidaridad de los vecinos y en la última asamblea se votó el repudio de este accionar. Esto tiene una clara intención intimidatoria de denuncia a quien denuncia”, detalla Penda.
| Natalia Penda es una de las vecinas más activas en el reclamo contra de la empresa contaminante. Una inspectora del organismo provincial de control presentó una denuncia judicial contra ella por el delito de desacato y lesiones leves. |
Bajo la Ley Provincial de Radicación Industrial, Ley 11459, las empresas que componen el polo petroquímico portuario (YPF, Petroken y Copetro, entre otras) pertenecen a la categoría 3, establecimientos considerados peligrosos porque constituyen un riesgo para la seguridad, la salubridad e higiene de la población, o porque pueden ocasionar daños graves a los bienes y el medio ambiente. El Certificado de Aptitud Ambiental que otorga el OPDS, es el documento fundamental que acredita la aptitud de la zona según el tipo de empresa a radicarse. Desde hace décadas, los vecinos exigen al organismo contralor sanciones a las normas incumplidas por Copetro. La única respuesta por parte de la institución fue la colocación de medidores –o colectores- de hollín que permanecen meses e incluso años en esquinas o en los patios de los hogares, juntando agua.
Laura recorre una de las cuadras cercanas a su casa.
—¿Ves esto que está acá? —señala el artefacto situado en una de las esquinas de su casa—. Es un medidor de hollín. Tiempo atrás, ya hacía mucho que veníamos denunciando y llegaron del OPDS, instalaron uno en el patio de adelante de casa. Lo dejaron cerca de un año y llamé para que lo retiraran. Lo único que hacía era juntar agua.
Laura cuenta que nunca supo qué había pasado con eso, ni cuales habían sido los resultados.
—La norma del OPDS es ridícula y absurda, para ellos tenés que estar bañado en coque —agrega Natalia Penda—. En Berisso, en una red de colectores públicos salieron valores excedidos de la norma y nunca pudieron darme explicaciones de eso. Estuvimos reunidos con directivos del OPDS y ninguno me pudo decir por qué Copetro sigue funcionando.
Perycia realizó consultas por escrito al organismo encargado de controlar. No hubo respuesta de su parte como tampoco del área de prensa de Medio Ambiente del municipio de Ensenada.
Los vecinos denuncian connivencia de intereses entre la empresa, el organismo encargado de los inexistentes controles y los municipios. Señalan que el OPDS le da el certificado de aptitud ambiental a Copetro a partir de un estudio hecho en un laboratorio privado de Ensenada cuyo gerente tiene como empleados a familiares de directivos de Copetro:
—Parece una cargada —dicen—. Por otro lado, el municipio de Ensenada recibe un aporte de veinte millones de pesos de parte de la empresa. Estamos cansados. Agotamos todos los canales administrativos, las vías legales y burocráticas.
Los asambleístas se refieren al acuerdo firmado en diciembre pasado entre el intendente de Ensenada, Mario Secco y Marcelo Jaworski, director general de Copetro, por el que la cuestionada empresa aporta $20 millones al municipio local, en carácter de donación para la ampliación del Polideportivo Municipal de Ensenada. Perycia se comunicó con Jaworski, quien derivó el pedido de entrevista a Fernanda Megías, quien se encargaba «de estos temas». Megías, a su vez, se limitó a indagar qué medio solicitaba la información y no hubo ninguna respuesta ante las consultas referidas a la política ambiental de Copetro.
El 18 de febrero, más de tres mil vecinos demandaron a la planta Oxbow-Copetro por su accionar contaminante durante cuatro décadas y presentaron una medida pre-cautelar con el fin de que la empresa se abstenga de realizar operaciones de carga y descarga en el puerto de La Plata hasta tanto no garantice, con las medidas de protección correspondientes, que no emanará material particulado a la atmósfera ni al agua. Hasta el cierre de esta nota, la planta procesadora de coque contaminante hacía caso omiso del reclamo judicial encarado por los vecinos.
Juicios perdidos y clausura
Viviana Blanco vivía en Barrio Campamento. Sufre el desarraigo en carne propia. Luchó durante años, golpeó puertas, reclamó. Cansada de respirar restos de coque, de padecer el polvillo negro que todo lo cubre, decidió mudarse. Forma parte de la anterior camada de vecinos que, desde su instalación, le inició juicio a la empresa. Algunas de las demandas fueron por daños y perjuicios, otras por contaminación ambiental. Copetro registra centenares de juicios iniciados, y en la mayoría de los casos fue condenada al pago de multas por resarcimiento económico. Blanco pertenece a la Asociación Campamento Contra la Contaminación, una ONG que se conformó en los noventa.
—Ya en los ochenta salimos a reclamar. Iniciamos demandas en conjunto. Al principio, íbamos de casa en casa, golpeando puertas y sumando vecinos. Sé de indemnizaciones de $100 mil, algo irrisorio frente al daño acumulado. Nuestras casas se desvalorizan y con ese dinero poco se puede hacer. No puede ser que una empresa se instale y te desarraigue de tu lugar. Yo me crié ahí, me casé, tuve a mi primer hijo. Pero la calidad de vida la elegía Copetro. Y me cansé —explica a Perycia.
En 2004, Copetro fue clausurada temporariamente por disposición de la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Se conminó a la empresa a una serie de remodelaciones tendientes a minimizar la deriva de las emanaciones de carbón de coque a las comunidades aledañas.
