—Es mi casa, mi casa, es nuestra casa que la hemos hecho con esfuerzo—, grita Juliana.
Una retroexcavadora arremete contra las paredes. Hunde su brazo amarillo una y otra vez en el ladrillo hueco, rompiendo con esmero las vigas para dar marcha atrás y volver a la embestida. Ella y su familia no pueden creer el poco tiempo que lleva destrozar más de un año de sacrificio. Juliana siente que se le baja la presión, que las piernas no le responden, no puede dejar de llorar. Jorge, su marido, está en shock. Juliana y Jorge Giménez Ruiz Díaz tienen 37 y 31 y un hijo de 9 con discapacidad. Son los dueños -o eran- de una de las ocho casas que el operativo Troya 2 destruyó el 8 de mayo en Santa Ana, un barrio de Romero, en las afueras de La Plata. La única explicación que les dieron es que la casa –que estaba casi terminada y a la que se iban a mudar en unos días- había sido ocupada por una organización delictiva.
“Caballo de Troya 2: el regreso” es la secuela de una saga que comenzó en abril en San Carlos, con el Troya 1, y que fue bautizada por lo singular de su modalidad: meter policías en camiones volcadores y meter camiones volcadores en los barrios. El operativo se festejó en medios oficialistas como un “golpe contra las drogas”, con el que el gobierno apunta a resolver un problema de vieja data aplicando un paradigma que muchos especialistas califican como inútil. La guerra contra las drogas se aplicó ya en varios países de Latinoamérica: en todos fracasó con creces.
La alianza Cambiemos viene hablando del narcotráfico desde la campaña electoral como el problema más grave que atraviesa el país. Sin embargo, el Grupo Convergencia -un grupo de académicxs y expertxs en política de drogas- advirtió ya en 2015 que Argentina se acerca a una perspectiva que abre la puerta a la intervención militar en asuntos de seguridad interior. “Los elementos de combate de las fuerzas militares están especialmente adiestrados para la utilización de la violencia en un grado extremo, por ser ésta una característica inherente de la guerra y carecen de capacitación para actuar bajo las órdenes de jueces y fiscales”, afirman en un documento. En abril pasado, el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata denunció en un comunicado “la militarización” del barrio Malvinas de San Carlos: después del Troya 1, la policía instaló una garita y los vecinos dicen que hay efectivos de armas largas pidiendo documentos a lxs pibes para entrar al barrio.
Jorge y Juliana se conocieron hace cinco años. Él es paraguayo y ella vino de Bolivia a los 16, con padre, madre y sus ocho hermanos. Al poco tiempo de comenzar a salir, formalizaron: Jorge se mudó a la habitación que Juliana alquilaba con su hijo Jesús y comenzaron a soñar juntos con la casa propia. Fueron muchos años de ahorro hasta comprar el terreno, y largos los días invertidos en levantar ladrillo por ladrillo lo que algún día sería su hogar. Jorge trabajaba veintiséis días corridos, en jornadas de doce horas diarias, en una empresa de Olavarría. Había hecho ese arreglo para poder tomarse los seis francos juntos. Subía a un colectivo, volvía a La Plata y en esos seis días acarreaba carretillas con arena, mezclaba cemento y pegaba ladrillos hasta que caía el sol. Sólo a veces lo acompañaba un cuñado. Juliana, mientras tanto, trabajaba limpiando casas en las horas que Jesús estaba en la escuela. Con el sueldo de Jorge compraban materiales; con lo que sacaba Juliana compraban lo chico, la verdura, los fideos: lo necesario para subsistir.
La pesadilla comenzó pocas semanas antes de mudarse. El 28 de abril, un vecino llamó a Jorge a Olavarría para avisarle que habían allanado la obra, que todavía no tenía las aberturas puestas. La medida había sido ordenada por Ana Medina, titular la UFI N°1. Juliana llegó lo más pronto que pudo y se encontró a una docena de efectivos que no la dejaban pasar. Le dijeron que la vivienda había sido ocupada por “una organización delictiva”, que ahí “se preparaba y se vendía droga”. Que sin orden judicial no podía entrar. “Vaya a fiscalía, señora”.
Durante más de una semana, la familia se levantó al alba y recorrió, a veces en micro, a veces de a pie, los mismos trayectos: de la habitación que alquilan a la casa allanada, de Romero a la fiscalía, en el centro de la ciudad. Jorge presentó una contradenuncia explicando a quién y cómo habían pagado los 50.000 pesos del terreno, en marzo 2017. Golpearon las puertas de todas las escribanías intentando que les legalicen el boleto de compra venta, mostraron las facturas de los materiales: “Nos tuvieron de acá para allá, nadie supo decirnos qué había que hacer”, cuenta Juliana, que recorrió junto a Perycia las ruinas de lo que iba a ser su casa. En la UFI N°1, desde donde salió la orden de allanamiento, le dijeron una y otra vez que no, que no había ningún problema, que podían entrar a la casa cuando quisieran. Ante una presentación de su abogado, en la fiscalía terminaron por darle un documento que lo prueba: Medina firma un “despacho” de su puño y letra, fechado el 8 de mayo, en el que certifica que no ordenó la restricción a ingresar a la vivienda, menos aún la de su derribo, y ordena que se informe al Ministerio de Seguridad de la provincia y a la Municipalidad de La Plata. En otras palabras: que el show montado por la policía, el intendente Garro y el ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo no contaba con el aval judicial.
Esa mañana del 8 de mayo, mientras la familia intentaba asimilar que el esfuerzo de una vida había quedado reducido a una pila de escombros, el intendente Julio Garro grabó un video publicitario delante de las ruinas para agradecer “en nombre de todos los platenses” el trabajo colaborativo de la policía bonaerense y la local, del ministerio de Seguridad y la Gobernadora María Eugenia Vidal: “este es el resultado de la voluntad política de ir por el narcotráfico; la cifra de bunkers derrumbados como de drogas secuestradas es récord”, dijo mirando a cámara. El ministro de Seguridad Cristian Ritondo, a su lado, le agradeció al intendente las máquinas y destacó que “sin la intendencia, la provincia y la Nación dando una lucha como ésta sería imposible”. Después, la foto habitual que incluyó a un alto funcionario de la policía bonaerense. Fuera de encuadre quedó la desolación y la impotencia de Juliana, asistiendo al espectáculo de ver cómo la máquina derrumbaba su casa. El número que alardeó Garro y se adjudica Ritondo es el de 121 búnkers derribados durante su gestión. ¿En cuántos el montaje publicitario ocultó que se trataba en realidad de casas precarias, incluso si hubieran sido ocupadas transitoriamente por vendedores de droga o ”transas”?
“Sentí bronca, impotencia, no podía parar de llorar la bronca”, dice ahora Juliana, recordando aquella mañana. “Tanto sacrificio para nada. ¿Quién me devuelve a mí esa plata?”. Jesús escucha el relato abrazado a su mamá. Tiene 9 años y un retraso madurativo que le impide -entre otras cosas- hablar. El día del derribo se lo ve en una foto confundido, asistiendo al sufrimiento de sus padres. La familia planea emprender un reclamo legal que saben que será largo y costoso. Mientras, Juliana dice que están viendo la manera de volver a empezar. Pero en otro lugar: “Mi marido no quiere más construir en ese barrio, tiene miedo que nos vuelva a pasar lo mismo”.
