10/10/2019
En junio de 2019 se dio un fallo histórico en Río Gallegos: a cuatro años del asesinato de Marcela Chocobar, mujer trans de 26 años, la justicia condenó a perpetua uno de sus asesinos, Oscar Humberto Biott, como autor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género (Artículo 80 Inciso 4 del Código Penal Argentino).
La sentencia se celebró en todo el país: fue un notable avance del colectivo travesti y trans en la jurisprudencia nacional, y más aún cuando en los fundamentos se tomó el caso de Diana Sacayán, la dirigente y militante por los derechos LGBTI asesinada en 2015 y cuyo veredicto, el año pasado, condenó también a perpetua a su asesino considerándolo «un crimen de odio» y motivado por «el prejuicio a la identidad de género travesti”.
Es decir: allí, por primera vez, la Justicia definió un crimen de ese tipo como un travesticidio.
Sin embargo, los diferentes tipos de violencia contra trans y travestis están lejos de desaparecer. Ha sido, el que transcurre, un año de encendidas manifestaciones para reclamar el fin de la violencia social e institucional contra el colectivo travesti y trans, como la multitudinaria “4ta. Marcha Nacional Basta de Travesticidios”, que se replicó en todo el país.
La lucha por visibilizar las injusticias continúa en pie y en todos los ámbitos sociales: en la calle, en las instituciones, en lo judicial. Lo que el colectivo pretende poner sobre la mesa son varios puntos: entender el travesticidio como el asesinato directo de personas trans a raíz de su identidad de género; la permanente denuncia porque el Estado “no garantiza la supervivencia del colectivo obstruyendo derechos básicos»; y la crítica a la sociedad “en general” como responsable de las múltiples privaciones que se sufren “a causa de los prejuicios todavía vigentes”.
“Ni un trava ni una trans menos», es el lema que siguen levantando como bandera. Y con el que convocan este sábado, durante el Encuentro de Mujeres, a una marcha a las 19 por las calles céntricas contra los travesticidios y transfemicidios.
Según el Registro Nacional de Femicidios del observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), las cifras de femicidios del 2019 representan la horrorosa realidad de una mujer muerta cada 32 horas como consecuencia de la violencia machista.Asimismo, hay 35 muertes en proceso de investigación. Y de los 203 femicidios registrados durante este año, de acuerdo al observatorio, cuatro de ellos han sido trans/travesticidios.
Sin embargo, los colectivos trans y travestis calculan que las estadísticas son mayores. Entre los crímenes que aún faltan develar, y entre los que no fueron revelados por los medios de comunicación ni llegaron a la justicia -es común que no registre a la persona asesinada como trans porque no se respeta su identidad de género-, se calcula que el número asciende a cerca de 40 crímenes.
Hace unos meses, la organización social Mujeres Trans Argentina, entre otras, estimó una muerte cada 96 horas. Las defunciones registradas fueron por causa de asesinatos, suicidios y travesticidios o transfemicidios sociales, siendo estos últimos los más numerosos.
Los casos
El año empezó con una triste noticia en el verano salteño. Antonella Mirna Di Marzo, una joven trans de 30 años, falleció en la madrugada del 27 de enero como resultado de una feroz golpiza, después de pasar tres meses en coma. Estaba inconsciente, en terapia intensiva desde el 21 de octubre, cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche Caribe, en General Güemes, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta.
Se cree que Antonella Mirna salió del boliche Caribe antes de las 5 de la mañana e iba en busca de su motocicleta cuando fue atacada. La encontraron entre las 6 y las 7 de la mañana, en la misma cuadra del boliche, desmayada, con golpes en la cabeza, sin su ropa interior. No era la primera vez que era agredida por violencia por prejuicios hacia su identidad de género.José Gustavo GarecaLa fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, requirió juicio para el único acusado del hecho, José Gareca, por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género.Por ahora, está detenido con prisión preventiva.
Poco tiempo después, la marca del odio se expandió por el conurbano bonaerense. Una vecina que caminaba por la calle dio el alerta: al amanecer del domingo 3 de febrero, el cuerpo de una joven travesti asesinada yacía en el Camino de Cintura, a la altura de Los Pinos, en La Matanza. A su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm. Se llamaba Laly Heredia y tenía 36 años.
Según confirmó la investigación, a Laly Heredia la asesinaron de un balazo en la cadera después de haberle disparado ocho veces con un arma 9 milímetros. Laly había llegado de Perú hace 10 años y sus compañeras contaron que ejercía la prostitución. La causa está caratulada como «homicidio agravado por uso de armas», pero aún no hay ningún detenido por el hecho. Se descarta que se haya tratado de un robo: no le sustrajeron la plata que llevaba encima.
Y uno de los últimos casos más resonantes fue el de Lucía Torres Mansilla, conocida como “La Loba”. Era una trans de 37 años, activista del colectivo LGBTIQ+ en Paraná. El jueves 18 de julio su cuerpo fue hallado sin vida, en el interior de su casa en esta ciudad. Tenía múltiples heridas de arma blanca.
Vivía sola y sus amigas contaron que tenía poco trabajo. La Loba supo colaborar con un comedor popular del barrio Puerto Sánchez, varias veces por semana, hasta que se convirtió en beneficiaria del programa Hacemos Futuro de Anses. Y, además, dejó una estela artística: fue la autora de un libro de poesía: «Rota». Hasta el momento hay un solo imputado: un menor de 16 años.
Morir joven
“La cantidad de travesticidios refleja la vulnerabilidad de nuestro colectivo, que está muy expuesto”, contextualiza la abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse,integrante del equipo jurídico de la Defensoría LGTB en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Y agrega: “Siempre se vivió la exclusión y la marginalidad, con el trabajo sexual como la única salida para poder sustentarse, con todos los riesgos que conlleva: la exposición a enfermedades de transmisión sexual, a la explotación de redes de trata y a la violencia de gente perversa”.
Un dato alarmante dentro del colectivo trans es que «todavía persiste el promedio de vida de entre 35 y los 42 años, en Argentina», según contó la referente Marlene Wayar, para quien los travesticidios “son crímenes de lesa humanidad que deben ser resarcidos».
La violencia extrema expresada en los travesticidios no oculta una cruda realidad en la vida cotidiana, donde pocas pudieron terminar el secundario y tienen dificultades para acceder a un empleo, una vivienda, al sistema de salud y a la justicia.
En ese contexto, los colectivos trans y travestis lanzaron un comunicado done remarcaron «el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género y del Programa de Salud Integral, lo que genera que muchas personas todavía utilicen métodos inseguros para la readecuación de sus cuerpos».
Con respecto a la justicia, travestis y trans denunciaron «la continuidad de un modelo de represión y violencia institucional perpetrado por las diferentes fuerzas de seguridad a partir de la identidad de género». Y advirtieron sobre «la persistencia de edictos policiales y códigos contravencionales que se encuentran activos en algunas provincias del país. También expresaron que la figura de travesticidio o transfemicidio todavía es resistida en algunos tribunales del país para juzgar los crímenes de personas trans».
En palabras de Camila Sosa Villada, poeta y cantante trans, autora de la reciente y ya agotada novela Las malas: «Eso somos como país también, el daño sin tregua al cuerpo de las travestis».