En 2006, en un fallo de primera instancia, la Cámara Civil de Apelaciones de La Plata condenó a la empresa por una demanda originada en 1992. El fallo entendió que la empresa «ha producido, produce y quizás producirá un daño ambiental, porque le es intrínseco y propio de la actividad» más allá «de que ponga la mayor diligencia y cuidado» en no hacerlo. La sentencia destacó que de las 43 personas revisadas por un perito médico, se hallaron patologías en 33 de ellas, correspondientes a broncopatías crónicas y distintas afecciones, a nivel del tracto respiratorio. Mientras, la empresa se defiende jurando ser una industria lícita y considera que el daño ambiental se debe a la existencia del polo petroquímico.
Censura e injerencia
Oxbow Argentina, la planta de Copetro, mantiene una fuerte injerencia en la sociedad civil, colaborando con instituciones y programas educativos. Desde hace tres décadas, la multinacional apadrina al Jardín de Infantes N 909 y la Escuela Primaria N 15, ambas del Barrio Campamento. En el marco de su “Programa de Apoyo e Integración a la Comunidad” colabora con organizaciones como clubes, bomberos y la policía. “En febrero estaba prevista una charla educativa con los vecinos de la asamblea a partir de su Programa Educativo Presente. Íbamos comunicándonos con los organizadores y a último momento, cuando ya estaba pautada la charla, nos dijeron que no podíamos mencionar a Copetro. Denunciamos este tipo de aportes económicos que cooptan a docentes y a autoridades educativas y condicionan la información que debemos recibir como comunidad. Esto no nos desanima sino todo lo contrario. Vamos a seguir trabajando para que llegue el mensaje de que Copetro contamina, enferma y mata. Y seguiremos dando batalla para revertir esta situación”, señalan desde la Asamblea.
Lluvia de carbón contaminante
Las emisiones de los hornos de coque provienen de hornos de grandes dimensiones que se usan para calentar el carbón y producir coque, el cual se utiliza para fabricar hierro y acero. Las emisiones son mezclas complejas de polvo, vapores y gases que generalmente contienen sustancias carcinógenas como el cadmio y el arsénico. Las sustancias químicas remanentes de las emisiones de los hornos de coque se usan como materia prima para producir artículos como plásticos, solventes, tintas, pinturas y aislantes.
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos cataloga a las emisiones de coque como “sustancias tóxicas y peligrosas”. En su Hoja de Información de Sustancias, el organismo norteamericano señala que “la exposición a las emisiones de hornos de coque es una causa de cáncer de pulmón, y cáncer de riñón, en los seres humanos”. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) detalla un listado de contaminantes peligrosos de aire, no cubiertos por los estándares de calidad del aire ambiental que conllevan una amenaza para la salud humana, entre los que se encuentran el asbesto, el mercurio y las emisiones de hornos de coque.
En consonancia con el principio precautorio que propugnaba el científico Andrés Carrasco (quien demostró en 2009 la toxicidad del glifosato en laboratorio y luchó para visibilizar las consecuencias del modelo sojero en las poblaciones fumigadas), la EPA señala que “el riesgo de contraer cáncer no ha sido determinado con la misma exactitud para los trabajadores de las plantas que para las personas cercanas a ellas”, pero que “en ausencia de pruebas científicas, se debe considerar que todo elemento cancerígeno puede presentar peligro en cualquier nivel de exposición a él”.
Leda Giannuzzi es doctora en Química, titular de la cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigadora principal del CONICET. Vive en el Dique, un barrio próximo a Copetro. Perycia dialogó con ella sobre la toxicidad de las emanaciones contaminantes a la que están expuestos los vecinos desde hace casi cuatro décadas.
-¿Cuáles son los riesgos que implica la exposición crónica a las emanaciones de carbón de coque?
Lo riesgoso de estas sustancias contaminantes es la presencia de material particulado. Las micro partículas de carbón se dividen por su tamaño y las más pequeñas atraviesan órganos, pasan por los bronquios y llegan a los pulmones, provocando daño pulmonar. La toxicidad no está dada sólo por la forma y el tamaño sino por los compuestos químicos que se derivan de su proceso de producción. Las partículas despiden radicales libres y en este derrotero en que las más pequeñas ingresan al organismo por el tracto respiratorio, provocan no sólo daño pulmonar sino afecciones cardíacas y daño en los tejidos.
-Los vecinos reclaman desde hace años estudios de impacto ambiental, epidemiológicos y pedidos de informes al OPDS, sin respuesta. ¿Existe algún estudio realizado por la institución?
Vivo en El Dique y si bien tengo más cerca la contaminación de YPF, participo desde distintos espacios de la lucha vecinal contra Copetro. Durante un tiempo participé de reuniones a las que iba personal del OPDS y pedí en forma enérgica los resultados de los compuestos orgánicos de estudios que se habrían realizado. Nunca nos entregaron ni nos informaron nada.
-¿Existe alternativa a la industria altamente contaminante?
Existen tecnologías limpias. El problema es que no hay control y la legislación existente en materia ambiental no se aplica. Las afecciones se dan por la cronicidad de la exposición a estos factores contaminantes. Ante la falta de control, el único perjudicado siempre es el pueblo.
Convocatoria a acompañar
Ante la inacción de los organismos estatales y tras haber agotado las instancias de diálogo y las vías legales, los vecinos nucleados en la Asamblea Vecinos Contaminados Berisso, Ensenada y La Plata convocan a acompañar una medida de fuerza que tomarán mañana, miércoles 11 de marzo, a partir de las seis de la mañana y hasta las 15, en las calles Gaggino y Ortíz de Rosas: las puertas de ingreso al puerto de La Plata.
